Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

Indignados y desiguales

En Chile el pasaje del Metro subió 30%. Los estudiantes protestaron. Luego se les unió el resto de la población. El ministro de economía recomendó que mejor madrugaran si querían pagar un pasaje más barato. 

La gente no madrugó, pero sí despertó. Indignada, además.  

Del rechazo se pasó al descontento y de este a la indignación y a la furia colectiva en las calles. 

La protesta no es por lo 30 pesos, sino por 30 años de desigualdad, corea ahora la gente. Es una manera de responder ante medidas económicas en el precio de servicios que la gente entiende deben ser responsabilidad del Estado: Educación, Salud, Transporte, Seguridad. El costo de la vida sube y los salarios no.

Es a la vez una respuesta a la insatisfacción en la calidad de los servicios. No solo a lo caro y prohibitivos que resultan la Educación, la Salud y el Transporte, sino al pésimo trato que reciben los usuarios. Una Educación que al final no sirve para conseguir empleo, una Salud con hospitales sin medicinas y un Transporte que se modernizó en infraestructura pero que sigue movilizando a la gente como si fuera ganado o sardinas en hora punta. 

La protesta es también un reclamo al trato digno que merecemos todos.

Hace unos años un reportaje en televisión mostraba como miles de ciudadanos chilenos cruzaban a diario la frontera hacia el Perú para atenderse en clínicas y consultorios privados y municipales de Tacna. Cuando le preguntaron a los entrevistados las razones por las que preferían venir a curarse al Perú, la totalidad destacó el trato humano, respetuoso y paciente de los médicos, antes que los precios bajos. Luego de la consulta, eso sí, pasaban a disfrutar de la gastronomía peruana.

La gente reclama respeto, dignidad, trato humano. 

En Chile, como en cualquier otro país, no basta la infraestructura. El fierro y el cemento no es suficiente para hablar de desarrollo. El respeto al otro es también señal de modernidad. Los gobernantes pierden la perspectiva del poder cuando dejan de ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cuál es la perspectiva del poder, sino servir?

El 60% de la población chilena sufre el Transantiago, vive endeudada, padece la inseguridad ciudadana y se siente asfixiada por las bajas pensiones y el alto precio de las medicinas. El 10% vive en su burbuja de confort y no pasa ningún apuro económico. El 30% es una clase media que vive el día a día sin preocupaciones, pero tampoco con holguras materiales.

Más de la mitad del país es la nueva clase media que ha escapado de la pobreza, vulnerable, precaria —que vive asustada y angustiada porque sus expectativas son más grandes que sus posibilidades—, que ha desbordado el índice de Gini, pero sigue formando parte de los 10 países más desiguales del mundo. 

El estallido social no es solo un problema de modelo económico. Es también un problema de Estado ausente, insensible, ineficaz, corrupto.  

La raíz de la indignación tiene varias nervaduras. Sus repercusiones trascienden Chile. Eso, con toda seguridad. La desigualdad enfurece. Pero es el maltrato el que gatilla la indignación.