Estamos al borde de un golpe de estado.
Uno disfrazado de marco constitucional, pero a todas luces arbitrario,
prepotente y forzado. Es un poder del Estado contra el resto. No es un golpe
clásico, violento, con intervención de las Fuerzas Armadas. Esos ya no existen.
Es un golpe de otro tipo, en el que uno
de los poderes, actuando solo o en contubernio con otro poder, manipula, altera
o acomoda los mecanismos constitucionales para expulsar en este caso al
presidente de la República.
Es un golpe de estado institucional,
disfrazado de legalidad.
Este tipo de golpe funciona cuando el
jefe de Estado tiene una representación parlamentaria pequeña y precaria y una
mayoría adversa y hostil. Ocurrió en Honduras con Manuel Zelaya, destituido por
la Corte Suprema y en Paraguay, con Fernando Lugo, expulsado por el Congreso.
De concretarse la vacancia en el Peru
contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski el responsable será no solo el
Congreso —centro del poder ahora en el país—, sino el propio jefe de Estado que
no ha podido, hasta ahora, dar una explicación coherente sobre su relación directa o
indirecta con Odebrecht.
El presidente dio tantas explicaciones
contradicctorias que parecen medias verdades o mentiras completas. Y quizás no
sea ni lo uno ni lo otro. Pero debe explicarlo alto y fuerte. Y de manera
sencilla.
La carta enviada por Odebrecht Perú al
diario La República confirma que las empresas First Capital (FC) y Westfield
Capital (WC) le ofrecieron servicios concretos. La primera es del chileno Gerardo Sepúlveda
y la segunda de Pedro Pablo Kuczynski.
Sabemos por información del propio
presidente Kuczynski que él fue asesor de FC, para H2Olmos y cobró honorarios,
pero cuando estaba fuera de la función pública.
En el caso de WC hay siete facturas;
cuatro dentro del periodo de PPK como funcionario
público y tres fuera de ese periodo. Las comprendidas cuando PPK fue ministro o
presidente de la PCM son montos menores de 10 mil o doce mil dólares, en realidad “gastos de representación” de Sepúlveda.
Las dos facturas fuertes de WC son: una
del 3 de diciembre de 2007 y otra del 4 de diciembre del mismo año por 287,028
dólares y 430,542 dólares, respectivamente, por “asesorías financieras” pagadas
por la concesionaria IIRSA Norte Tramo 3.
Odebrech Perú también ha precisado que los
servicios prestados por WC existieron y se pagaron con dineros lícitos a su
representante, el chileno Sepúlveda. La empresa agrega que dichas operaciones
no estaban comprendidas en el paquete de operaciones investigadas por la
Fiscalía ya que que sobre ellas no existían señales o signos de ilicitud.
Lo que falta precisar es cómo así una
empresa unipersonal de PPK terminó firmando contratos con Odebrecht Perú sin
que mediara conflicto de intereses, tráfico de influencias o, peor aún, soborno,
colusión o lavado de activos.
El presidente debe decirnos de qué
manera, con qué documento y bajo qué modalidad y desde cuándo se desligó de sus
empresas creadas en el exterior. Y desarticular la acusación de que mintió.
¿Se exoneró de participar en sus
directorios? ¿Renunció al directorio de la misma? ¿Nombró a otra persona con plenos y totales poderes? ¿Traspasó la
empresa, la vendió, la cedió, la donó? ¿Tiene los documentos que prueben esto?
También debe aclararse el papel de
Gerardo Sepúlveda. ¿Es el empresario chileno un testaferro del Presidente
Kuczynzki? ¿O acaso su empleado? ¿Un gestor de l empresa? ¿Hubo operaciones ilícitas, disfrazadas o
consorciadas entre PPK y Sepúlveda mientras el primero era alto funcionario
público y el segundo fungía de asesor internacional?
Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski
tiene los papeles que comprueben su inocencia, debe ser respaldado. Depende de usted, señor Presidente. Debe honrar su cargo, defendiéndolo. Es momento de cruzar el Rubicón.
