A mediados de agosto de este año, apenas instalado el nuevo Gobierno, un grupo de comunidades de Chumbivilcas, Cusco, paralizó las actividades del corredor minero del sur, Las Bambas, generando la intermediación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un paisano de la zona.
Los medios informaron que el motivo de la medida de fuerza era un viejo reclamo que cambió el uso de una vía regional a nacional, lo que permitió el tránsito de pesados camiones con el mineral, levantando polvo y afectando los cultivos y la vida de la población.
Sin ser del todo inexacta esta información, es, al menos, incompleta. El motivo principal del reclamo de los chumbivilcanos era que la empresa Minera MMG Las Bambas les permitiera a 10 comunidades cusqueñas ser proveedoras de bienes y servicios.
Más que una protesta antiminera o ecológica, se trató de una protesta para ser parte de las operaciones comerciales y compartir las ganancias. En este caso, las comunidades proponen comprar camiones de alto tonelaje y formar empresas para brindar el servicio de transporte del mineral. Chumbivilcas no protesta tanto por el polvo que dejan los camiones al pasar por su territorio, sino por el derecho a ser ellos quienes lo hagan.
No es la primera vez que las comunidades altoandinas protestan y paralizan las operaciones. Según la Defensoría del Pueblo, en esta región se reportan 22 de los 196 casos de conflictividad social que existen en todo el país. 9 de estos conflictos se ubican en la provincia de Chumbivilcas. Lo novedoso en este último caso es el espíritu empresarial que revelan esas acciones. Es un aspecto que las mesas de negociación y, por supuesto, las empresas extractivas deben tener en cuenta al momento de analizar y decidir operaciones.
El concepto es sencillo, aunque su puesta en práctica es más compleja. La zona de influencia directa de Las Bambas abarca las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, donde se encuentra el yacimiento. Esta zona recibe alrededor de 1.5 millones de soles diarios producto de regalías.
El material es extraído es transportado a la costa para su exportación. La ruta que utiliza para salir pasa por la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que es la que ahora protestó y logró cerrar una acuerdo con el Gobierno para convertirse en socia comercial de la empresa. En este punto, el Comité de Gestión Minero Energético instalado en Apurímac, ha sido sobrepasado por los emprendedores chumbivilcanos.
Por esta razón, el gobernador de Apurímac ha expresado su molestia contra este acuerdo. No es posible, dice, que se atienda primero a quienes solo tienen el derecho de tránsito, sin que antes se resuelva el pedido de quienes producen el mineral. ¿Por qué tendrían que ser los cusqueños los que ofrezcan el servicio de transporte del mineral y no los apurimeños?
Cuando hablamos de cambios que se deben lograr en las comunidades antes que pensar en una nueva Constitución debe atenderse primero problemas como este. ¿Cómo logramos que el crecimiento y las oportunidades que brinda la minería involucre también a las comunidades altoandinas? El canon, el sobrecanon y las regalías son una forma de hacerlo desde el Estado. Pero está claro que eso no basta. Su efecto se diluye ante la ineficacia y la corrupción de la administración pública.
La minería representa el 60% de las exportaciones del país y aporta el 20% de los ingresos tributarios. Sus beneficios llegan a través de impuestos que son redistribuidos a los tres niveles de gobierno. La provisión de servicios básicos —educación, salud, infraestructura— es la manera que tiene el Estado para hacerse presente en las comunidades. Pero así como se busca crecer sostenidamente, también se debe redistribuir socialmente. Y esta tarea está un poco más allá de lo que la acción del Estado pueda hacer en las comunidades.
La protesta de Chumbivilcas, nos dice que son las propias comunidades las que quieren involucrarse, asociarse, en los negocios. Para que un proyecto minero sea viable la comunidad debe percibir los beneficios de manera inmediata. Ellas no quieren ser más espectadoras del mineral que pasa a diario por sus tierras. Ahora quieren ser socias y dar servicios a la empresa. No debería restringirse ese espíritu emprendedor, al contrario, debería incentivarse. Después de todo, las comunidades solo quieren sentarse en la mesa, de igual a igual.
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