Repensar la política social

La política social es una responsabilidad del Estado. Se trata de canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia los más necesitados para mejorar sus capacidades o para ayudarlos por la situación de emergencia en la que viven. Aunque son políticas permanentes, las cíclicas crisis económicas las convierten en necesarias.  La actual crisis sanitaria y económica que vivimos con la pandemia nos obliga a repensar su orientación y gestión. 

En la primera mitad de los ochenta el Fenómeno El Niño originó un primer escenario para el diseño de políticas sociales, tanto a nivel de salud como de alimentación e infraestructura básica. La hiperinflación en la segunda mitad de esa misma década obligó a generar programas de emergencia para recuperar el ingreso de los más vulnerables. 

En los noventa, el sinceramiento de la economía, los programas de ajustes estructurales permanentes y el proceso de privatización del sector público obligó a crear criterios de focalización de la pobreza para los más afectados. En esta etapa se avanzó también en la universalización de la educación y en obras de mejoramiento de la infraestructura en zonas rurales.

Sin embargo, la debilidad de la política social fue no haberse convertido en una estrategia integrada de largo plazo. Hubo, además, duplicidad de funciones, politización de los programas sociales —especialmente los ligados a la alimentación— y concentración de los mismos, lo que originó deficiencias y malos manejos.

Se pensó entonces que la transferencia de competencias y funciones sería una solución. El proceso de descentralización de la década del 2000 entregó el funcionamiento y ejecución de los programas sociales a los gobiernos regionales y municipales. Si bien el gasto social aumentó, los resultados indican que los problemas de desarticulación, desfocalización y superposición de programas continuaron, cuando no se profundizaron. 

Falta una cabeza que dirija y articule la función social del Estado. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, es por ley a quien le corresponde, pero el MIDIS debe ser el órgano rector. Urge que el gobierno analice la política social que tenemos y la replantee para enfrentar estos tiempos de pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ni el país, ni el presupuesto, ni la economía son los mismos.

Un enfoque integral, multisectorial, focalizado y territorial debiera ser la base para una nueva manera de encarar la ayuda social. Hay servicios universales como salud y educación que deben reforzarse, y programas focalizados dirigidos a la población vulnerable (alimentación, por ejemplo) que deben ser replanteados para atender a los nuevos pobres. 

Los programas universales buscan el desarrollo del capital humano, mientras los programas focalizados son indispensables para salvar a las personas en momentos de crisis que de otro modo perecerían. En este último aspecto se debería pensar en crear un Programa de Alimentación Nacional (PAN) que pueda ayudar a las ollas comunes que empiezan a multiplicarse en los asentamientos urbano-populares, organizándolos en Núcleos Ejecutores Comunales encargados de administrar los alimentos que reciban o de comprarlos ellos mismos.  

Eso requiere de una autoridad responsable del gasto social dentro del gabinete ministerial. Una persona tan fuerte —empoderada como el sector Economía— encargada de planificar, orientar y evaluar la política social. Un personaje no solo con sensibilidad ante la pobreza, sino con eficiencia en gerencia social. 

(Foto: Paul Vallejos, Diario El Comercio)

Banderas del hambre

En julio han aumentado las banderas. No las rojas y blancas de Fiestas Patrias, sino las blancas del hambre. Descoloridas, percudidas, raídas, los trapos blanco humo apenas se mueven en esta Lima sin vientos, sin lluvia y sin alimentos para los más pobres.

La pandemia no solo ha destrozado la salud miles de familias. También amenaza con liquidarlas por hambre. Según Naciones Unidas, el PBI de América Latina caerá 9.1% y el del Perú pasará los dos dígitos. Estamos en el primer tramo de la mayor recesión económica de los últimos 100 años. Lo peor está por venir.

Al final del año, 45 millones de personas en la región caerán en pobreza. El desempleo que estaba en 8.1% pasará a 13.5%.  Es decir, sumaremos 44 millones de desempleados. La pandemia y la pobreza agravarán la desigualdad.

 

No es la primera vez que esto sucede en el Perú. Temporadas de hambre hemos tenido siempre. Incluso antes de la pandemia, en la periferia de Lima, en la sierra y la selva, miles de familias padecían de subalimentación. 

Los estómagos crujientes espolonean la imaginación. Los que están en el fondo de la escala social ni siquiera pueden activar un comedor popular. Recurren a un recurso más sencillo y directo: la olla común. 

Como las banderas blancas, las ollas comunes se multiplican en la periferia de Lima. No hay gas ni querosene para cocinar. Se cocina a leña o con pequeños restos de madera vieja de algún objeto inservible que se encuentra en cualquier parte. 

Avena en las mañanas para el desayuno. Arroz, menestras y torrejas de verduras para el almuerzo. Los niños y los ancianos primero. Los mayores, si alcanza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cree que al final del año América Latina podría tener cerca de 90 millones de pobres. Si esto se cumple la crisis sanitaria podría convertirse en crisis alimentaria.

Atender la emergencia alimentaria es una prioridad. Los organismos internacionales recomiendan un Bono contra el Hambre por un periodo de seis meses. Atender a la población en pobreza extrema y mayor de 65 años en la región demandaría un costo de 23,500 millones de dólares.

El paquete debiera considerar, además, ayuda financiera a los productores de alimentos y a la agricultura familiar, que hasta ahora han resistido el embate de la pandemia al mantener estable la cadena de suministro de alimentos. El problema no es la producción de alimentos, sino el acceso a ellos. Sin trabajo, no hay plata para comer. 

“Hambre de Dios, sí; hambre de pan, no”. La frase de Juan Pablo II cuando visitó nuestro país recobra hoy su vigorosa sonoridad a demanda.

Las ollas comunes pueden ser un poderoso aliado en evitar que el hambre siga golpeando. Habría que organizar no su conformación, sino su reconocimiento. Convertirlos en núcleos ejecutores para que sean sujetos de ayuda económica directa sin pasar por la burocracia municipal, que no ha podido cumplir con eficiencia la entrega de canastas. La experiencia logística del Banco de Alimentos también puede ayudar.

En estas condiciones llegaremos a las elecciones generales del próximo año. Votaremos los sobrevivientes; con el estómago vacío y la cabeza caliente. El Bicentenario no será de celebración, sino de reconstrucción. Tendremos que reconstruir el cuerpo y el alma nacional.

Quienquiera que gane no tendrá tiempo ni de sentarse en la silla dorada. Tendrá que llegar con el plan de reactivación bajo el brazo. Se requiere, por tanto, no un gobierno que llegue a aprender, sino a implementar lo que sabe. A Palacio no se llega a descubrir los problemas, sino a resolverlos.

Al medio hay sitio

En psicología el hijo sánwidch, el del medio, suele sentir que no es tomado en cuenta o que es poco considerado. No es primogénito, sobre quien los padres ponen todas sus expectativas, ni el “benjamín”, el engreído de la casa. En las sociedades pasa algo parecido. La clase media pasa desapercibida para el Estado. Toda la atención se centra en los más pobres y desvalidos —y esta bien que así sea— pero, por lo general, las políticas de ayuda para la clase media escasean o no son asumidas como prioritarias.

Durante casi treinta años todos los esfuezos macroeconómicos que hiceron los países, hablemos de América Latina, fueron para disminuir la pobreza y ensanchar la clase media. Es decir, ayudarlos a salir del fondo de las preocupaciones para depositarlos en la zona del olvido. Ambos cometidos se lograron. Las naciones de América Latina avanzaron en lo económico y social hasta alcanzar en muchos casos el nivel de los países de ingresos medios.

Entre el 2000 y 2010 las cifras fueron impresionantes. En esta década tuvimos un crecimiento promedio de 4% anual, lo que hizo duplicar los ingresos per capita de US$ 7.200 a US$ 14.160. En el Perú, hasta el 2014 la pobreza retrocedió de 45,4% a 29,1%. Incluso la pobreza extrema tan resistente en nuestro medio se redujo de 12,2% a 7,8%. 

El Banco Mundial calculó el 2012 en 50 millones los nuevos integrantes de la clase media en la región. Para el 2015, la CEPAL estimó que 90 millones de personas en América Latina habían logrado asecender a la clase media. La pandemia ahora amenaza con tirar todo como un castillo de naipes. Nunca hablamos de una clase media consolidada, sino de una más bien precaria, inestable, asentada en el crecimiento del empleo, eso que la pandemia ha terminado por deshacer. 

En tres meses hemos retrocedido lo que ganamos en treinta años. Según la CEPAL, 2019, los pobres ya venían aumentado en América Latina, por lo menos, desde el último quinquenio. Antes del Covid-19, esta institución calculaba que los pobres habían aumentado 17 millones entre el 2014 y el 2019, mientras que los pobres extremos aumentaron 26 millones en el mismo periodo. El Perú no escapaba de esta debilidad del crecimiento. El 2018, según el INEI, teníamos 20.5% de pobres.

La paralización de la economía como medida de contención de la pandemia, ha tenido el efecto de cortar las piernas para detener la hemorragia. La clase media endeble ha sido empujada a la informalidad. El pago de pensiones en colegios y universidades privadas ha caído a 50%. Los pequeños negocios han cerrado acumulando deudas en los bancos. Este impacto negativo del Covid-19 en los ingresos laborales regulares de las familias indica que la clase media vulnerable aumentaría del 42,7% al 46,5%, y la clase media consolidada caería del 35% al 31,7%, según estudios recientes del BID.

No queda nada que esperar. La salud y el empleo es lo primero que se resiente cuando la crisis golpea. La clase alta tiene soporte para resistir el embate. Las clases populares son socorridas por el Estado. La que está realmente fregada es la clase media. Nadie se acuerda de ella. En términos sociales no tienen bonos de solidadaridad. En salud, han perdido su cobertura privada y ahora aumentarán las atenciones en los centros hospitalarios públicos; y en cuanto al empleo, se lo tendrán que inventar, como antes, como siempre. ¿Al medio hay sitio? Parece que no. 

Los olvidados

Siempre estuvieron allí. El crecimiento no los benefició directa ni indirectamente. Los programas sociales del Estado tampoco. Han resistido la modernidad y se han convertido en un problema permanente. Padecen de pobreza crónica. El Banco Mundial los acaba de visibilizar en un estudio presentado ayer. Les llama “los olvidados” *.

En América Latina son 130 millones. En el Perú, cerca de 7 millones. Los olvidados del modelo de crecimiento que ha generado en la región al menos 150 millones de nueva clase media. Una clase media vulnerable.

Los olvidados son hijos de la desigualdad, la inequidad y la carencia. Viven principalmente en las zonas rurales, pero también se encuentran en las ciudades, donde su situación puede llegar a ser realmente extrema, casi indigente.

Salieron de sus tierras en busca de oportunidades desde la segunda mitad del siglo XX. En silencio, se rebelaron al Estado. Se adueñaron de arenales, quebradas  y cerros. Se volvieron informales. Sobrevivieron. Hasta ahora.

El pasado domingo, estuve en uno de esos lugares, un cerro de piedra en San Juan de Lurigancho. Está formado por 184 familias en extrema pobreza. Visto de manera integral, el cerro es una pirámide social de la pobreza. Las casas de la parte baja son de material noble, con ladrillos sin tarrajear y segundos pisos truncos con fierros doblados apuntando al cielo. Conforme se eleva la cota, la pobreza se acentúa.

Quince años después de que llegaron los primeros invasores, algo se ha avanzado. La pista llega hasta la ladera. Hay agua potable en pilón, energía eléctrica y escaleras municipales. Sus pobladores han transformado el cerro, aunque carecen de título de propiedad. Son posesionarios de sus predios, pero no propietarios. Han invertido todos sus ahorros en mejorar sus casas, pero no tienen un documento que respalde dicha inversión. Se adhirieron a la roca, pero, literalmente, su derecho de propiedad está en el aire. 

No son diferentes a la primera generación de sus abuelos que llegó a Lima para transformarla. Son parte de esa revolución del campo a la ciudad que ha venido ocurriendo en sucesivas oleadas y continúa.

El informe del Banco Mundial señala que para ellos no basta con aumentar el sueldo básico. Se necesita crear empleo de calidad. Y mejorar la educación. Preparar mejor el recurso humano para elevar la productividad. En condiciones de pobreza crónica, esta se torna resistente. La pobreza resiste y persiste.

Y algo que debiera encender la alarma social del Estado es la presión, la carga que ejerce la pobreza en el estado mental de los pobres y que les impide pensar y actuar en estrategias de mediano y largo plazo. El día a día consume a hombres y mujeres desgastándolos para atender otras necesidades prioritarias y salir del estado en que se encuentran. Los pobres crónicos que se ven forzados a dedicar gran parte de sus recursos mentales a resolver problemas de supervivencia, invertirán menos en la educación de sus hijos, lo que puede perpetuar la pobreza a través de las generaciones, advierte el informe.

El Estado está advertido. No todo lo puede resolver el mercado. Para los olvidados es necesario focalizar programas integrales que los ayuden a salir de la situación de sobrevivencia perpetua. No para que se queden allí para siempre, sino para graduarlos con herramientas que les permitan superar la pobreza crónica que hoy padecen.

(*) Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Lucchetti. Los olvidados. Pobreza crónica en América Latina y El Caribe. Banco  Mundial, 2015.

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Artículo publicado en Diario 16 el 11 de marzo de 2015.