Perú: democracia sin partidos*

La Constitución peruana no establece el cierre del Congreso. Solo su disolución. Es una diferencia semántica sustantiva. El país ingresa a un interregno en el que el Presidente de la República gobierna, vía decretos de urgencia, con una Comisión Permanente que es una especie de apéndice del órgano legislativo disuelto. Hasta que se forma un nuevo Congreso, dentro de los cuatro meses posteriores a la disolución.

De esta manera, el país dirimió uno de los enfrentamientos de poderes más largos que ha tenido en su historia republicana, que el 2021 cumplirá 200 años. El Tribunal Constitucional está por resolver una contienda competencial planteada por el legislativo, para establecer si la disolución fue o no ajustada a ley, pero todo parece indicar que la política de los hechos consumados se impondrá y en enero del 2021 tendremos elecciones y un nuevo Congreso.

Una nueva correlación de fuerzas será entonces realidad. El legislativo se recompondrá a través del voto popular con lo que el año y medio de gobierno que le queda al presidente Martín Vizcarra tendrá, sin duda, otro cariz. Menos obstruccionista con seguridad, pero más eficaz, está por verse.

Hasta el momento el humor nacional no está como para repartir y repetir la cuota de poder mayoritariamente a un grupo político. Fuerza Popular, el grupo mayoritario en el Congreso disuelto no tendrá, por lo pronto, ni la misma fuerza ni es ya tan popular. 

Ningún partido en realidad lo es. 

Encuestas recientes le dan a Acción Popular —partido de centro— un 11% de las preferencias. El centro derechista Partido Morado 8%. El partido fujimorista, Fuerza Popular 5%. Alianza Para el Progreso 3% y las izquierdas y el Partido Popular Cristiano 2% cada una. El partido Aprista 1%. Ninguno 33%. Y no saben 21%.

A poco menos de tres meses de acudir a las ánforas, la fotografía final sigue siendo difusa. Descontando que en diciembre las fiestas navideñas ocupan buena parte del interés de las personas, esta campaña al Congreso complementario de enero 2021 —para culminar el periodo hasta el 28 de julio del 2021—, será una campaña relámpago de menos de cuatro semanas.

Casi no habrá tiempo para una campaña de posicionamiento, sino de marca. La recordación partidaria y el símbolo electoral será tan o más importante que las propuestas legislativas. Más aún si tenemos en cuenta que en estas elecciones rige el nuevo cambio en las reglas electorales que prohibe la propaganda o publicidad comercial en la televisión privada. Los partidos podrán usar solo la franja electoral, espacios en horarios fijos en los medios de comunicación públicos y privados contratados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y sorteados de manera equitativa entre los participantes. Con este (des)incentivo, la campaña correrá fuerte en redes sociales.

En este aspecto, lo que veremos en los próximos días será también un adelanto o una experimentación de lo que se vendrá el 2021: una campaña con nuevas reglas (elecciones primarias, simultáneas y abiertas), alternancia de género y paridad de manera progresiva.

No está claro si la reingeniería legal en materia electoral mejora la calidad de la democracia. El Perú es un país sui generisen este aspecto. Aquí funciona un sistema democrático sin partidos políticos. No como la teoría política los define, en todo caso. La informalidad que mantiene a flote la economía (70%), se ve también en la política. Los candidatos saltan de un partido a otro con agilidad felina. No es la ideología o la hoja de ruta común lo que los une, sino el pragmatismo; la imperiosa necesidad de asirse del poder —literalmente— a cualquier costo y casi a cualquier  precio.

Los partidos son así antes que unidades de pensamiento y acción, coaliciones de independientes (Zavaleta, 2014), con espíritu pragmático, rentista o saltimbanqui, que a la larga genera una República sin ciudadanos (Vergara, 2013), de la que solo cabe esperar —elecciones, Dios mediante— que cada Congreso que elijamos no sea peor que el anterior. 

* Artículo publicado en la revista CAREP, Centro de Alto Rendimiento Político de España.  Edición Perú N.- 7, Otoño, 19. 6/11/2019

Indignados y conectados

América Latina es hoy un laboratorio abierto de procesos económicos, políticos y sociales en el que  la gente se ha volcado a las calles, indignada y violenta, generando una dinámica que requiere ser explicada para evitar confusiones y pescar a río revuelto.

Los países andinos -Venezuela, Ecuador Chile, Bolivia- parecen calentarse al punto de poner a prueba sus endebles democracias. ¿Qué produce esta ola de enfrentamientos? ¿Hay alguna explicación que sea común a todos estos estallidos?

Una primera hipótesis es que no sea un solo factor. Ni una sola mano. Que, por el contrario, existan razones distintas. Hambre y dictadura en Venezuela; autoritarismo y fraude electoral en Bolivia; costo de vida en Ecuador; desigualdad e insatisfacción en Chile. 

Es importante diferenciar el origen de las crisis para no confundir la respuesta a cada una de ellas. De hecho, con diferente tesitura y fórmulas, tras los estallidos sociales, el poder se conserva en Chile, Venezuela y Ecuador. En Bolivia, se destituyó al presidente y asumió una representante del radicalismo religioso.

A punta de bayoneta, bala, subsidios y populismo, Nicolás Maduro, sigue gobernando y conviviendo con un presidente reconocido por todos, pero que no manda. Sebastián Piñera, después de 22 muertos y tres semanas de multitudes desbocadas en las calles terminó por acordar, junto a las fuerzas políticas de oposición, la convocatoria a un plebiscito y encaminar a Chile hacia una nueva constitución; a cambio, se mantiene en el poder. Lenin Moreno, en Ecuador, abandonó Quito por unos días, pero tras llegar a un acuerdo con los indígenas, derogó el alza de combustible y regresó a Palacio. 

Las situaciones políticas que generaron las crisis no se parecen ni en su origen, ni en su tratamiento, ni en sus resultados. 

No es verdad entonces que en todos los países estemos ante una respuesta al decaimiento, vulnerabilidad o retroceso de la clase media. En Venezuela la crisis es transversal a todas las clases sociales. En Bolivia es más profunda la fractura étnica que la económica. Fueron los no indígenas quienes expulsaron a Evo. Por el contrario, en Ecuador fueron los indígenas quienes le perdonaron la vida a Moreno.

Desde hace muchos años el BID ha identificado a América Latina como la región con mayor desigualdad de ingresos. Entre el 2002 y 2012 más de 10 millones de latinoamericanos se incorporaron a la clase media. A ese ritmo, todo parecía indicar que América Latina fuera predominantemente una región de clase media el 2017, pero no ocurrió. A partir del 2014 solo 3 millones y medio de latinoamericanos ascendieron a la clase media cada año. 

¿Es esta realidad socioeconómica la que explica el estallido en Chile? La desaceleración del crecimiento económico, genera menos empleo, por lo tanto, menos ingresos, menos clase media y más pobres. La región entró a su quinto año consecutivo de desaceleración. Muchos de los que hoy protestan probablemente son miembros de esa clase media estancada, vulnerable, que no quiere, que tiene pavor, regresar a la pobreza.

Pero la pregunta inicial sigue en pie: ¿qué une a todos los estallidos sociales en los países andinos? ¿Hay un plan concertado para desarticular estas endebles democracias? Tendría que ser un súper cerebro que conozca qué botón apretar en cada país para soliviantar a las masas en contra de sus gobiernos. 

Lo único une todos estos estallidos quizás sea lo bien conectados que están los ciudadanos a la hora de salir a las calles. Y los límites de la democracia en estos lares para procesar el conflicto. Lo primero dinamiza el “fenómeno cascada” de replica y escalamiento del estallido, mientras lo segundo revela la debilidad institucional que padecen nuestros países ante masas desbordadas que no obedecen a nadie. 

El otro rasgo que une a estos ciudadanos conectados y enojados -que han hecho de la calle su tabladillo político- es el sentimiento de insatisfacción y hartazgo frente a la autoridad. El Estado debe prestar mejores servicios y no solo ser garante de la fuerza. La gente no solo quiere gobiernos que cumplan su tarea, sino sobre todo honestados con funcionarios y servicios públicos que atiendan sin prepotencia, humillación o indignidad.

La brecha entre las aspiraciones de la gente y la realidad que no cambia podría estar generando desesperanza y frustración. Y cuando el ciudadano no encuentra satisfacción, se queja por las redes sociales. Estamos ante un ciudadano empoderado y anárquico en las redes. 

Las generaciones jóvenes viven las crisis en la vida real y también en el mundo digital. Ambos mundos conviven y se traslapan, retroalimentándose. Y cada vez es más difícil diferenciarlos. Así, la chispa del descontento social se enciende y extiende mucho más rápida, descontrolada y hasta irracionalmente, sin que ello no signifique que existe una dosis de realidad amplia y aumentada. Las redes amplifican el malestar de la gente, aunque lo real sigue siendo la angustia de vivir al límite, la frustración, los sueños truncos, la  desesperanza. 

La Revolución y la Tierra

El documental de Gonzalo Benavente tiene varios aciertos. Uno de ellos es la narrativa-espejo de un periodo y tema complejo —aún hoy en debate— en torno a la eficacia y resultados concretos del proceso de Reforma Agraria que impulsó el Gobierno Revolucionario del general Juan Velasco Alvarado. 

El autor utiliza para ello las voces de historiadores, antropólogos, sociólogos, periodistas y protagonistas directos, que cuentan e interpretan los hechos, así como una secuencia ordenada de películas peruanas que hilvanan la historia. El documental llega a ser así una especie de docudrama, pero fílmico —un docufilme— que reemplaza la caracterización y actuación ex profesa de los docudramas con segmentos de películas correspondientes al tiempo en que ocurrieron los hechos históricos narrados.

Fuera de lo acertado de este recurso técnico que permite una sucesión de hechos sostenidos y no aburridos, el mayor mérito de la película es presentar un primer balance del fin de la edad media que se vivía hasta entonces en el Perú, que fue lo que en el fondo significó la reforma agraria. La extinción de un sistema de explotación de la masa indígena.

Si esta decisión trajo el quiebre de la producción agraria —y hay estudios que así lo muestran—, no menos cierto es que desde el punto de vista social había que terminar con el yanaconaje y la semi esclavitud laboral en el campo. No puede haber República sin ciudadanos. Y una buena parte del Perú antes de la reforma agraria, no tenía esa condición.

El problema del campesino es aún un tema pendiente. Sigue ligado a la tierra, pero hoy el problema es más de acceso al desarrollo, al crédito, al agua, y a servicios básicos del Estado como educación, salud e infraestructura. Las comunidades campesinas no son unidades de producción articuladas al mercado. En muchos casos, son aún de subsistencia. La propiedad de la tierra en su interior se ha fragmentado, individualizado, aunque en una gran cantidad de ellas existe todavía el manejo comunal de tierras, aguas y pastos.

Las comunidades campesinas no forman parte de las políticas públicas. Y sin embargo, pueden ser grandes aliadas en la construcción de mejores condiciones de vida para su población. El manejo del agua es un ejemplo. En las zonas altoandinas, la administración, cuidado y construcción de nueva infraestructura de agua sigue siendo un trabajo colectivo; lo mismo que la defensa de la ecología y medio ambiente. Pero en lugar de que el Estado aproveche esta disponibilidad de recurso humano organizado, lo ignora. 

El despoblamiento del campo debido a la migración de los jóvenes a las ciudades es una consecuencia de la poca atención que el Estado presta a este territorio. No existen escuelas técnicas adecuadas para preparar a los jóvenes en nuevas tareas ligadas al desarrollo agropecuario, al turismo, a las actividades productivas o las nuevas condiciones que demanda el mercado nacional o internacional.

Velasco destapó la olla de presión social que mantuvo el Perú hasta fines de los sesenta. De no haber tenido esa reforma agraria  —sostiene Hugo Neira en el docufilme—, Abimael Guzmán llegaba a Lima con 2 millones de indios y nadie lo paraba. ¡Quién sabe, señor! Lo que sí sabemos es que la tarea de integrar al campesino al desarrollo sigue siendo parte de la agenda país. No esperemos, pues, nuevamente, a que el caldo vuelva a hervir.

Indignados y desiguales

En Chile el pasaje del Metro subió 30%. Los estudiantes protestaron. Luego se les unió el resto de la población. El ministro de economía recomendó que mejor madrugaran si querían pagar un pasaje más barato. 

La gente no madrugó, pero sí despertó. Indignada, además.  

Del rechazo se pasó al descontento y de este a la indignación y a la furia colectiva en las calles. 

La protesta no es por lo 30 pesos, sino por 30 años de desigualdad, corea ahora la gente. Es una manera de responder ante medidas económicas en el precio de servicios que la gente entiende deben ser responsabilidad del Estado: Educación, Salud, Transporte, Seguridad. El costo de la vida sube y los salarios no.

Es a la vez una respuesta a la insatisfacción en la calidad de los servicios. No solo a lo caro y prohibitivos que resultan la Educación, la Salud y el Transporte, sino al pésimo trato que reciben los usuarios. Una Educación que al final no sirve para conseguir empleo, una Salud con hospitales sin medicinas y un Transporte que se modernizó en infraestructura pero que sigue movilizando a la gente como si fuera ganado o sardinas en hora punta. 

La protesta es también un reclamo al trato digno que merecemos todos.

Hace unos años un reportaje en televisión mostraba como miles de ciudadanos chilenos cruzaban a diario la frontera hacia el Perú para atenderse en clínicas y consultorios privados y municipales de Tacna. Cuando le preguntaron a los entrevistados las razones por las que preferían venir a curarse al Perú, la totalidad destacó el trato humano, respetuoso y paciente de los médicos, antes que los precios bajos. Luego de la consulta, eso sí, pasaban a disfrutar de la gastronomía peruana.

La gente reclama respeto, dignidad, trato humano. 

En Chile, como en cualquier otro país, no basta la infraestructura. El fierro y el cemento no es suficiente para hablar de desarrollo. El respeto al otro es también señal de modernidad. Los gobernantes pierden la perspectiva del poder cuando dejan de ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cuál es la perspectiva del poder, sino servir?

El 60% de la población chilena sufre el Transantiago, vive endeudada, padece la inseguridad ciudadana y se siente asfixiada por las bajas pensiones y el alto precio de las medicinas. El 10% vive en su burbuja de confort y no pasa ningún apuro económico. El 30% es una clase media que vive el día a día sin preocupaciones, pero tampoco con holguras materiales.

Más de la mitad del país es la nueva clase media que ha escapado de la pobreza, vulnerable, precaria —que vive asustada y angustiada porque sus expectativas son más grandes que sus posibilidades—, que ha desbordado el índice de Gini, pero sigue formando parte de los 10 países más desiguales del mundo. 

El estallido social no es solo un problema de modelo económico. Es también un problema de Estado ausente, insensible, ineficaz, corrupto.  

La raíz de la indignación tiene varias nervaduras. Sus repercusiones trascienden Chile. Eso, con toda seguridad. La desigualdad enfurece. Pero es el maltrato el que gatilla la indignación.

Realidad contrafáctica

La denegación fáctica nos ha devuelto a la realidad contrafáctica. Después de una pelea terminal entre los poderes del Estado, en el que uno terminó disolviendo al otro, volvemos al punto inicial. Tendremos elecciones parlamentarias con las mismas reglas de siempre, las de toda la vida. 

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró las dudas: los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas no tendrán obligación de presentarse el 26 de enero de 2020. Tampoco desparecerán si se inhiben. No habrá alternancia ni equidad de género en las listas presentadas, ni elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nada. 

Todo será como antes, como siempre. Los partidos deberán seleccionar a sus candidatos al Congreso con sus reglas internas. Que lleven invitados dependerá única y exclusivamente de su voluntad, así como que cierren sus cupos solo para sus militantes será de su absoluta responsabilidad. 

Lo que aún no se aclara en esta línea de tiempo contrafáctica —o paralela— es si los disueltos congresistas pueden volver a presentarse. El JNE ha dicho que lo hará cuando se presente un caso concreto en alguna de las circunscripciones regionales y sentará posición firme, recién en segunda instancia.

Queda aún un nudo gordiano para quienes pretendan ser candidatos a la presidencia (el 2021) y quieran ahora postular como congresistas en las elecciones parlamentarias complementarias (2020). El impedimento es el Art. 95 de la Constitución: "El mandato legislativo es irrenunciable". 

Si los principales líderes de los partidos quieren ser candidatos presidenciales el 2021 y al mismo tiempo postular ahora al Congreso 2020 deberán tener claro que, una vez elegidos, deben reformar la Constitución y aprobar en dos legislaturas ordinarias sucesivas —con 87 votos— la renuncia voluntaria del cargo de congresista o la exoneración de este requisito para candidatear a la Presidencia de la República. No hay otra.

Así las cosas, ¿valió la pena llegar hasta donde hemos llegado para tener unas elecciones contrafácticas sin alguna reforma política aprobada? ¿Habrá oportunidad de tener una mejor representación nacional? Son preguntas que se complementan, pero que requieren respuestas por separado.

La primera pregunta refleja hasta donde llegó la improvisación política. Los objetivos iniciales fueron la mejora de la calidad de la representación, el fortalecimiento de las instituciones, una mayor democracia interna en los partidos, si cabe el término. Pero el resultado fáctico ha sido más de lo mismo. Serán las cúpulas partidarias de toda la vida las que manejen la situación. 

Lo que nos lleva a responder la segunda interrogante. La lucha de poderes liquidó la hegemonía de una agrupación política en el Congreso. Está por verse si la nueva representación —mucho más fraccionada seguramente que la que acaba de terminar— será más colaborativa con el Ejecutivo. Esperemos que sí. Aunque sería mejor si el Ejecutivo fuese un mejor actor político para trabajar y lograr consensos, aún en escenarios difíciles.

La responsabilidad, entonces, de modificar esta realidad recaerá en las dirigencias partidarias. ¿Se requiere llevar a estas elecciones, jóvenes, rostros nuevos, que refresquen la política? ¿O se requiere más experimentados que defiendan lo logrado por el sistema vigente? Siempre será mejor renovar ideas que renovar edades. Equilibrar juventud y experiencia, antes que inclinar demasiado la balanza hacia uno u otro lado.

El periodo 2020, como señalamos en el post anterior, será clave para allanar el camino del Perú del Bicentenario. Un recambio generacional siempre es importante, pero mejor combinado que radical. Después de todo, estamos inaugurando un camino paralelo en este Congreso de quince meses que muy pocos se atreven a decir hacia dónde se orientará y cómo será: ¿una mini Asamblea Constituyente?, ¿una Cámara de Diputados?, ¿una de Senadores?, ¿un pequeño Congreso Bicameral Constituyente? Cosas de lo fáctico y sus bifurcaciones contrafácticas. 

El Perú descosido

Desbordando las costuras constitucionales, forzando y casi rompiendo el molde institucional, el presidente de la República, decidió disolver el Congreso, vía una interpretación auténtica de la cuestión de confianza —la denegación fáctica— que no convenció a todos.

La confianza se otorga, no se interpreta. Se expresa en votos, no se da por entendida, ni se deduce, ni infiere. Se constata. Y la constatación es a través del conteo de los votos. 

Pero fuera de estas disquisiciones legales que en algún momento deberá esclarecer el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el presidente ganó esta batalla a sus opositores en todos los frentes.

Y, lo más importante, afirmó su poder. En términos weberianos, podemos decir que el presidente logró ejecutar su voluntad a pesar de las resistencias encontradas. 

Esta voluntad de doblegar a sus opositores se asentó sobre dos fuerzas que terminaron consolidándolo: las Fuerzas Armadas y la opinión pública. El poder de la fuerza y el poder de la masa.

Por otro lado, hay que decirlo, el Congreso se ganó a pulso su disolución. Nunca como ahora se pudo ver tan nítidamente la tozudez y la prepotencia, la obstinación y la soberbia.

En todos los idiomas, el presidente advirtió cual sería su decisión. Lo dijo, incluso, en televisión, un día antes de ejecutar la medida. Pero el Congreso, ay, siguió muriendo.

El choque de poderes pudo haberse evitado, si anteponíamos al diálogo de sordos el trabajo fatigoso de hacer política.

Ingresamos ahora a un escenario electoral que recompondrá el tablero político. No es momento para las improvisaciones. Los partidos deberán seleccionar sus mejores cuadros. Hombres y mujeres que asuman la tarea de completar las reformas que el país necesita.

Es necesario reencauzar al Perú no solo en la senda democrática, sino en la senda del crecimiento y desarrollo. Lo que el gobierno y el Congreso disuelto no pudieron lograr deberá ser ahora tarea del nuevo Parlamento.

El Congreso de un año y medio no debe ser asumido solo como un ente que completa el periodo legislativo, sino como un órgano activo, pensante, que hace Política y logra consensos; una bisagra propositiva que concerta y diseña el renovado escenario del Perú del Bicentenario. 

Sin parches, ni remiendos. Deshilvanados como estamos, el Perú del Bicentenario lo hacemos —y cosemos— todos. 

Halcones y Palomas

Los individuos, como los grupos, para obtener algo en la naturaleza, luchan. Tienden a disputar algo que consideran vital para su supervivencia. En el reino animal, puede ser el alimento, alguna hembra o el territorio. En el mundo humano es eso y, además, el poder. 

En política, halcones y palomas no son dos especies distintas, sino dos tipos de comportamientos, dos inteligencias, dos actitudes que dirimen un proceso de negociación que tiene de cooperación y conflicto. Como en la teoría de juegos, las luchas empiezan con insinuaciones, amenazas y demostraciones de fuerza, antes que con verdaderos choques. 

Las palomas buscan imponerse mediante el diálogo, los halcones en cambio buscan resultados usando  la fuerza. Las negociaciones del premier Salvador del Solar con diversos grupos políticos del Congreso, incluyendo al principal opositor —Fuerza Popular— a los que ofreció el retorno del Senado y la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular a él, es una clara conducta de paloma. Correcta, por cierto. 

Ser paloma no es ser blando, ni miedoso. En la mayoría de los casos exige una alta dosis de sensatez y responsabilidad. La propuesta de Del Solar fue correcta. ¿Qué pasó, entonces? Un halcón encerrado no se anda con rodeos. Se lanza sobre el objetivo de manera rapaz. En todo momento hará uso de su fuerza con tal de obtener su propósito. Una mente de halcón usa todos los métodos a su alcance, incluido el engaño y la traición. 

El premier conversó de manera reservada con anuencia del presidente Vizcarra (¿así fue, no?). Pero, quizás, confió demasiado en su capacidad expositiva y de interlocución; y no se dio cuenta de que el halcón no tiene piedad al momento de apretar sus garras. Al no oficializar, ni hacer pública, su ronda de conversaciones perdió la oportunidad de obtener el respaldo de la calle. 

Una interrogante salta a la vista. ¿Qué rol asumió el presidente Vizcarra? ¿Halcón o paloma? Por lo que que acaba de señalar la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz —al parecer el presidente le comentó sobre su deseo de renunciar—, su papel fue al comienzo el de una paloma desconfiada y al final el de un halcón medroso. 

Cooperantes y explosivos, pacifistas y agresivos, conciliadores y extremistas, hay en todos los grupos. En el mundo de los humanos, los mismos actores pueden adoptar e intercambiar ambos roles por momentos e indistintamente. El premier fue claramente paloma cuando intentó una salida negociada y halcón herido al sentirse traicionado.

El peor desenlace para todos ocurre cuando ambos jugadores caen en el rol halcón-halcón. La ganancia, entonces, es de suma cero. La inteligencia, el sentido común, el deber patriótico —llámesele como se le llame— debe servir para equilibrar los roles de cooperación y conflicto. No hacerlo es terminar despellejándose unos y otros. Y en ese juego, perdemos todos.

Fin del juego

Hay un tiempo para dialogar y un tiempo para actuar. Estamos al borde de concluir el primero y los peruanos no tenemos certeza de cómo será el segundo. Es una situación sui generis en la que los poderes del Estado no han sido capaces de encontrar una vía de entendimiento, ni siquiera de acercamiento. 

El diálogo ha estado ausente, aunque no así la palabra. El presidente Vizcarra ha repetido en diversos escenarios —en provincias y foros sectoriales— su mismo planteamiento; la necesidad de terminar la crisis política vía una respuesta política: el adelanto de elecciones. 

El Congreso, en cambio, ha movido más piezas en el tablero. Ha sensibilizado el sector externo con la visita del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al secretario general de la OEA y la consulta a la Comisión de Venecia. 

La batalla final en el área legal, sin embargo, el Congreso la prepara en el Tribunal Constitucional, recomponiéndolo.

Ambas estrategias, opuestas y en rumbo de colisión, se encontrarán en una semana, a fines de setiembre, cuando se cumpla el plazo final que el ejecutivo le dio al legislativo para resolver el adelanto de elecciones y el recorte del mandato.  

¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe. Las alternativas van desde la cuestión de confianza y cierre del Congreso hasta la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta del 93 y dejar al actual Parlamento en estado catatónico. 

Cualquiera que fuera la salida, dividirá al país. No hay forma que alcancemos el consenso con fórmulas no dialogadas, sin debate, ni voluntad política. El juego oculto, las cartas bajo la mesa, el golpe, son mecanismos de maña y fuerza, no de juego limpio.

El antagonismo es consustancial a la política en la definición Schmittiana del término (amigo - enemigo), pero eso no puede ocultar que también es inherente al ser humano el esfuerzo racional que implica el diálogo y la búsqueda del consenso. 

Llevar la política al reino de lo irracional es ingresar al mundo de la antipolítica. Conducir al país por el camino de la crispación en lugar del entendimiento, la intolerancia en lugar de la tolerancia, la confrontación permanente en lugar del consenso o del término medio, es llevarlo directamente al despeñadero. 

Se viene el rayo. Ojalá la población distinga bien quiénes son los responsables de haber armado esta tormenta. 

El final se acerca

No se ve una luz al final del túnel. Tal parece que llegamos a un desenlace oscuro. Sin acuerdo conversado de salida a la crisis política. El encuentro entre Vizcarra y Olaechea no ha significado una definición. En ninguno de los dos sentidos. Ha sido un mero pulseo de fuerzas. Un diálogo de sordos.

Apenas terminó la reunión cada quien volvió a sus trincheras y reforzó sus posiciones. El Congreso gatilló primero. Disparó contra el propio presidente al proponer investigar Conirsa, Chinchero, la SUNEDU, las encuestadoras y hasta el mensaje presidencial (aunque después retrocedió en esto último).

El presidente denunció la ofensiva y replicó: “…con estas actitudes (el Congreso) no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones que hemos hecho”.

Despejada la bruma de los cañonazos, el teatro de operaciones se aclaró. El presidente, urgido por los plazos que corren, debe definir en poco tiempo si juega su carta final de la cuestión de confianza y obligar a una salida final.

Solo hay dos caminos posibles: el pacto o el choque.

Si es por pacto, las conversaciones pasan por colocar como primer punto del pacto el retorno del Congreso Bicameral, con el añadido —complicado de aceptar para la calle, pero necesario— de que los actuales congresistas puedan postular al Senado de la República.

Si se elige el choque, la vía no es plantear la cuestión de confianza insistiendo en la “esencia de las reformas constitucionales”, sino, que se tendrá que apelar a una medida más pragmática y sobre la que no quepa la menor duda de su efectividad para obtener el mismo resultado de las dos cuestiones de confianza negadas: el cambio del presidente del Consejo de Ministros. 

En la calidad y estilo del nuevo premier estará la fuerza estratégica de esta decisión.  

Así, se provoca una crisis ministerial por renuncia del actual primer ministro y se convoca a un reemplazante que conforma un nuevo gabinete el cual debe acudir al Congreso de la República, exponer la nueva política de gobierno y solicitar cuestión de confianza sobre ella.

Este camino liberaría a Salvador del Solar para asumir con libertad una tarea electoral en las nuevas elecciones generales (si quisiera).

El nuevo premier tendría que tener un rol político y ejecutivo tan fuerte que por un lado obligue al Congreso a no extenderle la confianza o, si se la da, logre impregnar eficiencia a los programas del Ejecutivo, generar confianza en los inversionistas y equilibrar el poder que actualmente emana del Legislativo. Todo al mismo tiempo. 

¿Existirá ese ser superdotado de la política? En las próximas semanas lo sabremos.

El punto de no retorno

¿Cómo llegamos a este callejón sin salida? ¿Cómo así ingresó en agenda un monstruo de dos cabezas: el cierre del Congreso y la vacancia presidencial? ¿En qué momento caímos en el agujero negro de la antipolítica?

Esta semana las posiciones del ejecutivo y legislativo no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Estamos ad portas del punto de no retorno.

El presidente Vizcarra no ha dado su brazo a torcer y sigue ventilando en calles y plazas su decisión de mantener el recorte del mandato presidencial y legislativo y el adelanto de elecciones para el 2020. 

Este es un tema no negociable, ha dicho.

El legislativo, en tanto, empieza a recabar informes especializados de constitucionalistas y organismos internacionales ante la eventualidad de que el ejecutivo pretenda disolverlo presentando una cuestión de confianza… por lo que sea.

En el post anterior decíamos que “No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos”. 

La verdad es que no se requiere solo voluntad entre las partes para llegar a buen puerto, aunque, siempre ayuda una buena dosis de deseo, intención, ganas de querer sacar adelante las cosas. 

Entre políticos son más útiles otras características, sobre todo en la mesa de negociaciones: habilidad para negociar, capacidad de decisión para concretar acuerdos y tenacidad y firmeza para llevarlos adelante.

Ceder en política, como en la guerra, no siempre es perder. Por encima de los intereses particulares de las partes está el interés del Perú.

Requerimos ciertamente una reforma profunda de la justicia, de la política, de las instituciones republicanas, pero en democracia, sin sobresaltos ni jacobinismo. Recurrir al Vox populi, vox Dei, es un argumento populista, producto de una caótica y pendular democracia de masas.

Por otro lado, conspirar contra el poder constituido es también ingresar a una senda torcida de apetitos personales o de grupo, intereses económicos acostumbrados a vivir del Estado. Es caer -otra vez- en el mercantilismo decimonónico. 

¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?

No fue el día en que Vizcarra decidió que no quería gobernar más y propuso adelantar las elecciones. Tampoco cuando PPK, arrinconado por las acusaciones y la caída de la muralla china, decidió renunciar al gobierno. Ni cuando Keiko llegó a la conclusión de que le habían robado las elecciones y decidió usar su mayoría parlamentaria para vengarse de PPK.

No, Zavalita, eso es el presente. Nosotros nos jodimos mucho antes. Nos jodimos varias veces, en varios momentos. La verdad, Zavalita, es que el Perú nació jodido.

Conversar es ceder

No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos. 

Esta semana, las cabezas de ambos poderes volvieron a levantar sus banderas, sin punto de consenso a la vista. 

El Congreso —al menos una mayoría notoria— se resiste a adelantar elecciones. El presidente, por su parte, insiste en que no hay otra salida que el recorte del mandato presidencial y congresal.

Sobre el mecanismo de adelanto de elecciones, además, se debe agregar el ingrediente del plazo. No hay tiempo para hacerlo vía referéndum, como propuso el presidente Vizcarra. Esto obligaría a aprobar la iniciativa en dos legislaturas ordinarias sucesivas, lo que implica recortar la presente y convocar a una extraordinaria solo para ese fin.

Sin un cambio en las posturas máximas de los representantes de los poderes de Estado, difícilmente habrá acuerdo. Si conversar no siempre es pactar; en este caso, para encontrar una salida, conversar es ceder.

Vizcarra (47% de aprobación personal) llega con el respaldo mayoritario de la calle a su propuesta de adelanto de elecciones (70%). Mientras que Olaechea (15% de aprobación personal) representa al Congreso de la República en su nivel más bajo de aprobación (8%).

¿Estará dispuesto el presidente de la República a ceder en su propuesta de elecciones adelantadas? Por lo que ha declarado a medios como Hildebrandt en sus Trece (HT) y Semana Económica (SE), parece que no. 

“He escuchado a algunos congresistas decir que lo mejor para solucionar la crisis es vacar al presidente. Esa es otra alternativa, que la propongan. Otra alternativa es lo que dice la gente: cierren el Congreso. Hay que analizar todas las alternativas. Lo que nosotros decimos es que se deben hacer las cosas de manera ordenada, pensando en el Perú”, le dijo el presidente a SE.

“Después de tres años de gobierno, con un presidente que renuncia, después que se intentara su vacancia, con un gabinete que cae, con ministros censurados, con normas que se presentan y que son distorsionadas por el Congreso, el planteamiento es adelantar las elecciones”, planteó en HT. 

En otras palabras, resetear la política.

Los constitucionalistas, sin embargo, coinciden en que tal como están las cosas hoy no hay razones suficientes para legalizar —ni respaldar— ninguno de los dos extremos: cerrar el Congreso o vacar al presidente. 

Y si no existen hoy, entonces, podrían también eliminarse de la mesa de conversaciones. Ni cierre del Congreso, ni vacancia presidencial, he ahí un primer punto de partida de la cita entre el presidente de la República Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. 

¿Será posible ese milagro? Después de todo, quizás no fue tan mala idea que ambos personajes se reúnan para conversar en la Iglesia San Francisco, porque una ayudita para salir de posturas irreductibles, van a necesitar. 

Armisticio político… en las urnas

No ha mejorado el clima entre el ejecutivo y legislativo tras la instalación del Congreso de la República y la elección de las comisiones ordinarias. Todo lo contrario, el jefe de Estado sufrió la baja de tres congresistas de su bancada —Aráoz, Bruce, Choquehuanca— su primera vicepresidenta y dos ex ministros, nada menos. Fuerza Popular, en cambio reelegió a Rosa Bartra en Constitución y a Tamar Arimborgo en Educación, no precisamente sus cartas más diplomáticas.

El ejecutivo llegó así a su punto más bajo de orfandad en la Plaza Bolívar. Pero, quizás, por lo mismo, sus propuestas han sido respaldadas de manera contundente en la calle. 72% se muestra a favor del adelanto de elecciones, según Ipsos Apoyo. Y 69% rechaza la vacancia presidencial, una bandera levantada por el congesista Mauricio Mulder y las bases del Apra.

No hay forma de vacar al presidente con una popularidad tan alta, a no ser por una de las causales establecidas en la Constitución. Y tampoco el ejecutivo puede cerrar el Congreso solo porque este no asuma con celeridad su propuesta de adelanto de elecciones.

Con un juego político posicionado en tablas, el país sigue sumido entre la incertidumbre y la desconfianza. 

Por si esto no bastara, en el caso Tía María, asistimos a un sorprendente descenlace en el que el propio presidente de la República, a puerta cerrada, acuerda con gobernadores y alcaldes la suspensión de la licencia de construcción a la minera Southern. ¿Se trata de una postura frente a la minería en general o es un rechazo específico contra la empresa que puede dejar la puerta abierta al ingreso de capitales de otra nacionalidad? Eso no lo sabemos a ciencia cierta.

El temor es que estas idas y venidas, marchas y contramarchas, genere una ola de reclamos a lo largo de todo el corredor minero — ya tenemos el paro de Quellaveco en Moquegua y el incendio de una planta petrolera en Piura— que ponga en peligro la ejecución de nuevos proyectos. Existen en cartera al menos 58 mil millones de dólares en el sector minería que no puden echarse por la borda.

En este escenario, la salida de elecciones adelantadas parece ser la menos mala de todas las alternativas posibles. El periodo de indefiniciones, el diálogo de sordos que se ha instalado entre los principales poderes del Estado y la posibilidad de recuperar la confianza con un nuevo gobierno, sería, al menos, más corto. 

El capítulo final lo veremos en las próximas semanas cuando el Congreso decida si se toma todo el tiempo del mundo para debatir la propuesta de adelanto de elecciones o si acelera los plazos, elimina la semana de representación de agosto, y evita que se prolongue el desprestigio político.

Recortar el mandato de gobierno no es la mejor mejor recomendación para fortalecer la institucionalidad. Pero cuando los poderes no encuentran una salida conversada, negociada y, por el contrario, sus únicos argumentos son provocaciones y gabinetes de guerra, que podrían paralizar la economía —en un contexto internacional ya de por sí adverso— lo más sensato es evitar la agonía.

Los tambores de guerra deben dejar de sonar. Y dar paso al armisticio político, en las urnas.