Southern Perú anunció esta semana que paralizaba sus labores debido a que comunidades altoandinas de Torata, en Moquegua, incendiaron diversos tramos de la línea férrea al puerto de Ilo y cerraron el paso del agua de la represa Viña Blanca, que permite las operaciones mineras y abastece por lo menos a 5 mil familias.
Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, son las comunidades en pie de lucha contra Southern Perú. Ellas exigen una contraprestación de US$ 5 mil millones y un pago permanente del 5% de las utilidades netas.
Lo que sorporende no son las aspiraciones económicas de la comunidad que han sido siempre materia de controversia en el sector, sino que usen un recurso estratégico vital como el agua para presionar por sus reclamos.
El agua nace en las zonas altas de los Andes, discurre por gravedad a lo largo de ríos y valles y termina en el mar. Desde tiempos precolombinos, las comunidades intersectan estas aguas para la agricultura y ganadería. Lo hacen con amunas, qochas y pequeños reservorios que construyen donde hay más concentración de lluvias.
El Estado hace lo mismo para fines agrícolas y mineros: represa el agua. Viña Blanca es una de los 743 represas que existen en el país. 442 presas son usadas para riego, y 113 para fines de relave minero (ANA, 2015).
Cortar el agua como medida de fuerza es una práctica antigua que tienen las comunidades de las zonas altas, pero de la cual no se tiene reportes específicos. Al menos, no recientemente.
Un informe sobre conflictividad social de la Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2014 detectó 539 conflictos sociales, de los cuales 153 (28.3%) estuvieron vinculados a los recursos hídricos. Pero no se específica si como parte de la conflictividad se recurrió a una medida radical como bloquear los accesos de agua.
La historia, en cambio, sí registra este antecedente. En las crónicas de Pedro de Sarmiento se cuenta que fue Mama Huaco quien recomendó tomar las cabeceras de agua de las comunidades aledañas al Cusco con la intención de dejar de irrigar sus tierras, disminuir sus fuerzas y conquistarlos.
María Rostworowski encuentra en documentos judiciales de La Colonia el uso de la fuerza y control de las cabeceras de agua, como forma de coacción de las comunidades ubicadas en las partes altas en contra de sus vecinos de las partes bajas.
Es el caso del curaca de Collec, quien sigue un juicio contra los serranos de Canta; o del curaca serrano de Guambos y el señor costeño de Jayanca. Los de arriba reclamaban un pago por el uso del agua que nacía en sus tierras y, como los de abajo se negaban, les cerraban el curso del agua.
El control de las bocatomas de agua ubicadas en las partes altas fue, al parecer, un recurso estratégico en los Andes para dominar el territorio o para asentar el poder de una comunidad sobre otra. Y de paso dejar establecido que el uso de los recursos naturales debía pagar un justiprecio.
200 años después, los comuneros de Torata vuelven a tomar medidas extremas como sus antecesores. El cierre de válvulas de la represa Viña Blanca es un acto de fuerza que debe evitarse, porque atenta contra la vida. Cerrar el curso del agua, en este caso, afectó no solo las operaciones mineras, sino también el hospital, las viviendas y a unas 5 mil personas que viven en el campamento minero.
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