31 diciembre, 2015

En defensa de la Descentralización

La descentralización es un proceso irreversible. No debe detenerse, ni retroceder. Por el contrario, debiera mejorarse, ajustarse, reimpulsarse. Necesita redireccionarse.

No hay reforma más importante que se haya realizado en democracia, que la descentralización. Hasta antes del 2002, se larvó en Perú un Estado centralista, arcaico, burocrático. En buena parte sigue siéndolo, pero cada vez menos.

Los casos de corrupción en los gobiernos regionales son una amenaza seria para el proceso de descentralización. Podría  incluso revivir el manejo centralista del Estado.

La mitad de los gobernadores regionales en problemas con la justicia. Obras paralizadas por pago de coimas en licitaciones y concursos. 700 en todo el país –según la Contraloría–, por un valor de 4.500 millones de soles.

A primera vista parece que la descentralización lo único que ha descentralizado es la corrupción.

Pero no es así. Aquí lo que ha pasado es que el gobierno nacional deshizo el mecanismo institucional necesario para monitorear el proceso.

El gobierno del Presidente Toledo dejó una arquitectura legal que consideraba la transferencia gradual de competencias. Instituyó una instancia de coordinación ­–El Consejo Nacional de Descentralización­–, que el siguiente gobierno simplemente eliminó. Y el actual no restituyó.

En lugar del CND se creó una Secretaría de Descentralización, de tercer nivel, sin autonomía técnico-funcional ni político-administrativa.

Se confundió autonomía con autarquía. Y se transfirió recursos sin mejorar las competencias y capacidades. Los gobiernos regionales avanzaron en mejorar sus presupuestos, pero no su capacidad de gasto.

Hoy los gobernadores regionales no se reúnen con regularidad con el Presidente de la República. El jefe del Estado no despacha con los representantes de los gobiernos subnacionales para monitorear planes de desarrollo u obras de envergadura que exceden el ámbito regional.

El Presidente trabaja con sus ministros, sectorialmente; pero no lo hace regionalmente con los gobernadores. No existe ese nivel de coordinación nacional-subnacional. Con excepción, claro de los Consejos de Ministros Descentralizados, modalidad que inició el Presidente Toledo en su gobierno.

Se requiere continuidad en las coordinaciones. Regularidad. Obligatoriedad. 

Quizás sea necesario que así como se tiene a la CIAEF para articular las políticas económicas y financieras y a la CIAS para coordinar la política social, se cree un mecanismo de coordinación entre el presidente y los gobiernos subnacionales, que podría ser una Comisión Nacional de Asuntos Regionales (CIAR), o restituir el Consejo Nacional de Descentralización con los mismos fines.

La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo tiene una instancia que podría cumplir ese objetivo: el Consejo de Coordinación Intergubernamental (CCI), en el que participan los presidentes regionales y una representación de alcaldes,  (LOPE Art. 19. Inc. 13). Está a cargo del Presidente del Consejo de Ministros, pero, en la práctica, es letra muerta. Nunca se le ha convocado.

Aquí lo que requiere es el liderazgo del Presidente de la República. Es el jefe de Estado quien debe redireccionar el proceso de descentralización. Y dejar que la PCM o un nuevo CND ejecute un programa nacional de fortalecimiento de capacidades.

La descentralización no es un fin en sí mismo; es un mecanismo para llegar al ciudadano. Construir el Estado con rostro humano es un proceso impostergable. No hay vuelta atrás en el deseo de llegar con calidad, eficacia y eficiencia al ciudadano. Y ese mecanismo es la descentralización, anhelo de los pueblos desde la fundación de la República.




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