La agenda sectorial

Por más antropofágica que sea nuestra política, el presidente de la República no puede sostener por sí solo el cambio del humor popular que revelan las encuestas. Requiere de un equipo que lo acompañe y que lo ayude no solo a defender la agenda política, sino a construir y consolidar la agenda sectorial –una propia–, que es la que definirá lo acertado o no de su gestión de gobierno.

Por ahora las cifras indican que el trabajo para incorporar esta nueva agenda de trabajo será ardua, pues, mientras el presidente Vizcarra sube su popularidad de 35% en julio a 46% en agosto, su premier se ha quedado pasmado en ese mismo periodo en 19%.

El gobierno en general tiene 29% lo mismo que su ministro más exitoso –el de Educación–, tiene 29%, en tanto que la ministra de Salud suma 24% y los de Economía e Interior apenas llegan a 19%.

Mientras el presidente siga con su discurso anticorrupción y a favor de las reformas políticas y judicial, la opinión pública lo seguirá favoreciendo. Pero, conforme pase el tiempo y el debate político sobre las reformas y el referéndum se dilate y/o agote, la gente empezará a reclamar gestión y resultados.

Obras son amores y no buenas razones. En este campo, son los ministros los que tienen que salir a la cancha y generar impactos. No todo es comunicación. Primero es gestión. Haces y comunicas. No al revés.

Además de voceros, el gabinete necesita gestores. Planificadores y ejecutores de planes. Viajar es solo la primera parte de la tarea de hacer sentir que el gobierno trabaja. El ministro de Vivienda, el de Transporte, Comercio Exterior, Producción, Agricultura y Minería, tienen que estar permanentemente en medios mostrando avances de obra.

Ya es hora, por ejemplo, de hacer un balance en serio de las obras de reconstrucción por el fenómeno de El Niño. ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Qué proyectos están en marcha? ¿Cuándo se entregarán?

Si la agenda política es letra, la agenda sectorial es número. Los ministros de los sectores comprometidos en la reconstrucción podrían prepararle al presidente de la República un listado de estas obras con un cronograma claro de inversión y avance y ejecución.

El reto es pasar de la palabra a la acción, de la tribuna a la cancha o, si prefieren, del discurso al casco. Después de todo, estamos ante un ingeniero. 

Reconstrucción con cambio... de modelo

La renuncia de Pablo de la Flor a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), es una mala noticia para el gobierno. Es no solo una baja personal, de un técnico con experiencia en el sector público y privado, es también el fin de un modelo de gestión: una instancia de coordinación, sin manejo presupuestal.

La ARCC fue pensada como un ente facilitador entre los tres poderes de gobierno (local, regional y nacional), con equipos de gerencia incluidos para ayudar a identificar, elaborar, adjudicar y supervisar proyectos de reconstrucción, pero sin capacidad operativa en cortar directamente el jamón.

Al carecer de manejo presupuestal, Pablo de la Flor se convirtió en un funcionario negociador —sin responsabilidad administrativa ni penal—, que acompañaba a alcaldes, gobernadores locales y ministros a orientar e impulsar el uso de recursos para proyectos de reconstrucción previamente identificados.

El plan de reconstrucción asignado en el Presupuesto General de la República 2018 fue de 9 mil millones de soles (1,2% del PBI). Otros cálculos, sin embargo, estimaban que los gastos bordearían los 20 mil millones de soles. Para tener una idea de la magnitud de la cifra, el presupuesto 2018 para Salud es algo más de 16 mil millones de soles y el de Educación 27 mil millones de soles.

Solo en la primera fase que debía ejecutarse este año, se detectaron más de 10 mil proyectos en el norte del país. El propio De la Flor señaló que para proyectos urgentes se aprobó 1 mil 900 millones. De estos, 1 mil 240 millones fueron a diversos entes ejecutores, como el Ministerio de Agricultura, gobiernos regionales y algunos gobiernos provinciales.

Así, la capacidad de gasto que requería el proceso de reconstrucción era —y es— monumental. Cumplir con los parámetros de gestión: celeridad y transparencia, demanda no solo un ente facilitador, sino ejecutor.

Y una Contraloría General de la República mucho más expeditiva. Y aquí  también hubo un escollo difícil de remontar. Procesos para licitar la construcción de diques en Piura y carreteras en la Libertad fueron observados y anulados por la Contraloría.

Los gobiernos regionales se mostraron incapaces de armar procesos libres de sospecha de corrupción. Esto motivó las declaraciones de Pablo de la Flor en el sentido que: "el principal obstáculo son las capacidades instaladas en los gobiernos regionales y locales que supuestamente iban a ser los socios en la reconstrucción".

Sin capacidad de actuar como una unidad ejecutora, sino como un ente coordinador, la realización de los proyectos dependía enteramente de los órganos de gestión: municipalidades, gobiernos regionales y ministerios. Es decir, los mismos entes que no pueden con sus propios presupuestos.

La renuncia de Pablo de la Flor es una buena oportunidad para revisar no solo quien lo reemplaza, sino el modelo de entidad que debe encargarse de acelerar el proceso de reconstrucción.

Reconstrucción con cambio, sí, pero con cambio de modelo.