28 octubre, 2012

Parar la inconducta social de La Parada


La violencia desatada en el mercado informal más grande de la ciudad -La Parada-, emporio de esforzados y madrugadores trabajadores, emprendedores y comerciantes, pero también nido de ratas, delincuentes y malhechores de toda laya, debe ser condenada desde todo punto de vista.

En primer lugar por resistir con violencia a la autoridad edil.

La Municipalidad de Lima ha centrado sus esfuerzos en dos temas principales que requieren solución en la ciudad y sobre los cuales las autoridades locales anteriores parecían haberse rendido: el transporte público y la comercialización de alimentos.

En ambos casos, la lucha es contra la costumbre, las mafias organizadas y el lucro proveniente del desorden. 

La reubicación del comercio mayorista asentado por años en La Parada es una medida conveniente para Lima. No se puede permitir que mafias informales, acostumbradas a coimear a funcionarios ediles permisivos, se opongan a ordenar y modernizar la ciudad.

Pero, además, esta ola de violencia debe ser condenada por el impacto negativo que genera en el mundo al mostrarnos como un país que se resiste de manera tribal a la ley, algo difícil de entender en un país que crece sostenidamente desde hace una década.

Las imágenes de violencia y el ataque a la policía que hemos observado todos a través de los medios de comunicación no se condicen con el nivel de desarrollo que estamos alcanzando los peruanos. No somos salvajes ¿O sí? Un país que crece económicamente debe hacerlo también socialmente. Y esto pasa por ser respetuoso de la ley y las disposiciones de la autoridad.

Puede que los brotes de violencia en diversos mercados de la capital hayan sido rumores convertidos en psicosociales, pero, al menos, el ocurrido en el Mercado de la Tercera Zona de Collique fue real. Allí hubo grupo de vándalos aprovechando a río revuelto. De allí la necesidad de que el gobierno local, pero, sobre todo, el gobierno nacional garanticen la tranquilidad y seguridad ciudadanas.

Creemos que debe investigarse si existe alguna conexión entre la ola de violencia desatada y algunos  grupos políticos opositores a la alcaldesa Villarán que vienen siendo procesados por la Justicia. Como señala el comunicado de Perú Posible, en torno al proceso de revocatoria contra Susana Villarán, “existe un trasfondo político vinculado a la campaña de moralización que viene desarrollando desde la Municipalidad de Lima”.

La sensación de orden en un país no es como creen algunos fujimoristas la imposición de la fuerza a través de la guardia de asalto. El orden empieza con una autoridad que se hace respetar. En este caso, la autoridad de Lima que ha decidido poner las cosas en su sitio en dos áreas vitales para la ciudad: el transporte público y la comercialización de alimentos en los mercados.

Dos espacios donde nos encontramos todos los ciudadanos de a pie y donde por años se ha aceptado la ley del más fuerte, del más corrupto y del más violento. La costumbre no genera derechos. Menos si éstos vulneran derechos ajenos. Es momento de respetar y hacer respetar las reglas de juego. Y castigar las inconductas sociales y el lumpenismo corrupto que deben ser conductas del pasado que no tienen cabida en un nuevo orden global, respetuoso de la ley.
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