Los garantes reales

A casi un año de terminar su mandato, los garantes reales del gobierno no son Alejandro Toledo ni Mario Vargas Llosa. Hoy en día esa categoría recae en dos personajes de su propio tablero: el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y el excolaborador del gobierno Martín Belaunde Lossio.

Ambos enfrentan esta semana momentos clave para el futuro del régimen. De lo que hagan, digan, callen y logren, dependerá en mucho –sin exageraciones– la marcha en el tramo final del gobierno del presidente Humala.

El premier Cateriano acudirá al Congreso para sustentar el pedido de facultades legislativas que requiere el gobierno en materia económica, seguridad ciudadana y otros. No le compete ir. Pero ha preferido hacerlo para cumplir su tarea –hacer política– y persuadir a un Parlamento fraccionado, sin mayoría clara, y plantear, luchar y ganar su aprobación en la cancha.

Para abrir el camino, ha despejado toda duda respecto a que no hará cuestión de confianza sobre el pedido de facultades, cerrando así toda posibilidad de que el presidente de la República pueda (o quiera) cerrar el Congreso de manera constitucional.

El segundo garante, Martín Belaunde Lossio, recibirá mañana en el penal Piedras Gordas a la Comisión del Congreso, que preside Marisol Pérez Tello, para responder las acusaciones que pesan sobre él de pagos y sobornos en obras públicas y su relación con la cúpula de gobierno.

El poder de MBL radica, en este caso, en su palabra. Su valor como garante estribará más en cómo logre equilibrar sus gritos desesperados por demostrar su inocencia con sus silencios. Lo que declare a la comisión marcará la pauta de su comportamiento futuro ante la Fiscalía. Puede también no decir nada. Nunca como en ese caso un silencio será más que elocuente.

Cateriano se ha ganado el título de garante a pulso. En apenas tres meses ha enfrentado crisis como las del espionaje chileno, el conflicto social de Tía María, la fuga y captura de Martín Belaunde, y los gastos y cuentas de la primera dama. Y de todas, hasta ahora, ha salido airoso.

El presidente del Consejo de Ministros es un garante no solo para el gobierno, sino para la propia oposición. Es el garante de la Hoja de Ruta.

En ese sentido, es el único que puede asegurar equilibrio político dentro del Ejecutivo sin caer en juegos antidemocráticos ni perfiles autoritarios. Pero, además, es quien puede echarse sobre el hombro la chamba de recuperar el crecimiento económico conversando y persuadiendo a los grupos económicos a seguir invirtiendo.

Si en derecho una garantía real implica la afectación de un bien para el debido cumplimiento de una obligación, en política un garante real es el que realmente tiene el poder de obligar un comportamiento en un sentido o en otro.

Esta semana ambos garantes ponen en juego sus poderes. Belaunde Lossio le sirve al gobierno mientras no hable. Cateriano, en cambio, es útil por todo lo contrario.

De hacia dónde se incline la balanza en ambos casos –el voto de confianza o las declaraciones oficiales de MBL– dependerá mucho la manera en que ingresaremos al último año de gobierno. En definitiva, un garante real es aquel que puede garantizar la continuidad del gobierno. Veremos si eso ocurre.

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Artículo publicado en Diario 16 el 7 de junio de 2015.

Seguridad ciudadana y respuesta cívica

El miedo puede paralizar en un primer momento. Pero, en situaciones extremas, puede impulsar a la acción. Esto ha pasado con los vecinos de San Juan de Lurigancho. Hartos de atracos, fechorías, extorsiones, bandas y sicariato, esta semana salieron a las calles para expresar su rechazo a la criminalidad.

Los ha movido el miedo de ver a sus hijos en peligro de caer por una bala asesina. Pero también la inacción o impotencia del Estado que no tiene respuesta para frenar esta ola de violencia que amenaza la vida en comunidad.

Un director y dos vigilantes de colegios privados fueron muertos a tiros recientemente en ese distrito. Un programa periodístico reveló la forma en que las bandas de sicarios utilizan a los adolescentes para cometer crímenes que perpetrados por adultos tendrían penas severísimas.

Los delincuentes mayores les consiguen dinero y armas, y los entrenan con prácticas de tiro en los cerros de Jicamarca. No hay Estado en esos cerros. No son territorios liberados, sino olvidados. 

Si tenemos en Lima un policía por cada mil habitantes y si un tercio de las comisarías distritales se encuentran en mal estado, un 46% no cuenta con servicios básicos, 40% no tiene computadoras, y de las que tienen, 70% no tiene internet, es poco lo que desde el punto de vista policial se puede hacer para combatir la criminalidad.

El tema de la criminalidad, como la pobreza, es multidimensional. Tiene varias causas y, sin duda, el crecimiento de jóvenes con falta de oportunidades laborales, educativas y de recreación se encuentra entre ellas. La falta de valores es consecuencia de su precariedad social, no la causa.

Así parece entenderlo también la población de San Juan de Lurigancho, la cual, en un rapto de desesperación y fragilidad institucional, ha pedido no solo más efectivos policiales y comisarías en su distrito, sino que sean las propias Fuerzas Armadas las que patrullen las calles y lugares estratégicos del vecindario.

Es un error, por supuesto, pensar que las Fuerzas Armadas pueden asumir funciones de seguridad ciudadana. Esas tareas son competencia municipal y de la Policía Nacional. Pero la delincuencia parece ganar terreno a estas instituciones y el miedo de la gente la lleva a optar por estas posiciones extremas que al final son siempre peligrosas para el fortalecimiento del sistema democrático. 

El grito desesperado de una madre de familia en la marcha no pudo ser más elocuente: “¡Con nuestros hijos no se metan!”. La marcha de San Juan de Lurigancho, fuera del histrionismo y payasada de su alcalde de pretender imponer un estado de emergencia por decreto de alcaldía, y de la posición equivocada de su gente de convocar a las Fuerzas Armadas, es un llamado de atención a un problema que hoy toca las puertas de la capital, pero cuya modalidad de organización, ataque y blancos elegidos –pequeños y medianos comerciantes, negocios y/o tiendas– surgieron hace buen tiempo en ciudades importantes del norte del país como Trujillo.

No es casualidad que hoy en día los trujillanos tengan como alcalde a un excoronel de la policía, exguardia civil y hombre de inteligencia, perseguido y que sigue enredado en el Poder Judicial con acusaciones de haber formado un comando de la muerte que eliminaba delincuentes de alta peligrosidad. 

Elidio Espinoza niega, por supuesto, estos cargos y hoy, como autoridad municipal, camina sin seguridad por todos los vericuetos de Trujillo, empeñado en demostrarle a quien quiera escucharlo que no es verdad que estas bandas de extorsionadores, secuestradores, asesinos y sicarios organizados les estén ganando la guerra a las autoridades y al país. Ojalá los enemigos de la convivencia civilizada, de la ley y el orden, no le demuestren lo contrario. La marcha de SJL es una de esas respuestas cívicas que necesitamos para ganarle la guerra a la inseguridad ciudadana.

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Publicado en Diario 16 el 31 de mayo de 2015.

El tren chino

La visita del primer ministro chino Li Keqiang será positiva para el país, en la medida que asumamos que debemos cambiar la inercia comercial que hasta hoy marca nuestra relación bilateral.

El Perú –al igual que el resto de América Latina– es exportador de materias primas a China e importador de su producción manufacturada, cada vez con un mayor componente tecnológico.

China compra el 53% de la producción latinoamericana de grano de soja (principalmente a Brasil y Bolivia), el 28% de aceite de soja y el 23% de algodón. Pero, al mismo, tiempo produce el 30% del algodón y del arroz del mundo, el 20% del maíz y el 20% del aceite y harina de soja.

¿Podemos seguir el mismo patrón de comercio? No hay nada, por el momento, que indique otro camino. Lamentablemente.

La construcción de un tren bioceánico que una el Atlántico con el Pacífico a través de Brasil y Perú (no se sabe si el trazo final pasará también por Bolivia), con miras a incentivar el comercio con el gigante asiático, sería parte de este modelo de comercio mundial.

América Latina, tras 15 años de relativo y desigual crecimiento, ha entrado en un proceso de estancamiento en el que pese a esfuerzos de algunos países no ha podido dar el salto hacia el desarrollo industrial.

El tren bioceánico no cambia esta correlación. Por el contrario, la profundiza. China sigue viendo a América Latina como un proveedor de materias primas vitales para su crecimiento. En ese aspecto, no hemos cambiado nada.

¿Corremos el riesgo de reprimarizar nuestras economías? Solo a condición de que no aprovechemos los recursos del comercio bilateral y no invirtamos en nutrición, salud, educación, infraestructura, ciencia y tecnología.

Nuestra balanza comercial seguirá mejorando. Pero el patrón de intercambio comercial, me temo que no.

Seguiremos siendo buenos socios comerciales con China en la medida que no cambiemos este patrón de intercambio. Conforme nos vayamos industrializando, seremos competidores. Esto lo saben bien México y Brasil que han sentido el impacto de la potencia manufacturera china en su propio mercado interno y en el de los Estados Unidos.

Nuestro problema es estructural. No tenemos industria competitiva.

Por ahora, América Latina seguirá aportando el insumo del crecimiento chino. ¿Por qué nuestros países no incentivan también la transferencia tecnológica que sin duda posee el gigante asiático?

Nuestra estructura comercial básica y la falta de una visión estratégica exterior latinoamericana con China tienen una misma raíz: nos falta comprender que estamos ante el embate comercial de un país unido política, económica y geográficamente, como China. Mientras, América Latina sigue siendo un archipélago muy aplicado pero desunido.

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Publicado en Diario16 el 24 de mayo de 2015. 

Tía María: Pausa... Play

El proyecto Tía María fue suspendido temporalmente. No por decisión del gobierno, sino de la propia empresa. En palabras de Southern: "Pausa de 60 días". Un compás de espera necesario para detener la ola de violencia y recuperar el clima de confianza que requiere toda conversación para llegar a acuerdos.

Es ahora cuando el gobierno deberá desplegar sus mejores esfuerzos para evitar que esta pausa se prolongue demasiado, al punto de hacer peligrar la viabilidad del proyecto. Más que pausa, necesitamos poner play. Hacer algo pronto, ya.

Lo primero que se debe hacer es desideologizar el problema.

No estamos frente a "promineros" versus "antimineros". Tampoco es un conflicto entre "proimperialistas" y "nacionalistas". Tampoco es un problema técnico de estructura de suelos, desalinización del agua o de extracción de solutos de un sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido.

No es, por cierto, un problema comunicacional de un pueblo que no entiende lo que dicen los técnicos; ni de ingenieros que hablan "difícil", en un lenguaje que no llega al pueblo.

Tía María es un problema político.

Es un problema que confronta el modelo de desarrollo que queremos para el país. En el fondo, es un problema entre minería y agricultura. Entre contaminación y medio ambiente. Entre acumulación de riqueza para unos y pobreza para otros. Por esta razón, no se puede imponer un proyecto a la fuerza. Se requiere que el Estado ejerza su rol mediador entre la empresa y las comunidades; no que se ponga de costado o, peor aún, del lado de la empresa.

¿Por qué no empezar, por ejemplo, en construir una metodología de trabajo que identifique las necesidades, expectativas y propuestas de las comunidades antes de iniciar un diálogo apurado? ¿Por qué no al tiempo que se explica de manera directa y franca las ventajas y desventajas del proyecto y el plan de mitigación de impacto ambiental, se crea un Fondo Social para invertir en obras de desarrollo para las comunidades directamente impactadas?

¿Y por qué en lugar de solo invertir en obras de desarrollo se estudia seriamente la posibilidad de convertir a las comunidades en socias de la empresa, incluirlas en el directorio y compartir con ellas las utilidades? Y ya que hablamos de diálogo post conflicto, ¿por qué en lugar de establecer mesas de trabajo coyunturales, no se restituye mejor los espacios de diálogo institucionalizado –que con tanto esfuerzo creó el Estado y prácticamente los desapareció el gobierno anterior– como el Consejo Nacional de Descentralización (CND) o el Indepa?

La actividad minera moderna es perfectamente compatible con la agricultura. A condición que se desarrolle dentro de una convivencia armoniosa con las comunidades locales en base al mutuo acuerdo. Recuperar el clima de estabilidad social requiere algo más que diálogo, explicaciones o campañas de publicidad. Requiere acciones concretas, osadas. Una nueva forma de entender el desarrollo.

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Artículo publicado en Diario 16 el domingo 17 de mayo de 2015.

Emergencia y vida en Islay

El gobierno está ante una emergencia. Desde hace casi dos meses, no puede resolver el conflicto generado en la provincia de Islay, Arequipa, donde los pobladores se oponen al proyecto minero Tía María. El saldo es terrible: 3 muertos, 166 policías y 80 civiles heridos.

Arrinconado, con misiones de diálogo –del más alto nivel– fracasadas, ante el temor de una escalada mayor de violencia y con un paro ad portas, al gobierno no le ha quedado otra salida que autorizar el ingreso de las Fuerzas Armadas a la zona de conflicto.

A la fuerza ilegal de la agitación y la violencia, el Estado responde con la fuerza legal que le da la ley. Es una emergencia, sin duda.

No es posible pronosticar cuál será el resultado de enviar tropas del Ejército. Siempre es deseable que el efecto disuasivo funcione; pero también podría ser un catalizador en sentido contrario.

El límite es el artículo primero de la Constitución: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Vale imponer la ley por la fuerza; hacer prevalecer el ius imperio por encima de la vida humana?

La minera es la base de la economía peruana. De aquí proviene nuestra mayor fuente de recursos y exportaciones. Necesitamos extraer el mineral. Nadie duda de eso. Pero el problema es a qué costo.

Hasta ahora hemos fracasado como país en integrar a la cadena de desarrollo a las comunidades pobres que tienen recursos naturales en sus territorios. El Estado  no ha ejercido su rol mediador entre la empresa y las comunidades.

Se requiere generar una situación justa y gananciosa para todos. Las mineras requieren seguridad para operar en un marco de estabilidad, las comunidades necesitan ser partícipes directas de las ganancias que generen esos recursos y el Estado espera mayores ingresos para generar obras de desarrollo.

Este modelo tripartito de corresponsabilidad y gestión fue posible en la primera etapa del Proyecto Cuprífero Las Bambas, en Apurímac, en el gobierno de Alejandro Toledo.

El proyecto se conocía desde la primera década del siglo XX pero fue en el 2004 que el gobierno lo concesionó al sector privado. Y antes de la etapa de explotación, se creó un Fideicomiso social de 45.5 millones de dólares para obras y proyectos sociales en favor de las provincias de Grau y Cotabambas. La mitad lo puso al contado la empresa concesionaria.

Es curioso cómo este modelo de gestión que funcionó en Las Bambas no funcionó luego en Cusco. En ese caso el problema fue la debilidad institucional del Estado.

En su libro "Crecer para Incluir", el presidente Toledo reflexiona sobre estos temas y señala que el éxito de la actividad minera depende de la estabilidad social, la convivencia armoniosa y el mutuo acuerdo. "No hay proyecto de desarrollo, por más importante que éste sea, que no deba primero convencer a quienes viven sobre él, haciéndolos partícipes de su beneficio desde el primer momento".

La violencia nos conduce a un callejón sin salida: mayor violencia y más muerte. El gobernante debe tener esto siempre presente. El respeto a la vida, antes que a la propiedad privada, debiera ser el punto de inflexión de sus decisiones. 

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Artículo publicado por Diario 16 el Domingo 10 de mayo de 2015.

Protodemocracia

Hace bien el presidente Ollanta Humala en cortar en seco las posiciones altisonantes y temerarias, dentro de su partido, de cerrar el Congreso. La democracia no está para chantajes de uno u otro lado. Las facultades para legislar en materia económica y seguridad ciudadana pueden aprobarse o no. Y a 14 meses de terminar este gobierno, nadie puede pretender patear el tablero.

Hemos hecho avances notables en la región por alejarnos de las interrupciones democráticas por golpes o autogolpes. Sin ir muy lejos, hasta 1977 solo Costa Rica y Venezuela encajaban en América Latina en el rubro “países democráticos”. El resto países de nuestra región eran gobernados por dictaduras militares o civiles.

Los 80 y 90 constituyeron nuestra propia “primavera democrática”. Hasta 1994, 15 de 16 países considerados no democráticos en América Latina abrazaron la democracia. La excepción fue Cuba.

Si lo vemos con perspectiva histórica, los vaivenes democráticos que hemos tenido nos convierten en una región con memoria democrática reciente. No hay que hacer arqueología política para encontrar el origen de la democracia en nuestros países. Está a flor de piel, en nuestra "memoria corta".

Es más, la conquista de derechos civiles –emparentada con la democracia– nos persigue hasta nuestros días. Esta lucha está aún en pleno proceso de fortalecimiento. Cómo será de reciente la conquista y reconocimiento de ciudadanía que aún hoy se discuten los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.

En muchos aspectos, para muchos grupos humanos, en especial para los de abajo, la democracia no es sino un invento reciente, de la segunda mitad del siglo XX. Los derechos civiles en América Latina –entre ellos el derecho a votar, pero también el derecho a la libre asociación y a la libertad de expresión– han aparecido para diversos actores sociales en sucesivas etapas de la vida republicana.

Más que democracia, lo que hemos tenido en América Latina han sido protodemocracias o pseudodemocracias, sistemas irregulares e imperfectos, en pleno proceso de maduración y fortalecimiento, que tuvieron como primera fase de desarrollo el derecho censitario, es decir, el derecho de unos pocos –los que contribuían al fisco– a elegir sus gobiernos.

Tal como la conocemos ahora, la democracia es un hecho reciente. Estamos dentro de la tercera ola huntingtoniana. Tenemos un marco institucional precario, pero vigente, en el que se toman decisiones políticas debido al poder emanado del voto. Ese poder es limitado por el juego de mayorías y minorías.

En lo político, se desarrollan elecciones de manera regular, existe relativa y normal independencia de poderes, una libertad de expresión vigorosa y vigente –con algunas sombras en algunos países–, y una política de apertura comercial, aunque diferenciada, en el fondo, cada vez más integrada al mundo.

En este aspecto, tenemos una democracia formal incipiente –a la que llamo “protodemocracia”– que lo que debe ganar es legitimidad y no al revés. Hacer lo contrario o proponer chantajes como cerrar el Congreso si no se aprueban las facultades que se solicitan, es caer en la pseudodemocracia.

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Artículo publicado en Diario 16, el 3 de mayo de 2015.