Los audios
revelados por IDL Reporteros y Panorama revelan una crisis moral profunda del
sistema de justicia en el Perú. En este caso, la justicia no solo es injusta y
lenta, sino corrupta. Los cargos son ocupados no por méritos, sino por relaciones.
Los fallos se acomodan, según el postor. Hay tráfico de influencias, de favores
y de sentencias. Todo se compra, todo se vende.
¿Es reciente
esta crisis? No. Es histórica. Lamentablemente, está en nuestra raíz como nación.
Si uno revisa los expedientes del Archivo General de la Nación podrá encontrar
casos parecidos. Jueces vendidos, alquilados. Fiscales chantajistas, peseteros,
coimeros. Juicios truchos.
La llegada
de la República no mató el germen de la corrupción engendrado en La Colonia.
Peor aún, lo amamantó y robusteció. Muchas fortunas actuales datan de esa etapa
oscura de codicia y angurria virreinal. Nuestra democracia no nació de la
construcción de ciudadanía, sino de la bastardía del robo, la prepotencia y la
injusticia.
La ley no se
hizo en nuestro caso para edificar un régimen de gobierno, sino para asegurar
derechos para unos y la renta de los poderosos. En esas condiciones, el Poder
Judicial no fue un ente encargado de administrar justicia, sino de legalizar la
injusticia.
Los jueces,
dentro de la sociedad, son los garantes de la vida civilizada. Cuando los
hombres no se ponen de acuerdo y desean resolver sus diferencias, acuden al
juez. Una justicia justa es garantía no solo de solución de controversias entre
los hombres, sino también entre las personas jurídicas.
La seguridad
jurídica, como se la conoce, es fundamental para lograr la predictibilidad y la
estabilidad en las reglas de juego, condiciones necesarias para captar
inversiones y desarrollar la economía.
En una
sociedad moderna lo que se valora de un juez es el sentido de dignidad, moralidad y probidad. Un juez es un servidor
público, por tanto, un termómetro de la democracia. Cuando falla el juez,
cuando la justicia se corrompe, pierde el sistema.
De esa
dimensión del problema estamos hablando cuando vemos la crisis en la que se
encuentra la justicia peruana. Es una crisis sistémica, no solo orgánica. Y la
solución a ella no puede venir de adentro.
Por esta
razón, hizo bien el presidente Vizcarra en reaccionar de manera rápida ante la
crisis desatada. Allan Wagner y la comisión especial que preside lo ayudará a
desarrollar medidas concretas para reformar la justicia, mientras que la salida
del ministro de Justicia, Salvador Heresi, le puede sumar fortaleza y respaldo
ciudadano si encuentra un reemplazo probo y de alta solvencia moral y jurídica.
Frente a la
crisis sistémica, moral y funcional del organismo encargado de elegir jueces y
fiscales, no cabe, sino, la renuncia de todo el Consejo Nacional de la
Magistratura. Y a empezar todo de nuevo. Por lo que hemos visto hasta ahora, el
principal obstáculo que encontrará el Presidente Vizcarra para impulsar esta
reforma será el Congreso. Pero... ese tema será motivo de otro post.
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