Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

18 mayo, 2013

El Pedido de Reconsideración: Razones de Fondo


No se han atendido, ni entendido, las razones de fondo por las que Perú Posible pidió la reconsideración de la votación en la Comisión de Fiscalización en la que, una semana antes, se acordó solicitar al pleno del Congreso facultades para investigar dos aspectos:

1. Las nuevas propiedades de Alejandro Toledo, y

2. El origen de los fondos con los que se compró una oficina, cocheras y depósito.

Las notas periodísticas, columnas de opinión e incluso editoriales, han dado más importancia al hecho de que en la sesión del miércoles 8 de mayo un candidato accesitario votó como si fuera titular.

Esto fue una cuestión anecdótica, una artimaña del fujimorismo que ocurrió, en efecto, en esa acalorada como  confusa sesión de la Comisión de Fiscalización que dirigió el congresista Rondón.

Pero las razones para detener este proceso que buscaba votarse en el Pleno del Congreso son otras, más de fondo que de forma.

En primer lugar, el texto de la moción que sustenta el pedido para solicitar facultades investigatorias, parte de dos premisas imposibles de ser ejecutadas.

El punto uno (“las nuevas propiedades de Alejandro Toledo”) no es verdad. Alejandro Toledo no tiene nuevas propiedades. Tanto la casa de Las Casuarinas como la oficina, cocheras y depósito son inversiones inmobialiarias de su suegra, como consta en la documentación que se ha remitido a la fiscalía correspondiente. ¿Qué nuevas propiedades podría investigar el Congreso si estas no existen?

El punto dos, (“el origen de los fondos”) está relacionado a inversiones privadas, hechas por ciudadana de origen extranjero, a través del sistema financiero, cumpliendo todos los requisitos legales que se exigen en el país. Son actos protegidos por la Constitución y las leyes. ¿Puede el Congreso investigar transacciones de privados?

Ahora bien, en el debate para llevar esta investigación al Parlamento se ha esgrimido el artículo 88° del Reglamento del Congreso, que faculta a este Poder del Estado a iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de “interés público”.  

Pero el interés público está referido aquí no como un hecho que interese a la opinión pública, sino referido al esclarecimiento de hechos que tengan que ver con la cosa pública. La Sra. Fernenbug no manejó recursos de Estado. Ni fue funcionaria pública. Es, por lo tanto, una persona ajena a la cosa pública.

Consecuentemente, ni la Comisión de Fiscalización ni una Comisión Investigadora del Congreso tienen competencias para investigar acciones o transacciones de ciudadanos que no son funcionarios o servidores públicos.

Hacerlo implicaría violar el Art. 139° de la Constitución que protege el debido proceso, reconocido como una Garantía Constitucional.

Otorgarle facultades de investigación en este tema a la Comisión de Fiscalización violaría, además, el inciso e) del numeral 24, artículo 2° de la Constitución que señala que “Toda persona  es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”.

La investigación que pretendía hacer el Congreso partía de una presunción de  culpabilidad y no de inocencia, cuando, en estricto derecho, la cosa es al revés. Se presume la inocencia, no la culpabilidad.

Si se considera –como lo han hecho la Procuraduría y Ministerio Público– que existe una presunción de “lavado de activos” en las mencionadas inversiones, entonces, el organismo técnico encargado de investigar es la Unidad de Inteligencia Financiera y la fiscalía especializada.

Pero sucede que el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Policía Fiscal, la Sunat, la Sunarp y hasta la Municipalidad de Surco, ya se encuentran investigando estas operaciones inmobiliarias, por disposición de la 48 Fiscalía Pública de Lima.

Estas inversiones inmobiliarias vienen siendo investigadas por el Ministerio Público y todos los organismos competentes desde enero de este año. ¿Por qué el Congreso debería abrir una línea paralela de investigación?  Por motivaciones políticas, evidentemente.

El Congreso lo que quería era un circo.

En Perú Posible, no estamos en contra de que estos actos se investiguen. Por el contrario, estamos a favor, pero en las instancias que correspondan. En este caso, el Ministerio Público.

Debemos ser pacientes para que el Ministerio Público termine su trabajo. Por supuesto, los opositores tienen todo el derecho de llevar este debate a la arena política. Y nosotros tenemos el deber de responder también en ese terreno. Y ha así ha sido.

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