Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

11 noviembre, 2017

El ataque de la reina





El problema entre Keiko Fujimori y El Comercio no es un problema de titulares. Ni de información sobre lo que dijo o no dijo Marcelo Odebrecht. No es, por cierto, un problema de naturaleza semántica o de interpretación. Es un problema político. Y también de miedos.

El problema radica en que Keiko siente que el tema Lava Jato podría terminar por envolverla y comprometer su futuro político al quedar mancillada en el proceso de corrupción.

Ella cree que tras la denuncia de El Comercio y la investigación del Ministerio Público por lavado de activos al ex secretario general de FP, Joaquín Ramírez, y al propio partido Fuerza Popular, como banda criminal organizada, existe una campaña político-mediática-jurídica en su contra que busca sentarla en el banquillo de los acusados.

Bajo el argumento de que no hay mejor defensa que el ataque, la lideresa de FP ha decidido defenderse, es decir, ejercer el poder que tiene en el Congreso y plantear una lógica de lucha de poderes, de consecuencias impredecibles, que podría no dejar títere con cabeza.

Una especie de ataque Parham o ataque de la reina malvada, en ajedrez, que obliga a movimientos rápidos de la reina casi al iniciar el juego, exponiéndose a ataques, aunque salvaguardando su integridad pronto, tras una retirada táctica.

En este juego "alocado" de la reina, el presidente de la República es llevado a las cuerdas de la Comisión Especial que investiga el tema Lava Jato para enredarlo, obligándolo a comparecer ante ella con la finalidad de que caiga en alguna contradicción que amenace la continuidad en su puesto.

Al Fiscal de La Nación se le ha puesto una denuncia en la SubComisión de Acusaciones Constitucionales, acusándolo de no actuar diligentemente en procesar a las empresas peruanas socias de Odebrecht, y de haberse parcializado en la investigación y haber retrasado los trámites de extradición a otros procesados.

A cuatro magistrados del Tribunal Constitucional también se les ha amenazado con una acusación constitucional por un tema relacionado con una votación que consideraba el Caso de El Frontón como cosa juzgada y que según el presidente de dicho órgano, el procedimiento del colectivo se enmarca dentro de su jurisdicción e independencia de poderes.

También se le ha cargado las tintas a las empresas peruanas Graña y Montero y JJC, al modificar en el Congreso el Decreto de Urgencia 003-2017 y comprenderlas en las restricciones que en principio eran solo para Odebrecht y que impide tres cosas: 1) Transferir dinero fuera del país hasta que paguen la reparación civil, 2) Vender activos sin autorización previa del Ministerio de Justicia, y 3) Retener sus utilidades provenientes de contratos en otras obras que tengan con el Estado.

Por si fuera poco, el juego de la reina enfiló baterías contra el Diario El Comercio a quien amenazó con denunciarlo penalmente, según ella, por haber mentido al informar que Marcelo Odebrecht declaró a los fiscales peruanos que fueron a Curitiba a interrogarlo,  que, en efecto, tenía la certeza de haber financiado la campaña presidencial de Fuerza Popular.

En menos de una semana, el ataque de la reina ha sido despiadado. 

El objetivo político de Fuerza Popular ha ido contra el nervio central de la institucionalidad democrática: La Presidencia de la República, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Libertad de Expresión. Un fuego cruzado que nos ha devuelto —como un Deja vu—, a lo peor de la década del noventa. ¿Cuál será ahora el juego del Ejecutivo? ¿Cómo se responde un ataque Parham? Esperaremos a ver el movimiento de alfiles y torres que se viene.



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