No ha mejorado el clima entre el ejecutivo y legislativo tras la instalación del Congreso de la República y la elección de las comisiones ordinarias. Todo lo contrario, el jefe de Estado sufrió la baja de tres congresistas de su bancada —Aráoz, Bruce, Choquehuanca— su primera vicepresidenta y dos ex ministros, nada menos. Fuerza Popular, en cambio reelegió a Rosa Bartra en Constitución y a Tamar Arimborgo en Educación, no precisamente sus cartas más diplomáticas.
El ejecutivo llegó así a su punto más bajo de orfandad en la Plaza Bolívar. Pero, quizás, por lo mismo, sus propuestas han sido respaldadas de manera contundente en la calle. 72% se muestra a favor del adelanto de elecciones, según Ipsos Apoyo. Y 69% rechaza la vacancia presidencial, una bandera levantada por el congesista Mauricio Mulder y las bases del Apra.
No hay forma de vacar al presidente con una popularidad tan alta, a no ser por una de las causales establecidas en la Constitución. Y tampoco el ejecutivo puede cerrar el Congreso solo porque este no asuma con celeridad su propuesta de adelanto de elecciones.
Con un juego político posicionado en tablas, el país sigue sumido entre la incertidumbre y la desconfianza.
Por si esto no bastara, en el caso Tía María, asistimos a un sorprendente descenlace en el que el propio presidente de la República, a puerta cerrada, acuerda con gobernadores y alcaldes la suspensión de la licencia de construcción a la minera Southern. ¿Se trata de una postura frente a la minería en general o es un rechazo específico contra la empresa que puede dejar la puerta abierta al ingreso de capitales de otra nacionalidad? Eso no lo sabemos a ciencia cierta.
El temor es que estas idas y venidas, marchas y contramarchas, genere una ola de reclamos a lo largo de todo el corredor minero — ya tenemos el paro de Quellaveco en Moquegua y el incendio de una planta petrolera en Piura— que ponga en peligro la ejecución de nuevos proyectos. Existen en cartera al menos 58 mil millones de dólares en el sector minería que no puden echarse por la borda.
En este escenario, la salida de elecciones adelantadas parece ser la menos mala de todas las alternativas posibles. El periodo de indefiniciones, el diálogo de sordos que se ha instalado entre los principales poderes del Estado y la posibilidad de recuperar la confianza con un nuevo gobierno, sería, al menos, más corto.
El capítulo final lo veremos en las próximas semanas cuando el Congreso decida si se toma todo el tiempo del mundo para debatir la propuesta de adelanto de elecciones o si acelera los plazos, elimina la semana de representación de agosto, y evita que se prolongue el desprestigio político.
Recortar el mandato de gobierno no es la mejor mejor recomendación para fortalecer la institucionalidad. Pero cuando los poderes no encuentran una salida conversada, negociada y, por el contrario, sus únicos argumentos son provocaciones y gabinetes de guerra, que podrían paralizar la economía —en un contexto internacional ya de por sí adverso— lo más sensato es evitar la agonía.
Los tambores de guerra deben dejar de sonar. Y dar paso al armisticio político, en las urnas.
