Silencio oficial: Quien calla, otorga

El presidente acaba de justificar su silencio sobre el “Caso Antauro” debido a que –afirma– un jefe del Estado se ocupa no de temas familiares, sino de temas de Estado.

Se equivoca el Presidente de la República. La defensa del orden democrático y el castigo a quienes osaron quebrantarla es un tema de Estado.

Por supuesto que es un tema de Estado dar una señal clara para defender la voluntad popular emanada de las urnas.

Es un tema de Estado asegurar la continuidad democrática y no premiar con privilegios a quienes se rebelan contra ella.

Lo que el silencio presidencial está gritando es que para él, el principio de respeto al gobierno democrático es relativo.

El mutis de Palacio está diciendo que un preso condenado por el delito de rebelión puede gozar de ciertas comodidades y –a juzgar por los correos electrónicos revelados – ejercer algún tipo de influencia en el gobierno.

Como ha explicado hoy un agente del INPE al congresista Luis Iberico, estas gollerías han sido otorgadas por los directores de Piedras Gordas por el solo hecho de ser “hermano del Presidente de la República”.

Hay que decirlo claramente. El traslado de Antauro de un penal de máxima seguridad a uno ubicado dentro de un establecimiento militar es un exceso del hermano presidente avalado por el ministro de Justicia y el director del INPE.

Lo que se resiente con el Caso Antaruo es algo más que la popularidad presidencial –6puntos según Ipsos Apoyo–. Lo que se agrieta es la convicción democrática que debe exhibir el régimen. Nunca, como en este caso, quien calla otorga.

La defensa de la democracia primero

Comunicado de Alianza Parlamentaria - Perú Posible

La Bancada Alianza Parlamentaria (Perú Posible, Acción Popular, Somos Perú y Grupos Regionales), ante los graves acontecimientos ocurridos en torno al cambio de régimen penitenciario del interno Antauro Humala Tasso, y no siendo satisfactoria la presencia del ministro de Justicia y del Jefe del INPE ante la Comisión de Justicia del Congreso de la República, se pronuncia:

1. La democracia es la forma de gobierno y de organización del Estado que libremente elegimos los peruanos. Ser demócrata es respetar la Constitución y la ley, la separación e independencia de los Poderes, la libertad de expresión, los Derechos Humanos.

2. Todo aquel que viola esta forma de convivencia civilizada e insurge en armas contra la democracia es un traidor al sistema democrático. Este es el debate de fondo que no podemos soslayar: Antauro Humala es un golpista.

3. Rechazamos los privilegios del preso Antauro Humala no porque nos parezcan escandalosos –que lo son–, sino por principios. Creemos que es inconcebible que el sistema democrático no castigue ejemplarmente a quien atentó contra él, derramando la sangre de cuatro valerosos policías.

4. No se puede tolerar tratos preferentes para quien olvidó la más elemental regla del sistema democrático: respeto a la voluntad popular emanada de las urnas. Dirigir las armas contra la democracia es un delito grave que debe ser sancionado de manera ejemplar cumpliendo debidamente la pena establecida, sin distinciones de ningún tipo. La ley es igual para todos.

5. Exhortamos al ministro de Justicia y al jefe del INPE a asumir su responsabilidad y disponer de inmediato el traslado del interno Antauro Humala a otro penal que no sea una instalación militar.


Lima, 15 de Marzo de 2012.

Antauro, privilegios y decisiones (2)

Hay que volver a insistir sobre el fondo del asunto en el “escándalo Antauro” porque la vorágine mediática fácilmente nos extravía entre iphones, emails y celdas con espejos.

Estamos hablando no de privilegios otorgados u obtenidos con corruptela –ya de por sí escandaloso–, sino, de un gobierno que no otorga el verdadero valor a la esencia misma de la democracia y su defensa.

Este es un gobierno electo por la voluntad popular que privilegia a un preso que intentó socavar a otro gobierno democrático vía un alzamiento armado.

Antauro buscó derrocar al gobierno de Alejandro Toledo. Pasó de ser un conspirador de la democracia a un golpista fracasado, detenido, juzgado y sentenciado.

Conferirle ahora un trato privilegiado, argumentando que existen informes secretos que alertan sobre la seguridad de los padres del presidente, es una excusa que nadie cree.

Empuñar las armas contra la democracia no es un delito menor. Ni siquiera para quien delinque por primera vez. Es un delito grave, extremo, de incalculables consecuencias.

Antauro Humala era consciente que no podría derrocar al gobierno de turno. Lo que buscaba era un baño de sangre. Una respuesta represiva contundente, con decenas de muertos, que pudiera debilitar al entonces gobierno del Presidente Toledo.

No le importaba la gente que ilusamente lo acompañó. Entre sus planes estaba el entregar sus vidas a cambio de configurar una nueva situación política. Buscaba fracturar el régimen democrático.

El Presidente Toledo envío las fuerzas operativas del Estado para sofocar el levantamiento, pero, al final, usó la inteligencia y la astucia policial para convencer a Antauro de que lo mejor era rendirse y entregarse.

No hubo, pues, el esperado baño de sangre a excepción de los policías abatidos por los etnocaceristas.

La democracia no puede ser blandengue para castigar a quienes intentan subvertirla, socavarla, fracturarla o interrumpirla. El delito es mayor cuando un soldado, llamado a defender la Patria y sus valores, vuelve sus armas contra el régimen democrático.

¿Qué prima más? ¿El sentimiento fraternal ante el hermano preso por levantar las armas contra la democracia? ¿O el valor de defender la democracia como representante de ella y soberano de la voluntad popular? Presidente Ollanta Humala, estamos esperando su pronunciamiento.

Antauro, privilegios y decisiones

Que el hermano del Presidente de la República haya sido trasladado a un penal especial construido en la Escuela Militar de Chorrillos, no es una decisión que el ministro de Justicia pueda tomar sin consultarlo con el jefe del Estado.

Es una decisión que ha contado con el respaldo, sino con la iniciativa, del más alto nivel.

Pero, como el Presidente no puede ser molestado por temas como este, ni es responsable de actos respaldados por sus ministros, el Congreso debiera llamar de inmediato al ministro Juan Jiménez Mayor, para exigirle las explicaciones del caso.

No basta decir que el interno o sus familiares que lo visitan corren peligro en el Penal de Piedras Gordas, donde, dicho sea de paso, ya gozaba de ciertos privilegios.

El mensaje que se envía a la ciudadanía es no sólo que el Estado es incapaz de ofrecer garantías en penales de máxima seguridad o que existen privilegios para miembros de la familia presidencial, sino algo peor: que los delitos contra la democracia y el Estado de derecho se pagan cómodamente.

Recordemos que Antauro Humala se levantó en armas contra un gobierno democrático. Utilizando fuerzas operativas de combate asaltó una comisaría en Andahuaylas y tomó en rehenes a los policías que la integraban.

Cuatro miembros de la Policía Nacional que defendieron el asalto fueron asesinados en esta acción.
Fue una acción armada, pero no fue una acción militar.

Antauro ya no era militar en ese momento. No le corresponde por tanto una cárcel en un establecimiento militar hecha para militares que cometen delitos de función. Por último, levantarse en armas, no es un delito de función.

El actual presidente –que apoyó en un primer momento la asonada a través de una entrevista concedida a RPP–, tuvo, en su oportunidad, la inteligencia y sabiduría de condenar este hecho y diferenciarse de la locura de su hermano.

Reclamamos ahora el mismo tino, la misma inteligencia. Los delitos comunes deben pagarse en cárceles comunes, sin privilegios para nadie. Así se trate del hermano del Presidente de la República.