Juicio político

Una vez más el país vive en vilo, en la más completa incertidumbre, zozobra y agonía política, ante la inminencia de vacar al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, por incapacidad moral permanente.

Las sucesivas versiones del primer mandatario, sus millonarias cuentas desordenadas y reveladas —aunque no del todo esclarecidas—, su renuencia a no diferenciar lo público de lo privado y la sombra que bordea el conflicto de intereses-, no abonan en su favor.

Pero, ¿es el presidente un incapacitado moral permanente? El Congreso tiene que demostrarlo. No es el presidente el que tiene que demostrar su inocencia. Es el Congreso el que debe probar lo contrario.

La incapacidad moral permanente “declarada por el Congreso” es una de las causales que la Constitución prevé (Art. 113) para expulsar al jefe de Estado del poder. Pero, para ejercer este mandato, el Congreso debe estar a la altura de merecerlo. Debe ser éticamente superior a quien va a sancionar.

Hoy el Congreso puede tener los votos, pero, por lo que vemos a diario, no tiene la capacidad moral para declarar incapaz moral al Presidente Kuczynski. Tiene la ley, pero no la legitimidad moral para sancionar al jefe del Estado.

Si estuviéramos en Estados Unidos, el presidente debería afrontar un proceso de impeachment, sin dudas. Lo acusaría la Cámara de Representantes; el presidente se defendería en el Senado. Aquí la Comisión Lava Jato ni siquiera ha emitido su informe final. Recién la semana pasada lo escuchó.

¿Mintió el presidente Kuczynski en sus sucesivas declaraciones oficiales sobre sus ingresos, tratos con Odebrecht o asesorías vía terceros? ¿Se favoreció Kuczynski durante el tiempo que fue funcionario público con tratos privados de los que sacó ventaja?

¿O solo estamos ante un eximio asesor financiero que negoció con la empresa privada, que dejó de hacerlo cuando asumió responsabilidades públicas y le entregó sus empresas a un tercero, construyó una muralla china, mientras su socio siguió tratando con esas mismas empresas privadas, para terminar ganando dividendos sobre los que no realizó trabajo extra alguno?

He ahí el quid del asunto. ¿Quién debiera probar si hubo delito o no? ¿Este Congreso o la Justicia? 

Parafraseando al gran estadista francés del siglo pasado, Charles De Gaulle, quien sentenciara que la política es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos; la justicia es un asunto más serio aún para dejarla solo en manos de los políticos. 

Justicia en manos de jueces, puede que tarde. Pero justicia en manos de políticos, no es justicia. Es un juicio político.