Cuando se afecta la calidad de la democracia

La democracia puede definirse de varias formas. Como un proceso que regula el acceso al poder político, como un tipo de régimen, como la relación entre el Estado y sus ciudadanos o de estos entre sí.

Puede verse también como la relación, equilibrio e independencia entre los poderes del Estado, como el sistema de pesos y contrapesos existente en un modelo de organización política o como el sistema que mejor asegura el control político del poder.

Pero sea cual fuere el tipo de definición que se prefiera, una cosa es clara: No hay dos democracias iguales en el mundo. Ni estas existen en estado puro e ideal.

Lo que en realidad tenemos son niveles, grados, de democracia en diferentes medidas. Procesos políticos que se acercan o se alejan de las definiciones clásicas de democracia y sociedades que avanzan o retroceden en los indicadores que componen la definición de democracia.

Es probable que en países con más tradición democrática que otros o con una más extendida y antigua clase media y con partidos políticos más institucionalizados, la democracia sea mucho más permanente e inalterable.

Pero, en países como los nuestros, en determinado momento, dependiendo de circunstancias políticas, económicas y sociales específicas de cada país, la democracia sufre afectaciones. Y así, habrá más o menos libertades fundamentales; más o menos control de pesos o contrapesos, más o menos transparencia en los mecanismos de control, más o menos respeto de las mayorías a las minorías, más o menos equidad en los procesos de justicia.

Esto viene pasando en Venezuela con procesos electorales deslegitimados, paralelismo legislativo y violación de los derechos humanos, pero también en el Perú, con un sistema judicial del que difícilmente se pueda hoy afirmar que exista seguridad jurídica o garantías para un proceso de investigación justo.

Informaciones periodísticas serias acaban de demostrar que fiscales y jueces en el Caso Odebrecht, cuando menos, han usado raseros diferentes para medir a los investigados.  Mientras para unos hay diligencias inmediatas y prisiones preventivas, para otros hay silencio y ocultamiento de información.

Un sistema de justicia no confiable o, peor aún, uno parcializado políticamente, es letal para el estado de derecho. Rompe la seguridad jurídica y perfora el sistema democrático. Afecta la calidad de la democracia.

La calidad de la democracia se daña tanto si es que se atacan las garantías democráticas de acceso al poder -elecciones, libertad de expresión, sistema de partidos-, o si se alteran los límites al ejercicio del poder político -independencia de poderes-, como si las instituciones que la conforman se salen de su marco constitucional y caen en el abuso del poder. 

Una justicia parcializada, politizada o encarnizada contra los rivales políticos, lesiona, pervierte, trastoca y subvierte la calidad de la democracia.