El paro de julio

Julio no solo es el mes de las Fiestas Patrias, los desfiles militares y el circo, sino también el mes de los paros. El del 79, que marcó el inicio de la apertura hacia la democracia, tuvo lugar un 19 de este mes. Dos décadas después, la marcha de los cuatro suyos, nuevamente para recuperar la democracia, fue también en julio.

 

Si agosto es el mes de los vientos y octubre de los temblores, ¿por qué no considerar a julio como el mes de los paros y las movilizaciones?

 

Como mencioné en estas mismas páginas en julio de 2008, el paro es un instrumento político y una oportunidad para medir fuerzas entre el gobierno y los instigadores del paro, ya sea a nivel nacional o local. 

 

Entre estos dos antagonistas se encuentra la gran mayoría de la sociedad, que se mantiene al margen de los paros y los asuntos políticos más elementales. "Es una mayoría silenciosa que observa los acontecimientos en la televisión. Y eso".

 

Si bien este razonamiento sigue siendo válido, en esencia, existen diferencias entre el paro del 19 de julio de 1979 y el convocado para el 19 de julio de 2023. La diferencia no solo radica en el tipo de gobierno que vivimos en ambos periodos (dictadura versus democracia), sino también en las características de la sociedad que soporta ambas formas de protesta.

 

En los años setenta, el Perú experimentaba los estragos ideológicos de la Guerra Fría y, tanto en la política como en la sociedad, los sindicatos eran organizaciones sociales representativas. La gente aspiraba a tener empleos formales y, de ser posible, se sindicalizaba.

 

Hoy en día, con una economía informal que supera el 80%, los trabajadores sindicalizados son una especie de rara avis. Tanto es así que los sindicatos ya no convocan a paros nacionales, sino a jornadas de protesta.

 

La prueba ácida de la sociedad informal en la que vivimos la experimentamos en la pandemia. La idea de parar la economía cerrando centros de producción y oficinas para frenar el contagio, fracasó.

 

Las millones de personas que viven del día a día no pueden permitirse el lujo de detenerse o encerrarse en sus hogares. Para estos compatriotas desprotegidos, el dilema consiste en arriesgarse y salir a trabajar o encerrarse y morir.

 

Algo parecido sucede con los paros. Una medida de fuerza solo es contundente si existe una plena conciencia de la necesidad de parar, no en los organizadores del paro, sino en la mayoría silenciosa. 

 

Nadie está obligado a hacerlo, pero tampoco se le puede impedir. No es necesaria la violencia, ni siquiera la manifestación pública de salir a marchar. Basta simplemente con la voluntad de parar.

 

No parece ser ese el ánimo de la gente hoy en día. ¿Qué podría cambiar esta situación y hacer que un paro no masivo tenga consecuencias políticas? El nivel de violencia (y muertes) que se genere. Estamos todos advertidos.

 

 

 

La democracia bajo asedio

Al final, estallaron las movilizaciones. No las que reclamaban la renuncia de Pedro Castillo por las denuncias de corrupción, sino las del interior del país que exigían su liberación, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones generales y nueva asamblea constituyente.

 

El alto grado de violencia y destrucción de estos estallidos, los ataques a objetivos estratégicos precisos en diversos puntos del país y los mensajes instigadores de políticos extremistas denotan un bien montado plan para socavar el orden público, mezclado con espontáneas y legítimas manifestaciones de protesta. 

 

Las turbas atacaron aeropuertos e incendiaron locales del Ministerio Público, Poder Judicial, comisarías; e irrumpieron en empresas privadas como Danper y Laive, en Arequipa; asaltaron la planta de gas en Kepashiato, la central hidroeléctrica del Mantaro; apedrearon tiendas, comercios; quemaron garitas de peaje, buses y autos particulares; interrumpieron la red vial nacional; generaron disturbios y saqueos.  

 

No es la manera como se reclama en una democracia. Es más bien una forma de asonada contragolpista de grupos que no creen en el sistema democrático en contubernio con guetos financiados por una economía ilegal que viven de la informalidad, la ilegalidad, la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado y el sicariato. 

 

Estos grupos radicales son los que ponen hoy la democracia bajo asedio, a quienes el Estado debe identificar y diferenciar de quienes legítimamente salen a protestar exigiendo nuevas elecciones generales. No es lo mismo pedir el cierre del Congreso que disparar un arma hechiza contra un policía o soldado.

 

Hasta el momento se cuentan veinticinco víctimas civiles por enfrentamientos con las Fuerzas del Orden. Es lamentable y doloroso conocer este saldo luctuoso. El uso de la fuerza debe ser proporcional. Y cualquier exceso debe ser investigado y castigado. 

 

El Estado es el propietario del uso legítimo de la fuerza. Nosotros, los civiles, le entregamos esa responsabilidad cuando decidimos vivir en sociedad y dejamos de usar la violencia para resolver nuestras diferencias entre individuos. 

 

Cuando grupos violentos rebasan el poder de la policía nacional, cuando se bloquean carreteras, aeropuertos y se atenta contra la propiedad pública y privada paralizando las actividades económicas, conculcando derechos civiles y sociales, el Estado debe recurrir al uso extremo y legal de su fuerza. Y esta, en estado de emergencia, como sabemos, la ejercen las Fuerzas Armadas.

 

Por supuesto que se condenan los excesos. Ningún soldado en democracia debe apuntar sus armas contra sus ciudadanos. Pero tampoco los ciudadanos pueden irrumpir de manera violenta contra el orden y tranquilidad pública, e imponer su poder a costa del terror. 

 

No se puede tomar un aeropuerto, dañar sus instalaciones y pretender que la democracia no actúe en defensa inmediata de la gran mayoría de ciudadanos afectados por esa conducta criminal. Para eso existe la fuerza pública. Si la democracia es puesta bajo asedio, debe defenderse. 

 

 

La Patadita: fue ayer y no me acuerdo

Que el congresista Jorge Del Castillo diga ahora que el paro del 2004 –el de Alan García y su patada– no buscaba apurar la salida del presidente Toledo puede ser un arrepentimiento tardío.

Pero también un reacomodo de los hechos.

Aquella vez el APRA apeló a su vieja táctica de agitar las masas y provocar el caos para arrinconar al gobierno y ver si ganaba a río revuelto.

Más o menos lo que intenta hacer ahora la izquierda radical con su gobierno.

Ese día, 14 de julio del 2004, García se puso al frente de la agitación y la violencia.

Militantes del Partido aprista se movilizaron desde tempranas horas para sembrar el caos.

En Alfonso Ugarte se acopiaban llantas que luego fueron incendiadas en el centro de Lima.

La policía detuvo a los regidores Otto Alvítez, de Comas y Antonio Sánchez Vázquez, de Los Olivos. Se les encontró “material pirotécnico y objetos punzantes para desinflar llantas, y combustible”, informó la prensa.

Ante estos hechos que demostraban el origen de la violencia, Mercedes Cabanillas sólo atinó a decir que el Gobierno "infla situaciones" para desviar la atención de la ciudadanía del "éxito del paro".

El propio Alan García, intentó rebajar el nivel de la denuncia: "Si se va a detener a las personas por llevar unas avellanas, que son unos cohetes voladores, hemos caído al nivel de las fiestas infantiles y las piñatas".

Enseguida agregó algo que parece dominar sus pensamientos más profundos: (además, dichos artefactos) "no matan a nadie".

Sobre la orden para que las Fuerzas Armadas resguarden los servicios públicos estratégicos como agua, energía, puertos y aeropuertos, espetó: "Es una respuesta descarada, abusiva y exagerada, propia de una dictadura".

Hoy el país enfrenta una nueva jornada de protesta.

Y los argumentos de ayer se vuelven contra quienes los enarbolaron el 2004.

El gobierno recibe de su propia medicina.

La diferencia es que la oposición democrática no prepara a sus militantes para sembrar el caos; no acopia llantas en su local partidario para quemarlas en las calles; no adiestra a sus seguidores para poner barricadas y levantar fogatas; no subvierte el orden, ni pretende adelantar las elecciones.

La oposición democrática considera el paro como una expresión de protesta, legítima y constitucional.

El paro, la huelga o la movilización son parte del derecho a la participación política de los ciudadanos.

Nadie debe asombrarse por ello. Se puede parar para decirle al gobierno basta ya de tanta desidia, basta ya de tanto copamiento, basta ya de tanta corrupción. Rómulo León está libre. Esa es la realidad.

La insurgencia de las comunidades amazónicas

Las comunidades indígenas amazónicas se han declarado en insurgencia contra el gobierno del Presidente García. Tras más de mes de estar en paro y haber jaqueado importantes ciudades y centros de producción petrolera, el diálogo sostenido con la Presidencia del Consejo de Ministros se ha roto llevando al fracaso las negociaciones.

No parece haber punto de conciliación. Las comunidades nativas esperan la derogatoria de los decretos legislativos dados por el gobierno al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para cerrar el TLC con los Estados Unidos. El gobierno, por su parte, pretende aprobar los dispositivos.

De lo que se trata es de la manera en que se disponen extensas áreas de selva a concesionarios privados ansiosos de explotar hidrocarburos –petróleo y gas- y recursos forestales en general.

Los indígenas señalan que el Estado no puede enajenar sus tierras; tierras que sus ancestros ya habitaban, aún antes de la aparición del Estado.

En el fondo, son dos concepciones opuestas de entender el derecho de propiedad.

Este paro indígena y el llamado a insurrección es el fracaso de la política del Perro del Hortelano que el Presidente García impulsó para privatizar la Selva.

Las comunidades indígenas no han sido consultadas.

Todos recordamos agosto del año 2008, cuando las comunidades indígenas de la Amazonía se pusieron de pie para decir No a los Decretos Legislativos, 1015, 1073, 1064, 994, 1020, 1064,1081 y 1090.

Luego de una gran movilización el Congreso derogó dos de los dispositivos legales: el 1015 y 1073 que cambiaban el quórum para aprobar las decisiones comunales.

Las normas aprobadas por el gobierno coinciden con un acelerado proceso de concesiones mineras y petroleras en estos territorios. El objetivo escondido sería entregar estas tierras para bio-combustible.

¿Puede el Estado disponer de los recursos que el suelo o subsuelo amazónico tienen en su seno? Por supuesto. Lo que no puede hacer es ignorar los beneficios a que tienen derecho las comunidades indígenas que viven sobre el territorio.

La experiencia histórica no ha sido nunca favorable para el pueblo amazónico. Se explotó el caucho, el petróleo, el oro y nada cambió para ellos. La desconfianza está instalada en la memoria colectiva de su pueblo. Ni la amenaza de muerte parece disuadirlos. “Si quieren matarnos, entonces, nos matarán”, ha dicho el dirigente Alberto Pizango. Ojalá la sangre no llegue al río.

El paro en la vecindad

Si Mario Huamán es el Chavo del Boche; entonces habría que admitir que Alan García es el Profesor Tirapalos. Ayer, después de sacar las Fuerzas Armadas a la calle, mantener spot de Vladimiro atancando al Sutep, detener a 216 manifestantes, puso su cara de yo no fui y nos invitó a tomar una tacita de café, señalando que no es necesario quemar llantas para escuchar el reclamo del pueblo.

El paro ha tenido un primer éxito: ha puesto en relieve que no vivimos en una bonita vecindad. Y que pese al crecimiento de la economía, que tiene obnubilado al gobierno, hay una gran mayoría en el país que llega con las justas a fin de mes sin tener cómo pagar la renta.

El paro se sintió. No en vano ocupó la mitad de los noticieros de televisión de anoche. Hubo excesos condenables, por cierto, pero fue la primera señal clara de que no basta el discurso del crecimiento para contentar a las masas. Es más, en un país con desigualdades abismales donde el quintil más rico gasta en alimentos 18 veces más que el quintil más pobre, las cifras de la abundancia exacerban la protesta.

Este no ha sido el primer paro contra el modelo económico que tiene el Perú desde 1990. ha habido varios con esa bandera en todos los gobiernos de esa fecha hacia adelante. El del 2004, por ejemplo, en el que participó Alan García fue más allá: pidió la cabeza del gobernante democrático de turno.

El de ayer ha sido más bien el primer paro en medio de la abundancia. Como muy pocas veces en su historia, el Perú puede exhibir hoy cifras económicas en azul. De ahí que este sea en realidad el primer paro ante la desigualdad del crecimiento. No se ha sentido en Lima, pero ha sido fuerte en el sur del país, en la selva, los lugares donde el crecimiento no llega.

El paro también ha sido más la expresión de las fuerzas antisistema que de las organizaciones sindicales o políticas. Los partidos democráticos, las autoridades regionales y los representantes oficiales, miembros del Congreso, una vez más, han quedado fuera de la fiesta. Su espacio ha sido ocupado por Frentes regionales, movimientos barriales, locales y fuerzas radicales dispares, difíciles de articular en una plataforma que no sea la de volver a fórmulas del pasado.

La mayoría fue a trabajar porque no le quedaba otra. Pero que no se lea mal esta situación. El tono del discurso de ayer del Presidente García, demuestra que al 9 no le sigue tan fácilmente el 10 y luego el 11. El paro ha sido una señal de alerta. Si en verdad se quiere mejarar las cosas será mejor que se escuche con oído más fino lo que dice la calle. No vaya a ser que un día de éstos, el pueblo, en verdad, no le tenga paciencia.

Paro + Perú
Movilización social + Perú
Alan García

Yo paro, tú tampoco

El paro es un instrumento político. Es una herramienta, una postura, netamente política. Aún si su plataforma fuera cien por ciento laboral, ésta, en esencia, es una respuesta política.

El paro es además un derecho. Está consagrado en la Constitución y como tal una de las virtudes de la forma de gobierno entre los hombres.

Parar es protestar en democracia. Nadie está obligado a hacerlo. Pero tampoco impedido de ello.

El paro es una respuesta de un sector o grupo de interés sobre aspectos económicos políticos con los que no está de acuerdo. Por eso es también una válvula de escape.

Un paro igualmente es una oportunidad para medir fuerzas. El gobierno versus los que paran, si es nacional. Las fuerzas que realizan el paro versus los gobernantes sean del nivel que sean.

La gran mayoría, por lo general, es ajena a los paros. Como a los asuntos políticos más elementales. Es una mayoría silenciosa que observa los acontecimientos en la televisión. Y eso.

Si esta mayoría no sale de sus casas por falta de transporte o de seguridad, los que convocan el paro los suma a su causa; por el contrario, si salen a trabajar, el gobierno los mete en su estadística.

Puede que, en el fondo, los directamente afectados de uno u otro lado no estén precisamente en ninguno de los bandos. Es gente que circunstancialmente se ve envuelta en el paro y sus consecuencias.

Un paro es contundente si hay conciencia de parar. No es necesaria la violencia. Ni siquiera el acto público de marchar. Simplemente basta la voluntad de parar.

Este acto se expresa en hechos que sí nos afectan. Que la panadería no venda pan, que el tendero no abra su tienda, que el mercado no funcione, que el transporte no circule.

Si todo ello ocurre a la vez, el paro se hace sentir. Si sucede lo contrario, entonces, pasa desapercibido.

De cómo se incline la balanza –en esta tensión de fuerzas– dependerá que el gobierno escuche las demandas del paro.

De todas formas, siempre es mejor escuchar lo que dice la calle. Y como gobernante de turno es más responsable y democrático atender antes que ignorar.


paro nacional + Perú
Protesta + Perú
CGTP