El miedo

 

¿Qué mueve a las sociedades?: ¿el poder, la razón, el conocimiento, la estupidez, el egoísmo, la avaricia, la envidia, el odio, la solidaridad, el altruismo, el amor?. Todas las anteriores, sería preciso decir. En distinto orden, eso sí, dependiendo de nuestros valores, sentimientos, conocimientos y experiencias de vida acumulados.

 

Pero ¿qué mueve a las sociedades y a los seres humanos en los procesos políticos?, ¿las pasiones?, esos sentimientos extremos que dejan poco espacio a la razón para ser llenados por el fuego de la sinrazón. 

 

No es la ideología, que es un cuerpo de ideas compacto, no en desuso, pero sí en abierto retroceso. 

 

Lo que mueve las sociedades, especialmente en campañas políticas, es un conjunto de ideas preconcebidas, que más proceden de la emoción que de la razón.

 

El sociólogo francés Dominique Möisi usó este lado oscuro y fulgurante que tenemos todos para explicar el comportamiento de las sociedades e identificó tres fuerzas principales: el miedo, la humillación y la esperanza. 

 

El miedo es la ausencia de confianza, explicó Möisi. Es una respuesta emocional a una percepción —real o exagerada— de un peligro inminente. 

 

Tememos a lo que desconocemos o a lo que intuimos será lesivo a nuestros intereses. Por esa razón, el miedo es opuesto a la esperanza, que requiere creer para empezar a anidarla.

 

Hoy, en el Perú, a una semana de ir a la segunda vuelta, la emoción prevalece sobre la razón, y el miedo se ha fijado muy fuerte en nuestro inconsciente, impidiendo que crezca la esperanza.

 

Esta es una elección en la que el miedo ha sepultado a la esperanza, que en definición de Möisi es sinónimo de confianza.

 

Vamos a las urnas con miedo y sin esperanza. 

 

Miedo a que, salga quien salga, el otro candidato no acepte los resultados electorales y derrapemos en un clima de inestabilidad política y más perjuicio económico.

 

Miedo a que, gane quien gane, el país no encuentre la paz necesaria entre ejecutivo y legislativo para resolver los problemas urgentes que tenemos en torno al proceso de vacunación y a la recuperación de la economía.

 

Miedo a que, se siente quien se siente en el sillón de Pizarro, el país siga movilizado en las calles y se instaure un clima de paros, bloqueos y marchas en diversos puntos del país.

 

Miedo, en fin, a que la política siga deteriorando la economía. A que suba el dólar. A que reaparezca la inflación. A que crezca la deuda externa a niveles inmanejables. Y a que se ahonde la crisis social hasta ahora controlada. 

 

La tercera fuerza que mueve a las sociedades —nos dice Möisi— es la humillación, que es la confianza traicionada. 

 

A lo largo de nuestra historia, el Perú ha tenido más humillación que esperanza. Y más miedo que confianza.  

 

Acaso, si el 28 de julio, mientras San Martín realizaba uno de los discursos más cortos en la vida política de un país tuvimos, apenas, un hálito de esperanza:

 

“Desde este momento, el Perú es libre por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende”.

 

De ahí en adelante, nos ha dominado la humillación —la esperanza traicionada—, los golpes, autogolpes, la corrupción. Otras veces, el miedo: el terrorismo, la hiperinflación, el crimen organizado. 

 

Hubiera sido deseable que al cumplir 200 años de vida republicana —entre sables y anforazos— habláramos siquiera una vez de esperanza. La esperanza de un futuro mejor para todos. Habrá que esperar.

Gracias, presidente Sagasti

En este país de desconcertadas, desmemoriadas y malagradecidas gentes, debemos hacer un alto para reconocer las cosas que se hacen bien.

 

No digo excelentes —nada lo es el mundo humano y menos en la política— pero, al menos, bien. 

 

Me refiero a la meta cumplida por el presidente de la República, Francisco Sagasti, de haber asegurado la compra de 60 millones de vacunas para este año.

 

En cualquier otra circunstancia, no habría necesidad de reconocer a un funcionario público que solo cumple con su trabajo. 

 

Y entre todos los funcionarios públicos, el primer mandatario —su título lo precede— es el primero de todos los ciudadanos obligado a cumplir con su deber.

 

Eso es lo que manda la doctrina, el sentido común y el buen gobierno. 

 

Pero en medio de tanta turbación electoral, con tanto miedo de uno y otro lado, con decisiones al borde del abismo, gestos simples como el cumplimiento del deber pasan desapercibidos.

 

Aplaudimos  la labor de los señores de limpieza pública, pero no hacemos nada para juntar en bolsa aparte los restos de nuestros contagiados.

 

Reconocemos el desempeño de médicos y enfermeras que todos los días le ven la cara al enemigo invisible, pero los insultamos y agredimos si no nos consiguen una cama UCI.

 

Nos solidarizamos con los millones de venezolanos que han huido de su país, pero subimos el vidrio del carro cuando se acercan a vendernos un caramelo.

 

Rezamos, pero terminada la misa nuestros pensamientos se inundan otra vez de mezquindad y maldades.

 

Vivimos en democracia, pero no nos importa pervertirla por un modelo que ha fracasado en todo el mundo.

 

Amamos la libertad, pero estamos dispuestos a tirarla al tacho por cerrarle el paso al otro.

 

Presidente Sagasti, gracias por haber devuelto al país, en sus cortos seis meses de gestión, sentido a las palabras confianza y decencia. 

 

Su mayor recompensa será, después del 28 de julio de 2021, caminar por cualquier calle del Perú y tomarse un café sin que la gente lo señale con el dedo.

 

Como bien ha recordado usted en palabras del mariscal Cáceres: el Perú será grande cuando todos los peruanos nos resolvamos a engrandecerlo. 

 

Reconocer y agradecer es una buena forma de empezar a hacerlo.

Pelotudeces democráticas

Que necesitemos obligar, como sociedad civil, a los dos competidores en segunda vuelta a firmar un documento para asegurar un compromiso mínimo con el sistema democrático revela hasta qué punto carecemos de ese espíritu como país.

 

Hay que estar en el sótano democrático para pedirle a los candidatos que dejen por escrito que se irán el 28 de julio de 2026, que respetarán la Constitución, que defenderán la iniciativa privada y la libertad de expresión y de prensa.

 

Sin partidos políticos institucionalizados, con un centro político licuado en el presente proceso electoral —licuado, no desaparecido, ojo—, el papel de garantes de la democracia lo han asumido las iglesias católica y evangélica y las ONG como Transparencia y la CNDDHH.

 

Pero no pasaron ni 24 horas cuando salió a la luz un audio del electo congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, encendido como su apellido: “somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”.

 

¿Cómo queda el juramento democrático del profesor Castillo frente este tipo de declaraciones? Literal, y lamentablemente, como un saludo a la bandera. 

 

Una de esas pelotudeces democráticas a la que se refiere Bermejo representa el corazón de la democracia: la alternancia del poder. Él no cree en este mecanismo que nace del respeto a la Constitución y de la propia voluntad popular. Su idea es quedarse en el poder.

 

Por si fuera poco, el propio candidato presidencial en una presentación ante los gobernadores regionales ha seguido desmadejando su plan de terminar con el sistema. A sus iniciales ideas de desaparecer el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo —reestructurar, dijo luego—, se suma ahora la propuesta de liquidar la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), el Programa Nacional de Inversión en Salud (Pronis), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) y el Programa Provías Nacional.

 

Ello con la finalidad de que estas instancias no compitan con los gobiernos regionales y locales, a los que también le quiere transferir autonomía en la recaudación de impuestos, siguiendo el esquema de estados federales y no los de una república unitaria y descentralizada como establece la Constitución. “Zapatero a tus zapatos”, refirió para remarcar su voluntad de que cada uno haga lo suyo.

 

El problema es que los gobiernos subnacionales no han sido capaces hasta hoy de lograr eficacia en la inversión de los recursos fiscales transferidos. Los gobiernos regionales tienen una ejecución del gasto público del 65%, mientras que los gobiernos locales apenas si pasan el 51%. No solo es ineficiencia o corrupción como podría pensarse, es algo peor, es incapacidad real, ausencia de capacidad técnica y de recursos humanos.

 

Hasta ahora no escuchamos un plan sobre cómo elevar el nivel de gestión pública en los niveles subnacionales. No se trata solo de descentralizar el mecanismo de control, en este caso la Contraloría General de la República, que está muy bien que se haga, sino de descentralizar también las capacidades técnicas y humanas a los gobiernos regionales y locales.

 

Se requieren gestores públicos que sepan armar expedientes técnicos, hacer seguimiento a los desembolsos y ejecutar los presupuestos con calidad y eficiencia. Hay propuestas aisladas al respecto, como que gerentes de las empresas privadas donen su tiempo asesorando a los gobiernos locales y regionales, o creando una entidad en el propio MEF que se encargue de la formación de estos funcionarios en alianza con las escuelas de Gestión Pública de las universidades, hasta abrir y empoderar una poderosa Escuela Nacional de Administración Pública. 

 

Si no elevamos la calidad del gasto público, difícilmente el ciudadano podrá sentir la presencia del Estado. Por el contrario, ante un Estado carente de servicios, ajeno o muchas veces ausente, el sentimiento de liquidar el sistema aflora con facilidad. En este caso no se trata de pelotudeces democráticas, sino de actuar democrática y eficientemente para que al final no seamos todos víctimas de unos pelotudos antidemocráticos.

Vacunas y Geopolítica

En la historia de la humanidad habrá que considerar unas líneas a los límites del multilateralismo en la lucha contra la pandemia. Ni las Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud lograron el consenso de los países más poderosos para atacar la pandemia de manera conjunta. ¿Para que sirvió entonces la globalización? ¿Para enfermarnos y no para curarnos?

 

Los países dueños de las patentes de la vacuna contra el Sars-coV-2, es decir, las transnacionales farmacéuticas de esos países, se resisten a compartir este conocimiento con el mundo, sin que ningún organismo internacional pueda hacer algo. Ni siquiera las organizaciones regionales funcionan. La Unión Europea no ha podido evitar el separatismo de Inglaterra, que defendió su propia política de tratamiento y vacunación; mientras Alemania, el corazón de la UE, impulsaba otra distinta a Italia y España, los países más afectados en la primera ola.

 

No es que no haya habido cooperación. Los laboratorios científicos públicos y privados compartieron información y avances, lo que permitió acelerar el plazo de obtención y fabricación de las vacunas. Los Estados invirtieron miles de millones de dólares en investigación, que fueron a parar a las propias y poderosas industrias farmacéuticas. Pero una vez obtenida la vacuna, estas se resisten a compartir sus patentes. 

 

Poco o nada pueden hacer los Estados hasta ahora para llevar el tema a la Organización Mundial del Comercio. Desde octubre del año pasado, India y Sudáfrica vienen exigiendo que se liberen las patentes para ellos mismos (y otros países) poder fabricar sus propias vacunas. Pero nada. El mecanismo Covax Facility, que impulsa la OMS, es una bolsa pequeña que no promueve la distribución equitativa de la vacuna, sino una compra y reparto simbólicos a los países más pobres. 

 

Los intereses económicos alrededor de las vacunas son más poderosos que la necesidad de proteger al mundo de la pandemia. Organismos internacionales calculan que unos 125 mil millones de dólares en vacunas están en juego de aquí al 2025. Sin contar en este monto la posibilidad cada vez más certera de que necesitemos dosis de refuerzo cada uno o dos años. 

 

Los países latinoamericanos poco o nada podemos hacer frente a la disputa de los gigantes de las vacunas. Brasil tiene capacidad para fabricarlas. Argentina también. Chile está intentando asociarse con Sinopharm para abrir un laboratorio en su país. Son esfuerzos muy valiosos, pero individuales. Ni la asociatividad de la Comunidad Andina de Naciones, el Mercosur o la Alianza del Pacífico funcionaron como mecanismo conjunto. Ni siquiera nos juntamos, no digo para fabricar, sino, ¡para comprar las vacunas! Es como si el comercio no tuviera que ver con la vida.

 

Recién el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció esta semana su disposición de acceder al pedido de India y Sudáfrica. Sorprendentemente, Rusia y Francia han anunciado su respaldo a la propuesta. Aún se resisten AstraZeneca de Inglaterra y BioNTech/Pfizer de Alemania, lo mismo que China, que al parecer está más interesada en su política de colocar sus vacunas siguiendo la nueva ruta de la seda. 

Mientras la ciencia conversa y comparte conocimientos, la política interviene para lograr que la economía se humanice y actúe no solo para proteger las patentes y ganar dinero, sino para salvar vidas humanas. Sin ciencia no hay futuro, decimos por aquí. Por lo que vemos en el mundo habrá que responder: ciencia hay, lo que falta es humanidad.

Bono Inclusión

El debate en Chota entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori fue revelador en varios sentidos. En primer lugar, mostró el estilo sindical en la negociación que imprimió Perú Libre. Frente a un JNE incapaz de organizar el debate, surgió una municipalidad provincial que presentó un espectáculo abierto con presencia de público. Una especie de democracia asambleísta que ni siquiera aceptó la moderación y conducción de la cadena de radio más importante del país.

 

Pero lo más importante es que se trató del primer debate a nivel de candidatos presidenciales realizado fuera de Lima, en una de las provincias más pobres del país, dentro de una región que al mismo tiempo es sede de la principal empresa minera de oro del Perú. Esta dicotomía de tierra rica y campesino pobre se repite a lo largo de los yacimientos mineros en toda la sierra peruana. Y encierra una de las paradojas conocida como: “La maldición de los recursos naturales”.

 

La lógica indica que un país rico en recursos naturales debiera ser un país sin problemas económicos o presupuestales. Pero la realidad señala que más bien ocurre lo contrario. Los países ricos en recursos naturales son pobres, desiguales e inequitativos. Una explicación es que los recursos son extraídos no por los países que los poseen, sino por transnacionales que dejan sus impuestos, los cuales se diluyen en Estados corruptos, ineficientes e incapaces. Al final del día, las regiones donde existe el recurso natural (petróleo, gas, oro, plata, cobre, litio o lo que fuera) no reciben los beneficios de la extracción, generando en la población disconformidad, enojo, desconfianza y conflictividad social.

 

La propuesta de la candidata de Fuerza Popular es algo nuevo en nuestro medio: se pasó de "agua sí, oro no" a destinar el 40% de la renta que genere la extracción de recursos naturales directamente a las familias de las zonas de influencia. Es una manera no ortodoxa —pero no por eso menos audaz— de depositar los beneficios del recurso explotado directamente en los bolsillos de la gente. Es lo que podría llamarse un Bono Inclusión. O la distribución de la riqueza empieza por casa.

 

Esta propuesta merece ser debatida por los expertos. Hasta ahora sabemos que las transferencias monetarias entregadas directamente a los beneficiarios no solo funcionan, sino que destierran el concepto paternalista de que los pobres no pueden decidir sobre su futuro. Los programas Juntos o Pensión 65 siguen esta lógica. Lo interesante de aplicar este shock económico en las comunidades campesinas es que se podría fomentar el ahorro para generar futuros emprendimientos, como ha ocurrido en el mismo programa Juntos en su segunda y tercera fase. 

 

Esto no quiere decir que el Estado deje de lado sus obligaciones en estas comunidades. El 60% restante de los ingresos requiere un Estado fuerte que vuelva tangible su presencia en forma de carreteras, educación, salud y servicios básicos. Las inversiones en estas comunidades salen así de la riqueza que genera el propio recurso, lo que equivaldría a que las industrias extractivas participen directamente en el desarrollo de las comunidades más pobres. 

 

Un Estado y sociedad fuertes consolidan la democracia. Y sociedades empoderadas con equilibrio y crecimiento económico consolidan la libertad  —en este caso, libertad de hacer con su dinero lo que mejor convenga—, base de la democracia. El camino inverso es el que vemos y utilizamos hoy en día: riqueza extrema para unos y pobreza y paternalismo —base del populismo— para todos.

 

Congreso: los no agrupados

Por decisión de los peruanos, dos fuerzas han sido seleccionadas para dirimir la segunda vuelta: Perú Libre y Fuerza Popular. Entre ambas, suman el 26% del total de votos emitidos. Es decir, ambas agrupaciones representan, strictu sensu, las dos primeras minorías.

 

Por consiguiente, existe al menos un 74% de peruanos que no votó por alguna de estas dos fuerzas políticas. Esta es la gran mayoría dispersa que tomará una decisión final el próximo 6 de junio. Juntos, pero no agrupados.

 

Desde las instituciones civiles han salido propuestas para ayudar a encausar ese proceso de dirimir. Gustavo Gorriti, por ejemplo, plantea fortalecer la sociedad civil y obligar a que los dos candidatos esclarezcan aspectos puntuales en torno a mantener y fortalecer el sistema democrático.

 

El politólogo Alberto Vergara, aplicando el minimalismo eficaz, ha reducido a cuatro palabras la necesidad de arrancar un acuerdo para hacer viable la gobernabilidad en los próximos cinco años: “No vacar, no disolver”.

 

Max Hernández acaba de anunciar que el Acuerdo Nacional puede ser el escenario para que los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta inicien el proceso de comprometerse con el país a una agenda viable y realista. 

 

En realidad, todas las propuestas se complementan con una sola condición: en ese proceso de construir y fortalecer la gobernabilidad deben participar las fuerzas políticas que ya componen el Congreso 2021-2026.

 

La sociedad civil organizada será siempre una fuerza decisiva para generar los cambios. Pero la democracia tiene sus mecanismos de representación, que exigen a las fuerzas políticas responsabilidad en el ejercicio de su tarea.

 

Con los resultados que ya tiene la ONPE, la distribución de escaños sería así: Perú Libre (37), Fuerza Popular (24), Acción Popular (16), Alianza para el Progreso (15), Renovación Popular (13), Avanza País (7), Podemos Perú (5), Juntos por el Perú (5), Somos Perú (5), y Partido Morado (3). 

 

Esto coloca, sin acuerdo alguno, a Perú Libre con 37 curules, Fuerza Popular con 24 y al resto de fuerzas políticas con 69. ¿Es posible que estas fuerzas, dispersas, diversas y numéricamente mayoritarias, se unan para formar un bloque democrático (de izquierda, centro y derecha), y proponer una agenda legislativa?

 

Sería lo ideal. La suma de las fuerzas minoritarias haciendo mayoría con la sola decisión de unirse y proponer una agenda legislativa nacional puntual que se comprometen a defender, independientemente de quién asuma la presidencia. Pero, no. No somos Suiza. Y ver a Mendoza y López Aliaga juntos es algo no solo surrealista, sino utópico. Así que por allí no va la cosa. 

 

Lo único concreto es que quien gane la segunda vuelta necesitará para gobernar los votos de este bloque caleidoscópico. La pregunta es, entonces, ¿cuál de los dos candidatos de segunda vuelta asegura una mejor conjunción de votos dentro del Congreso para gobernar? ¿Puede Castillo asegurar los 66 u 87 votos que requerirá para aprobar sus iniciativas legislativas en caso sea el próximo presidente? ¿Es Keiko la que mejor asegura esta necesidad? 

 

¿No sería bueno escuchar YA a estos grupos que gobernarán el país el próximo quinquenio? Hasta ahora solo APP lo ha hecho con una propuesta bastante sensata: no tocar lo de la asamblea constituyente hasta el 2022 y centrarse en los temas de lucha contra la pandemia y reactivación económica.

 

Estamos de acuerdo en que los candidatos a segunda vuelta se comprometan a un mínimo de puntos que asegure el mantenimiento de la democracia, la libertad y la gobernabilidad. Pero también es necesario que todas las fuerzas políticas representadas en el futuro Congreso fijen una posición. 

 

Después de todo, los votos para todo propósito se trabajan y se definen allí. 

La República ausente

 

No es casualidad que el voto del profesor Pedro Castillo recorra las nervaduras del Ande, sumando adhesiones en el norte, centro y sur. Su voto es principalmente serrano. Sucedió lo mismo en las elecciones pasadas. No sorprende, digo, que las poblaciones históricamente menos integradas al Estado nación reclamen inclusión gritando su descontento cada cinco años en las urnas. 

 

Lo que sorprende es que sigan haciéndolo democráticamente. Desafección hay en las urbes. En las zonas rurales lo que hay es abandono, pobreza y un futuro incierto. En estas zonas donde no hay carreteras, ni reservorios de agua, ni conectividad, es imposible que se quiera convencer a la gente con una campaña por redes sociales.

 

Las redes sociales que existen allí son las de carne y hueso: la familia, la comunidad, la junta de regantes, las rondas, la escuela, las Fuerzas Armadas en menor medida, y la Iglesia en sus diferentes expresiones. Y la radio y televisión.

 

Lo que este grupo de peruanos busca es respuesta a sus principales necesidades. Una agenda concreta que los haga sentir no solo compatriotas, contigo Perú, sino ciudadanos con derechos. En todos los procesos electorales esta población exige inclusión real. Son hijos de la República. Pero no reconocidos aún. Estos connacionales tienen madre patria, pero no un padre estado. Son hijos de La República ausente.

 

La descentralización que se pensó como una medida para desconcentrar la gestión, y mejorar la presencia del Estado en las regiones, lo único que repartió fue la corrupción. Las escuelas nacionales son hoy edificios fantasmales. Ni hablar de los hospitales, abandonados e insuficientes. 

 

La crisis para todos es tremenda, pero en algunos lugares del Perú es colosal y permanente. Por eso, más que la forma cómo votaron las regiones, que, repito, no es novedad, lo que debe preocuparnos es el débil respaldo que tuvieron quienes pasaron a segunda vuelta. 

 

Como señala muy bien Martín Hidalgo hoy en El Comercio, el pase a la segunda vuelta de Pedro Castillo y Keiko Fujimori es el más bajo de los últimos 40 años. Descontando el ausentismo electoral, los votos blancos y viciados, Castillo pasa con 10,6% de votos reales y Keiko con 7,4%. Con esos resultados ninguno podría haber disputado la segunda vuelta en los últimos procesos electorales democráticos. 

 

El desplome es en todos los candidatos. Keiko obtuvo 6 millones de votos el 2016 y Pedro Pablo Kuczynski 3 millones. Ahora, Castillo obtiene alrededor de 3 millones de votos y Keiko no llega a 2 millones. La explicación no puede ser solo la crisis pandémica o la sola desafectación por la política. 

 

Podríamos estar ante algo más profundo. Parodiando la jerga de los abogados sería una especie de conjunto real de razones que tiene como resultado un resentimiento del sistema. O como señaló César Hildebrandt hace unas semanas, quizás estemos ante la primera señal del surgimiento de una auténtica oclocracia, el gobierno de las muchedumbres, en la definición de Aristóteles.

 

Las razones para llegar a esa nueva realidad son muchas, pero en la base, de todas maneras, está la combinación letal de corrupción y pandemia. Una respuesta al canibalismo político observado en plena pandemia. Políticos insensibles, capaces de arrancarse el poder a dentelladas. Angurrientos de poder y fortuna, carentes de eficacia para comprar oxígeno o vacunas, e incapaces para escuchar y resolver los problemas permanentes del Ande. 

Fracasamos todos

 

Para curar una herida primero hay que limpiarla, desinfectarla, cauterizarla. Y eso duele. Así que empecemos con este proceso político profiláctico de una buena vez, antes de conocer los resultados electorales del domingo. 

 

Pensamos que la democracia era superior a la dictadura. Y lo es. Más en teoría que en la práctica, porque depende mucho de quiénes la detenten, quiénes obtengan la representación, quiénes formen el gobierno.

 

Junto a buenos sistemas, necesitamos buenos hombres. La democracia es el menos malo de los sistemas políticos. Pero dependiendo de quiénes gobiernen esta puede tener los resultados desastrosos de cualquier régimen. 

 

Y una democracia fracasada es lo más parecido a un Estado fallido.

 

En ese sentido, fallamos todos. Falló el sistema que propuso crecer, pero no distribuir. Y fallaron los gobernantes que no estuvieron a la altura. 

 

¿Cómo llamar a este Perú doliente, que tiene ciudadanos del siglo XXI globalizado, y otros que a duras penas sobreviven en el siglo XVI con viviendas de piedra y techo de paja?

 

¿Qué nombre le damos a un Estado y a un sistema que fracasaron en asegurar la salud de los ciudadanos, que no les provee oxígeno ni puede vacunarlos adecuadamente?  

 

¿Cómo identificamos al país que tenía solo 100 camas UCI al desatarse la pandemia, que hoy exhibe el más alto número de muertos por mil habitantes y el más alto número de empleos perdidos?

 

Tiene razón, presidente Sagasti. Fracasó el Estado. Pero también sus administradores pasajeros.

 

Fracasamos en educación, no solo cuando comprobamos que estamos en el sótano en comprensión lectora y en matemática, sino cuando vemos a niños del Ande y de las zonas conurbanas de Lima subir a los cerros en busca de señal de internet.

 

Fracasamos en seguridad cuando vemos a diario en las noticias que en el Perú te matan por robarte un celular. 

 

Fracasamos en imaginar un mercado con igualdad de oportunidades para todos cuando lo que vemos en la práctica es a los mercantilistas de siempre. 

 

Pero, sobre todo, fracasamos en lo ético y moral cuando vemos a todos los últimos presidentes —democráticos o no— presos o acusados de corrupción. En el último quinquenio, cuatro jefes de Estado ocuparon la silla precaria y devaluada de Pizarro.

 

Y así vamos a las urnas, con esa bronca en la boca del estómago. 

 

Pero, en realidad, fracasamos todos. 

 

En medio de la pandemia más espantosa, los partidos ni siquiera han podido hacer un esfuerzo por acordar, consensuar, unirse. 

 

En lugar de eso, han actuado con el egoísmo y la tozudez de siempre, como si no hubiera pandemia, como si no faltara oxígeno, como si no vieran las banderas blancas en los cerros.

 

Fracasamos todos. Y lo volveremos a hacer. Somos reincidentes contumaces.

El monstruo populista

El populismo es un monstruo. Ha despertado en estas elecciones, pero siempre estuvo allí. En cada elección asoma su figura de varias cabezas —algunas de izquierda, otras de derecha—, aupado en la desesperación y la ignorancia. Como nuestras peores pesadillas, es una creación propia como ajena. Es fruto de nuestros actos. De gobiernos que fracasaron. De democracias fallidas.

 

Pero no es un monstruo repulsivo. Todo lo contrario. Atrae a las masas. Les encanta. Las seduce. Más ahora en plena pandemia, con millones de puestos de trabajo perdidos, hospitales desbordados, hambre en los cerros, vacunas que no llegan y enfermos sin oxígeno que se curan con cañazo y sal. 

 

En medio de la hecatombe política, económica, social y moral que vivimos, el populismo se pasea, repta por los extramuros de la ciudad y del campo, arrastrando adeptos. Lo siguen los sin voz, sin trabajo, sin escuela, sin techo, sin comida, sin futuro, sin esperanza. Los que no tienen Estado, ni escuelas, ni salud; solo fuerza de trabajo, cada vez más endeble y vulnerable.

 

Para ellos el populismo no es absurdo ni irracional, sino una legítima opción frente a su situación de abandono. Un legítimo reclamo, podría admitirse. Si no hay atención hospitalaria, ni medicinas, ni trabajo, ni nada parecido a servicios de un Estado decente, ¿por qué no pensar en regular el precio de las medicinas, de los combustibles y aumentar el salario mínimo y entregar comida gratuita a los pobres? 

 

Para los peruanos sin educación, sin salud adecuada y en estado de sobrevivencia permanente, el populismo no es una locura. Es una medida desesperadamente lógica y racional. Es su tabla de salvación. Una boya a la cual aferrarse en medio de un mar de abandono y desolación. Cada quien vota por quien cree que lo beneficiará.

 

Sin problemas básicos resueltos de tercer mundo no esperen una votación decente de primer mundo. Nuestra democracia adolece de cimientos sociales como para pensar en construir los siguientes pisos de derechos políticos. Es por eso un sistema precario. 

 

Los derechos económicos y sociales tienen aún serios déficits en nuestro país como para aspirar a una democracia institucional. La encuesta ENAHO 2018 indica que 53% de peruanos tienen alumbrado público, energía eléctrica en casa, agua potable, teléfono, celular y conexión a internet. La otra mitad es el caldo de cultivo del populismo. 

El país es un zapallo partido en dos. Una mitad mira el mundo con sus necesidades básicas satisfechas, con un porcentaje de ella preparada para competir en el mundo global. La otra, se acuesta sin saber qué comerá el día siguiente; vive con el riesgo de quedar atrapada en los muros de la pobreza.

 

El monstruo populista crece en esa laguna negra alimentada por años donde se han desatendido las demandas ciudadanas primarias: derecho a la educación, a la salud, a la justicia. En esa sanguaza de necesidad, los cantos de sirena del populismo atraen a los que nada tienen que perder.

 

El próximo domingo iremos nuevamente a las urnas. El monstruo estará allí. ¿Qué harás con tu voto?

 

Fragmentados y subrepresentados

 

A dos semanas de las elecciones generales, el país luce fragmentado y subrepresentado en sus opciones político-electorales.  Ningún candidato ha captado las simpatías de la población. El que encabeza las encuestas tiene menos del 12%. En elecciones pasadas a estas alturas el primero ya bordeaba el 30%. 

 

Después de 10 elecciones presidenciales desde 1980 a la fecha, con cinco presidentes en el último quinquenio, la sensación de que la política ha fracasado en asegurar el bienestar y desarrollo es evidente. En un contexto de aumento de la corrupción en todos los niveles y con una pandemia que solo ha desnudado la incapacidad gubernamental.

 

Nadie cree en nada ni en nadie. No en vano nuestro país encabeza en América Latina el grupo de países con menos credibilidad en los partidos políticos. Entre el 80% y 90% de los peruanos no tiene interés en la política ni se identifica con partido político alguno.

 

En esas condiciones de extrema precariedad, los partidos tampoco han hecho su trabajo de  reflexión, ni confluencia, ni para conseguir la unidad. La pandemia no ha hecho más que confirmar esta percepción de una política que no sirve para entregar resultados. ¿Qué es sino un sistema de salud con 100 camas UCI al inicio de la covid-19? ¿Y qué tipo de Estado no puede siquiera asegurar un balón de oxígeno?

 

Ningún gobernante podrá enfrentar solo el desafío de devolver a la política su verdadera razón de ser. Necesitará una gran capacidad para convocar a los mejores y para concertar acuerdos. Pero, en lugar de eso, vemos solo ataques y una tremenda crisis de confianza.

 

Más que una nueva Constitución, necesitamos constituir un Estado austero, honesto y eficaz. Si solo se cumplieran estas tres características nos ahorraríamos 23 mil millones de soles, que cada año engordan los bolsillos de los funcionarios públicos.

 

El crecimiento económico en sí mismo no es el fin, sino el medio. Al crecimiento del primer plato se le debe agregar la justicia social en el segundo plato para equilibrar la balanza del Buen Gobierno. 

 

Eso requiere evitar el populismo como mecanismo de acción. El debate que queremos escuchar es ¿qué tipo de Estado queremos tener? Ni un Estado que regale todo. Ni uno que todo lo regule.

 

Es verdad que la acumulación excesiva de poder económico genera distorsiones en la sociedad; pero, para eso no necesitamos un Estado que castigue ni que persiga, sino un Estado promotor, regulador, que permita un equilibrio sano entre el capital y el trabajo.

 

No hemos compensado nuestras diferencias de oportunidades. Crecimos, pero desarrollamos poco. Y compensamos menos. ¿Qué pensará una madre de familia cuando escucha a un político y luego para alimentar a sus hijos tiene que abrir una olla común y cocinar con leña?

 

Felizmente aún somos un país donde la solidaridad se expresa en las familias, en los barrios, en el campo. Un país donde los jóvenes tienen un marcado compromiso y voluntad de servir. 7 millones de peruanos son menores de 30 años. Y casi el 10% de ellos serán nuevos votantes. 

 

Ellos están esperando un mensaje de esperanza. Un mensaje nuevo que represente la esencia de la democracia y que recupere la confianza. La crisis y la emergencia no pasarán con el nuevo gobierno. No hay panacea. Pero al menos que exista horizonte. Por eso, pensemos bien la importancia de nuestro voto este 11 de abril.