Crisis de confianza

La crisis de confianza se nota en todos lados. Se abre a nuestros pies.

En las instituciones que nos representan, en la que nos gobiernan y hasta en las relaciones interpersonales. 

¿Qué representan, sino, los audios grabados al presidente de la República por personas de su círculo más íntimo? 

¿Qué las sospechas desde el poder de una conspiración en curso? 

¿Y qué del brulote armado por el ministro de Energía y Minas ante descabelladas elucubraciones de dos colaboradores de su propio entorno?

Nadie cree en nada ni en nadie. 

¿Qué de las recetas y recomendaciones que pululan en las redes para acabar con el covid-19? ¿Ivermectina, hidroxicloroquina, anticoagulantes? 

¿Y qué de los médicos que las defienden y de supuestos estudios que demuestran su eficacia, pero que nadie ha leído ni visto?

Todos sospechan de todos. 

Creen que los medios nos lavan el cerebro, que la escuela solo sirve para reproducir el statu quo, que la religión nos vuelve borregos, que los políticos nos mienten, y que todos, absolutamente todos, roban.

Sobre los partidos y el Congreso, que nadie se asombre. Son los menos queridos y respetados en en mundo.

La confianza en los partidos (21.2) y en el Congreso (20.9) en el Perú, antes de la pandemia, ya estaba en su nivel más profundo de desconfianza ciudadana, según El Barómetro de las Américas. De ahí el apoyo que tuvo su cierre en setiembre del 2019. Y la expectativa que generó la actual representación.

En confianza interpersonal tampoco estamos bien. 

El año pasado solo el 11% de los encuestados describió a las personas de su comunidad como muy confiables. Esto no ha cambiado mucho entre el 2006 y 2019. A diferencia de Canadá donde el 85.4% piensa que sus vecinos son muy confiables.

Otra herramienta de medición, El Latinobarómetro del 2018 ya decía que somos la región más desconfiada del planeta y que por segundo año consecutivo teníamos el récord mínimo histórico de confianza interpersonal. 

Colombia, Uruguay y Guatemala, con 20% cada uno, encabezaron la tabla. En el fondo: Perú (11%) Costa Rica (10%) Venezuela (8%) y Brasil (4%).

La confianza en las instituciones representativas otorgaba al Perú el índice más bajo. 

El nivel de confianza los peruanos en su Congreso llegó a 8%, la última posición de la tabla; en Uruguay fue el 33%. 

Y si hablamos de los partidos políticos en América Latina, en promedio, alcanzaron 13%, once puntos porcentuales menos de lo que tuvieron el 2013. 

En el Perú el nivel de confianza en los partidos fue 7%.

Es una crisis generalizada de confianza lo que tenemos. Y de valores. Hay impotencia, frustración, y también algo de cinismo para dejar que las cosas sigan como están.

Al descender los niveles de confianza se erosiona el sistema democrático. Se pierde legitimidad de origen. Y se la substituye por la legitimidad de hecho. 

No hay integración social. Y cuando eso sucede, el terreno es fértil para los demagogos y aventureros. Ojalá despertemos a tiempo los peruanos.

 

 

SARS-CoV-2: Decisiones de Estado

Los Estados son entelequias políticas. Los jefes de Estado son los que lo representan, según la Constitución. Y en circunstancias extremas, los diferencian. La pandemia de SARS-Cov2 que enferma al mundo de COVID-19, ha sacado a relucir el comportamiento de los Estados, o, mejor dicho, de los timoneles que los guían. 

Con esa serenidad que los propios alemanes le reconocen, Angela Merkel fue la primera estadista en reconocer que al final del día, el 70% del mundo quedaría infectado del nuevo coronavirus. Su respuesta inmediata fue cerrar las exportaciones de equipos y medicinas.

Boris Johnson, el primer ministro de ideas y cabellos alborotados, quiso permanecer inmutable ante el avance de la pandemia y se dedicó a estrechar manos en señal de confianza. Cuando vio las cifras del Imperial College que pronosticaban más de medio millón de muertos, reculó, dictó medidas de asilamiento, pero fue muy tarde: también él se contagió de coronavirus.

El caso más paradigmático es el del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Insistió hasta la víspera en llamar “virus chino” a la nueva cepa de coronavirus para insistir en su origen y de paso castigar a su rival económico y político. 

Como en el caso de su colega del Reino Unido, también se resistió a declarar asilamiento obligatorio. Hoy Estados Unidos es el nuevo foco del COVID-19 y Nueva York el centro de la pandemia. 

En nuestra región, tenemos al presidente Jair Bolsonaro y al presidente López Obrador de México, cada quién en su estilo, poniéndose del lado negacionista y contraviniendo las recomendaciones de aislamiento de la Organización Mundial de la Salud. 

El resultado: Bolsonaro, en su momento de mayor debilidad, con rumores de reuniones de las Fuerzas Armadas y evaluación de escenarios, peleado con sus gobernadores y con la opinión pública, que piensan lo contrario. 

En México, el presidente dejó las estampitas religiosas y las recomendaciones de salir a los restaurantes y cuando la cifra de contagiados empezó a desbordarse, se animó a decirle a su gente que mejor permaneciera en sus casas.

La persona es el fin supremo del Estado, reza la mayoría de constituciones en el mundo. Pero son los jefes de Estado o de Gobierno, seres de carne y hueso, los que deben concretar esa orientación. 

Son los primeros mandatarios los que dan sentido a los fines que el Estado asume para sus ciudadanos, en este caso, defender la dignidad humana. 

El COVID-19, puso a muchos Estados en la disyuntiva de defender este principio o sucumbir a las necesidades de la economía, bajo los mismos argumentos –defender la dignidad humana– pero en el largo plazo. 

No es una decisión fácil, como podría pensarse. En situaciones como las que vivimos sale a relucir el temple de los líderes. Su orientación humana y su sentido de la ética. 

Suena válido el argumento de defender la base económica del país y evitar en un futuro mediato mayor pobreza y más muertes ante una crisis económica global. 

Pero, la velocidad de irradiación de la cepa vírica COVID-19 fue tan agresiva que ningún sistema de salud lo podía soportar. 

No estábamos preparados para una guerra virológica de tamaña magnitud. 

Los Estados tuvieron, entonces, que decidir: defender primero la vida de las personas y atender luego la recuperación económica. 

Si tienes un edificio en llamas, con personas adentro, la primera pregunta no es cómo reconstruyes el edificio, sino cómo salvas a las personas. Ese tipo de decisiones son las que toman los jefes de Estado o de Gobierno. Parece fácil, pero ya vemos que no. 

Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

El Perú descosido

Desbordando las costuras constitucionales, forzando y casi rompiendo el molde institucional, el presidente de la República, decidió disolver el Congreso, vía una interpretación auténtica de la cuestión de confianza —la denegación fáctica— que no convenció a todos.

La confianza se otorga, no se interpreta. Se expresa en votos, no se da por entendida, ni se deduce, ni infiere. Se constata. Y la constatación es a través del conteo de los votos. 

Pero fuera de estas disquisiciones legales que en algún momento deberá esclarecer el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el presidente ganó esta batalla a sus opositores en todos los frentes.

Y, lo más importante, afirmó su poder. En términos weberianos, podemos decir que el presidente logró ejecutar su voluntad a pesar de las resistencias encontradas. 

Esta voluntad de doblegar a sus opositores se asentó sobre dos fuerzas que terminaron consolidándolo: las Fuerzas Armadas y la opinión pública. El poder de la fuerza y el poder de la masa.

Por otro lado, hay que decirlo, el Congreso se ganó a pulso su disolución. Nunca como ahora se pudo ver tan nítidamente la tozudez y la prepotencia, la obstinación y la soberbia.

En todos los idiomas, el presidente advirtió cual sería su decisión. Lo dijo, incluso, en televisión, un día antes de ejecutar la medida. Pero el Congreso, ay, siguió muriendo.

El choque de poderes pudo haberse evitado, si anteponíamos al diálogo de sordos el trabajo fatigoso de hacer política.

Ingresamos ahora a un escenario electoral que recompondrá el tablero político. No es momento para las improvisaciones. Los partidos deberán seleccionar sus mejores cuadros. Hombres y mujeres que asuman la tarea de completar las reformas que el país necesita.

Es necesario reencauzar al Perú no solo en la senda democrática, sino en la senda del crecimiento y desarrollo. Lo que el gobierno y el Congreso disuelto no pudieron lograr deberá ser ahora tarea del nuevo Parlamento.

El Congreso de un año y medio no debe ser asumido solo como un ente que completa el periodo legislativo, sino como un órgano activo, pensante, que hace Política y logra consensos; una bisagra propositiva que concerta y diseña el renovado escenario del Perú del Bicentenario. 

Sin parches, ni remiendos. Deshilvanados como estamos, el Perú del Bicentenario lo hacemos —y cosemos— todos. 

Halcones y Palomas

Los individuos, como los grupos, para obtener algo en la naturaleza, luchan. Tienden a disputar algo que consideran vital para su supervivencia. En el reino animal, puede ser el alimento, alguna hembra o el territorio. En el mundo humano es eso y, además, el poder. 

En política, halcones y palomas no son dos especies distintas, sino dos tipos de comportamientos, dos inteligencias, dos actitudes que dirimen un proceso de negociación que tiene de cooperación y conflicto. Como en la teoría de juegos, las luchas empiezan con insinuaciones, amenazas y demostraciones de fuerza, antes que con verdaderos choques. 

Las palomas buscan imponerse mediante el diálogo, los halcones en cambio buscan resultados usando  la fuerza. Las negociaciones del premier Salvador del Solar con diversos grupos políticos del Congreso, incluyendo al principal opositor —Fuerza Popular— a los que ofreció el retorno del Senado y la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular a él, es una clara conducta de paloma. Correcta, por cierto. 

Ser paloma no es ser blando, ni miedoso. En la mayoría de los casos exige una alta dosis de sensatez y responsabilidad. La propuesta de Del Solar fue correcta. ¿Qué pasó, entonces? Un halcón encerrado no se anda con rodeos. Se lanza sobre el objetivo de manera rapaz. En todo momento hará uso de su fuerza con tal de obtener su propósito. Una mente de halcón usa todos los métodos a su alcance, incluido el engaño y la traición. 

El premier conversó de manera reservada con anuencia del presidente Vizcarra (¿así fue, no?). Pero, quizás, confió demasiado en su capacidad expositiva y de interlocución; y no se dio cuenta de que el halcón no tiene piedad al momento de apretar sus garras. Al no oficializar, ni hacer pública, su ronda de conversaciones perdió la oportunidad de obtener el respaldo de la calle. 

Una interrogante salta a la vista. ¿Qué rol asumió el presidente Vizcarra? ¿Halcón o paloma? Por lo que que acaba de señalar la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz —al parecer el presidente le comentó sobre su deseo de renunciar—, su papel fue al comienzo el de una paloma desconfiada y al final el de un halcón medroso. 

Cooperantes y explosivos, pacifistas y agresivos, conciliadores y extremistas, hay en todos los grupos. En el mundo de los humanos, los mismos actores pueden adoptar e intercambiar ambos roles por momentos e indistintamente. El premier fue claramente paloma cuando intentó una salida negociada y halcón herido al sentirse traicionado.

El peor desenlace para todos ocurre cuando ambos jugadores caen en el rol halcón-halcón. La ganancia, entonces, es de suma cero. La inteligencia, el sentido común, el deber patriótico —llámesele como se le llame— debe servir para equilibrar los roles de cooperación y conflicto. No hacerlo es terminar despellejándose unos y otros. Y en ese juego, perdemos todos.

El final se acerca

No se ve una luz al final del túnel. Tal parece que llegamos a un desenlace oscuro. Sin acuerdo conversado de salida a la crisis política. El encuentro entre Vizcarra y Olaechea no ha significado una definición. En ninguno de los dos sentidos. Ha sido un mero pulseo de fuerzas. Un diálogo de sordos.

Apenas terminó la reunión cada quien volvió a sus trincheras y reforzó sus posiciones. El Congreso gatilló primero. Disparó contra el propio presidente al proponer investigar Conirsa, Chinchero, la SUNEDU, las encuestadoras y hasta el mensaje presidencial (aunque después retrocedió en esto último).

El presidente denunció la ofensiva y replicó: “…con estas actitudes (el Congreso) no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones que hemos hecho”.

Despejada la bruma de los cañonazos, el teatro de operaciones se aclaró. El presidente, urgido por los plazos que corren, debe definir en poco tiempo si juega su carta final de la cuestión de confianza y obligar a una salida final.

Solo hay dos caminos posibles: el pacto o el choque.

Si es por pacto, las conversaciones pasan por colocar como primer punto del pacto el retorno del Congreso Bicameral, con el añadido —complicado de aceptar para la calle, pero necesario— de que los actuales congresistas puedan postular al Senado de la República.

Si se elige el choque, la vía no es plantear la cuestión de confianza insistiendo en la “esencia de las reformas constitucionales”, sino, que se tendrá que apelar a una medida más pragmática y sobre la que no quepa la menor duda de su efectividad para obtener el mismo resultado de las dos cuestiones de confianza negadas: el cambio del presidente del Consejo de Ministros. 

En la calidad y estilo del nuevo premier estará la fuerza estratégica de esta decisión.  

Así, se provoca una crisis ministerial por renuncia del actual primer ministro y se convoca a un reemplazante que conforma un nuevo gabinete el cual debe acudir al Congreso de la República, exponer la nueva política de gobierno y solicitar cuestión de confianza sobre ella.

Este camino liberaría a Salvador del Solar para asumir con libertad una tarea electoral en las nuevas elecciones generales (si quisiera).

El nuevo premier tendría que tener un rol político y ejecutivo tan fuerte que por un lado obligue al Congreso a no extenderle la confianza o, si se la da, logre impregnar eficiencia a los programas del Ejecutivo, generar confianza en los inversionistas y equilibrar el poder que actualmente emana del Legislativo. Todo al mismo tiempo. 

¿Existirá ese ser superdotado de la política? En las próximas semanas lo sabremos.

El punto de no retorno

¿Cómo llegamos a este callejón sin salida? ¿Cómo así ingresó en agenda un monstruo de dos cabezas: el cierre del Congreso y la vacancia presidencial? ¿En qué momento caímos en el agujero negro de la antipolítica?

Esta semana las posiciones del ejecutivo y legislativo no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Estamos ad portas del punto de no retorno.

El presidente Vizcarra no ha dado su brazo a torcer y sigue ventilando en calles y plazas su decisión de mantener el recorte del mandato presidencial y legislativo y el adelanto de elecciones para el 2020. 

Este es un tema no negociable, ha dicho.

El legislativo, en tanto, empieza a recabar informes especializados de constitucionalistas y organismos internacionales ante la eventualidad de que el ejecutivo pretenda disolverlo presentando una cuestión de confianza… por lo que sea.

En el post anterior decíamos que “No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos”. 

La verdad es que no se requiere solo voluntad entre las partes para llegar a buen puerto, aunque, siempre ayuda una buena dosis de deseo, intención, ganas de querer sacar adelante las cosas. 

Entre políticos son más útiles otras características, sobre todo en la mesa de negociaciones: habilidad para negociar, capacidad de decisión para concretar acuerdos y tenacidad y firmeza para llevarlos adelante.

Ceder en política, como en la guerra, no siempre es perder. Por encima de los intereses particulares de las partes está el interés del Perú.

Requerimos ciertamente una reforma profunda de la justicia, de la política, de las instituciones republicanas, pero en democracia, sin sobresaltos ni jacobinismo. Recurrir al Vox populi, vox Dei, es un argumento populista, producto de una caótica y pendular democracia de masas.

Por otro lado, conspirar contra el poder constituido es también ingresar a una senda torcida de apetitos personales o de grupo, intereses económicos acostumbrados a vivir del Estado. Es caer -otra vez- en el mercantilismo decimonónico. 

¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?

No fue el día en que Vizcarra decidió que no quería gobernar más y propuso adelantar las elecciones. Tampoco cuando PPK, arrinconado por las acusaciones y la caída de la muralla china, decidió renunciar al gobierno. Ni cuando Keiko llegó a la conclusión de que le habían robado las elecciones y decidió usar su mayoría parlamentaria para vengarse de PPK.

No, Zavalita, eso es el presente. Nosotros nos jodimos mucho antes. Nos jodimos varias veces, en varios momentos. La verdad, Zavalita, es que el Perú nació jodido.

Conversar es ceder

No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos. 

Esta semana, las cabezas de ambos poderes volvieron a levantar sus banderas, sin punto de consenso a la vista. 

El Congreso —al menos una mayoría notoria— se resiste a adelantar elecciones. El presidente, por su parte, insiste en que no hay otra salida que el recorte del mandato presidencial y congresal.

Sobre el mecanismo de adelanto de elecciones, además, se debe agregar el ingrediente del plazo. No hay tiempo para hacerlo vía referéndum, como propuso el presidente Vizcarra. Esto obligaría a aprobar la iniciativa en dos legislaturas ordinarias sucesivas, lo que implica recortar la presente y convocar a una extraordinaria solo para ese fin.

Sin un cambio en las posturas máximas de los representantes de los poderes de Estado, difícilmente habrá acuerdo. Si conversar no siempre es pactar; en este caso, para encontrar una salida, conversar es ceder.

Vizcarra (47% de aprobación personal) llega con el respaldo mayoritario de la calle a su propuesta de adelanto de elecciones (70%). Mientras que Olaechea (15% de aprobación personal) representa al Congreso de la República en su nivel más bajo de aprobación (8%).

¿Estará dispuesto el presidente de la República a ceder en su propuesta de elecciones adelantadas? Por lo que ha declarado a medios como Hildebrandt en sus Trece (HT) y Semana Económica (SE), parece que no. 

“He escuchado a algunos congresistas decir que lo mejor para solucionar la crisis es vacar al presidente. Esa es otra alternativa, que la propongan. Otra alternativa es lo que dice la gente: cierren el Congreso. Hay que analizar todas las alternativas. Lo que nosotros decimos es que se deben hacer las cosas de manera ordenada, pensando en el Perú”, le dijo el presidente a SE.

“Después de tres años de gobierno, con un presidente que renuncia, después que se intentara su vacancia, con un gabinete que cae, con ministros censurados, con normas que se presentan y que son distorsionadas por el Congreso, el planteamiento es adelantar las elecciones”, planteó en HT. 

En otras palabras, resetear la política.

Los constitucionalistas, sin embargo, coinciden en que tal como están las cosas hoy no hay razones suficientes para legalizar —ni respaldar— ninguno de los dos extremos: cerrar el Congreso o vacar al presidente. 

Y si no existen hoy, entonces, podrían también eliminarse de la mesa de conversaciones. Ni cierre del Congreso, ni vacancia presidencial, he ahí un primer punto de partida de la cita entre el presidente de la República Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. 

¿Será posible ese milagro? Después de todo, quizás no fue tan mala idea que ambos personajes se reúnan para conversar en la Iglesia San Francisco, porque una ayudita para salir de posturas irreductibles, van a necesitar. 

Salida anticipada

El adelanto de elecciones que el presidente Vizcarra presentó como un as bajo la manga en su mensaje del 28 de julio de 2019, es el punto de quiebre de una crisis permanente entre el legislativo y el ejecutivo, larvada en su origen, desde que Keiko Fujimori señaló que le ganaron las elecciones con fraude.  

Está en discución la gravedad de este desencuentro. ¿Estamos ante una crisis de la magnitud de los noventa, cuando Fujimori renunció al gobierno, se instaló un gobierno transitorio y se adelantaron las elecciones? No lo creo. Disputas, desencuentros, choques o abiertas hostilidades entre el legislativo y ejecutivo hay siempre. Pero no todas las crisis políticas terminan con una limpieza de la mesa para empezar el juego de nuevo. 

De 39 crisis políticas ocuridas en América Latina entre 1950 y 1966 en 17 países de la región el argentino Aníbal Pérez Liñán encontró que 22 crisis desembocaron en una ruptura institucional, pero otras 16 se resolvieron dentro del marco democrático institucional y solo 6 se resolvieron fuera de el (Pérez Liñán, 2001).

No estamos, en efecto, en una salida tipo golpe, o autogolpe civil o militar  como en el pasado América Latina y el Perú resolvieron sus crisis políticas, verdaderos choques obstruccionistas entre sus respectivos poderes (Bustamente y Rivero, 1948; Belaunde 1968; Fujimori, 1992). 

Aún con estas experiencias históricas, al analizar las relaciones entre el legislativo y ejecutivo peruano en el periodo 2001 - 2016, la correlación de fuerzas entre ambos poderes tendieron al equilibrio. “… ni el Congreso desplegó una actitud obstruccionista y controladora hacia el Ejecutivo, ni éste trató de gobernar de espaldas a la cámara baja de manera preeminente. No hubo por tanto choque entre ambas instituciones, aunque tampoco pueda hablarse de excesiva cooperación” (García Marín, 2017).

El resultado que estamos por ver en el presente periodo de gobierno es el resultado del poder mayoritario en número que logró una bancada, pero también de la absoluta imposibilidad del ejecutivo de contrapesar este poder articulando alianzas con otras fuerzas políticas. Más que un desencuentro en la producción de normas, la disputa fue de poder. 

La propuesta de Vizcarra destraba este proceso de manera maximalista. Refleja en cierto modo hasta un agotamiento para gobernar. Una salida de patear hacia adelante con la posibilidad de cuidar el capital político del jefe del Estado en lugar de utilizarlo para gobernar hasta el último día como manda la ley.

En lo que ha tenido éxito el ejecutivo es en plantear ante la opinión pública que la decisión de aceptar o no el recorte del mandato y las elecciones generales anticipadas, está en manos del Congreso. Con ello se pone del lado del pueblo que mayoritariamente respaldará esta medida. No en vano la expresión popular “Que se vayan todos” nace de la calle.

Pero si bien la terminación anticipada del mandato gubernamental y de la representación parlamentaria es una salida constitucional; antes que nada es la expresión del fracaso de hacer política. El Congreso excedió su papel opositor y el ejecutivo no pudo convencer ni persuadir. Ganó la pechada de ambos lados, sin que cedan posiciones ni pasiones. Política es el arte de lo posible. No de lo imposible.

El desenlace, sin embargo, está aún por verse. La decisión final la tiene la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. Hay escenarios para todos los gustos. Desde el rechazo de la propuesta y la continuidad del presidente Vizcarra o su salida y reemplazo de la vicepresidenta Merecedes Aráoz, hasta el gobierno transitorio del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, o de algún otro congresista que asuma un gobierno transitorio de “unidad nacional”.

De todas las alternativas posibles, tres son los caminos que mejor se acomodan a la realidad, siempre que para el ejecutivo, el adelanto de elecciones no sea una posición final ni inmodificable:

1. El Congreso acepta la propuesta de recorte del mandato de gobierno y se adelantan las elecciones para renovar el ejecutivo como el legislativo. Se aplican algunas reformas políticas ya aprobadas.

2. El Congreso rechaza la propuesta, pero concede replantear la inmunidad parlamentaria y avanzar en la reformas políticas. 

3. Congreso rechaza la propuesta y acuerda con el ejecutivo una “agenda de transición y promoción del desarrollo (salida)”.

El capítulo final se inscribirá en las lecciones que América Latina aportará a las ciencias políticas, en el capítulo de relaciones entre los poderes de estado. Una salida limpia, sin agitación en las calles, sin descomposición social, sin estallidos violentos, sin sombras de golpe. Una salida tan sosa que revela o un blanco desprendimiento de poder o un acto enorme de incompetencia para gobernar que se quiere ocultar con una consulta popular sobre un tema rechazado de forma populista.  

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Confianza a plazos

La cuestión de confianza aprobada recientemente por el Congreso de la República (77 a favor, 44 en contra y 3 abstenciones), no cierra definitivamente la crisis de poderes. Es apenas el primer capítulo. Una confianza a plazos.

El segundo y definitivo round vendrá tras la forma final que tendrán los seis proyectos de reforma presentados tras su deliberación y aprobación en el Congreso.

Lo único claro es que el Congreso no tiene vocación de mesa de partes. Y que el ejecutivo defenderá la esencia de los proyectos. 

¿Aceptará, entonces, el gobierno los cambios que introducirá el Congreso a los proyectos presentados? O, por el contrario, ¿inferirá que los mismos han sido modificados, tergiversados, desnaturalizados? Y si esto es así ¿interpretará que la confianza solicitada no le ha sido otorgada por lo que, la disolución del Congreso, volverá nuevamente a la palestra?

No hay coincidencia en la opinión de los constitucionalistas. Sus razonamientos están en uno y otro lado. 

Hay quienes consideran que, aprobada la confianza, se supera el incidente y el Congreso tiene la potestad de reformar la constitución sin que penda sobre su institucionalidad una espada de Damocles. Pero hay también letrados que señalan todo lo contrario y que de alterarse la esencia de los proyectos se entenderá que la confianza otorgada ha sido traicionada y quedará expedito el camino para que el ejecutivo disuelva el Congreso.

Este segundo capítulo, entonces, no se dirimirá por la vía legal-constitucional, sino por el político. El ejecutivo levantará la bandera de que las reformas políticas son necesarias para avanzar en la modernización del país y el legislativo defenderá la autonomía de su fuero en materia de reforma constitucional. Quien venda mejor su respectiva posición ante la opinión pública, inclinará la balanza.

En las próximas semanas sabremos si el espíritu de diálogo y acuerdo que desplegaron varios congresistas durante el primer tiempo de la cuestión de confianza, se mantiene o si, por el contrario, asistimos a un nuevo capítulo de crispación, desentendimiento y choque de poderes, que volverá a zarandear el país. Una confianza a plazos y en dos armadas.