Se inicia la guerra desinfomativa

(Desde Washington) Es una guerra política y está declarada. Ha empezado temprano, cuando aún no todos han definido su candidatura. Pero anuncia lo despiadada que será la campaña electoral presidencial. Esta guerra desinformativa consiste en acusar al gobierno de haber sido débil ante el terrorismo, haber flexibilizado la legislación antiterrorista, y haber liberado a los terroristas y, en el colmo de la genuflexión, haber pagado indemnizaciones oprobiosas a quienes atentaron contra el Estado.

Es también una guerra mentirosa. Esconde a los verdaderos responsables de haber convertido al Perú en un paria. Si García aisló financieramente al Perú en los ochenta, Fujimori lo hizo en el ámbito de países democráticos en los noventa. Evade la constatación de hechos de que los juicios llevados a cabo durante el régimen fujimorista obligaron a que el Perú sea sentado en el banquillo de los acusados. Sin garantías procesales, las inversiones se resisten.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los procesos judiciales de jueces sin rostro no tuvieron garantías procesales. ¿Qué los terroristas no tienen derechos individuales? Hasta el más despiadado criminal los tiene. Si no somos capaces de reconocer esto, no habría valido la pena haber dejado las cuevas.

Para reparar esa incongruencia con los valores superiores de la democracia, la CIDH dictaminó que se paguen los costes administrativos que hubieren sido producto del error fujimorista. Nada de esto cuenta ahora. Apristas, fujimoristas y castañedistas han alineado sus baterías contra Toledo, por motivos diversos, y cada quien jalando agua para sus propios molinos. Los primeros lo odian por un revanchismo; los segundos se han quedado con sangre en el ojo; y los terceros quieren pulverizar a quien consideran su rival político. En lo que todos coinciden es en agarrar a Toledo como puching ball.

Ahora resulta que allanarse es sinónimo de arrodillarse o claudicar, en lugar ser simplemente el acatamiento de una sentencia a la que el Perú está obligado por ser firmante de un tratado internacional. Lo que sigue en esta comedia negra es seguramente que en el Congreso se trame la formación de una comisión investigadora con un solo objetivo: reescribir la historia acusando de los errores del pasado a un tercero y, de paso, sacar del juego al competidor político que se teme.