Ni política ni comunicación, es la economía.

A 45 días de asumir el mandato, el presidente Martín Vizcarra despliega su estrategia política-comunicacional. Viajes continuos a provincias, defensa del proceso de descentralización, entrevistas medio por medio, conversación con todas las fuerzas políticas, fuerte tutelaje de Fuerza Popular y diferenciación radical, cuando no abierta confrontación, con todo lo que le recuerde a su antecesor y a Peruanos por el Kambio, el partido que lo llevó al poder.

Pero, a donde debiéramos mirar es a su política económica, que es donde se vienen estudiando los cambios que sí definirán el rumbo de este gobierno.

Las declaraciones del presidente Vizcarra y del premier Villanueva indican que este podría ser el gobierno del sentido común, de las generalidades o de las buenas intenciones. Un gobierno que acuña frases con las que nadie puede estar en desacuerdo. “Las cosas que están mal se mejorarán y las que están bien se potenciarán”. ¿Quién podría estar en desacuerdo con algo así?

Estos  mensajes funcionan debido a que el gobierno se encuentra como en un periodo de gracia o luna de miel que terminará apenas el gobierno empiece a tomar medidas concretas como, por ejemplo, lo que se viene pensando hacer en materia tributaria.

Subir los impuestos al alcohol, cigarrillos y gaseosas es un cosa, pero modificar el Impuesto Selectivo al Consumo a los combustibles es otra. Estudiar modificar el Impuesto a la Renta tiene un sentido, pero gravar en concreto a los independientes que ganan 3 mil soles mensuales es otra muy diferente.

El gobierno puede igualmente proponer eliminar las exoneraciones tributarias que tienen las inversiones privadas en educación, pero deberá enfrentar el malestar que generará en la población el aumento de las pensiones universitarias o de institutos técnicos y colegios.

Es una disyuntiva complicada. Por un lado, el gobierno busca disminuir el déficit fiscal a menos de 3 puntos porcentuales y al mismo tiempo debe elevar la recaudación tributaria de 12% del PBI, a por lo menos 16% del PBI. Si no lo hace, podría comprometer en el mediano plazo el grado de inversión que tiene el país por un aumento del ratio del pago de la deuda externa respecto al nivel de ingresos que proyecta.

Todo ello dentro de un programa agresivo de inversión pública y de recuperación de la confianza para promover la inversión privada, que es la única que realmente genera empleo.

Para soportar todo este paquete de medidas económicas —¿alguien dijo paquetazo?— el gobierno tiene a su favor nuevos aliados políticos. Los defensores más entusiastas de Villanueva no estuvieron en la bancada de PPK, sino en el bloque de Fuerza Popular.

Muy pocos se atreven a señalar una alianza política. Pero coincidencia de objetivos o de pareceres no es. Veremos cómo reaccionan estos aliados ante las medidas anunciadas en materia tributaria y fiscal. Su aplicación es inminente. No debe pasar del periodo perfecto de distracción que nos regalará el mundial de fútbol Rusia 2018. Entonces, ni política ni comunicación; es la economía. El tiempo es breve. No digan que no se les avisó.