Democracia en alerta

Entrampó, obstruyó, resistió, hasta que finalmente cedió, reculó y aceptó. Me refiero al Congreso de la República (al sector naranja, propiamente dicho), que terminó por aceptar la propuesta del Ejecutivo de aplicar el Art. 157 de la Constitución Política y destituyó —previo debido proceso— a todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), por falta grave.

Hay que reconocer el buen olfato que esta vez tuvo el Presidente de la República, Martín Vizcarra, quien, en un tenso pulseo, logró no solo doblar la mano al grupo político que controla el Congreso, sino ganar la opinión pública, un factor decisivo que se expresó a través de movilizaciones en diversos puntos del país.

Tengamos claro que el primer intento del Kongreso no fue sancionar a los magistrados, jueces y fiscales chuponeados, sino perseguir a los que difundieron los audios. Cuando el presidente Vizcarra los conminó a usar el mecanismo constitucional para defenestrar a los miembros del CNM, la fuerza mayoritaria del legislativo se resistió, argumentando, incluso, errores de forma en el jefe del Estado.

Toda resistencia fue doblegada conforme aparecieron más audios y conforme la calle se fue calentando. El propio Poder Judicial aprobó la renuncia de su presidente. Para el Congreso fue imposible defender lo indefendible y, por unanimidad, aprobó, recién entonces, el descabezamiento total del CNM.

Estamos frente a un problema sistémico, no solo orgánico, decíamos en el post anterior. Es un problema no solo de la justicia, sino del sistema democrático. De los tres poderes del Estado, uno ha colapsado —el Judicial—, el otro ha sido cooptado —el Legislativo— y el otro se muestra en franco proceso  de recuperación —el Ejecutivo—.

En otras circunstancias, el descrédito y la descomposición moral de las instituciones orgánicas y funcionales del sistema democrático hubiera servido de pretexto —o provocado— un golpe de estado. No es el caso, por supuesto. Digan lo que digan las Fake News.

El reto que tienen ahora nuestros gobernantes y todas las fuerzas políticas y sociales es salir de este atolladero, sin lesionar la viabilidad democrática. Y eso implica un acuerdo político o consenso mínimo.

El colapso de un poder democrático debe resolverse en democracia, con medidas de acción inmediata y con otras de mediano plazo que involucran una reforma constitucional. Sin radicalismos, ni revueltas, ni caos. 

Se necesitará firmeza, inteligencia y voluntad política. La comisión Wagner trabaja en ello. El presidente Vizcarra lo anunciará este 28 de julio en su mensaje a la Nación. Es imprescindible arribar a un acuerdo para recomponer una de las columnas del sistema democrático. O resolvemos esto con seriedad y sensatez o se nos viene la casa encima.

Lo hicimos el 2000-2001 con la Comisión de Diálogo de la OEA que encabezó el correcto y ponderado embajador de Guatemala, Eduardo Stein. Tal vez necesitemos algo así nuevamente. La democracia está en alerta.