Coronavirus: es en serio

La epidemia del Coronavirus amenaza al mundo. A poco más de tres meses de su aparición en Wuhan, China, el contagio por COVID-19 ha saltado a diversas partes del planeta, siendo Europa la más afectada, después de China. 

Aun cuando el índice de mortalidad de la nueva peste es bajo en comparación a otras enfermedades, lo ocurrido en Italia esta semana, alarmó a todos. 

Primero, fueron 16 millones de italianos de la región de Lombardía y 14 provincias de la zona norte italiana, quienes quedaron confinados en su territorio. Pero, luego, el primer ministro, Giussepe Conte, extendió la medida a todo el país.

Es una solución drástica, pero efectiva, a juzgar por los resultados obtenidos por China en controlar el crecimiento geométrico que muestra el virus, si dejamos que las masas humanas sigan su rutina de vida normal.

La preocupación ahora es frenar el nivel de contagio por contacto personal. 

Al no existir vacunas, ni tratamiento especial que no sea el aplicado a la influenza o a la gripe, la medida más eficaz es aislar el virus y seguir su trazabilidad para evitar su expansión y descontrol.

El impacto en la economía de una medida de tamaña magnitud, es enorme. Las fábricas chinas cerraron, lo mismo que los terminales aéreos y terrestres, los mercados, las universidades, los colegios, los espectáculos y centros de diversión.

Italia toma hoy idénticas medidas. Las calles han sido tomadas por el Ejército y la policía y las más turísticas, como Venecia o Milán, lucen vacías, fantasmales, como salidas de una película de horror.

Ni el fútbol se salva. El campeonato local italiano ha sido suspendido y peligra la Eurocopa.

En España, eligieron no cerrar ciudades y ya empiezan a preocuparse por la insuficiencia de Unidades de Cuidados Intensivos y equipos de ventilación asistida en los hospitales. Si la progresión de casos sigue como hasta ahora, en dos meses, los servicios de emergencia del país ibérico habrán colapsado. 

Para entonces, la irradiación descontrolada del virus será fatal. Sobre todo, para un país con una población extremadamente vieja.

En el Perú, no podríamos resistir un embate de dicha magnitud. La composición informal de nuestra economía no permite tomar medidas drásticas como la inmovilización de ciudades enteras. 

70% de nuestros trabajadores no puede darse el lujo de quedarse en su casa en cuarentena. Ellos se ganan la vida cobrando su jornal diariamente. Si no trabajan, no comen. 

Un informe del BBVA publicado hoy en Gestión señala que el 19% de los peruanos con empleo formal son mal pagados y no tienen capacidad de ahorro. Ellos podrían sobrevivir sin recibir su salario, apenas unos días, menos de una semana. 

No hablemos de nuestro sistema de salud. 

Por el momento, la mejor protección es, aunque suene increíble, el tiempo. El que tenemos para evitar que el virus se propague de manera descontrolada y el relacionado al clima. 

El verano aisla o retarda la propagación de las infecciones virales. Pero ya quedan pocas semanas para que esto pase... The winter is coming.

Coronavirus bursátil*

Esta semana el fenómeno coronavirus fue más letal con las bolsas en el mundo que con las personas. Los índices bursátiles de las principales plazas financieras cayeron, desatando un pánico generalizado, uno de los factores más difíciles de controlar en una crisis financiera. 

Según reportes de Bloomberg, en los últimos días se produjo la mayor caída de acciones desde febrero del 2018. Hasta los bonos del tesoro a diez años retrocedieron hasta su mínimo histórico en 2016.

Mientras las autoridades de salud presentaban la enfermedad viral como una pandemia que cada día gana más terreno en diversos países del mundo, los indicadores financieros parecen necesitar algo más que mascarillas para calmar sus nervios y protegerse.

La primera ola del coronavirus ha repercutido no solo como un tema de salud o política sanitaria, sino como una marea económica que frenó en seco la maquinaria de producción China, el país que más crece en el mundo.

El gigante asiático es el mayor mercado de consumo y producción industrial en el mundo, por lo que demanda materia prima de diversas regiones, como el cobre que producen Perú y Chile que, en conjunto, abastecen el 40% del mercado mundial de este mineral.

Las empresas transnacionales más grandes de los Estados Unidos tienen su centro de producción en China. Procter & Gamble, por ejemplo, ha interrumpido su cadena logística de producción y abastecimiento. Adidas, la reconocida gigante empresa alemana, también ha paralizado su produción. Las principales aerolíneas han suspendido sus vuelos, afectando la cadena hotelera, turística y de entretenimiento en general.

Mientras el gobierno chino realiza grandes esfuerzos para combatir la epidemia, sus principales fuentes de producción farmacéutica han tenido que cerrar. Parece un contrasentido, pero las fábricas de medicamentos de unas 20 provincias afectadas por el coronavirus postergaron su producción hasta después del Año Nuevo Chino.

Similar preocupación existe sobre la producción de teléfonos inteligentes, tablets, computadoras y partes electrónicas, de la que China es una potencia industrial en en el mundo.

La zona Euro, no se escapa del pánico. La afectación de la zona norte italiana —la región industrial— es una prueba de ello. El ausentismo laboral y su primer efecto, el cierre de fábricas, genera una menor productividad y la interrupción de la cadena logística productiva y comercial; amenazando a toda Europa.

El Banco Mundial calcula que si la pandemia sigue extendiéndose el impacto económico podría llagar a 1% del PIB mundial, estimado este año en 3.3%. 

Por lo que vemos, hasta ahora el comportamiento del coronavirus ha contagiado más las finanzas que la salud. Sus primeros ataques han sido principalmente las zonas industriales del mundo desarrollado, con la excepción de Estados Unidos y Rusia;  economías dotadas de retrovirales muy potentes, al parecer.

* Con información del Centro de Inversiones y Finanzas con tecnología Bloomberg de USIL.

Qué quiere la gente

Está claro que existen dos agendas en las expectativas ciudadanas: la de las reformas políticas que tiene que ver con la reconstrucción de la relación entre gobernantes y gobernados; y la agenda país que se refiere a los problemas de atención urgente: inseguridad ciudadana, mejores servicios de educación y salud, recuperación de crecimiento económico.

La reciente encuesta urbano- rural del IEP lo confirma (La República, 24/2/2020). 

No tienen que ser agendas rivales ni opuestas entre sí. La primera es responsabilidad directa del Congreso. La segunda está más bien en el campo del ejecutivo. Pero ambas, representan para el imaginario social, el espacio de la política. Y se encuentran en la esencia más pura de la política, la de la representación.

Si empezamos a dividirlas y a pensar que una es más importante que la otra o, peor aún, que algunos grupos parlamentarios quieren concentrarse en una para desdeñar la otra, estaríamos haciéndole un daño a la de por sí ya afectada relación del ciudadano de a pie con la política y los políticos.

A la gente no le importa si mejorar la calidad educativa o terminar con las colas en los hospitales o las citas de mes a mes es responsabilidad o no de los congresistas o del gobierno. Para ellos es responsabilidad de los políticos y punto.

Y harían bien los políticos —sean legisladores o ejecutivos— en preocuparse, los unos de fiscalizar y los otros en ejecutar, para tener mejores hospitales y centros de salud, con medicina al alcance de los bolsillos y atenciones a la altura de seres civilizados.

Las elecciones del 2021 reclaman cambios, es verdad. Pero la ciudadanía no estará satisfecha sólo con lograr que la próxima elección de los candidatos presidenciales de los partidos sea con carné de militante o con DNI, ni que tengamos, después de un arte de birlibirloque, un Congreso nuevamente bicameral. No.

La ciudadanía está esperando que no le sigan robando en los paraderos, ni en los restaurantes o los supermercados; que los colegios no los esquilmen con cuotas extraordinarias y enseñanzas menos que ordinarias; que las citas en los hospitales públicos lleguen antes que la cita con el sepulturero; y que las mujeres no desaparezcan cada cinco horas. 

La política trata del arte de gobernar. Y la gente quiere que los nuevos políticos que están hoy en el Congreso, que han sido elegidos con menos del 40% del total de ciudadanos hábiles, hagan su tarea: que los representen en sus demandas y necesidades. Eso es todo.

Nuevo Congreso... ¡a empezar!

I

El sábado, pasadas las 8 de la noche, concluyó el procesamiento de actas de la ONPE. Ya tenemos resultados finales al 100%. Corresponde ahora al JNE acelerar y resolver las impugnaciones finales, entregar las credenciales y dejar expedito el camino para que se instale el nuevo Congreso.

No hay tiempo qué perder. Urge recomponer el equilibrio político. El ejecutivo se ahoga solo. Se necesita retomar la agenda política, pero, al mismo tiempo, se debe atender las demandas ciudadanas más urgentes: inseguridad ciudadana, crecimiento económico, para empezar.

Y mejorar, el acto de gobernar. 

El Congreso puede ayudar en ese aspecto a recuperar el buen sentido de la política, generando ideas. Organizando una agenda regional que ayude al ejecutivo a atender las demandas del interior del país y, de paso, sacar a los ministros del marasmo en que se encuentran. 

Es momento del qué hacer, más del qué decir. Gobernar es gestionar; no solo comunicar. El refresh  ministerial se ha quedado corto. Es urgente más vuelo ministerial.

II

Empieza mal la relación ejecutivo-legislativo con la propuesta del ministro Morán de eliminar la seguridad policial para los congresistas. El fondo es correcto. La forma en que lo dijo y la oportunidad en la que lo hizo, no. 

Retirar la policía a 130 congresistas no resuelve el problema de la falta de custodios para combatir el crimen. Pero sí podría contribuir, retirarlos de las embajadas, penales, ministerios, o del manejo del tránsito, entre otras, y dejarle estas funciones de seguridad a las Fuerzas Armadas y la de tránsito a las municipalidades provinciales.

III

Los nuevos congresistas serán dentro de poco los nuevos rostros de la política. No caigan en el juego del ping pong. No respondan con la misma ligereza. No conviertan el hemiciclo en un hemicirco. No vean el Twitter. Vean la calle. Suelten ideas y propuestas para mejorar no solo la percepción ciudadana del ejercicio político, sino para mejorar la realidad concreta. Fiscalicen los centros hospitalarios, las comisarías, los colegios. 

El mandato de los votantes ha sido claro. Ha ganado el voto nulo y el voto ausente. Más del 60% de los electores no lo ha hecho por alguna de las nueve agrupaciones políticas que hoy tiene representación en el Congreso. El ejecutivo ya hizo su tarea. Tenemos nuevo Congreso. Hagan política, no politiquería. 

¿Quién ganó la elección?

Por los números, a nivel nacional, Acción Popular es la primera fuerza política y es el indiscutible ganador de las elecciones congresales 2020-2021. Pero que lo haya hecho con 10.3% del total de votos válidos, indica que es más bien la primera minoría de un archipiélago variopinto de opciones, donde ningún partido captó una sólida mayoría. Una señal de advertencia para el resto de fuerzas democráticas, de cara al 2021.

El presidente Vizcarra, evidentemente, es el otro ganador de esta elección. En apenas cuatro meses, tras la disolución del Congreso, el gobierno impuso su juego y logró armar una representación parlamentaria completamente diferente, en el que sus principales enemigos –tozudos obstruccionistas– fueron barridos.

En medio de este nuevo escenario político hay también otros actores –con roles diferentes al stablishment, algunos incluso abiertamente antistablishment– que han logrado una importante cuota de poder en estas elecciones.

En Lima, por ejemplo, ganó el voto de una población jaqueada por la ola delincuencial de crímenes, robos y delitos.  Es tal la inseguridad ciudadana, que a la gente no le importó elegir abrumadoramente a un ex policía acusado de asesinato que, cuando fue autoridad, se enfrentó a la delincuencia de todo pelaje, incluidos malos venezolanos. Este sheriff urbano logró –él solo­­­­­­–, más votación que cualquiera de los partidos en la capital de la república.

Los israelitas del nuevo pacto universal, son también los ganadores de esta elección. Son la segunda fuerza política en Lima. Nada mal para una comunidad cerrada y marginal de barbados y entunicados personajes que viven bajo los principios del antiguo testamento y el ayllu andino que propugnan un estado teocrático, pero, también, propuestas razonables como: política de medicamentos genéricos, institutos técnicos agrícolas, revisión de la ley de AFPs, entre otras. 

El antisistema también ganó esta elección. Con cerca de un millón de votos, concentrados básicamente en el sur, la agenda inmediata de este grupo –Unión por el Perú– sería la liberación de Antauro Humala, militar que purga prisión por levantarse en armas contra un gobierno democrático, intentona golpista en la que fueron asesinados cuatro policías. Tras la agenda extremista de pena de muerte para funcionarios públicos ladrones y violadores, se esconde en realidad una agenda anti minera y anti inversiones que ha sintonizado con una porción importante del país.

Así las cosas, el rol del Congreso 2021 será primero articular un conjunto de fuerzas democráticas para construir con ellas el centro político que saque adelante las reformas pendientes, pero, sin descuidar las agendas regionales y nacionales –los problemas urgentes de la gente en la calle– que también se han expresado en esta elección.

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P.d: Breve paréntesis al trabajo de investigación que venimos realizando (y que en los últimos meses nos ha consumido el poco tiempo libre que disponemos), para comentar los acontecimientos nacionales, como lo venimos haciendo, desde hace unos años, en este mismo espacio.

Desigualdad

El informe del PNUD 2019 es contundente: “En todos los países hay muchas personas con escasas perspectivas de vivir un futuro mejor. Carecen de esperanza, sentido de propósito y dignidad; desde su situación de marginación, solo les queda contemplar a otras personas que prosperan y se enriquecen cada vez más”. 

Hace tres semanas, sosteníamos aquí algo parecido. Los ciudadanos en diversas partes del mundo están enojados y mejor conectados. Albergan un sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. La brecha entre sus aspiraciones y la realidad —que no cambia—, les genera desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja en las redes y en las calles.

El informe del PNUD advierte que hay algún aspecto de nuestra sociedad globalizada que no funciona, y señala como causa la “ola de desigualdad” que comienza en el nacimiento —y aun antes— y que de no tomar medidas radicales puede profundizarse hasta volverse irreversible.

Sin políticas adecuadas que remedien las inequidades, el peor panorama es que las desigualdades de ingresos y riqueza entre los grupos humanos genere, a la larga, un desequilibrio en el poder político que ensanche el abismo, perpetuándolo.

El riesgo es que el poder político caiga en manos del poder económico y se sirva permanentemente de él. Cuando eso ocurre, los que menos tienen, preocupados por sobrevivir, pierden su acceso al poder y a generar cambios. 

Solo un 3,2% de personas en los países menos desarrollados tiene educación superior, frente a un 29% en los países desarrollados. El avance tecnológico, si bien ofrece soluciones para democratizar su uso, por ahora, ensancha las diferencias. Dejar de ser analfabeto digital es un reto enorme para todos. No hay forma de ayudar a una persona que carezca de estas habilidades para seguir avanzando en el mundo desarrollado.

Amartya Sen definió el sentido que teníamos que darle al concepto de desigualdad. Entenderla como la búsqueda de la igualdad. ¿Pero, igualdad de qué? De las capacidades que tienen las personas para tomar decisiones en su vida. Estas capacidades, que en el fondo miden su nivel de libertad, van cambiando conforme cambia la persona.

Así, a las capacidades básicas del pasado le suceden hoy nuevas capacidades aumentadas.  

Las capacidades básicas son propias del Siglo XX: esperanza de vida al nacer, aprender a leer. En esto hemos avanzado. Las capacidades aumentadas, en cambio, son del Siglo XXI. Implican acceso a servicios de calidad en educación y salud o el uso de tecnologías de la información.

En el mundo que vivimos no basta el derecho de ir a votar (capacidad básica), sino el de participar plenamente en la esfera política, hasta conseguir ser elegido (capacidad aumentada). Las capacidades de primera generación están relacionadas con la vida y muerte, las de segunda generación con la calidad de vida de las personas, con sus aspiraciones. Son estas últimas las que generan el enojo, el reclamo airado, el hartazgo de la gente, en diversas partes del mundo. 

Si esto sigue, tendremos grietas profundas entre las personas, las sociedades y los países. Diferencias que cataclismos como los que genera el cambio climático en los países menos desarrollados, agravarán más. Es urgente mirar el futuro para planificar desde ahora el recorte de las inequidades económicas y sociales; pero, también, atender la expectativa que tienen todas las personas de vivir con dignidad. No más, ni mayor desigualdad. 

  

Dinero y política

Que los empresarios financien partidos políticos no debe sorprender a nadie. Siempre lo han hecho. Y siempre lo harán. El problema no es que lo hagan, sino que escondan esa ayuda. El financiamiento debe ser transparente, bancarizado y de libre iniciativa. Sin imposiciones ni topes.

En Estados Unidos nadie criticaría que una empresa importante financie al partido demócrata o republicano. Sería extraño más bien que no lo haga. El financimiento proviene no solo de empresas, sino de organizaciones sindicales, religiosas, medioambientales, culturales y hasta filántropos.

La diferencia entre el sistema americano y el nuestro no es solo la ley. Es el espíritu de la ley, la costumbre, la cultura, la forma cómo nos organizamos y vivimos. Allá existen instituciones, reglas y normas muy claras para interactuar entre las personas, para organizar su sociedad y para actuar en la economía y practicar la política.

Existe algo fundamental, una cohesión social llamada confianza. 

En una sociedad así, el rol de los partidos políticos es mediar, representar, defender, los intereses de la sociedad. Y mientras la sociedad tenga grupos o asociaciones que representar —empresas, sindicatos, grupos sociales, étnicos— es lícito que lo hagan a través de los partidos.

El problema en nuestro país es que no estamos acostumbrados a este tipo de representación y respaldo económico. Los aportantes no quieren verse involucrados en apoyar a uno u otro candidato. Desconfían de la ley. Sienten que sus empresas se verán perjudicadas porque en lugar de la ley aquí ha predominado la ley del más fuerte. O la vieja costumbre de “para mis amigos todos, para mis enemigos, la ley”. 

Dudamos ed todo y de todos. La entrega oculta de apoyo económico a un partido revela una conducta torcida a cambio de futuras compensaciones o granjerías del poder. Un mercantilismo puro —mal endémico del empresariado peruano— de quienes no les gusta competir y ganar, sino solo lucrar. 

No estamos, pues, en una democracia anglosajona que permite, garantiza y regula el lobby, como herramienta necesaria para el ejercicio eficaz de la política. La suspicacia hace que estemos ante un escenario de aprovechamiento del poder económico para influenciar en el poder político. 

Por otro lado, el dinero entregado de manera informal, a escondidas, no solo desequilibra la cancha política, sino que engaña a los electores. Hoy, los cambios en la ley de partidos acotan el financiamiento partidario a 120 UITs para personas naturales o jurídicas o a 250 UITs para actividades proselitistas. Todo debidamente bancarizado y con identificación expresa del aportante. 

Es un avance. El único financiamiento prohibido debe ser, por supuesto, el que proviene de fuente ilícita. Pero mejor sería transparentar toda ayuda económica. Cualquiera puede hacer con su plata lo que quiera. Si algunos samaritanos deciden donar su dinero a uno o varios partidos, los electores, al menos, lo tendríamos en cuenta, a la hora de votar. Lo que no debe volver es la democracia censitaria, aquella donde el poder del voto no estaba basado en la persona, sino en la renta. 

Perú 2050*

Como una corriente marina fresca y anchurosa que subyace en el mar fangoso y movido de acontecimientos políticos ligados a las denuncias de corrupción, la CADE 2019 se dio tiempo para hablar del futuro. 

El periodista Andrés Oppenheimer abrió la sesión con un resumen de su reciente obra —Sálvese quién pueda— en la que relata los cambios que experimentarán algunas profesiones  en los próximos años, producto del avance de la denominada Revolución 4.0.

En un escenario de robots inteligentes y de nanotecnología algunas tareas y trabajos desarorllados por humanos serán reemplazados por robots, algo que ya viene ocurriendo desde ahora con transcriptores, secretarias, contadores, anfitriones, dibujantes, profesores, médicos y periodistas.

Contra lo que podría pensarse, los cambios más dramáticos no serán en los países desarrollados —donde la tecnología de punta es la vanguardia de la productividad— sino en países de ingresos medios como México o Perú que en muchos sectores de la producción, sobre todo en servicios, tiene ocupada mano de obra no calificada.

El otro enfoque prospectivo del país lo presentó el director de El Comercio, Juan José Garrido, con el adelanto del Proyecto Perú 2050 que busca despejar las incógnitas de cómo será el mundo y el país de aquí a treinta años y qué cambios será posible esbozar en algunos conceptos claves como: demografía, tecnología, medio ambiente, política, economía y sociedad.  

La prospectiva no es futurología. No predice el futuro ni lo adivina. Es una disciplina que ayuda a construir escenarios partiendo de la realidad actual y proyectando sus indicadores en diferentes niveles, modelando sus resultados futuros. 

Como dijo Sebastiao Mendoça Ferreira, asesor de Perú 2050, algunas cosas sabemos y tenemos certezas; de otras no. 

Hay consenso que en tres décadas el mundo tendrá más o menos 9.700 millones de personas. El centro económico del planeta será China que recuperará el poder económico, centrándolo en el Pacífico, donde estuvo hace más de 500 años, hasta que el descubrimiento de América viró su eje hacia el Atlántico.

En ese momento tendremos ciudades que serán tan grandes como países. El mundo será mayoritariamente de clase media. Si en 1820 el 84% de la población del planeta fue pobre o muy pobre, el 2050 apenas el 3% lo será.

En tecnología, los celulares serán 10 mil veces más potentes a los que conocemos hoy. Este dispositivo estará dotado de Inteligencia Artificial, lo que lo convertirá en un dispositivo indesligable del ser humano, un Asistente Inteligente Personal (AIP); una computadora que ayudará al hombre a realizar todo tipo de tareas ocupacionales, intelectuales y/o recreativas.

En aquel momento ingresaremos de lleno al sistema quántico de procesamiento de datos, millones de veces más potente que el sistema binario que tenemos ahora. Esta tecnología permitirá resolver algunos de los problemas que encierra procesar millones de datos a la vez como el modelamiento climático, el modelamiento genético o económico.

Si la revolución industrial superó la capacidad física del ser humano al saltar del procesamiento manual a la máquina movida por energía, la Inteligencia Artificial, por primera vez en la historia de la humanidad, sustituirá las capacidades cognitivas del hombre.

El uso de la Inteligencia Artificial en la educación será el fin del profesor de aula, tal como lo conocemos. Los niños se relacionarán y aprenderán más y mejor con sus AIPs que con su profesor humano. El nuevo rol para los maestros será la de tutor, guía; un soporte emocional y social en el nuevo mundo de máquinas interactivas.

En política, la nueva tecnología hará ver a la democracia como un sistema obsoleto o al menos estancado. Más importante será el rol del cuidado del medioambiente y las decisiones que los gobiernos tomen sobre él que las ideologías para organizar la sociedad o la economía. Probablemente la palabra tecnopolítica cobre un nuevo sentido, ligada más a la calidad y efectividad de los servicios públicos en línea antes que a la diferencia entre funcionarios públicos y políticos. 

En esta perspectiva, el ejercicio sobre el futuro del Perú delineó cuatro escenarios, cuatro líneas de evolución de nuestro país que está en nuestras manos modelar:

1. El Perú Inercial. En este escenario, se prolonga el marasmo actual. No tenemos agenda mínima común. El Perú es un mosaico astillado de representaciones políticas. Algunas regiones logran crecimiento moderado y rápido, mientras que otras son consumidas por el decrecimiento y el despoblamiento.

2. El Perú Desarrollado. A diferencia de lo que tenemos hoy, el Perú ha logrado mejorar la cooperación, la conexión y la comunicación entre sus líderes. Existe una agenda que se mantiene independientemente de quien gobierne, el crecimiento es sostenible y entre la población hay mayor respeto y confianza.

3. El Perú Fragmentado. En este escenario, los grupos extremistas han tenido éxito en su prédica y práctica. Han crecido. Las instituciones democráticas se han deslegitimado y el país vive periodos largos de inestabilidad política y social, lo que a la larga genera también inestabilidad económica. Surgen líderes populistas.

4. El Perú Autoritario. Aún cuando la democracia sigue siendo el sistema de gobierno que prevalece, su esencia se ha desvirtuado. Surge un líder autoritario elegido en democracia. No importa su ideología. Puede ser de izquierda o de derecha. Es un excelente comunicador que domina los mecanismos tecnológicos de control ciudadano. Usa el populismo como doctrina inspiradora y método de gobierno.

¿Política ficción? No. Solo probabilidades. Escenarios. Prospectiva. Situaciones que pueden materializarse o no, pero que ayudan, parados como estamos en nuestra realidad —con vecinos indignados y movilizados—, a pensar bien qué debemos hacer los peruanos para construir el futuro que soñamos. El Perú que pensaron nuestros fundadores: una República, al fin, de ciudadanos.

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* El Proyecto Perú 2050 es una iniciativa del Diario El Comercio que busca producir una Hoja de Ruta de crecimiento y desarrollo para el país. El presente post se ha escrito en base a las exposiciones de Juan José Garrido, Sebastiao Mendoça Ferreira, Rodrigo Isasi y Ximena Vega, presentadas en la CADE 2019. 

Perú: democracia sin partidos*

La Constitución peruana no establece el cierre del Congreso. Solo su disolución. Es una diferencia semántica sustantiva. El país ingresa a un interregno en el que el Presidente de la República gobierna, vía decretos de urgencia, con una Comisión Permanente que es una especie de apéndice del órgano legislativo disuelto. Hasta que se forma un nuevo Congreso, dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución.

De esta manera, el país dirimió uno de los enfrentamientos de poderes más largos que ha tenido en su historia republicana, que el 2021 cumplirá 200 años. El Tribunal Constitucional está por resolver una contienda competencial planteada por el legislativo, para establecer si la disolución fue o no ajustada a ley, pero todo parece indicar que la política de los hechos consumados se impondrá y en enero del 2021 tendremos elecciones y un nuevo Congreso.

Una nueva correlación de fuerzas será entonces realidad. El legislativo se recompondrá a través del voto popular con lo que el año y medio de gobierno que le queda al presidente Martín Vizcarra tendrá, sin duda, otro cariz. Menos obstruccionista con seguridad, pero más eficaz, está por verse.

Hasta el momento el humor nacional no está como para repartir y repetir la cuota de poder mayoritariamente a un grupo político. Fuerza Popular, el grupo mayoritario en el Congreso disuelto no tendrá, por lo pronto, ni la misma fuerza ni es ya tan popular. 

Ningún partido en realidad lo es. 

Encuestas recientes le dan a Acción Popular —partido de centro— un 11% de las preferencias. El centro derechista Partido Morado 8%. El partido fujimorista, Fuerza Popular 5%. Alianza Para el Progreso 3% y las izquierdas y el Partido Popular Cristiano 2% cada una. El partido Aprista 1%. Ninguno 33%. Y no saben 21%.

A poco menos de tres meses de acudir a las ánforas, la fotografía final sigue siendo difusa. Descontando que en diciembre las fiestas navideñas ocupan buena parte del interés de las personas, esta campaña al Congreso complementario de enero 2021 —para culminar el periodo hasta el 28 de julio del 2021—, será una campaña relámpago de menos de cuatro semanas.

Casi no habrá tiempo para una campaña de posicionamiento, sino de marca. La recordación partidaria y el símbolo electoral será tan o más importante que las propuestas legislativas. Más aún si tenemos en cuenta que en estas elecciones rige el nuevo cambio en las reglas electorales que prohibe la propaganda o publicidad comercial en la televisión privada. Los partidos podrán usar solo la franja electoral, espacios en horarios fijos en los medios de comunicación públicos y privados contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sorteados de manera equitativa entre los participantes. Con este (des)incentivo, la campaña correrá fuerte en redes sociales.

En este aspecto, lo que veremos en los próximos días será también un adelanto o una experimentación de lo que se vendrá el 2021: una campaña con nuevas reglas (elecciones primarias, simultáneas y abiertas), alternancia de género y paridad de manera progresiva.

No está claro si la reingeniería legal en materia electoral mejora la calidad de la democracia. El Perú es un país sui generisen este aspecto. Aquí funciona un sistema democrático sin partidos políticos. No como la teoría política los define, en todo caso. La informalidad que mantiene a flote la economía (70%), se ve también en la política. Los candidatos saltan de un partido a otro con agilidad felina. No es la ideología o la hoja de ruta común lo que los une, sino el pragmatismo; la imperiosa necesidad de asirse del poder —literalmente— a cualquier costo y casi a cualquier  precio.

Los partidos son así antes que unidades de pensamiento y acción, coaliciones de independientes (Zavaleta, 2014), con espíritu pragmático, rentista o saltimbanqui, que a la larga genera una República sin ciudadanos (Vergara, 2013), de la que solo cabe esperar —elecciones, Dios mediante— que cada Congreso que elijamos no sea peor que el anterior. 

* Artículo publicado en la revista CAREP, Centro de Alto Rendimiento Político de España.  Edición Perú N.- 7, Otoño, 19. 6/11/2019

Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

La Revolución y la Tierra

El documental de Gonzalo Benavente tiene varios aciertos. Uno de ellos es la narrativa-espejo de un periodo y tema complejo —aún hoy en debate— en torno a la eficacia y resultados concretos del proceso de Reforma Agraria que impulsó el Gobierno Revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. 

El autor utiliza para ello las voces de historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas y protagonistas directos, que cuentan e interpretan los hechos, así como una secuencia ordenada de películas peruanas que hilvanan la historia. El documental llega a ser así una especie de docudrama, pero fílmico —un docufilme— que reemplaza la caracterización y actuación ex profesa de los docudramas con segmentos de películas correspondientes al tiempo en que ocurrieron los hechos históricos narrados.

Fuera de lo acertado de este recurso técnico que permite una sucesión de hechos sostenidos y no aburridos, el mayor mérito de la película es presentar un primer balance del fin de la edad media que se vivía hasta entonces en el Perú, que fue lo que en el fondo significó la reforma agraria. La extinción de un sistema de explotación de la masa indígena.

Si esta decisión trajo el quiebre de la producción agraria —y hay estudios que así lo muestran—, no menos cierto es que desde el punto de vista social había que terminar con el yanaconaje y la semi esclavitud laboral en el campo. No puede haber República sin ciudadanos. Y una buena parte del Perú antes de la reforma agraria, no tenía esa condición.

El problema del campesino es aún un tema pendiente. Sigue ligado a la tierra, pero hoy el problema es más de acceso al desarrollo, al crédito, al agua, y a servicios básicos del Estado como educación, salud e infraestructura. Las comunidades campesinas no son unidades de producción articuladas al mercado. En muchos casos, son aún de subsistencia. La propiedad de la tierra en su interior se ha fragmentado, individualizado, aunque en una gran cantidad de ellas existe todavía el manejo comunal de tierras, aguas y pastos.

Las comunidades campesinas no forman parte de las políticas públicas. Y sin embargo, pueden ser grandes aliadas en la construcción de mejores condiciones de vida para su población. El manejo del agua es un ejemplo. En las zonas altoandinas, la administración, cuidado y construcción de nueva infraestructura de agua sigue siendo un trabajo colectivo; lo mismo que la defensa de la ecología y medio ambiente. Pero en lugar de que el Estado aproveche esta disponibilidad de recurso humano organizado, lo ignora. 

El despoblamiento del campo debido a la migración de los jóvenes a las ciudades es una consecuencia de la poca atención que el Estado presta a este territorio. No existen escuelas técnicas adecuadas para preparar a los jóvenes en nuevas tareas ligadas al desarrollo agropecuario, al turismo, a las actividades productivas o las nuevas condiciones que demanda el mercado nacional o internacional.

Velasco destapó la olla de presión social que mantuvo el Perú hasta fines de los sesenta. De no haber tenido esa reforma agraria  —sostiene Hugo Neira en el docufilme—, Abimael Guzmán llegaba a Lima con 2 millones de indios y nadie lo paraba. ¡Quién sabe, señor! Lo que sí sabemos es que la tarea de integrar al campesino al desarrollo sigue siendo parte de la agenda país. No esperemos, pues, nuevamente, a que el caldo vuelva a hervir.