Rafael Rey se escandaliza porque el gobierno de Alejandro Toledo se allanó a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para casos de terrorismo.Rey no entiende que el allanamiento es un acto jurídico procesal. Válido dentro de un orden jurídico supranacional, de carácterl vinculante, como es la CIDH.
El Estado peruano se adhiere a este orden jurídico extensivo mediante un tratado internacional. La Constitución peruana señala que el Perú es respetuoso de los tratados internacionales.
Rafael Rey desconoce lo que es respetar la Constitución Política de un país democrático y los tratados internacionales que éste suscribe.
Respetar los tratados es un acto emanado de un país democrático. Rafael Rey no entiende lo que es el comportamiento democrático. No entiende lo que es Estado de derecho. No entiende, en definitiva, qué es la democracia.
Rafael Rey confunde las cosas; las revuelve y tergiversa. Trona que se haya pagado una indemnización a una terrorista. Brama que se haya pagado una reparación civil a quien ha cometido crímenes en contra de policías, campesinos y miembros de las Fuerzas Armadas.
Ha dicho, erre con erre, Rafael que: “Fue debido al allanamiento del Gobierno peruano que la Corte Interamericana emitió fallos que indicaban que si el propio Estado reconocía que condenó a un terrorista indebidamente, no solo tenía que volverlo a juzgar sino, además, pagarle una indemnización”.
Rafael Rey miente. A Lori Berenson, el Estado peruano no le ha pagado ni indemnización, ni reparación civil. En este caso concreto, lo que ha hecho el Estado peruano ha sido pagar los gastos administrativos que la CIDH calcula efectuaron los padres de Lori Berenson para defender a su hija de un juicio de pacotilla, con tribunales sin rostro y sin respetar el debido proceso.
Lo que hizo el Estado peruano fue pagar los errores del sistema de justicia fujimorista. No hay aquí indemnización, ni reparación civil a la sentenciada, sino devolución a sus padres de los gastos realizados en un proceso judicial no democrático.
Si el juicio se hubiera realizado con un Poder Judicial autónomo y respetando el debido proceso, no tendríamos obligación de reconocer gasto alguno.
En total, el perverso régimen de justicia del fujimorismo, originó que el Estado peruano tuviera que pagar 31 millones 482 mil 382 soles en gastos administrativos, reparaciones civiles, indemnizaciones y violaciones del debido proceso.
Para ello fue necesario solicitar al Congreso de la República un crédito suplementario. Ello dio lugar al Decreto de Urgencia 030-2005 y su anexo, en el que se registra con claridad el pago a los padres de Lori Berenson, pero también las indemnizaciones a los ex magistrados del Tribunal Constitucional, Delia Revoredo y Rey Terry, así como los deudos de la matanza de Barrios Altos.
Todo clarito y de acuerdo a ley, cumpliendo el debido proceso que diferencia a un estado democrático, de uno que no lo es; y acatando un fallo vinculante de un organismo supranacional del que formamos parte, merced a un tratado internacional.
Pero esto es algo que ni Rey ni otros entienden, ni quieren entender.
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