Rusia – Ucrania: ¿Guerra convencional o nuclear?

 

Días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, vimos a civiles ucranianos realizando prácticas de defensa armados con metralletas de madera. Eran civiles dispuestos a defender su patria. Al otro lado de la frontera, el ejército profesional ruso realizaba pruebas y ejercicios de guerra disparando las nuevas armas hipersónicas del Kremlin: misiles Avangard y Kinzhal, que pueden ser cargados con ojivas nucleares. 

 

No parece ser una guerra en igualdad de condiciones. Ninguna lo es en verdad, pero esta, en especial, es totalmente desequilibrada. Ni la OTAN ni Estados Unidos pueden enviar soldados al frente. Hacerlo significaría no solo desatar la Tercera Guerra Mundial, sino pasar de la guerra convencional, que aún vemos, a la guerra nuclear. El inicio del fin de la especie humana. 

 

Cuando Vladimir Putin presentó el 2018 una nueva generación de armas de guerra —misiles hipersónicos, drones militares e inteligencia artificial—, en realidad le estaba diciendo a quien lo escuche que Rusia aseguraba nuevamente el “equilibrio estratégico” entre las potencias del mundo. 

 

El jefe del Kremlin se refería a la posibilidad que tiene hoy su país de vulnerar el sistema de escudo antimisiles que desde hace un tiempo posee Estados Unidos para protegerse de cualquier ataque nuclear intercontinental. 

 

Como siempre, el desarrollo tecnológico de Rusia ha venido del campo militar. Un misil hipersónico es capaz de generar una velocidad de MACH 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido: 6174 kilómetros por hora. Los cazabombarderos actuales llegan a MACH 2 (2.469 km/hora). 

 

Estados Unidos ha probado un misil Minuteman III a MACH 23 (28.400 km/hora). Pero Rusia ha logrado probar en plena crisis con Ucrania el misil Avangard, que desarrolla una velocidad de MACH 27 (32.202 km/hora). Un monstruo destructor. Imparable.

 

Pero la evolución en el arte de guerra no pasa solo por analizar las ventajas de la tecnología.  El “problema nuclear” es tal vez el “último problema de la humanidad”. En auges y caídas de las grandes potencias, el ensayo de Paul Kennedy, el autor reflexiona sobre la posibilidad real de pasar de una guerra convencional a una de nueva generación de tipo nuclear.

 

No hay manera de responder con certeza. Lo cierto es que el poder aniquilador de estas armas es a la vez el mejor disuasivo para usarlas. Precisamente, a causa de la existencia de armas nucleares, las potencias pueden llegar a la conclusión de que lo mejor es mantenerse en los márgenes de la guerra convencional. La razón es que no hay forma de que en una contienda nuclear uno de las partes anule completamente al otro sin sufrir daños. 

 

Kennedy razona de esta manera: “Los grandes arsenales nucleares de cada superpotencia continuarán existiendo, pero (salvo un “disparo” accidental) serán con toda probabilidad inutilizables, porque contradicen la antigua presunción de que, en la guerra, como en casi todo lo demás, tiene que haber un equilibrio entre los medios y los fines”.

 

Ese “disparo accidental” es hoy una posibilidad remota en la guerra Rusia - Ucrania. Pero si por alguna razón ocurriera, el presidente Joe Biden explicó bien que pasaría: “Todo puede enloquecerse de una manera muy rápida (...) en el momento en el que un soldado ruso dispare a un soldado estadounidense, nos encontraríamos en una guerra mundial”.

 

Nada asegura por el momento que ambos soldados se encuentren. Pero la guerra tiene sus leyes y sus caprichos. Dependerá de cómo evolucione el conflicto en los próximos días. El mapa geográfico de Europa está cambiando aceleradamente. Hoy es Ucrania, pero se amenaza con acciones de fuerza también a Finlandia y Suecia. 

 

Parafraseando a Bismarck, las potencias del mundo solo pueden navegar en “la gran corriente del tiempo” a la que no pueden crear ni dirigir, aunque si maniobrar con más o menos experiencia o habilidad. Diferentes fuerzas se interponen en el camino como para intentar siquiera señalar con claridad un rumbo fijo, inalterable, de viaje. 

 

Una simple bala mal dirigida puede alterar el siempre inestable equilibrio del poder global. ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? Einstein respondió esto una vez: "No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras".

 

Burócratas arracimados

 

En primer lugar, hay que decir que todo Estado moderno requiere de una burocracia para su funcionamiento. El sistema de administración del Estado expresa el dominio legal de quien detenta el poder o de quien, ganándolo, le  impone su sello o su orientación. 

 

Pero una cosa es que los partidos que ganan las elecciones tengan todo el derecho de colocar a sus cuadros en los puestos de dirección y otra muy distinta es copar el aparato del Estado con militantes incapacitados para el puesto. 

 

Se trata de lograr una estructura administrativa eficiente, no de arracimar funcionarios públicos.

 

Cuando el Estado es desbordado por funcionarios inexpertos que solo llegan al Gobierno por cuota partidaria, el sistema deviene en un burocratismo patrimonialista en donde el líder no tiene servidores públicos que lo ayuden a gobernar, sino subordinados —esclavos, clientes, los llama Weber—, que solo reciben órdenes de quien detenta el poder.

 

Todos los partidos que llegan al Gobierno se encuentran con este tipo de problemas. Aunque es cierto que —unos más que otros— los partidos adolecen de expertos o militantes preparados en administración pública. 

 

Por otro lado, no hay una carrera en pregrado de Administración Pública. Esta recién existe como especialidad en el posgrado sea a través de cursos, diplomado o maestría, y con mallas curriculares diversas, según se trate de universidades públicas o privadas.

 

Lo ideal sería crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme y capacite a los futuros funcionarios del Estado en los diferentes niveles y subniveles del Estado. Un modelo es el de la Academia Diplomática, que todos los años permite el ingreso con un cupo limitado de aspirantes a integrar el servicio diplomático peruano —bachilleres de casi todas las profesiones—, asegurando una formación competente y una línea de carrera meritocrática. 

 

También podría acreditarse un programa para que las propias universidades ofrezcan esta especialización en el último año de su carrera, previo diseño del perfil de funcionario que requiere el sistema de administración pública. 

 

La administración pública debe ser una línea de carrera para estudiantes comprometidos con el servicio público, y con criterios claros y transparentes de ascenso, promoción y responsabilidades. 

 

Los partidos políticos deben conservar su cuota de poder en los puestos de dirección —para eso ganan las elecciones, para gobernar— y alentar a sus militantes a prepararse para administrar el Estado. Pero deben llevar líderes, no ganapanes.

 

En ningún caso debe verse al Estado como un botín, una agencia de empleos o un carnaval de puestos públicos. 

 

El Estado no requiere de un burocratismo incompetente, patrimonialista y saqueador, sino, una burocracia técnica y profesional preparada para servir al ciudadano con eficiencia, sentido social y ética.

Sacar petróleo del conocimiento

Las miles de especies marinas, aves, crustáceos, mamíferos —y una larga cadena alimenticia que empieza con el plancton— afectados desde el 15 de enero de 2022 por el derrame de 10,396 barriles de petróleo, junto a la parálisis económica de 2400 pescadores artesanales que han perdido su fuente natural de trabajo, es solo la muestra más palpable del daño causado por la empresa Repsol al medioambiente costero peruano. Demorará años volver a recuperar el ecosistema marino y económico, si acaso esto es posible.

 

Al final de las investigaciones, como corresponde, el Estado impondrá una multa a la transnacional. La cifra puede variar entre 30 mil a 50 mil UIT, esto es entre 138 y 230 millones de soles. Una parte de ese monto debe destinarse directamente a investigación. El país necesita conocer en detalle la evolución y recuperación del medioambiente marino para ayudar a mejorar las tareas que biólogos, zootecnistas, botánicos y especialistas en la materia deben realizar para la pronta recuperación del ecosistema. 

 

Para nadie es un secreto lo rezagados que estamos como país en inversión en investigación, ciencia y tecnología. El Perú destina a este rubro entre 0,15% y 0,2% de su PBI, mientras que países como Chile, Colombia —para no hablar de los países miembros de la OCDE— invierten 4,5% de su PBI. El desastre ecológico actual puede ser un buen momento para ayudar a revertir estas cifras.

 

Actualmente, la empresa privada cuenta con una herramienta legal para apoyar la investigación científica, la innovación y el desarrollo. Se trata de la Ley 30309, que otorga a las organizaciones empresariales la deducción de impuestos por inversión en I+D. Este dispositivo vence en diciembre de este año, por lo que convendría ampliar su vigencia. 

 

Repsol conoce este dispositivo y de hecho lo ha usado junto a otras 12 grandes compañías que concentran el 87% de los recursos recaudados por esa vía. Ahora, en donde hay que poner el foco es en el monitoreo biológico-ambiental de las 24 playas afectadas. A las iniciales de I+D debemos hoy agregarle una E, de Ecosistema, para conocer y hacer ciencia sobre el efecto del petróleo en el conjunto de especies que interactúan en su propio ambiente.

 

Destinar una cantidad de la multa a I+D+E en el área afectada es una respuesta inmediata. A esta tarea debe sumarse la universidad peruana, institución llamada a hacer ciencia junto a la comunidad científica internacional. Urge que la academia presente proyectos y programas de investigación liderados por Concytec que puedan ser financiados por la empresa privada directamente.

Que las empresas destinen un porcentaje permanente de sus impuestos a la tarea de realizar investigación en el mar peruano es una meta que debemos alcanzar para beneficio de todos. No solo si queremos elevar el promedio de 6 papers por cada 1000 millones de dólares de PBI, sino para conocer mejor nuestros recursos y, sobre todo, cómo cuidarlos. Si de algo hay que sacar petróleo es del conocimiento.

Gabinete en la sombra

 

No es el shadow cabinet del parlamento inglés, formado por legisladores de la oposición que fiscalizan cada uno de los ministerios del Gobierno de Su Majestad. Tampoco es una idea que circuló hace un tiempo en el sentido de formar en los partidos políticos comités espejo del Poder Ejecutivo para hacerle seguimiento a las políticas sectoriales del Gobierno de turno. No. 

 

El sentido de gabinete en la sombra que se ha conocido esta semana en el Perú alude a un poder paralelo dentro del propio Gobierno, que suplanta las funciones ministeriales, administra la agenda presidencial y ejecuta por sí y ante sí decisiones que franquean la delgada línea de lo indebido y lo ilegal.

 

Se trata de un grupo de asesores presidenciales que funcionan, en efecto, en la sombra, aconsejando al jefe del Estado, tomando decisiones del más alto nivel, ejecutando acciones por encima o al margen de los ministros, sin tener por ello responsabilidad alguna. Usurpando el poder, diría la historiadora Carmen Mc Evoy.

 

No es un gabinete, por cierto. Ni siquiera llega a ser un círculo de poder. Es apenas una camarilla de asesores mediocres que de la noche a la mañana se encontró en las ligas mayores del poder. Y en ese nivel juega con las reglas que sirven para los niveles iniciales y torcidos de la política populista, patrimonialista, mercantilista e informal de la que provienen. 

 

Es una forma de manejo que tienen muchas instituciones populares. Un producto de la precarización de la política en la que estamos empantanados desde hace décadas, que perfora la democracia, donde vale el compadrazgo, el amiguismo, la componenda, las relaciones turbias, el arreglo al margen de la ley. 

 

El gabinete en la sombra debiera ser una forma de convocar a la intelligentsia partidaria, sea que funcione dentro de la organización política o en el Congreso. No puede ser una modalidad para medrar a costa del Estado. Estos furúnculos de poder deben ser extirpados de raíz. Si se les deja activos se reproducen en todo el sistema, atrofiándolo.

 

Un Gobierno requiere fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Decisiones eficientes y eficaces para enfrentar y solucionar los problemas que demanda conducir el país. Más que ningún otro funcionario, el presidente de la república requiere un equipo de asesores o consejeros que lo ayuden a cumplir su misión, estableciendo con claridad las prioridades políticas, económicas y sociales de su gestión.

 

Las habilidades personales del jefe de Estado no bastan. Menos aun cuando el presidente carece de ellas. El presidente se nutre de sus asesores, quienes no reemplazan en modo alguno a los ministros. Los asesores facilitan la toma de decisiones presidenciales. No tienen ni desarrollan agenda propia. Son de perfil bajo, aunque, eventualmente, pueden cumplir alguna función encomendada por el presidente que los pone en el foco de la atención pública.

 

Un líder necesita un equipo de asesores o consejeros. No un gabinete en la sombra, ni una piara de aprovechadores.

El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

Confianza: esa desconocida en América Latina

No es novedad decir que en esta parte del mundo “nadie confía en nadie”. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo le pone indicador a esta frase. En América Latina solo una de cada 10 personas puede confiar en los demás. Es la cifra más alta de desconfianza en el mundo. 

No creemos en nada ni en nadie. Somos sociedades desconfiadas. La falta de confianza es a nivel interpersonal y a nivel de instituciones. La gente no cree ni en las personas ni en sus gobiernos.

En el periodo 2016-2020, los valores de confianza interpersonales, es decir, entre los vecinos, apenas llegó a 11%. El problema con ello es que la confianza es la argamasa de la cohesión social, una de las características de las sociedades prósperas. Cuando esta no existe se resquebraja todo.

Voy a la tienda y desconfío de los precios del bodeguero, este desconfía del proveedor, quien a su vez desconfía de su empresa, la cual desconfía del Gobierno. En este círculo vicioso cunde una conducta nefasta para la sociedad: el oportunismo. Y si tienes poder, el mercantilismo.

La conducta oportunista trata de ganar inmediatamente, elevando los precios o adulterando el peso, velando los ingresos reales, evadiendo impuestos, no pagando beneficios sociales. La conducta mercantilista ni qué decir, toca la ventana del poder y se mete hasta el techo en busca de favorecer sus intereses privados.

El problema es mayor cuando las instituciones que son las llamadas a generar confianza en los ciudadanos son parte del problema. La policía que no investiga o que cobra pequeñas coimas o que abusa de su poder genera desconfianza en el ciudadano. El médico que no atiende en el hospital para hacerlo en un consultorio privado mientras el Estado le paga, empuja a los pacientes a buscar medicina en “El Hueco”. Ni hablar del funcionario público cuyo único mérito para obtener el puesto es tener un saco que colgar en una silla.

La falta de confianza en general carcome la sociedad y la empuja a la informalidad; un terreno donde todos tratan de sacar provecho propio e inmediato. Si desconfío de todos, lo único que queda es mandar a todos a la porra y confiar en mí mismo. Una conducta así lo único que genera es que sigamos cavando el pozo de la desconfianza.

Y como dijo el presidente del BID, si no se confía en los demás, no se invierte, no se produce, no se compra y no se vende.

Para revertir el círculo vicioso habría que empezar por reformar la educación. El civismo crece con ciudadanos mejor formados. Como señala el informe, el aprendizaje de los alumnos mejora cuando los maestros son más confiables y pasan menos tiempo ausentes. Lo mismo puede decirse para el resto de los funcionarios públicos.

En el caso de los Gobiernos, habría que empezar por pedirles que cumplan sus promesas. Y si no lo pueden hacer que comuniquen sus nuevas opciones a los ciudadanos, descartando la impredictibilidad.

Una conducta cívica adecuada, confiable, contribuye a cumplir con las políticas públicas, incluyendo el pago de impuestos y la obediencia a la ley. Lo contrario dificulta la concreción de proyectos colectivos. Sin civismo, rige la ley de la jungla, la sociedad se desintegra, aumenta el descontento y será más difícil erradicar la informalidad.

La próxima vez que pienses en una política pública, un servicio cualquiera o una transacción comercial, piensa en cómo está tu nivel de confianza interpersonal e institucional. Y no te desalientes si descubres que estás entre esas 9 personas que no confía en nadie. Al menos ya lo sabes. Y todo cambio comienza con saber dónde estamos.

El Estado informal

Parece un oxímoron —la figura retórica que nace de la combinación de dos palabras de significado opuesto—, pero en el Perú no lo es. El Estado, la organización jurídica de la nación, la definición más ajustada a lo formal, alcanza en nuestro país dimensiones de todo lo contrario. 

 

Un Estado informal es la realidad de todos los días, que por lo mismo ya no llama la atención. Atraviesa la estructura orgánica de cabo a rabo. 

 

El Estado informal está en el cuaderno de ocurrencias de la comisaría de barrio, que anota el robo de tu celular o de los espejos de tu carro sin que se despliegue investigación alguna.

 

Está en la receta médica que prescribe un galeno en el hospital público y que no existe en la farmacia, sino en la cadena de boticas privadas que se disputan a los clientes frente al nosocomio.

 

Está también en las precarias carpas que se levantan en las afueras del hospital infantil donde durante semanas pernoctan los padres que vienen de provincias para asistir a sus hijos enfermos.

 

Está en el policía de tránsito que recibe un sencillo del infractor antes que cumplir con su deber y colocar la papeleta o perdonar al que transgrede la ley si la falta es leve.

 

Está en el secretario de juzgado que se reúne por lo bajo con alguna de las partes y coloca o reacomoda el expediente según sea el arreglo al que haya llegado.

 

Está, por cierto, en el Congreso de la República cuando aprueba proyectos alargando el uso de colectivos informales en corredores viales destinados —¡qué sorpresa!— para empresas de transporte formal.

 

Y está en el propio Poder Ejecutivo cuando nombra sendos funcionarios en cargos de primera importancia sin que tengan la experiencia ni las credenciales para el buen desempeño de la función pública. 

 

Pero, sobre todo, está en todos los mecanismos en donde lo que campea es la corrupción.

 

Antes de la pandemia ya teníamos más del 73% de nuestra economía en la informalidad (OIT, 2020). Hoy, ese porcentaje se ha disparado a más del 80%. 

 

En Chile, a propósito del debate presidencial que definió a su futuro presidente, se debatía con asombro el crecimiento de la informalidad económica en ese país al 30%. ¿Se imaginan al Perú con esos indicadores de informalidad?

 

El fenómeno informal en la economía es claramente, sobre todo al comienzo, una forma de subsistir. En la política, en cambio, es una señal de disfuncionalidad.

 

Nadie puede cuestionar que la informalidad económica ha resuelto el problema del empleo. Pero del empleo precario. La informalidad ha sido una válvula de escape de sociedades al límite como la nuestra.

 

Pero la informalidad política, desde el Estado, revela algo peor que la precariedad del puesto de trabajo. Revela la precariedad del sistema.

 

Un Estado que no puede proveer servicios públicos de calidad tiene un problema mayor que solo tener malos funcionarios. Un Estado informal retrae, desfavorece el propio desarrollo nacional.

 

El Estado informal perfora la confianza en el sistema. Y como todo sistema que falla y cuyo final es el desmoronamiento, un Estado informal es el paso más seguro a un Estado fallido.

 

 

Un mundo más humano

  

El segundo año de la pandemia más terrible que ha vivido el mundo nos deja nuevamente asustados y perplejos con la recomendación de limitar nuestras salidas y reuniones o, de preferencia, encerrarnos, otra vez, en nuestras cuevas. La variante ómicron es la nueva amenaza que, según los entendidos, será la cepa predominante en poco tiempo debido a su alto poder de contagio. Hemos avanzado en contener los efectos de la enfermedad con las vacunas, pero las consecuencias han sido diferenciadas. 

 

La covid-19 ha aumentado la brecha social, económica y sanitaria en la humanidad. Pero no todos han sentido el impacto en igual proporción. Los pobres han sido los más afectados. Sobre ellos ha recaído el mayor número de muertos, la mayor pérdida de empleo, el hambre, la tardanza en el acceso a las vacunas y el retraso en el proceso de aprendizaje debido a su preexistente condición de baja conectividad digital.

 

Un informe del Banco Mundial señala que uno de los efectos directos de la pandemia fue que la pobreza aumentó el 2020 por primera vez en más de 20 años. Los grupos humanos que empezaban a salir de la pobreza, gracias a mecanismos de acceso al mercado y creación de fuentes de trabajo, retrocedieron y, lo que es peor, produjeron más de 100 millones de nuevos pobres.

 

La disparidad económica afecta también la salud. Los países de ingreso alto han vacunado a más del 75% de su población, mientras que los países de ingreso bajo lo han hecho apenas al 7%. No hay un acceso paritario a las vacunas, ni justo. El problema es que al tener pocos vacunados los países pobres se convierten en laboratorios humanos para un mayor número de mutaciones del virus. 

 

La no vacunación de la población trae otro problema. Su recuperación económica, ya de por sí pequeña y desigual, demora en reactivarse, privando a las personas de empleos que les generen ingresos para alimentarse mejor y para proveerse de otros servicios, como educación, por ejemplo. El 40% de la población más pobre del planeta aún no recupera sus magros ingresos. Y no es seguro que lo haga en un contexto de ralentización de la economía mundial.

 

El comercio y el turismo, que es lo más seguro que tienen las naciones menos favorecidas, han sido duramente golpeados por la pandemia. Esta es la ventana más segura de empezar la recuperación económica debido a que la propia pandemia demanda asegurar bienes y servicios esenciales, sobre todo alimentos frescos o procesados y productos sanitarios. Comercio fluido, generación de empleo y reducción de la pobreza van de la mano. Esto es algo que tienen que entender quienes administran el Estado. Para las exportaciones es profundizar la pobreza.

 

Finalmente, está el impacto de la pandemia en la educación. El cierre prolongado de las escuelas, la baja conectividad y la carencia de programas de gobierno que enfrenten esta situación ha hecho que tengamos aprendizajes deficientes, cuando no nulos, lo que ha llevado a que generaciones enteras de niños de 10 años, de países con ingresos bajos y medios, no puedan comprender un texto básico ni realizar operaciones matemáticas elementales.  Los datos del Banco Mundial indican que estos niños están en riesgo de perder 17 mil millones de dólares en ingresos por educación precaria a lo largo de su vida.

 

No hay forma de salir de este pozo profundo que con una mano solidaria. Además de focalizar y gastar adecuadamente, se requiere un mundo más humano, menos rentista, que no solo comercie con las vacunas, sino que proteja la vida. ¿Cómo es posible que existan países que tienen aseguradas vacunas para cuarta o quinta dosis cuando hay otros que ni siquiera pueden asegurar la primera dosis? La pandemia ha afectado todas las áreas del desarrollo. Pero si no reaccionamos como seres humanos y construimos un mundo más equilibrado, estamos perdidos. Hoy es la covid-19, mañana será el cambio climático, la guerra o cualquier otra plaga. Los pobres siempre serán los más vulnerables. Necesitamos, en definitiva, un mundo más humano y más justo.

Los primeros 100 ó 200 días de gobierno

Definir el rumbo de un Gobierno en los 100 primeros días es un número fortuito de la comunicación política. No es una medida exacta ni un plazo perentorio. Es más bien el resultado del pragmatismo y mercadotecnia de Franklin D. Roosevelt, quien en 1933 logró despertar en la ciudadanía confianza, esperanza y optimismo de que la crisis económica y la gran depresión se iban a solucionar.

Entre otras cosas, el Gobierno logró en ese periodo de tiempo armar un conjunto de 15 proyectos de ley que fueron luego explicados en detalle y de manera persuasiva en discursos, entrevistas y plazas, y empaquetados con el sugerente título de “The New Deal”. Los medios de comunicación respaldaron con entusiasmo las medidas. No fueron palabras inspiradoras solamente, sino acciones concretas de cambio, nuevas reglas de juego y una fresca inyección de dinero público.

De ahí en adelante, los marketeros políticos han considerado esos primeros 100 días como el tiempo suficiente para que un Gobierno defina aquellos rasgos que definirán el tipo de relación que tendrá con la ciudadanía. Lo que hizo Roosevelt en esos primeros 100 días fue un auténtico cambio de rumbo político y económico.

Es difícil medir con esos parámetros de éxito cualquier otro proceso de iniciación de gobierno. De hecho, los primeros 100 días del Gobierno del presidente peruano, Pedro Castillo, han sido todo lo contrario a lo que señala la praxis política. El gabinete de inicio fue cambiado, la solicitud de iniciativa legislativa para aprobar medidas tributarias no se ha aprobado, los escándalos en el nombramiento de funcionarios públicos han estado a la orden del día, la bancada oficialista se ha partido en dos, la popularidad del presidente decae y los medios de comunicación parecen todos estar alineados, pero en contra del Gobierno.

La sensación en los sondeos de opinión es que más bien estamos ante un Gobierno que no parece estar a la altura de las necesidades del país. La propuesta de nueva Constitución a través de una asamblea constituyente se encuentra en las últimas prioridades de la gente. Primero están la recuperación del empleo, la salud, la educación y la inseguridad ciudadana.

La pregunta en este caso sería: ¿y si en lugar de 100 se necesitaran 200 días? ¿Es posible cambiar la percepción? De lo que se trata en este caso es de despertar en la gente la sensación de confianza y optimismo. Confianza en que los actores políticos son los adecuados y conocen a dónde dirigir el barco, y optimismo de que llegaremos a buen puerto o, al menos, no sucumbiremos en el intento.

El Gobierno, como cualquier otro que recién empieza, tiene el poder necesario para rediseñar una política de comunicación que lo vuelva creíble, confiable y eficaz. No se trata solo de aspectos comunicacionales, claro está, sino de gestión y recursos humanos ad hoc. Es como construir una pirámide. Deberás colocar bien las bases desde el comienzo, de lo contrario, con seguridad, esta se desmoronará. 

Los errores, las rectificaciones y los colaboradores no calificados son la peor combinación que puede tener un Gobierno en cualquier periodo que se encuentre y, a la vez, el mejor escenario para cualquier medio de comunicación independiente. Los escándalos se venden solos.

El mejor recurso que tiene un Gobierno para comunicar y edificar la gran pirámide es el presidente. Y la mejor forma de llegar que tiene un presidente es hacerlo directamente a la población. Ahora, si el presidente decide no hablar o cuando lo hace se equivoca, estamos ante un problema mayor, que excede los primeros 100, los 200 o todos los días de cualquier mandato. Al final, como dice la teoría política, lo que los ciudadanos recordarán será todo lo que se hizo o no se hizo en esos primeros días de gobierno.

 

La revolución productiva de la sierra (1)

Esta semana Radio Programas subió a las alturas de Puno y abrió sus micrófonos a la gente de Corani, Puno. Julia Anco Anagui, una mujer que vive en su casa de barro e ichu relató como ella sentía la vida: “Vivo en una lomada, en un lugar seco, donde no hay agua, no hay para consumir, no hay para nuestros animales, no hay para regar las chacras, no hay nada acá, todo está seco. No hay agua, no hay lluvia, no hay nada. Sembramos productos, no valen para nada, sembramos, pero no cosechamos bien. A veces no cosechamos cuando hay helada. No hay vida en este pueblo, en un lugar seco estamos”.

 

Julia Anco contó que la falta de agua mataba a sus animales y hacía abortar a sus ovejas. En medio de su soledad e impotencia, le dijo al corresponsal de RPP que los niños de Corani no estaban asistiendo al colegio y que, como sus abuelos en el pasado, ahora los nietos no sabían leer. Esta realidad no es muy diferente a la que viven a diario las poblaciones altoandinas del país. Es difícil para el Estado proveer servicios pasando los 2500 metros de altura. 

 

¿Qué se puede hacer para solucionar esta situación de abandono de nuestra población campesina que, contra todas las dificultades, puebla el Ande hasta niveles que sobrepasan los 5000 m.s.n.m., organizando su vida en base al pastoreo y la agricultura de subsistencia, minada por la migración constante de los más jóvenes? ¿Hay posibilidades de desarrollo productivo en estas zonas agrestes y desoladas?

 

La experiencia que se viene logrando en diferentes espacios territoriales del país indica que sí, a condición de generar un cambio profundo en la tecnología productiva del campo, que, más que una reforma agraria —vinculada a un cambio de propiedad de la tierra—, es una revolución productiva de la tierra como consecuencia de una mejora en la gestión del agua, sustituyendo el riego por inundación —usado desde hace 10 mil años cuando se descubrió la agricultura— para introducir el riego tecnificado.

 

En las alturas de Tupicocha, en la cuenca alta de Lurín, existe evidencia de la transformación que ha logrado la gestión del agua en un escenario de permanente escasez del recurso hídrico, combinando técnicas ancestrales como las amunas, almacenamiento de agua en represas o qochas y riego tecnificado por goteo. A través de una siembra escalonada se logra administrar la cosecha todo el año, aumentar los cortes de alfalfa y con ello favorecer la crianza y alimentación de animales menores. El eslabón final de este proceso de innovación productiva es, sin duda, el riego tecnificado por goteo. En la sierra peruana el problema no es la tierra, sino el agua.

 

El economista Carlos Paredes, impulsor de Sierra Productiva, ha logrado junto a la Federación Campesina del Cusco y el Instituto Alternativa Agraria un laboratorio vivo en las comunidades campesinas de la microcuenca de Jabón Mayo, a 4000 m.s.n.m., en la provincia de Canas, Cusco. Bajo el enfoque de “Gestión integral de microcuencas” se introdujo el sistema de riego por aspersión dentro de un manejo racional del agua con la finalidad de dejar de depender exclusivamente de la agricultura de secano basada en la lluvia. 

 

Una lección importante de las experiencias de Tupicocha y Cusco es que, para introducir una nueva técnica en gestión del agua, manejo de suelos, abono, siembra, cosecha o poscosecha, y lograr que se replique, el campesino requiere que quien le enseñe sea otro campesino. No un ingeniero o un técnico, sino una persona como él, que ha adquirido un conocimiento especializado y que enseña con el ejemplo. A estas personas, hombres y mujeres del campo, se les conoce como yachachiqs: el que enseña aprendiendo. 

 

El Estado debería hacer un esfuerzo por incentivar la formación de los yachachiqs y crear con ellos las Escuelas Campesinas para difundir, mediante pasantías locales e intercomunales, las técnicas más avanzadas logradas en gestión del agua, manejo de la tierra, crianza de animales y producción de bienes artesanales o semiindustriales. Según Paredes, su organización ha logrado capacitar a 1700 yachachiqs en diez departamentos del país.

 

El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) y el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (Foncodes) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), son hoy en día las autoridades competentes para certificar a los yachachiqs, dándoles así la oportunidad de integrarse a la PEA a hombres y mujeres del campo que no lograron terminar sus estudios básico o superior, pero que a lo largo de su vida han adquirido conocimientos, nuevos aprendizajes y competencias. 

 

Estos líderes comunales dominan técnicas de cosecha y siembra de agua, mejoramiento de pastos y crianza de animales, así como implementación de energías renovables, cocinas mejoradas, producción de lácteos, lana, piscigranjas, fitotoldos y decenas de innovaciones tecnológicas de bajo costo y alto rendimiento. Lo que falta es que la academia —universidades e institutos técnicos— se integre a este proceso de conocimiento y desarrolle mejoras en las herramientas que usa el campesino, como la chaquitaclla, por ejemplo, que no ha sido modificada desde su invención. 

 

Los saberes ancestrales del campesino, unidos a los conocimientos científicos actuales, enseñados por los propios líderes del campo a través de las Escuelas Campesinas organizadas por el Estado, desde las regiones, sería una auténtica reforma agraria con un impacto productivo que mejoraría su calidad de vida en su propio entorno altoandino.

Las Bambas: Las comunidades quieren hacer empresa

A mediados de agosto de este año, apenas instalado el nuevo Gobierno, un grupo de comunidades de Chumbivilcas, Cusco, paralizó las actividades del corredor minero del sur, Las Bambas, generando la intermediación del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, un paisano de la zona.

 

Los medios informaron que el motivo de la medida de fuerza era un viejo reclamo que cambió el uso de una vía regional a nacional, lo que permitió el tránsito de pesados camiones con el mineral, levantando polvo y afectando los cultivos y la vida de la población.

 

Sin ser del todo inexacta esta información, es, al menos, incompleta. El motivo principal del reclamo de los chumbivilcanos era que la empresa Minera MMG Las Bambas les permitiera a 10 comunidades cusqueñas ser proveedoras de bienes y servicios.

 

Más que una protesta antiminera o ecológica, se trató de una protesta para ser parte de las operaciones comerciales y compartir las ganancias. En este caso, las comunidades proponen comprar camiones de alto tonelaje y formar empresas para brindar el servicio de transporte del mineral. Chumbivilcas no protesta tanto por el polvo que dejan los camiones al pasar por su territorio, sino por el derecho a ser ellos quienes lo hagan.

 

No es la primera vez que las comunidades altoandinas protestan y paralizan las operaciones. Según la Defensoría del Pueblo, en esta región se reportan 22 de los 196 casos de conflictividad social que existen en todo el país. 9 de estos conflictos se ubican en la provincia de Chumbivilcas. Lo novedoso en este último caso es el espíritu empresarial que revelan esas acciones. Es un aspecto que las mesas de negociación y, por supuesto, las empresas extractivas deben tener en cuenta al momento de analizar y decidir operaciones. 

 

El concepto es sencillo, aunque su puesta en práctica es más compleja. La zona de influencia directa de Las Bambas abarca las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, donde se encuentra el yacimiento. Esta zona recibe alrededor de 1.5 millones de soles diarios producto de regalías.  

 

El material es extraído es transportado a la costa para su exportación. La ruta que utiliza para salir pasa por la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, que es la que ahora protestó y logró cerrar una acuerdo con el Gobierno para convertirse en socia comercial de la empresa. En este punto, el Comité de Gestión Minero Energético instalado en Apurímac, ha sido sobrepasado por los emprendedores chumbivilcanos.

 

Por esta razón, el gobernador de Apurímac ha expresado su molestia contra este acuerdo. No es posible, dice, que se atienda primero a quienes solo tienen el derecho de tránsito, sin que antes se resuelva el pedido de quienes producen el mineral. ¿Por qué tendrían que ser los cusqueños los que ofrezcan el servicio de transporte del mineral y no los apurimeños?

Cuando hablamos de cambios que se deben lograr en las comunidades antes que pensar en una nueva Constitución debe atenderse primero problemas como este. ¿Cómo logramos que el crecimiento y las oportunidades que brinda la minería involucre también a las comunidades altoandinas? El canon, el sobrecanon y las regalías son una forma de hacerlo desde el Estado. Pero está claro que eso no basta. Su efecto se diluye ante la ineficacia y la corrupción de la administración pública.

 

La minería representa el 60% de las exportaciones del país y aporta el 20% de los ingresos tributarios. Sus beneficios llegan a través de impuestos que son redistribuidos a los tres niveles de gobierno. La provisión de servicios básicos —educación, salud, infraestructura— es la manera que tiene el Estado para hacerse presente en las comunidades. Pero así como se busca crecer sostenidamente, también se debe redistribuir socialmente. Y esta tarea está un poco más allá de lo que la acción del Estado pueda hacer en las comunidades. 

 

La protesta de Chumbivilcas, nos dice que son las propias comunidades las que quieren involucrarse, asociarse, en los negocios. Para que un proyecto minero sea viable la comunidad debe percibir los beneficios de manera inmediata. Ellas no quieren ser más espectadoras del mineral que pasa a diario por sus tierras. Ahora quieren ser socias y dar servicios a la empresa. No debería restringirse ese espíritu emprendedor, al contrario, debería incentivarse. Después de todo, las comunidades solo quieren sentarse en la mesa, de igual a igual.