Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

19 mayo, 2015

Tía María: Pausa... Play




El proyecto Tía María fue suspendido temporalmente. No por decisión del gobierno, sino de la propia empresa. En palabras de Southern: "Pausa de 60 días". Un compás de espera necesario para detener la ola de violencia y recuperar el clima de confianza que requiere toda conversación para llegar a acuerdos.

Es ahora cuando el gobierno deberá desplegar sus mejores esfuerzos para evitar que esta pausa se prolongue demasiado, al punto de hacer peligrar la viabilidad del proyecto. Más que pausa, necesitamos poner play. Hacer algo pronto, ya.

Lo primero que se debe hacer es desideologizar el problema.

No estamos frente a "promineros" versus "antimineros". Tampoco es un conflicto entre "proimperialistas" y "nacionalistas". Tampoco es un problema técnico de estructura de suelos, desalinización del agua o de extracción de solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido.

No es, por cierto, un problema comunicacional de un pueblo que no entiende lo que dicen los técnicos; ni de ingenieros que hablan "difícil", en un lenguaje que no llega al pueblo.
Tía María es un problema político.

Es un problema que confronta el modelo de desarrollo que queremos para el país. En el fondo, es un problema entre minería y agricultura. Entre contaminación y medio ambiente. Entre acumulación de riqueza para unos y pobreza para otros. Por esta razón, no se puede imponer un proyecto a la fuerza. Se requiere que el Estado ejerza su rol mediador entre la empresa y las comunidades; no que se ponga de costado o, peor aún, del lado de la empresa.

¿Por qué no empezar, por ejemplo, en construir una metodología de trabajo que identifique las necesidades, expectativas y propuestas de las comunidades antes de iniciar un diálogo apurado? ¿Por qué no al tiempo que se explica de manera directa y franca las ventajas y desventajas del proyecto y el plan de mitigación de impacto ambiental, se crea un Fondo Social para invertir en obras de desarrollo para las comunidades directamente impactadas?

¿Y por qué en lugar de solo invertir en obras de desarrollo se estudia seriamente la posibilidad de convertir a las comunidades en socias de la empresa, incluirlas en el directorio y compartir con ellas las utilidades? Y ya que hablamos de diálogo post conflicto, ¿por qué en lugar de establecer mesas de trabajo coyunturales, no se restituye mejor los espacios de diálogo institucionalizado –que con tanto esfuerzo creó el Estado y prácticamente los desapareció el gobierno anterior– como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) o el Indepa?

La actividad minera moderna es perfectamente compatible con la agricultura. A condición que se desarrolle dentro de una convivencia armoniosa con las comunidades locales en base al mutuo acuerdo. Recuperar el clima de estabilidad social requiere algo más que diálogo, explicaciones o campañas de publicidad. Requiere acciones concretas, osadas. Una nueva forma de entender el desarrollo.

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Artículo publicado en Diario 16 el domingo 17 de mayo de 2015.

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12 mayo, 2015

Emergencia y vida en Islay



El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

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03 mayo, 2015

Protodemocracia

Hace bien el presidente Ollanta Humala en cortar en seco las posiciones altisonantes y temerarias, dentro de su partido, de cerrar el Congreso. La democracia no está para chantajes de uno u otro lado. Las facultades para legislar en materia económica y seguridad ciudadana pueden aprobarse o no. Y a 14 meses de terminar este gobierno, nadie puede pretender patear el tablero.

Hemos hecho avances notables en la región por alejarnos de las interrupciones democráticas por golpes o autogolpes. Sin ir muy lejos, hasta 1977 solo Costa Rica y Venezuela encajaban en América Latina en el rubro “países democráticos”. El resto países de nuestra región eran gobernados por dictaduras militares o civiles.

Los 80 y 90 constituyeron nuestra propia “primavera democrática”. Hasta 1994, 15 de 16 países considerados no democráticos en América Latina abrazaron la democracia. La excepción fue Cuba.
Si lo vemos con perspectiva histórica, los vaivenes democráticos que hemos tenido nos convierten en una región con memoria democrática reciente. No hay que hacer arqueología política para encontrar el origen de la democracia en nuestros países. Está a flor de piel, en nuestra "memoria corta".

Es más, la conquista de derechos civiles –emparentada con la democracia– nos persigue hasta nuestros días. Esta lucha está aún en pleno proceso de fortalecimiento. Cómo será de reciente la conquista y reconocimiento de ciudadanía que aún hoy se discuten los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

En muchos aspectos, para muchos grupos humanos, en especial para los de abajo, la democracia no es sino un invento reciente, de la segunda mitad del siglo XX. Los derechos civiles en América Latina –entre ellos el derecho a votar, pero también el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión– han aparecido para diversos actores sociales en sucesivas etapas de la vida republicana.

Más que democracia, lo que hemos tenido en América Latina han sido protodemocracias o pseudodemocracias, sistemas irregulares e imperfectos, en pleno proceso de maduración y fortalecimiento, que tuvieron como primera fase de desarrollo el derecho censitario, es decir, el derecho de unos pocos –los que contribuían al fisco– a elegir sus gobiernos.

Tal como la conocemos ahora, la democracia es un hecho reciente. Estamos dentro de la tercera ola huntingtoniana. Tenemos un marco institucional precario, pero vigente, en el que se toman decisiones políticas debido al poder emanado del voto. Ese poder es limitado por el juego de mayorías y minorías.

En lo político, se desarrollan elecciones de manera regular, existe relativa y normal independencia de poderes, una libertad de expresión vigorosa y vigente –con algunas sombras en algunos países–, y una política de apertura comercial, aunque diferenciada, en el fondo, cada vez más integrada al mundo.

En este aspecto, tenemos una democracia formal incipiente –a la que llamo “protodemocracia”– que lo que debe ganar es legitimidad y no al revés. Hacer lo contrario o proponer chantajes como cerrar el Congreso si no se aprueban las facultades que se solicitan, es caer en la pseudodemocracia.

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Artículo publicado en Diario 16, el 3 de mayo de 2015.