El gobierno está ante
una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto
generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al
proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80
civiles heridos.
Arrinconado, con misiones
de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor
de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida
que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.
A la fuerza ilegal
de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le
da la ley. Es una emergencia, sin duda.
No es posible
pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable
que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en
sentido contrario.
El límite es el
artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la
sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida
humana?
La minera es la
base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos
y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el
problema es a qué costo.
Hasta ahora hemos
fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades
pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado no ha ejercido su rol mediador entre la
empresa y las comunidades.
Se requiere
generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren
seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser
partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado
espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.
Este modelo
tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del
Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.
El proyecto se
conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el
gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación,
se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y
proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo
puso al contado la empresa concesionaria.
Es curioso cómo
este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco.
En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.
En su libro
"Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos
temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad
social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de
desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a
quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer
momento".
La violencia nos
conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante
debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la
propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones.
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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.
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