Hace unas semanas escribimos sobre el fenómeno sociológico de miles de peruanos —sin trabajo en la capital y con hambre— que regresaban a sus provincias a pie, expulsados por el coronavirus, y al mismo tiempo teniendo como última esperanza el refugio en sus lugares de origen. Les llamamos los caminantes.
Eran miles de personas y familias enteras movilizadas de forma silenciosa, pacífica, por las carreteras, que no encontraron en el mercado ni en el Estado respuesta a sus demandas de salud, alimentación o puestos de trabajo.
Hoy un nuevo tropel de ciudadanos se ha volcado a las calles. Inundan las principales avenidas alrededor del centro histórico de Lima y La Victoria. A diferencia de los anteriores caminantes, estos no llevan sus enseres a cuestas, sino mercadería, bienes de valor, que no pueden vender.
No son desempleados o trabajadores precarios en busca de empleo. Tienen un capital que se deprecia conforme crece su angustia. Son comerciantes formales, inquilinos de galerías, muchos de ellos con uno o dos puestos de venta, con créditos en el banco y cuentas que pagar.
Son emprendedores que tampoco el mercado o el Estado ha logrado atender. Con el agravante de que, además, son castigados por algunos alcaldes insensibles que privilegian el ornato al orden; como cuando pintan las casas de los pobres en lugar de proveerles servicios básicos e infraestructura.
El Estado en todos sus niveles no sabe qué hacer con esta masa de comerciantes que sale incluso en carros y camionetas y se estacionan en cualquier esquina para ofrecer sus productos. Los que no tienen vehículos simplemente se echan sus costales al hombro con prendas de vestir, artículos mil, mochilas, maletas y repuestos de carro y computadora.
Urge atender esta demanda social, que tras noventa días de cuarentena está haciendo explotar la economía. Menos burocratismo. Menos protocolismo. Más creatividad.
Una fórmula rápida, como se propuso entonces para los primeros caminantes, es utilizar los espacios públicos que ya existen —parques zonales, estadios, colegios, iglesias— para ubicar a estos comerciantes y organizar el mercado. Esto permitiría mostrar, de paso, las ventajas de la formalidad. Con más del 70% de economía fuera de registro que aporta alrededor del 20% del PBI, no vamos a ninguna parte.
No se trata ya de perseguir, castigar, penar; sino de atraer, enseñar, y ser efectivos en la entrega de servicios. La tarea obviamente no es solo municipal. El gobierno nacional debe intervenir ya. No atender este problema solo empujará a los hoy precarios emprendedores formales, a punto de quebrar, precisamente al lado oscuro de la informalidad. No frustremos, ni matemos el emprendimiento.
