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14 agosto, 2021

Hambre y olla de presión

Mientras el Ejecutivo y el Congreso atizan el fuego político aumentando la olla de presión entre ambos poderes, la olla de los pobres no solo no hierve, sino que cada día luce más vacía frente al alza del costo de vida.

 

Las malas decisiones políticas generan efectos perniciosos en la economía, crea desconfianza en los actores, lo que a su vez termina expresándose en el desequilibrio y aumento de precios en alimentos, combustible y transporte. 

 

Frente a una economía convaleciente, en recuperación, no hay nada más letal que la especulación. En julio de este año, las Naciones Unidas habían advertido que el hambre y la desnutrición se agravarían este año como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. El año pasado, el 10% de la población mundial estuvo subalimentada. 

 

América Latina es la región donde más se sintió el dolor que genera el hambre: 60 millones de personas sufren hambre y, en general, unas 267 millones de personas enfrentan una situación de inseguridad alimentaria. 

 

En el Perú, lo vemos a diario en las ollas comunes que se abren en los asentamientos humanos que empiezan a cocinar con leña debido al excesivo costo del gas propano.

 

El economista David Tuesta calcula que actualmente entre 3 y 4 millones de peruanos sufren hambre. Los políticos, por sus incompetencias gerenciales o por sus anteojeras ideológicas, no pueden permanecer impávidos frente a esta situación. 

 

Una persona o familia con hambre es un condenado civil. Es susceptible de contraer enfermedades, lo que disminuye su potencialidad como ser humano.  El deterioro constante de su calidad de vida limita severamente su desarrollo personal, familiar y su aporte a la sociedad.

 

En julio del año pasado ya advertíamos esta situación en estas mismas páginas. Temporadas de hambre hemos tenido siempre, decíamos. Incluso antes de la pandemia, miles de familias padecían de subalimentación y hambre. 

 

“(...) las ollas comunes se multiplican en la periferia de Lima. No hay gas ni querosene para cocinar. Se cocina a leña o con pequeños restos de madera. Avena en las mañanas para el desayuno. Arroz, menestras y torrejas de verduras para el almuerzo. Los niños y los ancianos primero. Los mayores, si alcanza”, señalamos. Hoy ya no hay ni torrejas, solo menestra y aderezo de cebollita y tomate.

 

Como bien señala Carolina Trivelli, atender la emergencia del hambre es prioritario, pero insuficiente. Se requiere de una política de Estado que cubra las necesidades nutricionales básicas de los individuos. Y una entidad responsable de la seguridad alimentaria y nutricional que dirija dicha política 

 

Cualquier respuesta que se elabore debe pasar por el reconocimiento de las ollas comunes, considerándolas núcleos ejecutores para que sean sujetos de un bono económico directo.

 

Debe, asimismo, incorporarse en primera línea a los profesionales de la nutrición para que asistan a las ollas comunes y se mejore la dieta alimenticia.

 

El esfuerzo del sector privado debe ser mejor canalizado para evitar duplicidades. La experiencia del Banco de Alimentos en ese sentido es valiosísima. Ellos saben cómo organizar y distribuir mejor la ayuda aplicando criterios territoriales por zonas y cuadrantes.

 

El sistema de monederos virtuales tipo Yape, Luquita, Tunki, Plin y otros, de amplia difusión en los sectores populares, sería también una manera directa de hacer llegar el efectivo a las madres organizadas en las ollas. 

 

El Congreso y el Ejecutivo se encargan todos los días de atizar el fuego y aumentar la olla de presión política, mientras en los barrios más necesitados los pobres sufren pa’ parar la olla por el incesante, persistente y criminal aumento del costo de vida. 

 

Ojalá alguien recuerde aún a Napoleón: “Un ejército marcha sobre su estómago”. Una sociedad también.

02 agosto, 2020

Repensar la política social


La política social es una responsabilidad del Estado. Se trata de canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia los más necesitados para mejorar sus capacidades o para ayudarlos por la situación de emergencia en la que viven. Aunque son políticas permanentes, las cíclicas crisis económicas las convierten en necesarias.  La actual crisis sanitaria y económica que vivimos con la pandemia nos obliga a repensar su orientación y gestión. 

En la primera mitad de los ochenta el Fenómeno El Niño originó un primer escenario para el diseño de políticas sociales, tanto a nivel de salud como de alimentación e infraestructura básica. La hiperinflación en la segunda mitad de esa misma década obligó a generar programas de emergencia para recuperar el ingreso de los más vulnerables. 

En los noventa, el sinceramiento de la economía, los programas de ajustes estructurales permanentes y el proceso de privatización del sector público obligó a crear criterios de focalización de la pobreza para los más afectados. En esta etapa se avanzó también en la universalización de la educación y en obras de mejoramiento de la infraestructura en zonas rurales.

Sin embargo, la debilidad de la política social fue no haberse convertido en una estrategia integrada de largo plazo. Hubo, además, duplicidad de funciones, politización de los programas sociales —especialmente los ligados a la alimentación— y concentración de los mismos, lo que originó deficiencias y malos manejos.

Se pensó entonces que la transferencia de competencias y funciones sería una solución. El proceso de descentralización de la década del 2000 entregó el funcionamiento y ejecución de los programas sociales a los gobiernos regionales y municipales. Si bien el gasto social aumentó, los resultados indican que los problemas de desarticulación, desfocalización y superposición de programas continuaron, cuando no se profundizaron. 

Falta una cabeza que dirija y articule la función social del Estado. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, es por ley a quien le corresponde, pero el MIDIS debe ser el órgano rector. Urge que el gobierno analice la política social que tenemos y la replantee para enfrentar estos tiempos de pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ni el país, ni el presupuesto, ni la economía son los mismos.

Un enfoque integral, multisectorial, focalizado y territorial debiera ser la base para una nueva manera de encarar la ayuda social. Hay servicios universales como salud y educación que deben reforzarse, y programas focalizados dirigidos a la población vulnerable (alimentación, por ejemplo) que deben ser replanteados para atender a los nuevos pobres. 

Los programas universales buscan el desarrollo del capital humano, mientras los programas focalizados son indispensables para salvar a las personas en momentos de crisis que de otro modo perecerían. En este último aspecto se debería pensar en crear un Programa de Alimentación Nacional (PAN) que pueda ayudar a las ollas comunes que empiezan a multiplicarse en los asentamientos urbano-populares, organizándolos en Núcleos Ejecutores Comunales encargados de administrar los alimentos que reciban o de comprarlos ellos mismos.  

Eso requiere de una autoridad responsable del gasto social dentro del gabinete ministerial. Una persona tan fuerte —empoderada como el sector Economía— encargada de planificar, orientar y evaluar la política social. Un personaje no solo con sensibilidad ante la pobreza, sino con eficiencia en gerencia social. 

(Foto: Paul Vallejos, Diario El Comercio)