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15 febrero, 2015

Principios Rectores


La respuesta y explicación del director de El Comercio, Fernando Berckemeyer, sobre el despido de una de sus editoras a raíz del impasse surgido por la publicación de una columna de opinión con dos ideas "potencialmente difamatorias", tiene una trascedencia enorme no solo para la prensa o el periodismo, sino para la sociedad.
El director apela a los principios rectores del diario y al sentido común para afirmar que "los columnistas tienen libertad de expresión, pero no de difamación". Y está en lo cierto. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro, decía John Stuart Mill.
El momento es oportuno para extender esa misma prolijidad al tratamiento de otros espacios en las plataformas digitales del Grupo El Comercio, como son las casillas de "opinión del público" que existen en cada nota informativa que presenta el diario.
Esas "opiniones" de anónimos escribas son muchas veces insultos, diatribas o bajezas de toda calaña, no solo "potencialmente difamatorias", sino abiertamente difamatorias; injurias puras o simples calumnias avezadas.
Lo decíamos en esta misma columna hace apenas tres semanas: "¿Por qué si yo escribo una carta con insultos a un personaje político y la firmo con mi nombre y apellidos, número de DNI, y la envío a un medio impreso, éste no solo no me la publica sino que la envía de frente al tacho? ¿Y por qué ese mismo comentario procaz aparece publicado ad infinitum en la edición virtual de ese mismo diario? ¿Existe acaso un Código de Ética para el papel y otro diferente para la plataforma digital?".
Esta posición no es de ahora. La vengo sosteniendo desde hace por lo menos seis años en esta misma columna de Politikha. ¿Recuerdan el alboroto suscitado en el propio Diario El Comercio el 18/12/2009, cuando en ángulo inferior izquierdo de su primera plana apareció impresa una supuesta carta de un lector que luego de vaciar su opinión firmó con el elocuente como escatológico nombre de Tsura Tukuro?
El escándalo giró alrededor del descuido del editor de cartas de dejar pasar un comentario firmado por un sujeto inexistente. La carta fue enviada por correo electrónico. No se tomó en cuenta ni el documento de identidad, ni la dirección. Su contenido no era oprobioso ni nada, pero la misiva perforó todos los controles de cuidado de edición.
No hay en los principios rectores de El Comercio y en ningún diario del país, creo, algo así como un Defensor del Lector Digital, una especie de CM que defienda en nombre del medio esos principios rectores que valen para el papel, como el Principio 10 de El Comercio: En defensa de la calidad de vida, que vela por el cultivo de los valores cívicos, "especialmente los que propugnan la libertad, la verdad, la honradez, la igualdad, el respeto por las buenas costumbres y el servicio a los demás".
No hay buenas costumbres en las opiniones que dejan los trolles cuando comentan una noticia en las plataformas digitales. No existe un código de ética que funcione para el papel y para la red. Y no me vengan con eso de que se restringe la libertad de expresión. En esos comentarios insultantes no hay solo libertad. Parafraseando al director de El Comercio podemos decir que las opiniones libres tienen libertad de expresión, pero no de difamación.

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Artículo escrito el miércoles 11 de Febrero de 2015 y publicado en Diario 16 el sábado 14 de Febrero de 2015.

30 noviembre, 2013

Inclusión Digital


Esta historia había que contarla*. Es una historia de éxito sobre un programa de enseñanza de las nuevas tecnologías de la información dirigido a hombres y mujeres que tienen la responsabilidad de ser dirigentes vecinales, gremiales, sectoriales en sus comunidades.

Todo empieza con desarrollar una de las 16 políticas de Estado –la referida a profundizar la democracia acortando la brecha digital–, recomendadas por la Agenda Social, instrumento elaborado por un grupo de ex presidentes de América Latina, liderados por Alejandro Toledo.

A partir de allí, en marzo de 2011, el Centro Global para el Desarrollo y la Democracia (CGDD) desarrolló una experiencia piloto de inclusión digital en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, pertenecientes a la Mancomunidad Lima-Sur. Esto fue posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia (UNDEF).

La iniciativa, conocida como Proyecto Red de Democracia Digital (RDD), se propuso capacitar a líderes y dirigentes vecinales en el uso de las nuevas TICs para mejorar tanto la relación entre sus propios asociados como con sus respectivos gobiernos locales.

A través de talleres teóricos – prácticos, los cursos buscaron mejorar las competencias de los dirigentes en acceder a los servicios públicos en línea, fortalecer su articulación interpersonal e interinstitucional y mejorar el diálogo con sus municipios, fortaleciendo de esta manera la democracia participativa local.

En suma, el proyecto buscaba y busca colocar la relación gobernantes y gobernados a un “clic” de distancia.

Se formaron así los Centros de Redes Comunitarias (CRC) como un espacio de formación e información compartido. Los CRC fueron ubicados en locales comunitarios o colegios desde donde las redes y equipos inalámbricos podían proveer el enlace con los que hacen política.

Política con P mayúscula –representación, gestión, fiscalización–, no política-partidaria.

Los cursos fueron despartidarizados desde el principio. La razón era sencilla: se trataba de acortar la brecha digital existente entre los ciudadanos, no de concientizar ni adoctrinar.

Los dirigentes locales fueron familiarizándose, poco a poco, con el uso de las nuevas tecnologías de información. Si antes estos dirigentes usaban la computadora solo para pasar correos, ahora podían acceder a nuevas herramientas, conocer que muchos procedimientos son ahora “on line” y que acceder a procesos virtuales puede representar también un ahorro en tiempo y dinero.

Lo que se buscaba era, en buena cuenta, mejorar la transparencia en la gestión pública, promover una democracia deliberativa y fortalecer la responsabilidad ciudadana.

En cierta manera estos cursos ayudaron a un grupo de personas a conquistar la alfabetización digital. 250 líderes y lideresas sociales de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo (160 y 70 respectivamente) fueron capacitados. Otros 150 líderes y lideresas sociales fueron instruidos en Democracia Digital y Equidad de Género.

En Villa El Salvador participaron organizaciones representativas como el Colectivo Equidad de Género, Proyecto Educativo Local (PEL), CUAVES-Coordinadora Sectorial 1, Red de Comités Ambientales; CODIMUVES (Consejo Directivo Multisectorial del 7º, 9º., 10º. Sector); y Coalición Comunitaria Antidrogas.

Actualmente está en proceso de integración la Federación Popular de Mujeres (FEPOMUVES) y la Asociación de Microempresarios de Villa El Salvador (APEMIVES). 

El proyecto creó la Plataforma Digital RDD-PERU (www.rddperu.com) en base a software de libre acceso, cuyo propósito es igualmente aproximar a los sectores sociales excluidos con las autoridades municipales y las redes de la sociedad civil.

El CGDD promueve democracias sostenibles, implementando, en este caso, soluciones prácticas que ayuden a poblaciones vulnerables a conocer, acceder y promover los beneficios que las nuevas tecnologías de la información tienen en el seguimiento de políticas locales, transparencia informativa y en el sinceramiento de la relación gobernantes – gobernados.

El convenio con el Gobierno Regional de Lima apunta a eso; a promover la democracia digital y no a generar “trolles toledistas”, como ligeramente se ha dicho.


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(*)  Documento CGDD “Programa para Inclusión Digital. REDES COMUNITARIAS PARA LA DEMOCRACIA DIGITAL”, Lima 29 de Noviembre de 2013.