Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

19 noviembre, 2017

La democracia cuesta


El proyecto de ley del congresista Mauricio Mulder que prohibe al Estado contratar publicidad en medios de comunicación privados para hacerlo solo en medios de comunicación públicos y en redes sociales, es un despropósito.

Esgrimir como argumento que la publicidad es cara y que por esa razón debe obligarse a los entes públicos a tener redes sociales para comunicar sus actividades, es también otro error de concepto.

El anunciar actividades, servicios o logros del Estado es primero que nada un derecho de la ciudadanía a ser informada.

Restringir este derecho a canales públicos y redes sociales no asegura la difusión masiva de los mensajes. Los medios públicos no llegan a todos. Las redes tampoco y, además, no son gratis.

El proyecto del congresista Mulder no afecta la libertad de expresión, porque, en efecto, esta no depende de la publicidad estatal. Pero sí afecta la libertad de información de los ciudadanos.

Siempre que se cumpla la premisa de gestionar, hacer, entregar resultados, en términos generales, los gobiernos tienen dos formas de comunicar sus mensajes: la prensa y la publicidad.

La prensa no cuesta. La publicidad, en cambio, es una transacción a precio de mercado.

El Estado puede ahorrarse presupuesto si incrementa sus actividades comunicacionales y de prensa. Pero aún así, si lo que necesita es un mecanismo directo para comunicar sus mensajes, esa vía es la publicidad.

Los medios no siempre reflejan los mensajes que el gobierno quiere. Ellos filtran, tamizan, ciernen, sesgan, la información y la presentan de la manera que ellos la entienden o consideran.

Y está bien que así sea. Esa es la libertad de prensa que tienen los medios de comunicación y que consagra la Constitución Política del Estado.

Pero el gobierno tiene también el derecho de comunicar a los ciudadanos el desarrollo de su política de manera directa.

A veces, estos esfuerzos de comunicación del gobierno chocan con la pared de los medios de comunicación, generando frustración en los políticos y en los profesionales de la comunicación.

Los medios pueden incluso opacar completamente los esfuerzos del gobierno por comunicar lo que hace. Las campañas de publicidad ayudan a equilibrar la lucha de mensajes en la arena político-mediática.

La publicidad ayuda a franquear ese obstáculo.

El problema entonces no es restringir la publicidad del Estado en medios privados, sino su forma de contratación.

Una central de medios del gobierno, por ejemplo, que una vez al año negocie en volumen la publicidad del gobierno, puede ahorrar dinero público y conseguir precios muy atractivos para la publicidad oficial.

Una cosa es ahorrar y gestionar con eficiencia el dinero de todos, y otra muy diferente, cortarle un brazo informativo al gobierno para comunicar mensajes.

Como una vez le dijo un reconocido publicista norteamericano a un presidente al que asesoraba en una campaña publicitaria en televisión que involucraba una inversión de seis cifras.

"No se pregunte cuánto cuesta hacer este comercial y pautearlo en televisión en el horario Prime Time; pregúntese cuánto le costará a su gobierno no hacerlo ahora. La democracia cuesta, Señor Presidente".




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