Elecciones y pandemia

 

Cada vez es menos inusual que se posterguen elecciones debido a la pandemia. 34 países lo hicieron a fines de marzo de este año cuando el pico de la enfermedad estaba en Europa. Elecciones generales, parlamentarias, plebiscitos; el covid-19 paró la democracia en seco.

 

Un repaso por Las Américas preparado por IDEA Internacional demuestra que el fenómeno es global. En Río Cuarto, Argentina, se postergaron las elecciones municipales previstas el 29 de marzo para realizarlas el 27 de septiembre 2020.

 

En Bolivia, las elecciones generales se reprogramaron hasta en tres oportunidades. Ahora se anuncia el 18 de octubre de 2020 como nueva fecha para elegir presidente de la República. En Mato Grosso, Brasil, se postergó una elección suplementaria para elegir a un senador; de abril de 2020 se trasladó al 15 de noviembre 2020.

 

El referéndum constitucional en Chile planteado para abril, recién se podrá realizar el 25 de octubre de este año. Las elecciones primarias en Paraguay  que iban a ser en julio se movieron para noviembre 2020; y las elecciones locales se pasaron para octubre del 2021.

 

Algo similar pasó en Uruguay. Las elecciones locales (departamentales y municipales), previstas para el 10 de mayo de 2020 han sido reprogramadas para el 27 de septiembre 2020. 

 

De ahí que sean sumamente importante las recientes declaraciones del nuevo jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, elegido por la Junta Nacional de Justicia, en  medio de un proceso con algunas sorpresas, en el sentido de que las elecciones generales en nuestro país convocadas para el 11 de abril próximo se llevarán a cabo de todas maneras.

 

En una reciente entrevista (El Comercio 28/8/2020), ante la pregunta de si cree posible una postergación de las elecciones generales, el nuevo jefe de la ONPE responde: “No, de ninguna manera. Nosotros tenemos el compromiso de hacer la primera vuelva el 11 de abril (del 2021) y el 11 de abril se hará la primera vuelta. Estamos trabajando para ello y seguiremos trabajando y lo vamos a lograr, no tenga ninguna duda. Cualquier escollo que exista lo vamos a superar”.

 

En la misma entrevista anuncia algunos cambios que podrían ser determinantes en el resultado electoral. El más importante es la incorporación del voto adelantado para militares y policías, y el voto electrónico no presencial para peruanos en el exterior. 1 millón 200 mil votos en juego más o menos.

 

Cerca de 900 mil peruanos están habilitados para votar en el exterior. Y existen casi 300 mil uniformados con derecho a elegir. De estos últimos, entre 100 mil y 115 mil policías y militares no pueden hacerlo debido a que deben cumplir ese día con brindar seguridad al proceso electoral.

 

Si tenemos en cuenta que la diferencia por la que Pedro Pablo Kuczynski derrotó a Keiko Fujimori en la segunda vuelta fue de menos de 50 mil votos, se entenderá la importancia que adquieren los cambios propuestos por Corvetto Salinas.

 

Coincidimos en que la pandemia no debe alterar el proceso de recambio constitucional de Gobierno. El Congreso ha hecho bien en extender el plazo de votación a doce horas (de 7 de la mañana a 7 de la noche); y está claro que se requerirá más presupuesto para incorporar medidas de bioseguridad para evitar que los centros de votación se conviertan en focos de contagio.

 

Está muy bien dejar que cada elector lleve su lapicero, acuda con mascarilla y alcohol y que se programe la convocatoria al centro votación, cerca del domicilio para evitar en lo posible el uso de transporte público, y programar por horas a los ciudadanos, teniendo en cuenta el último dígito del DNI o si tiene o no comorbilidades.

 

También deberá tomarse en cuenta el criterio de carga viral, que se eleva en ambientes cerrados, para pensar en ubicar mesas de sufragio en espacios abiertos: canchas deportivas, estadios, parques zonales, recreacionales, además de los colegios y universidades de siempre. En casos extremos podrían acordonarse algunas calles —como se hacía en la pre-pandemia los domingos para pasear con la familia— e instalar allí, al aire libre, mesas y cabinas de votación, debidamente protegidas por la seguridad pública.

 

Toda idea es bienvenida. Necesitamos renovar la conducción administrativa del país. Un nuevo equipo que conduzca la nave. La pandemia ya hizo demasiado daño como para prolongar la agonía y la desesperanza.

Preguntas a boca de urna

¿Cómo llegaremos los peruanos a las urnas el 2021 ? ¿Con qué espíritu iremos a votar? ¿Con qué ánimo encararemos el futuro? ¿En quién confiaremos? O mejor, ¿en qué creeremos?

Es crucial responder estas y otras preguntas. En términos económicos y sociales, el país llegará casi a rastras. Los cálculos más optimistas esperan una recuperación al nivel  pre-pandemia recién  el segundo semestre. Pero el rumbo del país y sus consecuencias, acaso, ya se definieron.

 

La recaudación tributaria será una primera dificultad. En unas semanas tendremos el presupuesto del próximo año. Será la primera vez en veinte años que disminuya en términos reales.

 

Con las arcas afectadas, el próximo gobierno será austero. Y los equipos que administren la cosa pública, sumamente eficientes y con una alta vocación de servicio.

 

En esas circunstancias, la corrupción deberá ser castigada de manera drástica, ejemplar, de paje a rey. Necesitamos recuperar, en este sentido, la decencia de gobernar.

 

No habrá más dinero para bonos. Y la deuda pública cuyo ratio oscilaba entre el 20 y 25% del PBI, -lo que nos enorgullecía- podría dispararse. Los organismos de crédito internacional estarán dispuestos a prestarnos dinero. El problema es cómo les pagaremos sin despellejarnos.

 

Pero si las dificultades económicas serán acuciantes, lo serán más las demandas sociales. Se requerirá estimular el empleo para todos, pero, especialmente para los jóvenes. Son las principales víctimas sociales de la pandemia. Han perdido sus precarios trabajos y muchos también sus estudios.

 

Llegaremos enfermos y con hambre. Habrá más pobres y desempleados. 

¿Qué tipo de gobierno necesitaremos entonces? ¿Qué cualidades deberá tener el gobernante que escogeremos esa tercera semana de abril del próximo año? 

 

En primer lugar, no debe ser uno solo -basta ya de caudillismos egoístas-, sino un equipo. Un conjunto de hombres y mujeres que nos diga con claridad y sencillez qué se proponen hacer desde el primer día para atender la emergencia-país.

 

Ese equipo debe tener liderazgo para ejecutar las cosas y para contagiar el estado de ánimo de la gente. 

 

Un gobierno que no confunda marketing con capacidad de gestión. 

Y que primero que nada reconozca la deuda social que tenemos como Nación y cierre las brechas abiertas que tenemos desde la fundación de la República, como bien anota James A. Robinson en una entrevista reciente. 

 

Somos una República histórica y estructuralmente desigual, decíamos en un post anterior. Suturemos, entonces, cerremos, soldemos, esas heridas.

 

¿Escogeremos con la razón o como siempre con la emoción? ¿Votaremos por la esperanza o con desolación?, son preguntas o dudas a boca de urna.

 

Necesitaremos un shock de endorfinas sociales para recuperar el alma nacional. La vacuna puede ayudar a devolver el ánimo colectivo de la gente. Ojalá para entonces esté clara su llegada al país. 

 

No necesitamos más por el momento. Visión y objetivos claros. Gente capacitada para gobernar. Decencia. Y vocación de servicio.

Recuperar la confianza es la base. El optimismo lo construimos a punche. Que las nuevas autoridades sepan qué hacer y no decepcionen ayudaría bastante.

Nos necesitamos todos

A estas alturas nadie duda de la cifras catastróficas que dejará la pandemia. Disputamos el primer lugar en el mundo con más muertos por millón, más número de contagiados y el de la peor recesión económica, resultado directo de la cuarentena obligatoria. 

 

Frente a esta situación, el gobierno decidió cambiar de estrategia. Pero, contra todo pronóstico, lo que hizo fue regresar a fórmulas ya probadas que no funcionaron: prohibir las visitas familiares y la circulación los domingos, y multar a quienes infrinjan las normas. 

 

Las críticas en diversos sectores no se han hecho esperar. Se sigue insistiendo en un modelo punitivo que encasilla la responsabilidad en la ciudadanía. Es decir, coloca a la población en el lado del problema, en lugar de convocarla a ser parte de la solución. 

 

Pero si en plano social no hay mayor cambio, en el aspecto comunicacional no hay siquiera una estrategia que cambiar. Las conferencias presidenciales de mediodía simplemente se agotaron. En el tema de las cifras, entre la fría pulcritud del Sistema Nacional de Defunciones y el cambiante comportamiento del Ministerio de Salud, más éxito han tenido Marco Loret de Mola de MatLab y Ragi Y. Burhum en comunicar curvas y tendencias, y martillazos y huaynos; de manera clara y consistente. 

 

Pensamos que es momento de cambiar de estrategia comunicacional. 

 

El gobierno debiera desarrollar una campaña de comunicación masiva y afectiva con la población a través de multicanales, en horarios prime time, y redes sociales, cambiar el mensaje y el eje de comunicación, y dirigirse a los jóvenes para que protejan a sus familias.

 

El sistema sanitario, simplemente ha colapsado. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos,  viajó esta semana a Puno para supervisar el Plan Tayta, pero se encontró con un grupo de mujeres llorando por la pérdida de familiares y hombres que reclamaban a voz en cuello la inoperancia del gobernador regional. Importencia, rabia, dolor. Todo junto.

 

Estamos perdiendo la guerra no solo en el campo sanitario y económico, sino también en el terreno psicológico. No es posible que después de haber tenido la mejor barra en el campeonato mundial de Rusia, tengamos ahora a un grupo  de desadaptados agitando banderolas y esparciendo el virus irresponsablemente. No estamos tomando verdadero conciencia de la virulencia del contagio.

 

Necesitamos un giro. Un shock comunicacional. Una campaña que nos sacuda. Y apele a empoderar a los jóvenes y niños a cuidar a sus padres y abuelos. El amor y la vida deben vencer a la muerte. El gobierno debiera convocar a las principales agencias de publicidad para trabajar en esta tarea. Lo harían con gusto y sin costo económico. Los medios de comunicación también deben colaborar. 

 

“Nos cuidamos todos”, se llamó la campaña que desplegó Uruguay apenas llegó la pandemia a estas tierras. Allí no hubo confinamiento obligatorio, ni uso obligatorio de mascarillas. Apelaron a la responsabilidad del ciudadano. Cerraron las escuelas y las fronteras, sí. Pero principalmente, ofrecieron información veraz, oportuna, masiva y preventiva. 

 

Algo así requerimos. Cuidémonos todos. Basta de perder a más familiares, amigos, vecinos. Los necesitamos a todos. Nos necesitamos todos.

 

 

 

 

¡Tayta Martos!

Que el general Walter Martos vaya al Congreso de la República este martes —día consagrado al dios de la guerra—a pedir el voto de confianza para su gabinete es solo un simbolismo. La guerra no es con el Parlamento, ni con la oposición política; es contra la pandemia. Y para hacerle frente, cinco meses después de los magros resultados sanitarios y económicos obtenidos, es necesario cambiar de estrategia.

 

En cierto sentido, el general se adelantó en este nuevo procedimiento desde el ministerio de Defensa al organizar la búsqueda de los contagiados, identificar a los enfermos y prevenir el contagio de la población vulnerable entregando, casa por casa, kits de medicinas en lugar de esperar a los enfermos en los hospitales.

 

Esta política de focalización, detención y seguimiento de los enfermos, denominada Operación Tayta, en el caso de adultos mayores, es la que recomiendan los organismos internacionales de salud para evitar el colapso del sistema sanitario.

 

Pero pasar de una política sectorial del Ministerio de Defensa a una política de salud transversal requiere la participación de otros actores, no solo del gobierno nacional, regional o municipal. Es necesaria la presencia activa de sectores organizados de la sociedad como la empresa privada, las iglesias, los comedores y ollas populares.

 

Ese fue el mecanismo que dio resultado en Guayaquil, Ecuador, que pasó de tener enfermos que se desvanecían en las calles y muertos que esperaban ser recogidos a pacientes tratados de manera inicial en sus propias casas.

 

En el vecino país del norte se logró formar un equipo operativo que diseñó una estrategia en varios frentes, centrada en el tratamiento inicial de la enfermedad, aún cuando en esos momentos se discutía el efecto de fármacos como la Ivermectina, el Dexacort, la Azitromicina o la Hidroxicloroquina.

 

Surtieron efecto también los respiradores personales de un solo uso, sistema descartable de respiración mecánica-automática utilizada por el Ejército de los Estados Unidos en las guerras de oriente para socorrer a sus heridos. 

 

Como experto en planeamiento estratégico y toma de decisiones de la Escuela Superior de Guerra, el presidente del Consejo de Ministros sabe el Congreso es solo el primer obstáculo que deberá sortear para iniciar maniobras. El verdadero teatro de operaciones que tiene es la propia calle.

Además de enfrentar la pandemia, el nuevo timonel del gobierno deberá atender la emergencia social que se viene como resultado del colapso económico. La caída de dos dígitos que la ministra de Economía resiste con medidas de apoyo parece inevitable. Esto ocasionará no solo desempleo, sino hambre. No hay salud ni economía con estómagos crujientes. 

 

Los esfuerzos, por tanto, deben igualmente orientarse a recuperar la economía. Quizás el orden de las prioridades sea la principal diferencia con el caído gabinete Cateriano. Primero la emergencia de Salud, luego la emergencia Social y enseguida la emergencia Económica.

 

Con el panorama claro, el general tendrá que disponer de un recurso que no se aprende en las Fuerzas Armadas. En el Congreso, como en política, no se trata de mandar, ni obedecer; sino de escuchar, pulsear, consensuar y tolerar. Por esta razón, el despliegue no es tanto de fuerzas, sino de esfuerzo, mucho esfuerzo.

 

Repensar la política social

La política social es una responsabilidad del Estado. Se trata de canalizar recursos públicos de manera eficiente hacia los más necesitados para mejorar sus capacidades o para ayudarlos por la situación de emergencia en la que viven. Aunque son políticas permanentes, las cíclicas crisis económicas las convierten en necesarias.  La actual crisis sanitaria y económica que vivimos con la pandemia nos obliga a repensar su orientación y gestión. 

En la primera mitad de los ochenta el Fenómeno El Niño originó un primer escenario para el diseño de políticas sociales, tanto a nivel de salud como de alimentación e infraestructura básica. La hiperinflación en la segunda mitad de esa misma década obligó a generar programas de emergencia para recuperar el ingreso de los más vulnerables. 

En los noventa, el sinceramiento de la economía, los programas de ajustes estructurales permanentes y el proceso de privatización del sector público obligó a crear criterios de focalización de la pobreza para los más afectados. En esta etapa se avanzó también en la universalización de la educación y en obras de mejoramiento de la infraestructura en zonas rurales.

Sin embargo, la debilidad de la política social fue no haberse convertido en una estrategia integrada de largo plazo. Hubo, además, duplicidad de funciones, politización de los programas sociales —especialmente los ligados a la alimentación— y concentración de los mismos, lo que originó deficiencias y malos manejos.

Se pensó entonces que la transferencia de competencias y funciones sería una solución. El proceso de descentralización de la década del 2000 entregó el funcionamiento y ejecución de los programas sociales a los gobiernos regionales y municipales. Si bien el gasto social aumentó, los resultados indican que los problemas de desarticulación, desfocalización y superposición de programas continuaron, cuando no se profundizaron. 

Falta una cabeza que dirija y articule la función social del Estado. El Consejo Interministerial de Asuntos Sociales, presidido por el presidente del Consejo de Ministros, es por ley a quien le corresponde, pero el MIDIS debe ser el órgano rector. Urge que el gobierno analice la política social que tenemos y la replantee para enfrentar estos tiempos de pandemia. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque ni el país, ni el presupuesto, ni la economía son los mismos.

Un enfoque integral, multisectorial, focalizado y territorial debiera ser la base para una nueva manera de encarar la ayuda social. Hay servicios universales como salud y educación que deben reforzarse, y programas focalizados dirigidos a la población vulnerable (alimentación, por ejemplo) que deben ser replanteados para atender a los nuevos pobres. 

Los programas universales buscan el desarrollo del capital humano, mientras los programas focalizados son indispensables para salvar a las personas en momentos de crisis que de otro modo perecerían. En este último aspecto se debería pensar en crear un Programa de Alimentación Nacional (PAN) que pueda ayudar a las ollas comunes que empiezan a multiplicarse en los asentamientos urbano-populares, organizándolos en Núcleos Ejecutores Comunales encargados de administrar los alimentos que reciban o de comprarlos ellos mismos.  

Eso requiere de una autoridad responsable del gasto social dentro del gabinete ministerial. Una persona tan fuerte —empoderada como el sector Economía— encargada de planificar, orientar y evaluar la política social. Un personaje no solo con sensibilidad ante la pobreza, sino con eficiencia en gerencia social. 

(Foto: Paul Vallejos, Diario El Comercio)

El New Deal (2)

La respuesta de Franklin D. Roosevelt a la peor crisis económica y social que vivió su país en 1929-30 fue en varios frentes. Para empezar intervino directamente en la economía. Imprimió 2 mil millones de dólares y los repartió entre los bancos que sobrevivieron. Una decisión osada y heterodoxa. Keynes puro.

En 1933, Roosevelt utilizó la radio para dirigirse al pueblo norteamericano y pedirles que venzan el miedo, recuperen la confianza y vuelvan a depositar su dinero en los bancos, ahora solventes. Funcionó.

Aquí también nació lo que después sería una práctica común de asesores y marketeros políticos y presidentes de turno: marcar los primeros cien días de gestión con acciones y decisiones presidenciales intrépidas. 

Roosevelt creó el bono de desempleo, y a la vez intervino en el transporte, el agro, la industria. Esta fue la primera etapa del New Deal, entre 1933 y 34, que se diferencia de la segunda etapa entre 1935 y 38. La primera más económica y la segunda de profundo contenido social.

La administración central de gobierno subvencionó el campo, aumentó los precios agrícolas para favorecer los ingresos rurales, y ayudó a escoger las tierras más productivas. Creó el Cuerpo Civil de Conservacionistas para dar empleo a más de 3 millones de jóvenes que pasaron a mejorar cauces de río, ganar terrenos agrícolas y reforestar los bosques. 

Realizó abundante obra pública para ocupar a los desempleados de las ciudades. Creó presas, plantas hidroeléctricas, impuso una jornada mínima laboral, aumentó el salario y le dio el derecho a los obreros a sindicalizarse y negociar pliegos de reclamos. Unió el interés de los industriales con los de la Nación. 

Los republicanos y liberales se rebelaron contra estas medidas del New Deal. Para los conservadores que el Estado intervenga en la economía era una herejía. Pero Roosevelt no financió su cuantioso presupuesto incrementando la brecha fiscal, sino aumentando la recaudación tributaria; lo que dolió más en el bolsillo.

El Golden Gate es parte del New Deal. Empezó en 1933 y terminó en 1936. En el medio, 1935, apareció la seguridad social. Sin embargo, dos años más tarde, Roosevelt cambió de curso. Redujo los gastos federales. Se alejó de Keynes y se reinició la recesión de Roosevelt. Surgieron huelgas y protestas, lo que lo obligó a usar la fuerza pública y también a aumentar los gastos del gobierno. 

Es verdad que el New Deal no creó pleno empleo. Éste surgió más bien cuando el país pasó a operar en estado de guerra. Pero nadie duda que las poíticas sacó al país de una de las más largas y sombrías noches que haya pasado el pueblo norteamericano.

El New Deal fue uno de los mayores cambios en la conducción de un Estado. No solo se trató de una reforma económica, sino, sobre todo, de una forma de manejo político, un nuevo estilo de ejercer el liderazgo, usando los medios de comunicación de masas para sacar a la pobación del miedo, recuperar la confianza y  encaminarla hacia el equilibrio económico y social perdido.

El New Deal (1)

A inicios de la tercera década del siglo XX, Estados Unidos se debatía en una de las peores crisis económica y social de su historia. La sobreproducción industrial y la especulación llevaron a una caída de precios que produjo despidos, miedo financiero y corrida bancaria. Es la etapa conocida como el Crack de 1929-30.

Millones de trabajadores quedaron desempleados. Las personas perdían sus casas al no poder pagar sus hipotecas y el hambre hacía presa de familias y barrios enteros. Se inició, entonces, una migración hacia la costa oeste, principalmente California.

En el momento del crack gobernaba el republicano Herbert Hoover. Un liberal que creía fuertemente en el emprendimiento individual y en el mercado. Era contrario a cualquier atisbo de intervención del Estado en la economía. Ni siquiera como señal de humanidad. 

El historiador Erick Hobsbawn aseguró en aquel momento que la situación de Estados Unidos era tan desesperada que la salida probablemente encaminaría la nación hacia el fascismo, el comunismo o el capitalismo democrático reformador de corte keynesiano.

La historia demuestra que esta última opción se impuso. El partido demócrata designó como su candidato a Franklin D. Roosevelt, un ex senador y gobernador de Nueva York que en 1921 fue atacado por poliomielitis y se creía retirado de la política. 

Pero en 1932 ganó la postulación a la Presidencia de la República y desde entonces se mantuvo en el poder. Gobernó durante 12 años y transformó su país, desterrando el miedo en la población, recuperando la confianza en las familias y en los agentes económicos, e impulsando un agresivo programa de apoyo estatal en la generación de puestos de trabajo mediante obra pública.

En su lanzamiento como candidato, Roosevelt no solo leyó bien el contexto social y económico del momento, sino que supo resumir política y comunicacionalmente su nueva propuesta.

“Esta no es una elección solo entre dos partidos, ni siquiera entre dos hombres. Es una elección entre dos formas de gobernar”, dijo el día de su lanzamiento.

Roosevelt ganó la elección en un ambiente de recesión. Los desempleados sumaban 11 millones de trabajadores, y en su peor momento llegaron a 13 millones y medio. En las calles era común ver las “sopas populares”, comedores sociales que atendían a los más necesitados. En los suburbios de la ciudad crecieron como hongos las “Hoovervillages”.

En su discurso de asunción de mando, Roosevelt volvió a dar en el bull comunicacional. “Lo único qué hay que temer es al miedo mismo. Tenemos una nación que requiere acción ahora”. 

Su propuesta de recuperación económica se conoció como el “New Deal” o Nuevo Pacto. Una nueva forma de asumir el compromiso del Estado con sus ciudadanos. 

Por aquellos tiempos se consolida una nueva carrera profesional que había surgido a comienzos del siglo: Trabajo Social. Muchas de las ideas del New Deal fueron llevadas a cabo por profesionales de esta carrera que busca el bienestar de la sociedad a través del pleno ejercicio de los derechos del hombre.   

El modelo keynesisano, base del futuro Estado de bienestar, tiene también sus raíces en aquellas medidas que Roosevelt impulsó para sacar a su país de uno de los mayores hoyos económicos y sociales que se hayan conocido: recesión, desempleo, hambre, migración, miedo. Todo junto. ¿Algún parecido con lo que pasamos hoy?

(Esta historia continuará)

Banderas del hambre

En julio han aumentado las banderas. No las rojas y blancas de Fiestas Patrias, sino las blancas del hambre. Descoloridas, percudidas, raídas, los trapos blanco humo apenas se mueven en esta Lima sin vientos, sin lluvia y sin alimentos para los más pobres.

La pandemia no solo ha destrozado la salud miles de familias. También amenaza con liquidarlas por hambre. Según Naciones Unidas, el PBI de América Latina caerá 9.1% y el del Perú pasará los dos dígitos. Estamos en el primer tramo de la mayor recesión económica de los últimos 100 años. Lo peor está por venir.

Al final del año, 45 millones de personas en la región caerán en pobreza. El desempleo que estaba en 8.1% pasará a 13.5%.  Es decir, sumaremos 44 millones de desempleados. La pandemia y la pobreza agravarán la desigualdad.

 

No es la primera vez que esto sucede en el Perú. Temporadas de hambre hemos tenido siempre. Incluso antes de la pandemia, en la periferia de Lima, en la sierra y la selva, miles de familias padecían de subalimentación. 

Los estómagos crujientes espolonean la imaginación. Los que están en el fondo de la escala social ni siquiera pueden activar un comedor popular. Recurren a un recurso más sencillo y directo: la olla común. 

Como las banderas blancas, las ollas comunes se multiplican en la periferia de Lima. No hay gas ni querosene para cocinar. Se cocina a leña o con pequeños restos de madera vieja de algún objeto inservible que se encuentra en cualquier parte. 

Avena en las mañanas para el desayuno. Arroz, menestras y torrejas de verduras para el almuerzo. Los niños y los ancianos primero. Los mayores, si alcanza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) cree que al final del año América Latina podría tener cerca de 90 millones de pobres. Si esto se cumple la crisis sanitaria podría convertirse en crisis alimentaria.

Atender la emergencia alimentaria es una prioridad. Los organismos internacionales recomiendan un Bono contra el Hambre por un periodo de seis meses. Atender a la población en pobreza extrema y mayor de 65 años en la región demandaría un costo de 23,500 millones de dólares.

El paquete debiera considerar, además, ayuda financiera a los productores de alimentos y a la agricultura familiar, que hasta ahora han resistido el embate de la pandemia al mantener estable la cadena de suministro de alimentos. El problema no es la producción de alimentos, sino el acceso a ellos. Sin trabajo, no hay plata para comer. 

“Hambre de Dios, sí; hambre de pan, no”. La frase de Juan Pablo II cuando visitó nuestro país recobra hoy su vigorosa sonoridad a demanda.

Las ollas comunes pueden ser un poderoso aliado en evitar que el hambre siga golpeando. Habría que organizar no su conformación, sino su reconocimiento. Convertirlos en núcleos ejecutores para que sean sujetos de ayuda económica directa sin pasar por la burocracia municipal, que no ha podido cumplir con eficiencia la entrega de canastas. La experiencia logística del Banco de Alimentos también puede ayudar.

En estas condiciones llegaremos a las elecciones generales del próximo año. Votaremos los sobrevivientes; con el estómago vacío y la cabeza caliente. El Bicentenario no será de celebración, sino de reconstrucción. Tendremos que reconstruir el cuerpo y el alma nacional.

Quienquiera que gane no tendrá tiempo ni de sentarse en la silla dorada. Tendrá que llegar con el plan de reactivación bajo el brazo. Se requiere, por tanto, no un gobierno que llegue a aprender, sino a implementar lo que sabe. A Palacio no se llega a descubrir los problemas, sino a resolverlos.

Al medio hay sitio

En psicología el hijo sánwidch, el del medio, suele sentir que no es tomado en cuenta o que es poco considerado. No es primogénito, sobre quien los padres ponen todas sus expectativas, ni el “benjamín”, el engreído de la casa. En las sociedades pasa algo parecido. La clase media pasa desapercibida para el Estado. Toda la atención se centra en los más pobres y desvalidos —y esta bien que así sea— pero, por lo general, las políticas de ayuda para la clase media escasean o no son asumidas como prioritarias.

Durante casi treinta años todos los esfuezos macroeconómicos que hiceron los países, hablemos de América Latina, fueron para disminuir la pobreza y ensanchar la clase media. Es decir, ayudarlos a salir del fondo de las preocupaciones para depositarlos en la zona del olvido. Ambos cometidos se lograron. Las naciones de América Latina avanzaron en lo económico y social hasta alcanzar en muchos casos el nivel de los países de ingresos medios.

Entre el 2000 y 2010 las cifras fueron impresionantes. En esta década tuvimos un crecimiento promedio de 4% anual, lo que hizo duplicar los ingresos per capita de US$ 7.200 a US$ 14.160. En el Perú, hasta el 2014 la pobreza retrocedió de 45,4% a 29,1%. Incluso la pobreza extrema tan resistente en nuestro medio se redujo de 12,2% a 7,8%. 

El Banco Mundial calculó el 2012 en 50 millones los nuevos integrantes de la clase media en la región. Para el 2015, la CEPAL estimó que 90 millones de personas en América Latina habían logrado asecender a la clase media. La pandemia ahora amenaza con tirar todo como un castillo de naipes. Nunca hablamos de una clase media consolidada, sino de una más bien precaria, inestable, asentada en el crecimiento del empleo, eso que la pandemia ha terminado por deshacer. 

En tres meses hemos retrocedido lo que ganamos en treinta años. Según la CEPAL, 2019, los pobres ya venían aumentado en América Latina, por lo menos, desde el último quinquenio. Antes del Covid-19, esta institución calculaba que los pobres habían aumentado 17 millones entre el 2014 y el 2019, mientras que los pobres extremos aumentaron 26 millones en el mismo periodo. El Perú no escapaba de esta debilidad del crecimiento. El 2018, según el INEI, teníamos 20.5% de pobres.

La paralización de la economía como medida de contención de la pandemia, ha tenido el efecto de cortar las piernas para detener la hemorragia. La clase media endeble ha sido empujada a la informalidad. El pago de pensiones en colegios y universidades privadas ha caído a 50%. Los pequeños negocios han cerrado acumulando deudas en los bancos. Este impacto negativo del Covid-19 en los ingresos laborales regulares de las familias indica que la clase media vulnerable aumentaría del 42,7% al 46,5%, y la clase media consolidada caería del 35% al 31,7%, según estudios recientes del BID.

No queda nada que esperar. La salud y el empleo es lo primero que se resiente cuando la crisis golpea. La clase alta tiene soporte para resistir el embate. Las clases populares son socorridas por el Estado. La que está realmente fregada es la clase media. Nadie se acuerda de ella. En términos sociales no tienen bonos de solidadaridad. En salud, han perdido su cobertura privada y ahora aumentarán las atenciones en los centros hospitalarios públicos; y en cuanto al empleo, se lo tendrán que inventar, como antes, como siempre. ¿Al medio hay sitio? Parece que no. 

Los silenciosos

A los caminantes y nuevos caminantes se unen, sin voz pero con voto, los silenciosos, jóvenes que han perdido sus empleos con la pandemia y que ven el futuro con preocupación, cuando no con desesperanza. Uno de cada seis jóvenes en el mundo se quedó sin trabajo por el Covid-19. En el Perú, es uno de cada tres. 

2.4 millones de empleos formales se han perdido oficialmente. No hay cifras sobre la caída del empleo informal. Pero el -40,5% de PBI en abril y el -12,5% proyectado para el año pueden dar una idea del panorama infernal. Una vuelta por La Victoria también ayuda.

No estamos ante una crisis sanitaria o económica, sino ante una crisis del Estado-nacional (Alberto Vergara, dixit). Tenemos 200 años de crisis larvada que la pandemia simplemente maduró. Somos una República histórica y estructuralmente desigual. Lo que avanzamos en treinta años de disciplina y sacrificio fiscal lo hemos perdido en tres meses. Al final del día seremos más pobres y más enfermos. 

¿Teníamos otra opción? No en este momento. Siempre supimos que la cuarentena radical era para evitar saturar la demanda hospitalaria. Un terremoto podía desbordar igual o peor las emergencias. La respuesta no está solo en el presente, sino en la Historia. En nuestras raíces desconectadas. En el suelo que nos vio nacer, pero que nos empuja a mal vivir. O morir.

Y, mientras tanto, en silencio, millones de jóvenes se ocultan tras la estadística. Ellos son el resultado de la peor crisis económica de los últimos 100 años. La pobreza podría crecer de 20,5% a 27,5%, según proyecciones del BCR, por lo que tendremos que volver a empezar.

El problema es que no sabemos si la gente querrá nuevamente empezar a recorrer el mismo camino. El “sentir del pueblo”, va en otra dirección. Quiere un Estado benefactor antes que un Estado ahorrador. Sería mejor un Estado eficaz, y no de prosperidad falaz como el de la República Aristocrática de Basadre. Un Estado que obre y no ubre ni robe. 

Por ahora hay menos ruido que nueces. En Chile, el hambre ha roto la tregua en algunas zonas y la gente ha salido a saquear tiendas en busca de comida. En Perú, la primera señal de descontrol es el aumento de la delincuencia. Nacional e importada. 

Desde el Ministerio del Interior se propone extender el toque de queda hasta fin de año “para frenar a los delincuentes que roban de noche”. Pero no está demostrado que restringir un derecho ciudadano sea una medida efectiva para que la Policía cumpla con su mandato constitucional que es controlar el orden público. Aprovechen más bien que los principales afectados con la pandemia, los jóvenes, están en modo silencioso. Si se dan cuenta, entonces, sí, la cosa puede complicarse. Y puede haber ruido. Mucho ruido.