El debate en Chota entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori fue revelador en varios sentidos. En primer lugar, mostró el estilo sindical en la negociación que imprimió Perú Libre. Frente a un JNE incapaz de organizar el debate, surgió una municipalidad provincial que presentó un espectáculo abierto con presencia de público. Una especie de democracia asambleísta que ni siquiera aceptó la moderación y conducción de la cadena de radio más importante del país.
Pero lo más importante es que se trató del primer debate a nivel de candidatos presidenciales realizado fuera de Lima, en una de las provincias más pobres del país, dentro de una región que al mismo tiempo es sede de la principal empresa minera de oro del Perú. Esta dicotomía de tierra rica y campesino pobre se repite a lo largo de los yacimientos mineros en toda la sierra peruana. Y encierra una de las paradojas conocida como: “La maldición de los recursos naturales”.
La lógica indica que un país rico en recursos naturales debiera ser un país sin problemas económicos o presupuestales. Pero la realidad señala que más bien ocurre lo contrario. Los países ricos en recursos naturales son pobres, desiguales e inequitativos. Una explicación es que los recursos son extraídos no por los países que los poseen, sino por transnacionales que dejan sus impuestos, los cuales se diluyen en Estados corruptos, ineficientes e incapaces. Al final del día, las regiones donde existe el recurso natural (petróleo, gas, oro, plata, cobre, litio o lo que fuera) no reciben los beneficios de la extracción, generando en la población disconformidad, enojo, desconfianza y conflictividad social.
La propuesta de la candidata de Fuerza Popular es algo nuevo en nuestro medio: se pasó de "agua sí, oro no" a destinar el 40% de la renta que genere la extracción de recursos naturales directamente a las familias de las zonas de influencia. Es una manera no ortodoxa —pero no por eso menos audaz— de depositar los beneficios del recurso explotado directamente en los bolsillos de la gente. Es lo que podría llamarse un Bono Inclusión. O la distribución de la riqueza empieza por casa.
Esta propuesta merece ser debatida por los expertos. Hasta ahora sabemos que las transferencias monetarias entregadas directamente a los beneficiarios no solo funcionan, sino que destierran el concepto paternalista de que los pobres no pueden decidir sobre su futuro. Los programas Juntos o Pensión 65 siguen esta lógica. Lo interesante de aplicar este shock económico en las comunidades campesinas es que se podría fomentar el ahorro para generar futuros emprendimientos, como ha ocurrido en el mismo programa Juntos en su segunda y tercera fase.
Esto no quiere decir que el Estado deje de lado sus obligaciones en estas comunidades. El 60% restante de los ingresos requiere un Estado fuerte que vuelva tangible su presencia en forma de carreteras, educación, salud y servicios básicos. Las inversiones en estas comunidades salen así de la riqueza que genera el propio recurso, lo que equivaldría a que las industrias extractivas participen directamente en el desarrollo de las comunidades más pobres.
Un Estado y sociedad fuertes consolidan la democracia. Y sociedades empoderadas con equilibrio y crecimiento económico consolidan la libertad —en este caso, libertad de hacer con su dinero lo que mejor convenga—, base de la democracia. El camino inverso es el que vemos y utilizamos hoy en día: riqueza extrema para unos y pobreza y paternalismo —base del populismo— para todos.
