No se han atendido, ni entendido, las razones de fondo
por las que Perú Posible pidió la reconsideración de la votación en la Comisión
de Fiscalización en la que, una semana antes, se acordó solicitar al pleno del
Congreso facultades para investigar dos aspectos:
1. Las nuevas propiedades de Alejandro
Toledo, y
2. El origen de los fondos con los que se
compró una oficina, cocheras y depósito.
Las notas periodísticas, columnas de
opinión e incluso editoriales, han dado más importancia al hecho de que en la sesión
del miércoles 8 de mayo un candidato accesitario votó como si fuera titular.
Esto fue una cuestión anecdótica, una
artimaña del fujimorismo que ocurrió, en efecto, en esa acalorada como confusa sesión de la Comisión de Fiscalización
que dirigió el congresista Rondón.
Pero las razones para detener este proceso
que buscaba votarse en el Pleno del Congreso son otras, más de fondo que de
forma.
En primer lugar, el texto de la moción que
sustenta el pedido para solicitar facultades investigatorias, parte de dos
premisas imposibles de ser ejecutadas.
El punto uno (“las nuevas propiedades de
Alejandro Toledo”) no es verdad. Alejandro Toledo no tiene nuevas propiedades.
Tanto la casa de Las Casuarinas como la oficina, cocheras y depósito son inversiones
inmobialiarias de su suegra, como consta en la documentación que se ha remitido
a la fiscalía correspondiente. ¿Qué nuevas propiedades podría investigar el
Congreso si estas no existen?
El punto dos, (“el origen de los fondos”) está
relacionado a inversiones privadas, hechas por ciudadana de origen extranjero, a
través del sistema financiero, cumpliendo todos los requisitos legales que se
exigen en el país. Son actos protegidos por la Constitución y las leyes. ¿Puede
el Congreso investigar transacciones de privados?
Ahora bien, en el debate para llevar esta
investigación al Parlamento se ha esgrimido el artículo 88° del Reglamento del
Congreso, que faculta a este Poder del Estado a iniciar investigaciones sobre
cualquier asunto de “interés público”.
Pero el interés público está referido aquí
no como un hecho que interese a la opinión pública, sino referido al
esclarecimiento de hechos que tengan que ver con la cosa pública. La Sra. Fernenbug
no manejó recursos de Estado. Ni fue funcionaria pública. Es, por lo tanto, una
persona ajena a la cosa pública.
Consecuentemente, ni la Comisión de
Fiscalización ni una Comisión Investigadora del Congreso tienen competencias
para investigar acciones o transacciones de ciudadanos que no son funcionarios
o servidores públicos.
Hacerlo implicaría violar el Art. 139° de
la Constitución que protege el debido proceso, reconocido como una Garantía
Constitucional.
Otorgarle facultades de investigación en este
tema a la Comisión de Fiscalización violaría, además, el inciso e) del numeral
24, artículo 2° de la Constitución que señala que “Toda persona es considerada inocente mientras no se haya
declarado judicialmente su responsabilidad”.
La investigación que pretendía hacer el
Congreso partía de una presunción de culpabilidad y no de inocencia, cuando, en
estricto derecho, la cosa es al revés. Se presume la inocencia, no la
culpabilidad.
Si se considera –como lo han hecho la Procuraduría
y Ministerio Público– que existe una presunción de “lavado de activos” en las
mencionadas inversiones, entonces, el organismo técnico encargado de investigar
es la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía especializada.
Pero sucede que el Ministerio Público, la Unidad
de Inteligencia Financiera, la Policía Fiscal, la Sunat, la Sunarp y hasta la
Municipalidad de Surco, ya se encuentran investigando estas operaciones
inmobiliarias, por disposición de la 48 Fiscalía Pública de Lima.
Estas inversiones inmobiliarias vienen
siendo investigadas por el Ministerio Público y todos los organismos
competentes desde enero de este año. ¿Por qué el Congreso debería abrir una
línea paralela de investigación? Por
motivaciones políticas, evidentemente.
El Congreso lo que quería era un circo.
En Perú Posible, no estamos en contra de
que estos actos se investiguen. Por el contrario, estamos a favor, pero en las
instancias que correspondan. En este caso, el Ministerio Público.
Debemos ser pacientes para que el
Ministerio Público termine su trabajo. Por supuesto, los opositores tienen todo
el derecho de llevar este debate a la arena política. Y nosotros tenemos el
deber de responder también en ese terreno. Y ha así ha sido.
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