Politikha / Blog de Luis Alberto Chávez

23 diciembre, 2012

Los ex presidentes


Reconocimiento y uso de su experiencia.

(EDITORIAL DIARIO LA REPUBLICA, 23/12/2012) Los países democráticos necesitan a sus ex presidentes; es el rasgo común de un sistema político que elige a sus mandatarios como un acto elevado de la democracia representativa. Ello no sucede solo en los regímenes presidencialistas; en los sistemas parlamentarios los ex primeros ministros o ex presidentes de gobiernos son también reconocidos por el Estado luego de culminado su servicio público.

En algunos países los excesos en este reconocimiento han ocasionado medidas restrictivas como parte de reformas políticas orientadas a combatir la desconfianza ciudadana en la política. Sin embargo, ninguna reforma ha llevado a prescindir del principio de que el Estado reconoce el servicio de sus ex mandatarios.

La Constitución de 1979, siguiendo la jurisprudencia italiana, dispuso en su artículo 166° que se integren al Senado como senadores vitalicios los ex presidentes constitucionales de la República, a quienes no se les consideraba para los efectos del quórum. En virtud de esta disposición se incorporaron a esa cámara los ex presidentes José Luis Bustamante y Rivero, Fernando Belaúnde Terry y Alan García Pérez. En esa calidad mantuvieron un despacho en las mismas condiciones de los senadores elegidos.

El golpe de Estado de abril de 1992 quebró el régimen constitucional y la Carta Magna de 1979 fue reemplazada por la de 1993, que eliminó el bicameralismo histórico y con ello la figura del senador vitalicio. Los dos ex presidentes vivos fueron objeto de campañas intensas y uno de ellos debió partir al exilio. Con la recuperación de la democracia, el Estado volvió a reconocer a sus ex presidentes, condición que asumieron los ex mandatarios Valentín Paniagua, Alan García y Alejandro Toledo.

La pensión de la que gozan los ex presidentes peruanos y los gastos a ella añadidos, todos ellos de naturaleza legal, se encuentran por debajo del promedio de la región e imposibles de constituir una arbitrariedad o un exceso, de modo que es de pésimo gusto construir una denuncia periodística con un hecho que lleva ocurriendo 10 años.

Es aún más criticable que se pretenda una disputa entre ex presidentes a causa de este tema y que la discusión desbarre hacia la contabilidad de asesores y asistentes. Por el respeto mismo de su investidura, ningún ex mandatario debería usar este tema para enfrentarse a otro, sobre todo cuando en la agenda política sobresalen elementos de mayor envergadura que bien podrían servir para elevar el debate en lugar de rebajarlo.

En lugar de caer en debates de escasa trascendencia y de claro corte populista, el Perú debería aprovechar esta oportunidad para decidir el mejor modo de utilizar la experiencia de sus ex presidentes en beneficio de todos. En el pasado, se solicitó su concurso para tareas de representación de la posición peruana en delicados temas o para asegurar el éxito en la apertura económica nacional. En otros países los ex presidentes tienen mucho trabajo a solicitud del Estado: brindan consejo, acompañan delegaciones políticas y empresariales al exterior, cumplen programas de formación de líderes y participan en el debate nacional con prudencia y serenidad.

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