Es difícil ver el tema del gas sin la anteojera política. Y más complicado aún, despojar del debate público la fuerte carga de distorsión ideológica que conlleva. Es muy rentable para ciertos políticos levantar hoy banderas nacionalistas y decir “el gas no se vende”, “el gas debe servir para el desarrollo interno”.
Claro que el gas debe servir para el desarrollo local. Pero lo que callan estos grupos es que no tendríamos hoy molécula alguna de gas si no se hubiera considerado la venta al exterior de una parte de las reservas.
El gasoducto de Las Malvinas hasta Lurín demandó una inversión de alrededor un mil millones de dólares. Y costó el doble levantar la planta de licuefacción de Melchorita.
¿Podía el Estado peruano asumir ese riesgo? Por supuesto que no. Y tampoco un grupo privado solo. Por eso tuvo que intervenir un consorcio internacional para hacerse cargo de tamaña inversión.
¿Iban a venir por nada esos capitales? ¿Podrían el mercado de Cusco y Puno respaldar una inversión de esta envergadura? Probablemente ni en cien años. Es la verdad.
Por eso es que se privilegió el mercado de Lima como la primera etapa de venta del gas y allí están los resultados: empresas de energía eléctrica que cambiaron petróleo por gas, fábricas de vidrio, cementeras, siderúrgicas, gasocentros, taxis, buses que hicieron lo mismo.
Es la paradoja de los recursos naturales. Enterrados no sirven de nada. Y cuando se les extrae, transporta y comercializa –y se transformen en recursos económicos–, por lo general, la zona de origen no disfruta de su beneficio.
Como señala bien el editorial de hoy de El Comercio ¿cómo es posible que niños de Puno mueran de frío, “estando tan cerca de los yacimientos gasíferos que podrían generar fuentes de calefacción”?
El desarrollo generado por la explotación de recursos naturales debe ser para todos. No sólo para las empresas, sino para los todos ciudadanos, especialmente para aquellos lugares donde se encuentra el bien.
Es complicado, sin embargo, admitir que el desarrollo no llega a todos al mismo tiempo. De esta argumentación se valen los que critican el tratamiento que se ha dado al gas de Camisea para levantar sus banderas políticas.
Camisea es obra de cuatro gobiernos. Fujimori que inició la licitación internacional para sacar el gas de la tierra (luego que García I fracasara en su negociación con la Shell), Paniagua que firmó el primer contrato de explotación, Toledo que posibilitó atraes capitales y concretar el proyecto, fijando una parte para la exportación y García II que finalmente exportará el gas y dará inicio a la industria Petroquímica.
¿Ponen en riesgo los contratos de exportación el consumo nacional del gas que necesitamos para nuestro crecimiento y desarrollo? De ninguna manera. En primer lugar, nadie pudo prever el crecimiento sostenido de casi 7 por ciento en el periodo 2002-2007. En segundo lugar, de mantenerse este ritmo, y demandar más gas, existen las cláusulas para determinar su emergencia y reorientar su consumo hacia el mercado local. Lo hizo Rusia cuando una ola de frío azoló su país y restringió el suministro a Europa, y lo hizo Argentina cuando cortó los ductos de gas a Chile. El Estado es soberano de sus recursos y ante cualquier situación de emergencia puede ejercer plenamente este derecho.
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