El conflicto social es parte de la vida en sociedad. No hay sociedad inmune al conflicto social. El problema es que en su etapa inicial, larvaria, por lo general, no ocupa la atención de los gobernantes, ni de los medios de comunicación. Pasa desapercibido. Es invisible.Sólo en su última etapa -el estallido social, la marcha de sacrificio, el paro indefinido, la asonada violenta-, el conflicto social, logra captar la atención de los decision makers y de los mass media. El conflicto social se presenta entonces como un desborde al poder constituido, un desconocimiento a las instancias sub-nacionales del poder que amenaza el statu quo, un movimiento violento al margen de la ley.
En ese punto, el Estado se defiende y no le queda más remedio que imponer el orden apelando a la fuerza púbica; con el costo en vidas humanas que esto conlleva. Bagua, Puno, Huancavelica, son sólo algunos ejemplos. La pregunta es por qué esperamos que los conflictos sociales lleguen a esta última etapa. ¿Qué está fallando en las estructuras del Estado que es incapaz de atender las demandas sociales en su nivel de gestación?
Tenemos un organismo como la Defensoría del Pueblo que cumple una excelente labor de monitoreo de los conflictos sociales: 224 en estos momentos, 142 activos y 85 en estado latente. Existe igualmente una oficina de conflictos sociales en la PCM que hace lo que puede destapando la olla de presión social, pero no existe coordinación entre ambos entes. No existen tampoco canales de coordinación entre el Legislativo y estas unidades de monitoreo de conflicto social.
Lo más sano es encarar las diferencias sociales antes que degeneren en conflictos irreductibles con posiciones polarizantes, extremistas e ideologizadas. Esto significa crear espacios de diálogo desde el gobierno local y regional para discutir y consensuar planes de desarrollo. Hoy no existen esos espacios para que los actores se pronuncien. No hay canales ni mecanismos que intermedien las demandas cuando están apareciendo. Ni a nivel del Congreso, ni a nivel del Ejecutivo.
Esta es una tarea inmensa que deberá encara el próximo gobierno. La minería y su desarrollo es uno de los aspectos que los actores sociales tienen que evaluar. Pero no es la única. Vista de esta manera, encarar el tema de los conflictos sociales puede ser también una oportunidad para replantear las cosas.
Lo que debe evitarse es que los conflictos busquen –como lo hacen en su última etapa–llevar a la mesa de negociaciones a la cabeza del Ejecutivo, porque eso debilitaría al jefe del Estado. Transformar los conflictos en proceso de desarrollo concertado, debiera ser la orientación. Se debe trabajar en la etapa de gestación de la crisis. En el periodo de pre-crisis. No cuando el problema se ha desbordado por calles y plazas.
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