Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

25 marzo, 2016

Proceso y estados alterados

El presente proceso electoral ha sido irremediablemente alterado, manoseado y, por tanto, afectado. La razón es la sombra de dudas que han proyectado los propios organismos electorales al hacer un uso extensivo, diverso, interpretativo y subjetivo de los cambios introducidos en la Ley Electoral sobre dádivas y proselitismo.

La más reciente resolución del JEE de Lima Centro 1 ­–aprobada entre gallos y medianoche–, contorsiona el derecho para librar a la candidata de Fuerza Popular de la exclusión del proceso.

Incorpora elementos interpretativos, donde la ley no interpreta.

La ley no indica, por ejemplo, que se deba probar que el dinero entregado sea patrimonio del infractor.  La resolución del JEE, introduce este elemento.

Dice también la resolución del JEE que el acto al que asistió la candidata de FP no fue de carácter proselitista, sino cultural.

¿Ignora el JEE que Factor K es una agrupación cultural solo de fachada? Que en realidad es una organización encargada de captar jóvenes para Fuerza Popular a través de actividades artísticas.

El acto de premicación fue un acto proselitista, preparado ex profesamente para recibir a los candidatos de FP y para dejar en claro que era dicha organzación política la patrocinadora de las actividades. ¿O cree el JEEE que Factor K podría aludir a la K de Kuczynski?

Pero el problema no es solo de los organismos electorales.

El origen de este cambalache electoral está en la decisión del Congreso que aprobó –por insistencia, debido a la observación del Ejecutivo–, una serie cambios a la ley electoral ¡en medio del proceso en curso!

Estos cambios, hay que decirlo, obedecieron a presiones de ONGs internacionales, nacionales, opinólogos, politólogos y medios de comunicación, que desde hace un tiempo buscan reglamentar la política hasta volverla un espejo suizo.

Es decir, los cambios políticos, culturales, como son los cambios en la profundización de la democracia, se quieren atajar por vía de la ley.

El resultado es este remedo de elecciones que estamos obligados –por ley– a tener.

Un proceso donde, por lo menos, la pluralidad de elección, ha sido recortada, retaceada, disminuida.

A estas alturas, a 15 días de acudir a las urnas ­–3 millones lo harán vía voto electrónico–, con incertidumbre sobre qué candidatos quedarán finalmente, con jóvenes preparándose para salir a las calles, lo único que tenemos claro es que estamos ante un proceso y estados alterados.



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