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28 diciembre, 2021

Un mundo más humano

  

El segundo año de la pandemia más terrible que ha vivido el mundo nos deja nuevamente asustados y perplejos con la recomendación de limitar nuestras salidas y reuniones o, de preferencia, encerrarnos, otra vez, en nuestras cuevas. La variante ómicron es la nueva amenaza que, según los entendidos, será la cepa predominante en poco tiempo debido a su alto poder de contagio. Hemos avanzado en contener los efectos de la enfermedad con las vacunas, pero las consecuencias han sido diferenciadas. 

 

La covid-19 ha aumentado la brecha social, económica y sanitaria en la humanidad. Pero no todos han sentido el impacto en igual proporción. Los pobres han sido los más afectados. Sobre ellos ha recaído el mayor número de muertos, la mayor pérdida de empleo, el hambre, la tardanza en el acceso a las vacunas y el retraso en el proceso de aprendizaje debido a su preexistente condición de baja conectividad digital.

 

Un informe del Banco Mundial señala que uno de los efectos directos de la pandemia fue que la pobreza aumentó el 2020 por primera vez en más de 20 años. Los grupos humanos que empezaban a salir de la pobreza, gracias a mecanismos de acceso al mercado y creación de fuentes de trabajo, retrocedieron y, lo que es peor, produjeron más de 100 millones de nuevos pobres.

 

La disparidad económica afecta también la salud. Los países de ingreso alto han vacunado a más del 75% de su población, mientras que los países de ingreso bajo lo han hecho apenas al 7%. No hay un acceso paritario a las vacunas, ni justo. El problema es que al tener pocos vacunados los países pobres se convierten en laboratorios humanos para un mayor número de mutaciones del virus. 

 

La no vacunación de la población trae otro problema. Su recuperación económica, ya de por sí pequeña y desigual, demora en reactivarse, privando a las personas de empleos que les generen ingresos para alimentarse mejor y para proveerse de otros servicios, como educación, por ejemplo. El 40% de la población más pobre del planeta aún no recupera sus magros ingresos. Y no es seguro que lo haga en un contexto de ralentización de la economía mundial.

 

El comercio y el turismo, que es lo más seguro que tienen las naciones menos favorecidas, han sido duramente golpeados por la pandemia. Esta es la ventana más segura de empezar la recuperación económica debido a que la propia pandemia demanda asegurar bienes y servicios esenciales, sobre todo alimentos frescos o procesados y productos sanitarios. Comercio fluido, generación de empleo y reducción de la pobreza van de la mano. Esto es algo que tienen que entender quienes administran el Estado. Para las exportaciones es profundizar la pobreza.

 

Finalmente, está el impacto de la pandemia en la educación. El cierre prolongado de las escuelas, la baja conectividad y la carencia de programas de gobierno que enfrenten esta situación ha hecho que tengamos aprendizajes deficientes, cuando no nulos, lo que ha llevado a que generaciones enteras de niños de 10 años, de países con ingresos bajos y medios, no puedan comprender un texto básico ni realizar operaciones matemáticas elementales.  Los datos del Banco Mundial indican que estos niños están en riesgo de perder 17 mil millones de dólares en ingresos por educación precaria a lo largo de su vida.

 

No hay forma de salir de este pozo profundo que con una mano solidaria. Además de focalizar y gastar adecuadamente, se requiere un mundo más humano, menos rentista, que no solo comercie con las vacunas, sino que proteja la vida. ¿Cómo es posible que existan países que tienen aseguradas vacunas para cuarta o quinta dosis cuando hay otros que ni siquiera pueden asegurar la primera dosis? La pandemia ha afectado todas las áreas del desarrollo. Pero si no reaccionamos como seres humanos y construimos un mundo más equilibrado, estamos perdidos. Hoy es la covid-19, mañana será el cambio climático, la guerra o cualquier otra plaga. Los pobres siempre serán los más vulnerables. Necesitamos, en definitiva, un mundo más humano y más justo.

07 junio, 2013

Las lecciones de Lula da Silva



Jose Inacio Lula da Silva estuvo hace unos días en Perú, refrescando con su presencia y sus discursos, con su pensamiento y acción, la importancia de las decisiones de Estado, más allá de coyunturas por las que atraviesan los gobernantes.

El ex presidente de la sexta economía del mundo, llegó a nuestro país para conmemorar en décimo aniversario del Acuerdo Estratégico entre Perú y Brasil. Dicho acuerdo –hay que recordarlo, porque no se ha dicho con claridad– se firmó durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo, en agosto de 2003.

Lula destacó tres decisiones y una consecuencia asumidas durante el gobierno del presidente Toledo: 1) Firmar la Alianza Estratégica Perú-Brasil, 2) Construir La Carretera Interoceánica, 3) Construir el primer Puente internacional en 500 años. Como consecuencia de estas decisiones de Estado –continuadas por los gobiernos siguientes–, el comercio bilateral aumentó notablemente.

En una década el comercio bilateral se incrementó de 656 millones de dólares a 3.700 millones de dólares anuales. Brasil apostó por intensificar el comercio con  los países de América del Sur. No se equivocó. Antes de que Lula llegara a la presidencia, el comercio intrasur era de US$ 15 mil millones de dólares. Hoy asciende a US$ 70 mil millones.

"Estos números son necesarios para darse cuenta de que con un poco de voluntad se pueden concretar las cosas y en mi opinión la relación entre el Perú y Brasil no ha alcanzado ni el 10% de todo su potencial de los próximos años”.

Pero no siempre estas decisiones de mediano y largo plazo son entendidas. Críticos coyunturales existirán siempre. "Me dijeron por qué no la hacemos con Alemania o con Francia, pero el tiempo se encargó  de probar lo que sucedió (...) algunos me decían  pero qué alianza estratégica podían hacer dos países miserables, dos paisitos pobres”.

Algo parecido ocurrió con la Carrtera Interoceánica. En el Congreso peruano se opusieron quienes –paradójicamente– gobernarían inmediatamente después. La Interoceánica csotó sangre, sudor y lágrimas al gobierno de Toledo. Por primera vez en la historia de su etapa republicana, el Perú unió a 10 departamentos de la zona sur del país. Al final fueron tres vías –las Interoceánicas del Norte, Centro y Sur– hoy convertidos en corredores IIRSA los proyectos más relevantes que planificaríamos con Brasil.

Que nuestros países vivieron de espaldas lo demuestra el hecho de que el primer Puente internacional también se construyó a inicios del Siglo XXI. Lula lo ha recordado: “Brasil tiene frontera con Perú, y del lado peruano se producen muchas cosas pero el Estado de Acre se lleva cosas desde Sao Paulo. El primer puente construido entre el Perú y Brasil demoró 500 años”.

Quienes se oponían a proyectos de esta envergadura señalaban que no se justificaba la obra por el número reducido de vehículos que pasaban en ese momento. La respuesta de Alejandro Toledo fue sencilla: pongan la carretera y verán cómo aumentan las unidades vehiculares.

El tiempo le dio la razón. El 2002, el Perú exportaba a Brasil 217 millones de dólares. Hoy exporta seis veces más, por encima de los 1.200 millones de dólares. Las exportaciones de Brasil a Perú crecieron a su vez cuatro veces.

En palabras de Lula: “Pienso que hubo un avance considerable que no nos imaginamos. Nuestro flujo comercial (entre Perú y Brasil) era menos de 700 millones de dólares y lo aumentamos a casi 4 mil millones”.

Es lo que pasa cuando se gobierna pensando no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.

13 noviembre, 2009

De espías y traidores

El descubrimiento del espía peruano trabajando para Chile es un hecho que lacera el orgullo nacional. ¿Qué puede ser más deshonroso –más aún para alguien que tiene formación militar- que la traición a la Patria?

El espionaje es un acto noble y heroico cuando se realiza en beneficio del país de origen. Pero es abyecto cuando es en contra de los intereses del propio país.

Por eso, a lo largo de la historia, los actos de espionaje y traición se sancionaban con la pena capital.

Aún hoy, en caso de guerra externa, un acto de traición a la Patria, se castiga con la muerte.

No es el caso del suboficial FAP, Víctor Ariza Mendoza, por supuesto, innoble connacional.

Lo que este hecho revela –más allá de la iniquidad de carácter del suboficial peruano- es la conducta hostil por parte del gobierno de Chile.

Es un acto ofensivo e inamistoso, como bien ha señalado el canciller José Antonio García Belaúnde.

En medio de un intento de compra de armamento por 665 millones de dólares, notificada al Congreso norteamericano por la Agencia de Cooperación de Seguridad y Defensa de Estados Unidos.

La lista incluye misiles Stinger, sistemas de radar Sentinel y misiles AIM de mediano alcance de tierra y aire-aire que Chile necesita para sus cazabombarderos F-16.

La notificación de la agencia norteamericana estará treinta días en el Senado por si algún legislador quiere preguntar algo al respecto. Y por si algún gobierno quiere hacer lobby. Pero, me temo, que nada conseguiremos aquí.

Una vez que el mercado de armas inicia su operación de venta, nada puede impedir su concreción.

Lo que nos queda es perfeccionar nuestros sistemas de seguridad. Nuestros sistemas de inteligencia y contrainteligencia. Y nuestra formación ética y patriótica.

Espías de uno y otro lado existirán siempre. Y traidores también.

17 septiembre, 2009

Chile rechaza Pacto de No Agresión

(Vía AP)El ministro de Defensa de Chile, Francisco Vidal, se sumó al canciller Mariano Fernández de rechazo al pacto de no agresión propuesto por el presidente peruano Alan García y dijo que le recuerda el suscrito entre la Alemania nazi y la Unión Soviética.

“Uno hace un pacto de no agresión cuando hay una amenaza latente. Recuerdo el pacto de la Alemania nazi y la Unión Soviética, ahí había pacto de no agresión. Chile no agrede a nadie, defiende lo que tiene y punto”, dijo Vidal.

El mandatario peruano propuso a la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, la firma de un pacto de no agresión militar.

La propuesta ya había sido descartada por el canciller Mariano Fernández , señalando que un pacto de no agresión le parece que corresponde a “un lenguaje militar clásico y a nosotros nos parece que hemos avanzado lo suficiente como para utilizar un lenguaje de cooperación y asociación. Me suena a un clima demasiado bélico”.

Las autoridades chilenas sostienen que lo que corresponde es trasparentar los gastos militares, tal como un convenio que Chile tiene con Argentina. Fernández dijo que un acuerdo similar fue propuesto a Perú, pero su gobierno no ha respondido.

29 agosto, 2009

Las riquezas de los territorios perdidos V

La exportación salitrera *

El salitre fue el segundo producto exportable que explica la riqueza de Chile. Diversos historiadores han estudiado el impacto económico que significó para el vecino del sur la apropiación del salitre. En esta oportunidad presentamos tres cuadros que en conjunto explican cómo la guerra nos despojó de uno de los recursos más importantes para nuestra economía.

La primera serie histórica es 1830 hasta 1860 y fue publicada por el historiador Emilio Romero en su libro “Historia económica del Perú”, Tomo 2. Así se movía la exportación de salitre peruano diecinueve años antes de que estalle la guerra:


El crecimiento geométrico permite comprender el peso que tuvo este mineral en los ingresos del fisco peruano. Si en la década del 30 al 39 del siglo XIX, se exportaba 1 millón de quintales, treinta años más tarde, entre el 60 y 69, una década antes del conflicto, esta cifra se había multiplicado por veinte.

La segunda serie histórica, entre 1870 y 1879, es del historiador Jorge Basadre. El autor de “Historia de la República del Perú”, toma como referencia las cifras anotadas en el puerto de Liverpool, la puerta de entrada a Europa. En este periodo las exportaciones salitreras son fluctuantes:


La tercera serie histórica es del embajador Juan Miguel Bákula quien reproduce las cifras de producción y comercialización de salitre posteriores a la guerra, de una investigación realizada por Carlos Palacios Moreyra.

Aquí se observa la evolución que tuvo la exportación y el precio por quintal del salitre desde 1880, en pleno furor de la guerra, hasta el crack económico mundial de 1929.

"En los primeros años, hasta 1881, el precio se mantuvo alrededor de 14.5 y 15.5 peniques el quintal, para bajar en la medida que aumentó la producción a 12 peniques", refiere Báckula.

“Sin embargo, al comenzar el siglo XX la demanda aumentó, también por requerimientos industriales del armamentismo creciente, con el consiguiente beneficio pues hacia 1910 los nitratos chilenos abastecían cerca del 70% de la demanda mundial”.

Según estas cifras la exportación de salitre al finalizar la guerra, se triplicó, y los impuestos para el Estado chileno, también.

Sólo el descubrimiento alemán del salitre sintético y la posterior caída de la economía mundial en 1929 motivaron su paulatino descenso en las exportaciones chilenas. (Continuará...)



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* Con este artículo retomamos nuestra serie histórica sobre lo que significó para el país vencedor la conquista de territorios en los que se encontraban los principales recursos naturales de los países vencidos.

06 agosto, 2009

América Latina: Yanquis, Go Home! ¿Otra vez?

El tablero político latinoamericano está movido.

A la crisis hondureña por el poder -no resuelta hasta el momento-, se suma la instalación en Colombia de siete bases militares norteamericanas para luchar contra el narcotráfico y el terrorismo.

Estos hechos aislados y diferentes en su naturaleza están interrelacionados con un debate mayor que atraviesa la región de punta a punta: la pugna entre dos modelos económicos que han hecho de esta región un escenario de confrontación.

En el caso de Honduras hoy es más claro que el presidente Zelaya fue depuesto para evitar el avance del modelo chavista de perpetuación en el poder.

Quizás por eso, Estados Unidos no se ha mostrado tan entusiasta a la hora de defender al presidente democráticamente elegido en Honduras.

Y quizás también por eso la Organización de Estados Americanos no ha podido hacer más que auspiciar un mecanismo de mediación, el del presidente de Costa Rica, Oscar Arias.

La respuesta de Micheletti ha sido su permanencia en el poder y la de Zelaya recuperar su gobierno por la fuerza reclamando, en todos los tonos, la intervención directa de los Estados Unidos.

El gobierno de Obama ha permanecido más bien quieto. En donde sí ha mostrado más interés –para desesperación de Chávez que empieza a ver cómo se difumina el Obama cercano a América Latina de Trinidad y Tobago- es en el caso colombiano.

A las bases militares de Larandia (Caquetá) y Tolemaida (Cundinamarca) que Estados Unidos ya controlaba hace diez años, gracias al Plan Colombia, se suman las bases de Malambo (Atlántico), Apiay (Villavicencio) y Palanquero (Cundinamarca), así como Bahía Málaga (Valle) y Cartagena.

Estados Unidos tendrá libertad de aterrizaje en estos siete puntos y más si fuera necesario, pero no podrá aumentar el número de tropas.

Para buscar la comprensión del vecindario, el presidente Uribe se encuentra en una gira relámpago por Sudamérica, pero la opinión del barrio está dividida. Venezuela, Bolivia y Brasil rechazan la medida. Perú la apoya, mientras Chile se mantiene neutral. Argentina no ha dicho nada públicamente.

El presidente Hugo Chávez ve en la decisión colombiana el origen de una futura guerra en la región. "Estas bases podrían ser el inicio de una guerra en Sudamérica. Se trata de los yanquis, la nación más agresora de la historia de la humanidad", acaba de decir en el Palacio de Miraflores.

Para pasar de la palabra a la acción Chávez ha congelado las relaciones diplomáticas con Colombia y ha anunciado el corte comercial entre ambos países.

Si consideramos el rompimiento de relaciones entre Ecuador y Colombia hace más de un año y las constantes provocaciones del Presidente boliviano Evo Morales con el Perú colocando nuestras relaciones en permanente incertidumbre, tenemos un escenario vulnerable por donde se lo mire.

Para añadir más condimento al caldo, el líder cubano, Fidel Castro acaba de escribir un artículo en “Cubadebate” en el que defiende el derecho de Venezuela a armarse ante la instalación de bases militares norteamericanas en Colombia.

Los países sudamericanos tienen previsto reunirse este 10 de agosto en Quito alrededor de la UNASUR. Uno de los puntos de agenda será, sin duda, la decisión de Colombia. Ocasión en que el tablero regional se moverá para uno y otro lado. Veremos si el chavismo logra imponer un grito que no se escuchaba hace mucho tiempo: Yanquis, Go Home!

10 mayo, 2009

Ex Cancilleres de Chile desconocen el Punto Concordia



Un grupo de nueve ex cancilleres de Chile ha emitido una opinión respecto al límite marítimo entre Perú y Chile.
La piedra de toque de su argumentación está basada en el desconocimiento del Hito denominado Punto Concordia, acordado en el Tratado de 1929.

Según este tratado "la frontera entre los territorios de Chile y el Perú, partirá de un punto de la costa que se denominará "Concordia", distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta".
Para el país del sur este punto de la Costa denominado Concordia es el Hito Nº 1.

Con esta argumentación, Chile incumple el tratado internacional de 1929 y cambia unilateralmente la frontera terrestre.
Chile corre el punto de inicio de la frontera desde el denominado Punto Concordia -ubicado en la orilla del mar- hacia el Hito Nº 1.
En otras palabras, Chile mueve la frontera de la referencia geodésica 18º 21' 08" a las coordenadas 18º 21' 03". (El autor).


Declaración que entregaron nueve ex cancilleres de Chile sobre la pretensión que Perú ha planteado ante la Corte Internacional de Justicia:

El Límite Marítimo Chile-Perú


En nuestra calidad de ex cancilleres de Chile, hemos considerado un deber ineludible dar testimonio de la posición invariable de nuestro país en lo relativo a la existencia de una delimitación marítima con el Perú, basada en tratados internacionales válidamente celebrados.

Animados de este espíritu, exponemos a continuación los principios y actos que fundamentan el límite marítimo y que demuestran su existencia.

El límite está definido

Existe un acuerdo de larga data entre ambos países, que se expresa en el paralelo que separa sus respectivas zonas marítimas de 200 millas. El límite marítimo de Chile y Perú está definido y, en vigor, y corresponde al paralelo geográfico 18º 21' 03".

Así consta en los instrumentos jurídicos vigentes, con fundamento en las declaraciones jurisdiccionales concordantes de 1947 y en los tratados celebrados y debidamente ratificados por ambos países junto a Ecuador, denominados Declaración sobre Zona Marítima o Declaración de Santiago, de 18 de agosto de 1952; y Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima, firmado en Lima el 4 de diciembre de 1954, y su Aclaración adicional suscrita en la misma conferencia. Colombia adhirió después a la Declaración sobre Zona Marítima. El límite marítimo fue señalizado mediante Actas y actos de 1968 y 1969, acuerdos internacionales adoptados a iniciativa del propio Perú que materializaron en terreno el paralelo del Hito 1 (esto es, mediante señales luminosas que permiten a las personas apreciar dónde está la línea divisoria de los Estados). Así se señaliza el límite marítimo entre Chile y Perú en el paralelo 18º 21 03.

A ello, hay que sumar el ejercicio de la soberanía y de la jurisdicción jamás cuestionado, desde dicho paralelo al sur, incluso desde antes de la existencia de los tratados de la década de 1950.

Reciente desconocimiento peruano

Recién en el año 2000, Perú ha pretendido desconocer la existencia de un tratado de delimitación marítima, luego de más de medio siglo de reconocimiento y práctica del mismo.

Ocho años después oficializó ante la Corte Internacional de Justicia su pretensión para que se establezca un nuevo límite marítimo.

El 19 de marzo de 2009, Perú entregó a la Corte su Memoria, mediante la cual desarrolla los argumentos de su pretensión.

Luego de tres días de esa fecha, la Cancillería peruana publicó en el diario El Comercio, de Lima, un suplemento titulado "Delimitación Marítima entre el Perú y Chile", donde se refiere a su aspiración presentada ante el Tribunal de La Haya, para el cambio del límite marítimo en vigor.

El documento, que fue prologado por el Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, José Antonio García Belaúnde, incluye láminas con la pretensión peruana, así como el texto de la demanda con sus anexos.

Contempla, entre ellos, un mapa aprobado unilateralmente por el Gobierno peruano en 2007, con la sección sur del dominio marítimo reclamado por su país, en la máxima proyección que pretende.

Cambio unilateral

En su presentación, el Ministro de Relaciones Exteriores peruano sostiene que existe una controversia jurídica bilateral relativa "a la delimitación de los espacios marítimos de ambos países, a partir del punto en que la frontera terrestre entre el Perú y Chile llega al mar, esto es, a partir del punto denominado Concordia, de conformidad con el Tratado de Límites de 1929".

La referencia del Ministro de que existe una controversia respecto de ese tema carece de fundamento, como también la negación del Acuerdo en vigor.

La alusión se construye sobre la base de supuestos, y elude explicar el fundamento de su pretensión de que la línea del límite con Chile debía trazarse a partir de la latitud 18°21'08". Esta latitud fue fijada unilateralmente por Perú en el año 2005, corresponde a un punto que nunca había sido medido conjuntamente y jamás había aparecido en documento bilateral alguno. Por el contrario, ambas partes convinieron y señalaron la frontera marítima, en la forma antes expuesta, en el paralelo 18º 21' 03", en circunstancias que décadas antes ambos países habían convenido el trazado de la frontera común a través del Acta de los Plenipotenciarios, suscrita en 1930, tal como lo señala el Tratado de Lima de 1929.

Delimitación marítima sin reservas

El texto de la Cancillería peruana indica que el Perú ha solicitado a la Corte que determine el límite marítimo sobre la base de los principios y las normas de la costumbre internacional, que según el Perú, estarían recogidos en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y habrían sido aplicados en la jurisprudencia en casos de delimitación marítima, como si no mediare un Acuerdo en vigor.

Así, el documento desconoce un capítulo importante del derecho internacional, cual es que los tratados de 1952 y 1954, y las Actas y actos de 1968 y 1969, materializaron la delimitación marítima sin que hubiera reservas entre las partes, por lo que, en este caso, existen principios esenciales relativos al respeto por los tratados y la buena fe de las partes contratantes, los que no pueden desconocerse.

Otra solicitud

El Ministro de Relaciones Exteriores del Perú afirma que su país también ha solicitado a la Corte que reconozca los derechos soberanos exclusivos que su país posee sobre el área de dominio marítimo peruano, que se extiende más allá de doscientas millas marinas del territorio de Chile y que éste considera alta mar.

Lo que pretende esta postura del Perú es una extensión del dominio marítimo hacia una zona que es actualmente alta mar, abierta a todos los Estados y donde ninguno de ellos puede establecer soberanía, como lo establece el Derecho del Mar.

Desconocimiento de actos propios y contradicciones

Más adelante, la publicación oficial en El Comercio comenta sumariamente algunos instrumentos internacionales aplicables al caso, dejando en evidencia que se trata de cambiar la historia y de crear un caso artificialmente.

El Decreto Nº 781, de 1° de agosto de 1947, es el primero de los instrumentos jurídicos que forman parte de la historia del establecimiento por parte del Perú, de la zona de 200 millas. Reconoce el país vecino que en dicho instrumento también se estableció el límite marítimo siguiendo la línea de los paralelos geográficos con dos vecinos.

Sin embargo, en su presentación ante la Corte, le resta valor a este acto unilateral, manifestando que constituyó una norma provisional que podía ser modificada por Perú.

No se señala que Chile, semanas antes, en junio de 1947, había hecho una declaración coincidente, y que de ambas surge el fundamento de la Declaración de Zona Marítima de 1952, tratado internacional donde se reitera la delimitación en base a los paralelos, al mismo tiempo que constituye la raíz jurídica de todo el sistema del Pacífico Sudoriental.

Cabe hacer notar que, en la actualidad, el límite marítimo en un paralelo es prácticamente un sistema establecido entre todos los Estados de América del Sur de cara al Océano Pacífico. Así es como el límite entre Panamá y Colombia está fijado, en buena parte, en el paralelo 5º 0' 00" (Tratado de 1976); el límite entre Colombia y Ecuador es el paralelo 1º 27' 24" (Tratado de 1975); el límite entre Ecuador y Perú es el paralelo 3º 23' 33" (Tratados de 1952 y 1954) y el límite de Perú y Chile es el paralelo 18º 21' 03" (Tratados de 1952 y 1954).

En cuanto a la Declaración de Santiago sobre Zona Marítima, de 1952, adoptada junto con Ecuador, la Cancillería peruana menciona su artículo IV, atribuyéndole, sin fundamento jurídico alguno, un carácter excepcional y restringido a la delimitación de las fronteras marítimas sólo donde se presentan islas.

Esa Declaración de Zona Marítima de 1952, no sólo constituye un tratado fundamental en la reafirmación de las 200 millas marinas de los tres países signatarios originales, sino que consagra la existencia de zonas marítimas exclusivas pertenecientes a cada país signatario.

Conforme al mandato consignado en las actas de la Conferencia donde se adoptó la Declaración de 1952, queda en evidencia la voluntad de las partes de darle al artículo IV el sentido general de que las zonas marítimas de los Estados están separadas por el paralelo.

Por tanto, el Artículo IV de la Declaración reafirma que la norma general de la división de las zonas marítimas de los Estados tiene vigencia incluso en el caso de existencia de islas entre Estados vecinos, ya que sus zonas marítimas no pueden sobrepasar el paralelo.

En cuanto al Convenio de 1954, "sobre Zona Especial Fronteriza Marítima", éste se refiere, clara e inequívocamente, al paralelo que "constituye el límite marítimo entre los dos países".

El hecho de que el Convenio facilite la actuación de los Estados fronterizos respecto de los pesqueros que traspasen el límite marítimo, se fundamenta precisamente en la reiteración del límite marítimo vigente, sin cuya existencia el tratado carecería de sentido.

Es evidente, por lo demás, que ambos tratados, debidamente ratificados, además de delimitar la frontera marítima entre los Estados partes establecen ipso facto el ejercicio de la soberanía y la jurisdicción en las respectivas zonas marítimas, es decir, la peruana al norte del paralelo 18º 21' 03" y la chilena al sur de éste, todo ello con el respectivo enforcement (aplicación efectiva) de estos atributos.

La "Aclaración sobre disposiciones de los convenios", adoptada en la misma fecha que el tratado antes indicado, aporta elementos adicionales respecto de la validez del "límite marítimo", ya que se refiere a la competencia exclusiva para conocer de las infracciones por parte de las autoridades del país cuyo límite marítimo jurisdiccional hubiere sido sobrepasado.

El Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de 1954 es también parte integrante del sistema de tratados surgidos a partir de la Declaración de Santiago de 1952, cuerpos jurídicos cuyo registro en las Naciones Unidas fue solicitado en un mismo acto en 1973, por los representantes de Chile, Perú y Ecuador en las Naciones Unidas.

En nada deroga el Convenio de 1954, el vigor y los principios fundamentales de la zona marítima, y más bien constituye una reafirmación de la misma.

Respecto al Acta de 1968, suscrita por los delegados de Chile y Perú en la frontera chileno-peruana, junto con tratarse de un instrumento que da cuenta del cometido ordenado por los Gobiernos de ambos países, en cuanto a "estudiar en el terreno mismo la instalación de marcas de enfilación visibles desde el mar, que materialicen el paralelo de la frontera marítima que se origina en el Hito número uno", ella fue aprobada en su totalidad por las Cancillerías y en sus mismos términos. Así lo afirma la nota diplomática entregada por la Cancillería peruana y respondida por la chilena, constituyendo el acuerdo sobre el particular.

El Acta de 1968 concluye que "en vista de que el paralelo que se proyecta materializar es el correspondiente a la situación geográfica que para el Hito de concreto Nº1 señala el Acta suscrita en Lima el primero de agosto de 1930, los representantes sugieren se verifique por una Comisión Mixta la posición de esta pirámide antes de la realización de los trabajos que recomiendan".

Al año siguiente, en 1969, una Comisión Mixta de ambos países verificó la ubicación e inspeccionó el estado de conservación del Hito Nº1 y de varios otros. En el Acta correspondiente se expresa el propósito de su trabajo, "con el fin de verificar la posición geográfica primigenia del Hito de concreto número uno (Nº 1) de la frontera común y de fijar los puntos de ubicación de las Marcas de Enfilación que han acordado instalar ambos países para señalar el límite marítimo y materializar el paralelo que pasa por el citado Hito número uno, situado en la orilla del mar".

Estos actos y las notas diplomáticas que les sirven de contexto constituyen acuerdos efectivos, que confirman la existencia previa del límite marítimo válido para ambas partes, con plenos efectos jurídicos.

Una vez ejecutados estos trabajos, se procedió a instalar las dos torres que "materializaron el paralelo de la frontera marítima" entre ambos países, torres cuya enfilación fue visible hasta 2001, cuando la erigida por el Perú se deterioró casi en su totalidad. Ella no fue reconstruida, a pesar de la solicitud chilena en tal sentido.

Acciones para construir un caso

En el capítulo "evolución posterior" que contiene la publicación en El Comercio, se menciona una presentación del presidente de la delegación peruana a la Tercera Conferencia del Derecho del Mar en 1980, sobre los criterios que debían aplicarse a la delimitación marítima, en un debate general, no relacionado con gestión alguna respecto de Chile. También se menciona la gestión oficiosa de 1986 llevada a cabo por el embajador Bákula, quien sugirió una revisión del límite vigente, invocando razones políticas y una supuesta evolución del Derecho del Mar. Esta iniciativa nunca fue acogida por Chile, y el embajador Bákula no planteó la inexistencia del límite marítimo. Más bien, se puede apreciar que esta gestión constituyó un reconocimiento de la existencia de un límite, el cual se pretendía revisar.

A partir del año 2000, Perú comenzó a elaborar un caso sobre delimitación marítima, reinterpretando el alcance de los tratados y desdiciéndose de lo sostenido por décadas. Al mismo tiempo, se continuó respetando el paralelo como el límite efectivo entre ambos países, habiendo Chile ejercido su jurisdicción al sur del mismo, en forma invariable hasta el día de hoy.

En 2004, Perú invitó a Chile a negociar un nuevo acuerdo. En su respuesta, Chile señaló que "no resulta procedente referirse a negociaciones sobre convenios vigentes, que han establecido el límite marítimo entre Chile y Perú en el paralelo 18º 21' 03".

Un año después, en 2005, Perú promulgó la Ley de Líneas de Bases, en la que se desconocen los límites vigentes, estableciendo unilateralmente y sin fundamento el punto 266 como inicio de de la frontera marítima, lo que fue objeto de inmediata protesta del Gobierno de Chile.

A continuación, en agosto de 2007, también en forma unilateral, el Perú aprobó por Decreto un nuevo mapa del dominio marítimo peruano en el que nuevamente se desconoce el paralelo como límite sur e introduce un "área en controversia", pretensión que también fue oficialmente protestada por el Gobierno de Chile.

Cabe recordar que anteriormente, en el año 2001, Perú publicó la Ley Nº 24.715, sobre demarcación territorial de la Provincia de Tacna, que señala expresamente el límite sur a partir del Hito Nº 1, fijado según el Acta de los Plenipotenciarios de 1930. Así, el texto expresa: "por el Este y Sureste, la línea de frontera con la República de Chile, desde el Hito Nº 80, (Tripartito: Perú, Chile, Bolivia) hasta el Hito Nº 1 (Océano Pacífico)". "Por el Sur - Oeste: Limita con el Océano Pacífico. El límite se inicia en el Hito Nº 1 (Océano Pacífico) y continúa por la línea litoral...".

En 2008, mediante la Ley 29189 publicada con fecha 17 de enero del 2008, vale decir un día después de la presentación de la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, Perú procedió a modificar la citada Ley, eliminando la referencia al Hito 1.

Respeto a instrumentos jurídicos y ejercicio de la soberanía

La vigencia de la frontera se ha basado en el respeto a los instrumentos antes enunciados. La práctica pacífica y no disputada por parte alguna, en materia legal, judicial, pesquera, ambiental, policial, de ejercicios y maniobras, de navegación, aeronavegación, de seguridad, ha reafirmado la existencia de zonas marítimas claramente delimitadas, de manera tal que al sur del paralelo 18º 21' 03", Chile ejerce su plena soberanía y jurisdicción.

Certeza de Chile: Límite marítimo seguirá siendo el Paralelo 18° 21' 03"

La pretensión del Perú de que la Corte Internacional de Justicia determine el curso del límite marítimo entre Chile y Perú, modificando el existente, carece, por tanto, de todo fundamento.

La lectura de la Demanda peruana confirma la convicción manifestada por el Gobierno de Chile en orden a reafirmar que el límite seguirá siendo el convenido, establecido y en vigor; esto es, el paralelo 18º 21' 03".

Antecedentes de la posición chilena

El límite marítimo entre Chile y Perú está fijado desde hace más de medio siglo, mediante tratados internacionales y diversos instrumentos jurídicos bilaterales, y así lo han recogido actos unilaterales de ambos países. Incluso, desde antes de la existencia de los tratados, Chile ha ejercido pacíficamente soberanía al sur del paralelo 18º 21' 03".

Las certezas de Chile encuentran su fundamento en los siguientes antecedentes principales:
a. Declaraciones jurisdiccionales concordantes (1947), tratados internacionales (1952-1954), y Actas y actos confirmatorios chileno-peruanos que respaldan estos acuerdos (Actas suscritas en 1968 y 1969).

b. Normas internas peruanas que afirman la existencia del paralelo (Decreto Supremo Presidencial 781 de 1947, que formula una declaración sobre la soberanía y jurisdicción nacional referida al control y protección sobre el mar adyacente a las costas peruanas; Resolución Suprema de 1955, referida a la zona marítima peruana, entre otras).

c. Reconocimiento de la existencia del límite marítimo en la latitud del Hito 1 (expresado por Perú en leyes, reglamentos, decretos, textos académicos y doctrinarios, e incluso en atlas escolares).

Sobre este particular hay que recordar la Nota (J) 6-4/43, de 7 de agosto de 1968, del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú al Encargado de Negocios de Chile, mediante la cual el Gobierno del Perú aprueba los términos referentes a la instalación de marcas de enfilación que materializan la frontera marítima.

Asimismo, en diversas oportunidades, la Capitanía de Puerto de Ilo hizo presente que se había violado la línea divisoria de la frontera marítima por embarcaciones pesqueras chilenas. Recordamos - entre otras - las comunicaciones N°s 006 y 007, de junio de 1989.

d. Práctica cotidiana del ejercicio de la soberanía y jurisdicción por parte de Chile y reconocimiento de ésta por parte del Perú, debidamente documentada, así como por el conjunto de la comunidad internacional.

Posición de Estado

En Chile esta materia ha sido abordada por el Gobierno y su Cancillería -para lo cual cuenta con la asesoría de expertos nacionales y extranjeros de primer nivel- y por todos los sectores nacionales, como un asunto de Estado, lo que se traduce en un proceso de información, cooperación y diálogo constante con los más diversos sectores, de manera que la comprensión del trabajo que se realiza se dé sobre la base del conocimiento y apoyo de los derechos e intereses del país.

Claro historial de respeto a normativa jurídica internacional


Chile tiene un claro historial de respeto por los Tratados Internacionales y los principios jurídicos internacionales.

En este caso, sus fundamentos se basan precisamente en Tratados Internacionales y en otros instrumentos jurídicos, y no podrá ponerse en duda el compromiso del país a este respecto.

Las relaciones con Perú: La mirada de futuro

La presentación peruana -y el conjunto de declaraciones que se han formulado en el país vecino en este marco- han creado desencuentros y planteado la necesidad de considerar el desarrollo de una agenda común más amplia, activa y creativa, en la cual el juicio en La Haya no puede ignorarse, pero tampoco constituirse en un obstáculo para su continuidad.

Chile ha dejado en claro que comparte con el Gobierno del Perú valores, principios e intereses en beneficio de ambos pueblos y de la comunidad internacional, y que actuará dentro de esta política, como ha sido su práctica permanente, y sobre la base de los principios fundamentales que la guían.

Santiago, 6 de mayo de 2009.

Gabriel Valdés Subercaseaux

Miguel Schweitzer Walters

Hernán Felipe Errázuriz

Enrique Silva Cimma

Carlos Figueroa Serrano

Juan Gabriel Valdés Soublette

Soledad Alvear Valenzuela

Ignacio Walker Prieto

Alejandro Foxley Rioseco

16 junio, 2008

Al Gore entra en campaña... apoyando a Obama

El año 2000, Al Gore fue candidato presidencial por el Partido Demócrata. Obtuvo más votos que George W. Bush, pero menos delegados en las primarias norteamericanas. En un final de suspenso, contando votos vía judicial, Al Gore desistió y reconoció a Bush como el ganador. Se refugió en la cátedra de periodismo y viajó por el mundo dando conferencias sobre el calentamiento global. No quizo saber más de campañas electorales... hasta hoy en que anunció que "Desde ahora, y hasta el día de las elecciones, haré todo lo que pueda para asegurar que Obama sea elegido presidente de Estados Unidos"

(Vía EFE) El ex vicepresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz, Al Gore, anunció su apoyo al candidato presidencial demócrata, Barack Obama, a quien dijo ayudará a llegar a la Casa Blanca.

Gore, que ha comunicado su decisión en un email enviado a los simpatizantes de Obama, tiene previsto hacer público su apoyo en un mitin de campaña que se celebrará esta anoche en Michigan.

Hasta el momento, Gore -que fue vicepresidente con Bill Clinton (1993-2001)- se había mantenido neutral en la campaña.

Pero ahora que Obama se ha asegurado la candidatura demócrata frente a Hillary Clinton, Gore ha decidido mostrar todo su apoyo público al senador por Illinois.

"En solo unas horas subiré al estrado en Detroit (Michigan) para anunciar mi apoyo al senador Barack Obama", asegura Nobel de la Paz en la misiva.

"Desde ahora, y hasta el día de las elecciones, haré todo lo que pueda para asegurar que Obama sea elegido presidente de Estados Unidos", dice Gore, que fue candidato presidencial en 2000, año en el que perdió frente a George W. Bush.

En la carta enviada hoy, el ex vicepresidente asegura que Obama ha logrado crear todo un movimiento en el último año y medio de campaña, y pide a sus seguidores desde su página web Al Gore.com que hagan contribuciones a la campaña del senador afroamericano.




13 junio, 2008

Perú - Chile cómo renunciar al uso de la fuerza

Los Estados cuando tienen diferencias insalvables recurren a la guerra. Es decir, dirimen sus diferencias mediante el uso o la aplicación de la fuerza. Hay, por supuesto, mecanismos para no llegar a ese extremo. La presión de terceras potencias, o el efecto disuasivo de sus respectivas fuerzas. ¿Pero qué pasa cuando el desbalance militar entre los Estados -en riesgo de conflicto- es desproporcionado? ¿Existirá algún mecanismo para evitar el choque armado de los Estados?

Hay quienes creen que la Economía puede ser la solución. En la medida que los Estados intercambien intereses e inversiones en uno y otro lado de la frontera, una guerra sería como tener la mecha mojada; se impediría que la chispa se encienda. Otros, en cambio, entienden el problema exactamente al revés. Mientras la economía no sea reciproca y uno de los dos Estados prevalezca sobre el otro en capitales e inversiones, tarde o temprano, la defensa de estos intereses económicos necesitará de la política y -llegado el caso- de la fuerza.

Para evitar este descenlace traumático entre los Estados, el Ex Canciller Manuel Rodríguez Cuadros ha planteado una fórmula civilizada, humanista, que apela a un alto espíritu de convivencia pacífica, mediante el cual los Estados renuncian a dirimir por la fuerza sus conflictos.

En concreto, Manuel Rodríguez plantea que Perú y Chile firmen este tratado de renuncia a la amenaza y al uso de la fuerza, es decir al enfrentamiento armado, en sus relaciones bilaterales; comprometiéndose, además, a resolver todos sus conflictos y controversias surgidos en los ámbitos, político, militar económico y de otra índole, única y exclusivamente por los medios de solución pacífica que provee el Derecho Internacional.

“Un tratado de esta naturaleza dará paz y tranquilidad a todos y sería la mejor contribución a una relación bilateral estable, amistosa e integradora. La verdadera garantía de una relación del Siglo XXI”. La propuesta, de hacerse formalmente, y de ser rechazada por nuestro vecino, tiene un efecto inmediato: conocer de una buena vez por qué y para qué se viene armando Chile.

En los últimos cinco años, entre el 2003 y el 2007, Chile compró armas por un monto de 2 mil 283 millones de dólares. Es el primer país de América Latina en inversiones militares y el número 12 en compras de armas en el mundo. Las cifras pertenecen Instituto de Estudios Estratégicos de Estocolmo.

Entre el 2006 y el 2007, Chile ha comprado 10 aviones nuevos caza F-16 C de Estados Unidos, 18 aviones de combate F-16, 4 fragatas de segunda mano a Holanda y 3 al Reino Unido. En los próximos meses recibirá nuevas compras de armas efectuadas al Canadá, Francia, Israel, España y el Reino Unido.

Manuel Rodríguez sostiene que cuando un Estado se arma en tales proporciones “puede haber sólo una respuesta con tres componentes”:

1. Para afrontar sus hipótesis de guerra, que las tiene con legitimidad, como todo país del mundo. El tipo de armamento que adquiere, los F16 y las fragatas, por las características geográficas de los teatros de operaciones están pensados en la hipótesis de un conflicto con el Perú antes que con la Argentina , el otro vecino.

2. Ese nivel de poderío militar está dirigido a una capacidad disuasiva, que inhiba a sus vecinos de toda situación de tensión, protegiendo sus intereses políticos, estratégico y económicos.

3. Chile con estas adquisiciones, entre otros factores no militares, desea avanzar en el diseño de una política exterior que busca en el mediano plazo integrarse a la OCDE y tener algún tipo de asociación institucional con la OTAN, lo cual reforzaría aún más el desequilibro de poder con los países vecinos y con Sudamérica.

La propuesta es provocadora. Y dadas las circunstancias, debe partir de un razonable potenciamiento de las fuerzas armadas del Perú e incluir, iniciativas diplomáticas bilaterales o regionales.



01 abril, 2008

El frío del Sol Naciente

La reciente visita del Presidente García al Japón fue vendida como el inicio del restablecimiento de nuestras relaciones bilaterales, luego de un cierto “enfriamiento en los últimos años”. La idea que se deslizó fue responsabilizar al gobierno anterior de dicho distanciamiento. Pero el embajador de Japón en el Perú, Suichiro Megata, acaba de revelar las verdaderas razones:

- ¿A qué se debe el estancamiento de nueve años del Cepeja?, pregunta El Comercio.

- En gran parte al fenómeno terrorista de 1990 y por la toma de la residencia del Japón en 1997. Muchas empresas japonesas se retiraron del Perú. Y el tema de Fujimori (…) Ahora la sociedad peruana goza de estabilidad. Tenemos buenas condiciones para que el Perú y Japón sean buenos socios, aprovechando el vínculo histórico y el beneficio mutuo.

El asesinato de tres ingenieros japoneses Seibun Kinra, Hiroshi Nakanishi y Kiyotada Miyagawa el 12 de julio de 1991 en la Estación Experimental “Donoso” del Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria, en Huaral, fue devastador para la cooperación internacional. El Programa de Expertos y Voluntarios que tanta ayuda prestaban en las zonas pobres del Perú fue suspendido de inmediato hasta hoy. Las inversiones privadas japonesas jamás llegaron, ni siquiera en el tiempo de Fujimori.

Lo que se mantuvo fue la cooperación económica y financiera de Japón hacia el Perú. El comercio también siguió su curso siendo incluso favorable al Perú.

Según cifras de la Comisión para la Promoción de Exportaciones (PROMPEX), el intercambio comercial entre ambos países fue ascendente, registrando un crecimiento promedio anual de 8.5%. El 2006 se llegó a un valor de US$ 1,716 millones, 68% más que lo intercambiado el año anterior.

“La balanza comercial mostró un comportamiento mixto, con una tendencia positiva para el flujo comercial peruano, que el año 2006 terminó con un saldo a favor de US$ 744 millones. Asimismo, las exportaciones a Japón llegaron en ese mismo año a la cifra récord de US$ 1,230 millones, 103% más que el 2005”, precisa Prompex.

El mercado japonés se constituyó en el sexto más importante para las exportaciones del Perú.

En el plano internacional, Perú y Japón compartieron asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El 5 de julio de 2006, Corea del Norte hizo pruebas con misiles, lo que alertó al Japón. Perú se constituyó como país co-patrocinador de una Resolución condenatoria, la cual fue aprobada por unanimidad en el Consejo de Seguridad, fortaleciendo su relación con el país del Sol Naciente.

Como bien dijo, Terusuke Terada (el negociador japonés durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima), en diciembre de 2006 durante una charla en la Academia Diplomática del Perú, “en realidad, el Gobierno del Japón, durante estos últimos cinco años ha continuado brindando al Perú su Asistencia Oficial al Desarrollo, cuya magnitud es sólo superada por los Estados Unidos. ¿Sorprendidos? Parece que la sorpresa es mayor en aquellos que creían conocer muy bien las relaciones bilaterales entre el Perú y el Japón”.

No sólo se brindó cooperación reembolsable de manera estable, sino que también asistencias para proyectos comunitarios y un gran número de cooperación no reembolsable cultural.

“Si observan con atención podrán comprender que el Gobierno del Japón ha venido realizando su cooperación sin importar quién fuera el presidente, sea éste descendiente japonés o no”, agregó Terada.

El otro problema del enfriamiento político entre Perú y Japón fue Fujimori. Y eso, claro, se notó durante el encuentro que sostuvieron en China el presidente Toledo y el entonces Primer Ministro Kunichiro Kouzumi en octubre del 2001, en el marco de la Cumbre APEC. Pero esa es otra historia…

09 marzo, 2008

Cumbre de Río Declaración de Santo Domingo

Las Jefas y los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política -Grupo de Río- reunidos en ocasión de la XX Reunión Cumbre en Santo Domingo, República Dominicana, atentos a la situación que prevalece entre Ecuador y Colombia, hemos convenido en emitir la siguiente Declaración:

1. Son motivo de profunda preocupación para toda la región los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de marzo de 2008 cuando fuerzas militares y efectivos de la policía de Colombia incursionaron en territorio de Ecuador, en la provincia de Sucumbíos, sin consentimiento expreso del Gobierno de Ecuador para realizar un operativo en contra de miembros de un grupo irregular de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se encontraba clandestinamente acampando en el sector fronterizo ecuatoriano.

2. Rechazamos esta violación a la integridad territorial de Ecuador, y por consiguiente reafirmamos el principio de que el territorio de un Estado es inviolable y no puede ser objeto de ocupación militar ni de otras medidas de fuerza tomadas por otro Estado, directa o indirectamente, cualquiera fuera el motivo, aún de manera temporal.

3. Tomamos nota, con satisfacción, de las plenas disculpas que el Presidente Álvaro Uribe ofreció al Gobierno y al pueblo de Ecuador, por la violación del territorio y la soberanía de esta hermana nación, el primero de marzo de 2008, por parte de la fuerza pública de Colombia.

4. Registramos también el compromiso del presidente Álvaro Uribe en nombre de su país de que estos hechos no se repetirán en el futuro bajo ninguna circunstancia, en cumplimiento de lo que disponen los artículos 19 y 21 de la Carta de la OEA.

5. Tomamos nota de la decisión del Presidente Rafael Correa de recibir la documentación ofrecida por el Presidente Alvaro Uribe y que habría llegado a poder del Gobierno de Colombia luego de los hechos del 1° de marzo, a fin de que las autoridades judiciales ecuatorianas investiguen eventuales violaciones a la ley nacional.

6. Recordamos también los principios, consagrados por el derecho internacional, de respeto a la soberanía, de abstención de la amenaza o el uso de la fuerza y de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, destacando que el artículo 19 de la Carta de la Organización de Estados Americanos prescribe que “Ningún Estado o Grupo de Estados tiene el derecho de intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. El principio anterior excluye no solamente la fuerza armada, sino también otra forma de injerencia o de tendencia atentatoria de la personalidad del Estado, de los elementos políticos, económicos, y culturales que lo constituyen.”

7. Reiteramos nuestro compromiso con la convivencia pacífica en la región, basada en los preceptos fundamentales del derecho internacional contenidos en las Cartas de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, así como en los objetivos esenciales del Grupo de Río, de manera destacada la solución pacífica de las controversias internacionales y su vocación para la preservación de la paz y la búsqueda conjunta de soluciones a los conflictos que afectan a la región.

8. Reiteramos nuestro firme compromiso de combatir las amenazas a la seguridad de todos sus Estados, provenientes de la acción de grupos irregulares o de organizaciones criminales, en particular de aquellas vinculadas a actividades del narcotráfico. Colombia considera a esas organizaciones criminales como terroristas.

9. Respaldamos la resolución aprobada por el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 5 de marzo de 2008. Asimismo, expresamos nuestro apoyo al Secretario General en el cumplimiento de las responsabilidades que le acaban de ser asignadas mediante dicha resolución para encabezar una Comisión que visitará ambos países recorriendo los lugares que las partes le indiquen y elevará un informe de sus observaciones a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores y propondrá fórmulas de acercamiento entre ambas naciones.

10. Exhortamos a las partes involucradas a mantener abiertos canales respetuosos de comunicación y a buscar fórmulas de distensión.

11. Teniendo en cuenta la valiosa tradición del Grupo de Rio, como un fundamental mecanismo para la promoción del entendimiento y la búsqueda de la paz en nuestra región, manifestamos el total apoyo a todo esfuerzo de acercamiento. En tal sentido, ofrecemos a los gobiernos de Colombia y Ecuador los buenos oficios del Grupo para contribuir a una solución satisfactoria, para lo cual la Troika del Grupo permanece atenta a los resultados de la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores.

Santo Domingo, República Dominicana

7 de marzo de 2008



02 marzo, 2008

Ecuador, las ballenas y las orlas de la costa

No hay límites marítimos entre el Perú y Ecuador, como tampoco los hay entre el Perú y Chile. Esta es la realidad. Lo que existe es un criterio acordado por las partes –vía tratados internacionacionales tripartitos- señalando la extensión del paralelo geográfico como refenrencia para limitar la frontera marítima entre nuestro país y el vecino del norte. Pero esto no significa que Ecuador se mire en el espejo chileno en esta materia, pues sus casos son distintos.

La historia se remonta a 1952, cuando los tres países del Pacífico Sur, Ecuador, Perú y Chile, acordaron lanzar al mundo una propuesta para defender su derecho a preservar los recursos naturales de sus 200 millas marítimas.

Más que geopolítica, lo que motivó la defensa de las 200 millas fue económica. Por esa época había decenas de buques de bandera internacional cazando en el Pacífico, de manera desmesurada, la ballena. El objeto de la reunión de 1952 que dio origen a la Declaración de Santiago fue el derecho de los tres países a proteger los recursos naturales marinos hasta una distancia de 200 millas.

En la redacción final de los documentos, el delegado ecuatoriano Jorge Fernández, solicitó la modificación del artículo 3 de la Declaración para cautelar los intereses de su país, debido a que la proyección del mar peruano por las orlas del perfil costero hasta las 200 millas marinas se superponía a tres islas ecuatorianas cuya soberanía y pertencia al Ecuador no se discutía: Puná, Santa Clara y De la Plata.

Para el Ecuador, la redacción original en este punto, propuesta por el delegado chileno, Cruz Ocampo, no señalaba con claridad este concepto al comprender el espacio marítimo de cada país como “la zona que comprende todas las aguas que quedan dentro del perímtero formado por las costas de cada país y una paralela matemática proyectada en el mar a 200 millas marinas de distancia de territorio continental, siguiendo las orlas de las costas”.

La proyección de esta fórmula dejaba a las islas ecuatorianas dentro de la zona marítima peruana. Por esta razón, su delegado propuso una redacción alternativa: “En el caso del territorio insular, la zona de 200 millas marinas se aplicará a todo el contorno de la isla o grupo de islas. Si una isla o grupo de islas pertenecientes a uno de los países estuviere a menos de 200 millas de la zona marítima general que corresponde a otro de ellos, la zona marítima de esta isla o grupo de islas quedará limitada por el paralelo del punto en que llega al mar la frontera terrestre de los estados respectivos”.

Fue por esta razón que se introdujo el paralelo geográfico como punto de referencia para solucionar la superposición de la zona marítima general de un país sobre el territorio insular perteneciente a otro país. Para un caso específico reclamado por Ecuador.

Sobre esa base se puede, sin eufemismos, afirmar que Perú Y Ecuador acordaron un mecanismo de delimitación marítima. Pero strictu sensu, nunca firmaron un Tratado Fronterizo Marítimo que haya sido ratificado por sus respectivos congresos. Lo que no impide que se realice.

Ahora bien, Ecuador no quiere porque dice que para él los límites fronterizos marítimos con el Perú están definidos, cerrados, etc. Muy bien. También es correcto. En el fondo no hay temas pendientes de delimitación marítima con Ecuador. Estos se solucionaron en 1952. Pero lo que ambos países no pueden mostrar es un mapa oficial en el que se establezcan las coordenadas geográficas de esta delimitación. Este instrumento tampoco se ha depositado en las Naciones Unidas como corresponde, porque no existe. Esa es la verdad.



23 enero, 2008

Perú – Chile: las cuerdas separadas

Cada vez que las relaciones se tensan con el vecino del sur, irremediablamente sale a relucir el argumento de las cuerdas separadas. Esto quiere decir que las acciones que discurren en el campo político-diplomático internacional no deben mezclarse con las relaciones comerciales o de negocios que mantienen ambos países.

El gobierno defiende esta tesis, lo mismo que organizaciones empresariales, políticos de diversos partidos y medios de comunicación importantes como El Comercio. Posición contraria sostienen políticos como Carlos Ferrero, líderes del Partido Nacionalista y académicos como Alan Fairlie.

En realidad la política de cuerdas separadas en las relaciones peruano-chilenas nace de la Cancillería y se basa principalmente en una postura pragmática, una visión económica liberal que bien puede resumirse en la frase “bussines are bussines”.

En el fondo es una manera de ganar tiempo.

Chile tiene actualmente alrededor de 6 mil millones de dólares de inversión en nuestro país. El Perú no pasa de 300 millones de dólares invertidos en Chile. Pero, además de la asimetría económica, quizás, lo que en verdad preocupe, es la evidente asimetría militar.

Los economistas liberales señalan que hacer negocios en países fronterizos ayuda a mejorar las percepciones entre los vecinos y disminuye el riesgo de posibles conflictos bélicos debido a que las fuerzas económicas son las primeras que se ven afectadas por las guerras. Fairlie ataca este planteamiento señalando que eso no ocurre cuando las asimetrías económicas entre los pasies vecinos son abismales. Por el contrario -señala- esta asimetría puede ser factor de conflicto.

En el caso de las diferencias en Defensa, sólo resta ganar tiempo y esperar que el Fondo de Defensa creado en nuestro país el 2004 -que ya permitió comprar cuatro fragatas Lupo- permita programar la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas. Mientras, ya se viene aplicando el nuevo concepto de “Núcleo Básico Eficaz” y “Guerra Asimétrica”

Para ser sinceros, la política de cuerdas separadas es algo que también se escucha en círculos oficiales chilenos. Lo ha afirmado el propio canciller Foxley en reiteradas oportunidades, aunque ayer llegó un ruido en este aspecto. La noticia daba cuenta de que el gobierno chileno había quitado el carácter de urgente al trámite que el Senado debía iniciar sobre la firma de un TLC con Perú, una semana después de que nuestro país presentara la demanda limítrofe contra Chile en La Haya.

La información consignaba unas declaraciones del senador derechista opositor Hernán Larraín: “Está claro que las relaciones con Perú no pueden ser igual que antes, cuando reinaba otro espíritu... El gesto inamistoso del Perú debe ser respondido". Es decir, no más política de cuerdas separadas. Foxley se encargó de desmentir tal posición, pero queda siempre el rintintín de la duda.

El canciller peruano, por su parte, ha reiterado que la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre la delimitación marítima con Chile, es un tema que circula por un carril separado debido a que se trata de un tópico eminentemente jurídico y jurisdiccional. "Y allí debe quedar y no debe trasladarse a los otros campos de la relación bilateral".

Hasta el momento el discurso de las cuerdas separadas ha servido para ambos gobiernos. Lo que nadie sabe es que pasará cuando uno de los dos países vea que en realidad la economía y la política son en efecto dos cuerdas, pero, no separadas, sino trensadas por la idiosincracia de los pueblos.



16 enero, 2008

La demanda peruana ante La Haya

Al Señor Secretario
Corte Internacional de Justicia:

El suscrito, debidamente autorizado por el Gobierno de la República
del Perú como su Agente, tiene el honor de someter a la Corte
Internacional de Justicia, de conformidad con los artículos 36 (1) y
40 (1) de su Estatuto y el Artículo 38 de su Reglamento, una demanda
dando inicio al proceso instituido por la República del Perú contra la
República de Chile por el siguiente caso:

I. Materia de la Controversia

1.- La controversia entre el Perú y Chile está referida a la
delimitación del límite entre las zonas marítimas de los dos Estados
en el Océano Pacífico, que comienza en un punto en la costa denominado
"Concordia" conforme al Tratado del 3 de junio de 1929. La
controversia entre el Perú y Chile también comprende el reconocimiento
a favor del Perú de una vasta zona marítima que se sitúa dentro de las
200 millas marinas adyacentes a la costa peruana, y que por tanto
pertenece al Perú, pero que Chile considera como parte del alta mar.

II. Los Hechos

2. Las zonas marítimas entre el Perú y Chile nunca han sido
delimitadas ni por acuerdo ni de alguna otra forma. El Perú,
consiguientemente, sostiene que la delimitación deberá ser determinada
por la Corte conforme al derecho internacional.

3. Sin embargo, Chile sostiene que ambos Estados han acordado una
delimitación marítima que comienza en la costa y continúa a lo largo
de un paralelo de latitud. Aún más, Chile ha rehusado reconocer los
derechos soberanos del Perú sobre un área marítima situada dentro del
límite de 200 millas marinas desde sus costas (y que se encuentra
fuera de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de
Chile).

4. Desde los años ochenta, el Perú ha intentado consistentemente
negociar las diversas cuestiones incluidas en esta controversia, pero
ha encontrado la constante negativa chilena a entrar en negociaciones
(ver por ejemplo el Anexo 1). Mediante Nota de su Ministro de
Relaciones Exteriores del 10 de septiembre del 2004 (Anexo 2) Chile
cerró firmemente la puerta a cualquier negociación.

III La Jurisdicción de la Corte

5. La jurisdicción de la Corte en este caso se basa en el Artículo
XXXI del Tratado Americano sobre Solución Pacífica de Controversias
(Pacto de Bogotá) del 30 de abril de 1948 (Anexo 3) Esta disposición
reza:

ARTICULO XXXI. De conformidad con el inciso 2º del artículo 36 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, las Altas Partes
Contratantes declaran que reconocen respecto a cualquier otro Estado
Americano como obligatoria ipso facto, sin necesidad de ningún
convenio especial mientras esté vigente el presente Tratado, la
jurisdicción de la expresada Corte en todas las controversias de orden
jurídico que surjan entre ellas y que versen sobre:

a) La interpretación de un Tratado;

b) Cualquier cuestión de Derecho Internacional;

c) La existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría
la violación de una obligación internacional;

d) La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el
quebrantamiento de una obligación internacional.

6. Tanto el Perú como Chile son partes en el Pacto de Bogotá. Ninguna
de las dos partes mantiene a la fecha reserva alguna al referido
Pacto.

IV. El Fundamento Legal de la Reclamación Peruana

7. Los principios y normas del derecho internacional consuetudinario
sobre delimitación marítima, tal como se encuentran reflejados en las
disposiciones relevantes de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar de 1982 ("CONVEMAR") y desarrollados por la
jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y de otros
tribunales, constituyen las principales fuentes de derecho aplicables
a la presente controversia.

8. El principio rector principal sobre delimitación de la zona
económica exclusiva y de la plataforma continental entre Estados con
costas adyacentes, recogido en los Artículos 74 y 83 de la Convención,
es que la delimitación "se efectuará por acuerdo entre ellos sobre la
base del derecho internacional, a que hace referencia el Artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, a fin de llegar a
una solución equitativa." Según ha sido interpretado por la reciente
jurisprudencia de la Corte, este principio es básicamente similar al
que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados con
costas adyacentes conforme al Artículo 15 de la Convención,
consistente en aplicar la equidistancia, teniendo en cuenta
circunstancias especiales cuando las hubiere.

9. De conformidad con el derecho internacional, tanto el Perú como
Chile tienen derecho a un dominio marítimo adyacente como prolongación
de sus respectivos territorios terrestres hasta una distancia de 200
millas marinas desde sus líneas de base. A consecuencia de ello y
dada la configuración geográfica de la costa, sus derechos se
superponen. Como quiera que ningún acuerdo ha sido alcanzado por las
Partes respecto a la delimitación de sus respectivas zonas marítimas y
en ausencia de circunstancias especiales que cuestionen la aplicación
de la línea equidistante, es la línea equidistante la que permite
arribar a un resultado equitativo. El límite marítimo entre las Partes
deberá ser determinado en tal sentido.

10. En contraste, una línea divisoria a lo largo de un paralelo que
comience en la costa, conforme a la pretensión chilena, no cumple el
requisito fundamental de arribar a un resultado equitativo y tampoco
surge de acuerdo alguno entre las Partes.

11. La delimitación debe empezar en un punto en la costa denominado
Concordia, punto terminal de la frontera terrestre establecido
conforme al Tratado y Protocolo Complementario para resolver la
cuestión de Tacna y Arica -Tratado de Lima- del 3 de junio de 1929
(Anexo 4), cuyas coordenadas son 18º 21' 08" S y 70º 22' 39" O (ver
Anexo 5), y debe extenderse hasta una distancia de 200 millas marinas
desde las líneas de base establecidas por las Partes. Esto es en
conformidad con el Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución del Perú
de 1993 (Anexo 6), la Ley No. 28621 sobre Líneas de Base del Dominio
Marítimo del Perú del 3 de noviembre de 2005 (Anexo 5), el Decreto
Supremo peruano No. 047-2007-RE del 11 de agosto de 2007 (Anexo 7) y
el artículo 596 del Código Civil chileno modificado por la Ley No.
18.565 del 23 de octubre de 1986 (Anexo 8), todas ellas normas
concurrentes en la fijación del límite exterior de sus respectivos
dominios marítimos hasta una distancia de 200 millas marinas medidas
desde las líneas de base.

12. Conforme a normas y principios bien establecidos de derecho
internacional, el Perú también tiene derecho a los espacios marítimos
que se encuentran dentro de las 200 millas marinas medidas desde sus
líneas de base y que, a la vez, se encuentran fuera de las 200 millas
marinas medidas desde las líneas de base chilenas. Los argumentos
contrarios esgrimidos por Chile carecen de mérito alguno.

V. Decisión Requerida

13. El Perú solicita a la Corte que determine el curso del límite
marítimo entre los dos Estados conforme al derecho internacional,
según lo indicado en la Sección IV supra, e igualmente solicita a la
Corte que reconozca y declare que el Perú posee derechos soberanos
exclusivos en el área marítima situada dentro del límite de 200 millas
marinas de su costa y fuera de la zona económica exclusiva y de la
plataforma continental de Chile.

14. El Gobierno del Perú se reserva el derecho de ampliar, enmendar o
modificar la presente demanda a lo largo del proceso.

15. Para los propósitos del Artículo 31 (3) del Estatuto y del
Artículo 35 (1) del Reglamento de la Corte Internacional de Justicia,
el Gobierno del Perú declara su intención de ejercer su derecho a
designar un Juez ad hoc.

Todas las comunicaciones relativas a este caso deberán ser enviadas a
la Embajada de la República del Perú en el Reino de los Países Bajos,
Nassauplein 4, 2585 EA, La Haya, Países Bajos.

Respetuosamente,
Allan Wagner

Agente del Gobierno de la República del Perú


ANEXOS

1. Nota del Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, 19 de Julio 2004.
2 Nota del Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, 10 de
septiembre 2004.
3. Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá), 30
de abril de 1948
4. Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de
Tacna y Arica -Tratado de Lima- del 3 de junio 1929
5. Ley No. 28621, Ley de Líneas de Base del Dominio Marítimo del Perú, 3 de
noviembre 2005
6. Artículo 54, párrafo 2 de la Constitución Política del Perú de
7. Decreto Supremo peruano No. 047-2007-RE, 11 de agosto de 2007
8. Artículo 596 del Código Civil de Chile, según modificación de la
Ley 18.565 del 23 de octubre de 1986.