Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

12 mayo, 2015

Emergencia y vida en Islay



El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

-------------------------
Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

Etiquetas: , , , , , , ,

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]



<$I18N$LinksToThisPost>:

Crear un vínculo

<< Página Principal