Firmar o no firmar

El ex presidente de la República, Francisco Sagasti, acaba de proponer el adelanto de las elecciones generales vía la presentación de una iniciativa ciudadana al Congreso acompañada de 75 mil 600 firmas para modificar la Constitución en dos legislaturas ordinarias más un referéndum.

 

Firmar o no firmar, he ahí el dilema.

 

Es perentorio resolver esta disyuntiva que tiene en vilo a nuestra endeble democracia. Adelantar las elecciones puede ser una consecuencia de una renuncia presidencial, pero ya hemos escuchado al presidente decir en todos los idiomas que no está dispuesto a dar ese paso. 

 

Por otro lado, en el Congreso tenemos un segundo proceso de vacancia en curso y en la Agenda del Día al menos dos mociones de censura a ministros. Este enfrentamiento de los principales poderes del Estado dificulta la gobernabilidad y abre un camino de confrontación abierta, que probablemente se resuelva en la calle. 

 

Firmar es un acto que requiere decisión y valentía. Y de acuerdo con la historia, compromete, muchas veces, la vida.

 

Le pasó al presidente Augusto B. Leguía, el 29 de mayo de 1909, cuando una turba armada al mando de Carlos de Piérola —hermano del califa Nicolás—, y sus hijos Isaías y Amadeo, irrumpió en Palacio de Gobierno.

 

En el asalto al poder mataron a miembros de la guardia —entre ellos al soldado Choquehuanca, del que existe un busto en Palacio— y sacaron a empellones al inquilino de turno, el presidente Leguía.

 

En medio del desconcierto, conminaron al presidente a firmar su rendición y ceder el poder. Pero el presidente se negó.

 

Lo trasladaron entonces a la calle, lo condujeron por un tramo del Jirón de la Unión para conducirlo luego a la Plaza de la Inquisición. Al pie del monumento al libertador Bolívar lo volvieron a presionar exigiendo su capitulación.

 

— ¡No firmo! — exclamó Leguía. 

 

Finalmente, llegó la guardia montada, y tras liquidar a varios de los insurrectos, liberó al presidente quien terminó con los pelos alborotados y manchados de sangre, pero ileso. 

 

Leguía volvió por las mismas calles por donde lo sacaron. Y donde hace unos momentos lo vituperaron, esta vez lo aplaudieron y vitorearon. 

 

El régimen convirtió este pasaje de negación y firmeza en el “Día del Carácter”, que se celebraba cada 29 de mayo. 

 

Firmar es un acto de autenticidad. Una señal única de voluntad. Una declaración expresa de consentimiento. 

 

Obtener 76 mil firmas para adelantar las elecciones no es un problema.  El problema es aprobar la propuesta en el Congreso. 

 

La frase: “Que se vayan todos”, no tiene eco en el parlamento. Aceptémoslo: los congresistas no se quieren ir.

 

Pero volvamos a la historia. 

 

Superada la conspiración golpista contra Leguía, el tiempo pasó. Vino el Gobierno de José Pardo y luego volvió Leguía para quedarse en el oncenio con varias intentonas golpistas de por medio. 

 

Hasta que, finalmente, uno de sus acérrimos rivales, Nicolás de Piérola, murió.

 

Leguía fue al velorio. Carlos de Piérola, el insurrecto de antaño, le alcanzó el libro de condolencias para que lo firmara. 

 

Dicen que Augusto Bernardino sonrió socarronamente, sacó su pluma y dijo:

 

— Esta vez, sí firmo. *

 

 

 

 

 

 

 

* Alzamora, Carlos. Leguía. La historia oculta. Titanium editores. Lima, Perú. Julio, 2013.

Toma de agua

 

Southern Perú anunció esta semana que paralizaba sus labores debido a que comunidades altoandinas de Torata, en Moquegua, incendiaron diversos tramos de la línea férrea al puerto de Ilo y cerraron el paso del agua de la represa Viña Blanca, que permite las operaciones mineras y abastece por lo menos a 5 mil familias.

 

Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, son las comunidades en pie de lucha contra Southern Perú. Ellas exigen una contraprestación de US$ 5 mil millones y un pago permanente del 5% de las utilidades netas. 

 

Lo que sorporende no son las aspiraciones económicas de la comunidad que han sido siempre materia de controversia en el sector, sino que usen un recurso estratégico vital como el agua para presionar por sus reclamos.

 

El agua nace en las zonas altas de los Andes, discurre por gravedad a lo largo de ríos y valles y termina en el mar. Desde tiempos precolombinos, las comunidades intersectan estas aguas para la agricultura y ganadería. Lo hacen con amunas, qochas y pequeños reservorios que construyen donde hay más concentración de lluvias.

 

El Estado hace lo mismo para fines agrícolas y mineros: represa el agua. Viña Blanca es una de los 743 represas que existen en el país. 442 presas son usadas para riego, y 113 para fines de relave minero (ANA, 2015).

 

Cortar el agua como medida de fuerza es una práctica antigua que tienen las comunidades de las zonas altas, pero de la cual no se tiene reportes específicos. Al menos, no recientemente.

 

Un informe sobre conflictividad social de la Defensoría del Pueblo entre 2011 y 2014 detectó 539 conflictos sociales, de los cuales 153 (28.3%) estuvieron vinculados a los recursos hídricos. Pero no se específica si como parte de la conflictividad se recurrió a una medida radical como bloquear los accesos de agua.

 

La historia, en cambio, sí registra este antecedente. En las crónicas de Pedro de Sarmiento se cuenta que fue Mama Huaco quien recomendó tomar las cabeceras de agua de las comunidades aledañas al Cusco con la intención de dejar de irrigar sus tierras, disminuir sus fuerzas y conquistarlos. 

 

María Rostworowski encuentra en documentos judiciales de La Colonia el uso de la fuerza y control de las cabeceras de agua, como forma de coacción de las comunidades ubicadas en las partes altas en contra de sus vecinos de las partes bajas. 

 

Es el caso del curaca de Collec, quien sigue un juicio contra los serranos de Canta; o del curaca serrano de Guambos y el señor costeño de Jayanca. Los de arriba reclamaban un pago por el uso del agua que nacía en sus tierras y, como los de abajo se negaban, les cerraban el curso del agua. 

 

El control de las bocatomas de agua ubicadas en las partes altas fue, al parecer, un recurso estratégico en los Andes para dominar el territorio o para asentar el poder de una comunidad sobre otra. Y de paso dejar establecido que el uso de los recursos naturales debía pagar un justiprecio. 

 

200 años después, los comuneros de Torata vuelven a tomar medidas extremas como sus antecesores. El cierre de válvulas de la represa Viña Blanca es un acto de fuerza que debe evitarse, porque atenta contra la vida. Cerrar el curso del agua, en este caso, afectó no solo las operaciones mineras, sino también el hospital, las viviendas y a unas 5 mil personas que viven en el campamento minero.

 

 

Sancionar para educar, no para lucrar

Es hora de frenar las ordenanzas municipales abusivas.

 

Una patrulla de serenos en Chiclayo arremete contra un carretillero de D’onofrio que vende sus helados y golosinas en el damero histórico de la ciudad, lugar que ha quedado prohibido para el comercio ambulatorio, según una ordenanza municipal. 

 

En San Juan de Miraflores, una tienda de abarrotes que apenas consigue obtener ingresos para mantener a una familia de cinco miembros acaba de ser cerrada por la Gerencia de Fiscalización de la municipalidad por haber encontrado extinguidores con la fecha vencida, lo que transgrede un artículo de una ordenanza municipal recientemente publicada.

 

En Miraflores, una grúa perteneciente a una empresa privada que presta servicios a la municipalidad trabaja de sol a sol levantando carros indebidamente estacionados en casi todas las calles que, de un tiempo a esta parte, han sido declaradas zonas rígidas, mediante una severísima ordenanza municipal.

 

Caso similar ocurre en Surco, donde al comienzo se empezó a pintar las bermas de amarillo, pensando que su finalidad era el ornato, pero una vez concluido el trabajo las calles —antes residenciales y con parqueo autorizado— pasaron a ser zonas prohibidas para estacionar, causando no pocos dolores de cabeza a desprevenidos conductores que ven como la grúa se lleva sus carros de las puertas de sus casas.

 

No hay excusa que se resista al poder de la autoridad municipal. Ningún argumento vulnera el principio de autoridad. La ley es dura, pero es la ley. 

 

La Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), estipula en su Art. 20 que son atribuciones del alcalde “defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos”, pero de un tiempo a esta parte se defiende más el interés de la municipalidad que el del vecino.

 

No hay reelección municipal. Entramos al último año de gestión. No hay tiempo que perder. Es tiempo de hacer caja. Pague la multa y quéjese después.

 

El mismo artículo de la LOM, inciso 5, dice que el alcalde promulga las ordenanzas y dispone su publicación. He ahí la madre del cordero: los vecinos desconocen estas normas. Los alcaldes y su concejo municipal cambian las ordenanzas y disponen su publicación. Y a partir de aquí se viene el desbarajuste municipal, el atropello de los más elementales derechos de convivencia y razonabilidad. Se vulnera el principio de proporcionalidad de la pena. Y lo que es peor, la sanción, multa o decomiso no tiene un fin educativo, sino simple y llanamente punitivo.

 

Se debe poner fin a este abuso municipal. La ordenanza no puede ser un instrumento para esquilmar al vecino, al pequeño emprendedor. Sirve para ordenar el comercio, en eso estamos de acuerdo, pero ello demanda un esfuerzo de ambas partes, primero para educar a las partes, no solo hacer caja tercerizando el servicio de fiscalización y trabajando al destajo.

 

Antes de hacer efectiva una sanción —sea multa, decomiso, cierre de local o levantamiento de vehículo— la autoridad debe advertir, formar, enseñar, al vecino imponiendo en primer lugar una multa educativa. Dicha papeleta primeriza debe pasar a una base de datos, dar un tiempo perentorio al vecino para subsanar la observación, y de persistir en la infracción imponer, sí, la multa económica. A la primera, advierto y enseño. A la segunda, multo.

 

Es una reforma que el Congreso puede y debe hacer. Limitar el poder omnímodo de las ordenanzas municipales, incorporando el principio de primera falta como multa educativa. Caso contrario, tendremos alcaldes que, bajo la lógica de ordenar la ciudad e imponer la autoridad, se convierten en pequeños autócratas que modifican las normas con la finalidad de generar flujo económico a costa de los vecinos.

La guerra llega al espacio exterior

 

La cooperación espacial multinacional —con astronautas estadunidenses, europeos y rusos trabajando en misiones científicas de paz conjuntas— es otra de las víctimas de la invasión rusa a Ucrania. En un sentido no solo metafórico, la guerra ha llegado al espacio exterior.

 

Esta semana se anunciaron medidas que hacen peligrar la continuidad de programas como el ExoMars (ruso-europeo), que debía lanzar una misión a marte en setiembre de este año. O el futuro de la Estación Espacial Internacional (ISS), símbolo de la cooperación entre naciones como Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia y Japón.

 

Moscú también ha tomado represalias ante el durísimo castigo económico que ha recibido de occidente. Cables internacionales señalan que la agencia espacial rusa Roscosmos “decidió suspender sus lanzamientos de Soyuz desde Kourou, en Guayana Francesa, y de repatriar a su equipo de un centenar de ingenieros y técnicos”.

 

No hay lugar en el mundo, ni en el espacio, que no se vea alterado por la guerra.

 

La carrera espacial fue el punto culminante de la Guerra Fría. 

 

En 1957, Rusia orbitó al primer ser vivo en el espacio, la famosa perra Laika. Al año siguiente, Estados Unidos logró con éxito poner en órbita su primer satélite artificial. 

 

En 1961, nuevamente Rusia logró lanzar al espacio al primer ser humano, Yuri Garagarin. Cuatro años después, los rusos lograron colocar una sonda espacial en Venus. 

 

Hasta que, en 1969, Estados Unidos logró la hazaña de colocar al primer hombre en la Luna, Neil Armstrong, afirmando su delantera en la era espacial.

 

En 1975, ambas potencias simbolizaron los resultados que logra la cooperación internacional al acoplar con éxito las naves Apollo 18 y Soyuz 19.

 

La era espacial moderna, iniciada en los primeros años del siglo XXI, continuó esa ruta de cooperación internacional en el espacio, al que se sumaron nuevos actores como China, Japón e India.

 

Todo hacía suponer que el fin de las tensiones entre las superpotencias en el ámbito espacial habían terminado, hasta hoy.

 

El desarrollo de la Estación Espacial Internacional (ISS) es prueba de ello. Probablemente estemos asistiendo a ver cómo se cae la mayor cooperación tecnológica espacial entre occidente y Rusia.

 

La agencia rusa Roscosmos, que mantenía relaciones comerciales con la francesa Arianespace, anuncio esta semana que “se iba a concentrar en la construcción de satélites militares”. 

 

La guerra, como dijimos, altera todo. En este caso, deja atrás la cooperación con fines científicos y pacíficos expresados en el Tratado del Espacio Exterior aprobado por las Naciones Unidas, que establece los principios generales sobre la investigación, exploración y uso del espacio exterior y cuerpos celestes.

 

En su primer artículo, el tratado señala: “La exploración y el uso del espacio exterior, incluida la Luna y otros cuerpos celestes, deben realizarse en beneficio e interés de todos los países, independientemente de su grado de desarrollo económico o científico, y será de incumbencia de toda la humanidad”.

 

Una inspiración pacifista, sin duda; y, por lo mismo, frágil, como estamos constatando en estos días. Quizás, por eso, el propio tratado no limita el desarrollo de actividades militares en el espacio. Prohíbe sí orbitar cualquier tipo de armas de destrucción masiva, incluidas las nucleares. O colocar bases militares en algún cuerpo celeste, incluida la Luna. Escenarios que, por desgracia, no parecen ya imposibles.

Rusia – Ucrania: ¿Guerra convencional o nuclear?

 

Días antes de la invasión de Rusia a Ucrania, vimos a civiles ucranianos realizando prácticas de defensa armados con metralletas de madera. Eran civiles dispuestos a defender su patria. Al otro lado de la frontera, el ejército profesional ruso realizaba pruebas y ejercicios de guerra disparando las nuevas armas hipersónicas del Kremlin: misiles Avangard y Kinzhal, que pueden ser cargados con ojivas nucleares. 

 

No parece ser una guerra en igualdad de condiciones. Ninguna lo es en verdad, pero esta, en especial, es totalmente desequilibrada. Ni la OTAN ni Estados Unidos pueden enviar soldados al frente. Hacerlo significaría no solo desatar la Tercera Guerra Mundial, sino pasar de la guerra convencional, que aún vemos, a la guerra nuclear. El inicio del fin de la especie humana. 

 

Cuando Vladimir Putin presentó el 2018 una nueva generación de armas de guerra —misiles hipersónicos, drones militares e inteligencia artificial—, en realidad le estaba diciendo a quien lo escuche que Rusia aseguraba nuevamente el “equilibrio estratégico” entre las potencias del mundo. 

 

El jefe del Kremlin se refería a la posibilidad que tiene hoy su país de vulnerar el sistema de escudo antimisiles que desde hace un tiempo posee Estados Unidos para protegerse de cualquier ataque nuclear intercontinental. 

 

Como siempre, el desarrollo tecnológico de Rusia ha venido del campo militar. Un misil hipersónico es capaz de generar una velocidad de MACH 5, es decir, cinco veces la velocidad del sonido: 6174 kilómetros por hora. Los cazabombarderos actuales llegan a MACH 2 (2.469 km/hora). 

 

Estados Unidos ha probado un misil Minuteman III a MACH 23 (28.400 km/hora). Pero Rusia ha logrado probar en plena crisis con Ucrania el misil Avangard, que desarrolla una velocidad de MACH 27 (32.202 km/hora). Un monstruo destructor. Imparable.

 

Pero la evolución en el arte de guerra no pasa solo por analizar las ventajas de la tecnología.  El “problema nuclear” es tal vez el “último problema de la humanidad”. En auges y caídas de las grandes potencias, el ensayo de Paul Kennedy, el autor reflexiona sobre la posibilidad real de pasar de una guerra convencional a una de nueva generación de tipo nuclear.

 

No hay manera de responder con certeza. Lo cierto es que el poder aniquilador de estas armas es a la vez el mejor disuasivo para usarlas. Precisamente, a causa de la existencia de armas nucleares, las potencias pueden llegar a la conclusión de que lo mejor es mantenerse en los márgenes de la guerra convencional. La razón es que no hay forma de que en una contienda nuclear uno de las partes anule completamente al otro sin sufrir daños. 

 

Kennedy razona de esta manera: “Los grandes arsenales nucleares de cada superpotencia continuarán existiendo, pero (salvo un “disparo” accidental) serán con toda probabilidad inutilizables, porque contradicen la antigua presunción de que, en la guerra, como en casi todo lo demás, tiene que haber un equilibrio entre los medios y los fines”.

 

Ese “disparo accidental” es hoy una posibilidad remota en la guerra Rusia - Ucrania. Pero si por alguna razón ocurriera, el presidente Joe Biden explicó bien que pasaría: “Todo puede enloquecerse de una manera muy rápida (...) en el momento en el que un soldado ruso dispare a un soldado estadounidense, nos encontraríamos en una guerra mundial”.

 

Nada asegura por el momento que ambos soldados se encuentren. Pero la guerra tiene sus leyes y sus caprichos. Dependerá de cómo evolucione el conflicto en los próximos días. El mapa geográfico de Europa está cambiando aceleradamente. Hoy es Ucrania, pero se amenaza con acciones de fuerza también a Finlandia y Suecia. 

 

Parafraseando a Bismarck, las potencias del mundo solo pueden navegar en “la gran corriente del tiempo” a la que no pueden crear ni dirigir, aunque si maniobrar con más o menos experiencia o habilidad. Diferentes fuerzas se interponen en el camino como para intentar siquiera señalar con claridad un rumbo fijo, inalterable, de viaje. 

 

Una simple bala mal dirigida puede alterar el siempre inestable equilibrio del poder global. ¿Cómo será la Tercera Guerra Mundial? Einstein respondió esto una vez: "No sé cómo será la Tercera Guerra Mundial, pero sé que la cuarta será con palos y piedras".

 

Burócratas arracimados

 

En primer lugar, hay que decir que todo Estado moderno requiere de una burocracia para su funcionamiento. El sistema de administración del Estado expresa el dominio legal de quien detenta el poder o de quien, ganándolo, le  impone su sello o su orientación. 

 

Pero una cosa es que los partidos que ganan las elecciones tengan todo el derecho de colocar a sus cuadros en los puestos de dirección y otra muy distinta es copar el aparato del Estado con militantes incapacitados para el puesto. 

 

Se trata de lograr una estructura administrativa eficiente, no de arracimar funcionarios públicos.

 

Cuando el Estado es desbordado por funcionarios inexpertos que solo llegan al Gobierno por cuota partidaria, el sistema deviene en un burocratismo patrimonialista en donde el líder no tiene servidores públicos que lo ayuden a gobernar, sino subordinados —esclavos, clientes, los llama Weber—, que solo reciben órdenes de quien detenta el poder.

 

Todos los partidos que llegan al Gobierno se encuentran con este tipo de problemas. Aunque es cierto que —unos más que otros— los partidos adolecen de expertos o militantes preparados en administración pública. 

 

Por otro lado, no hay una carrera en pregrado de Administración Pública. Esta recién existe como especialidad en el posgrado sea a través de cursos, diplomado o maestría, y con mallas curriculares diversas, según se trate de universidades públicas o privadas.

 

Lo ideal sería crear una Escuela Nacional de Administración Pública que forme y capacite a los futuros funcionarios del Estado en los diferentes niveles y subniveles del Estado. Un modelo es el de la Academia Diplomática, que todos los años permite el ingreso con un cupo limitado de aspirantes a integrar el servicio diplomático peruano —bachilleres de casi todas las profesiones—, asegurando una formación competente y una línea de carrera meritocrática. 

 

También podría acreditarse un programa para que las propias universidades ofrezcan esta especialización en el último año de su carrera, previo diseño del perfil de funcionario que requiere el sistema de administración pública. 

 

La administración pública debe ser una línea de carrera para estudiantes comprometidos con el servicio público, y con criterios claros y transparentes de ascenso, promoción y responsabilidades. 

 

Los partidos políticos deben conservar su cuota de poder en los puestos de dirección —para eso ganan las elecciones, para gobernar— y alentar a sus militantes a prepararse para administrar el Estado. Pero deben llevar líderes, no ganapanes.

 

En ningún caso debe verse al Estado como un botín, una agencia de empleos o un carnaval de puestos públicos. 

 

El Estado no requiere de un burocratismo incompetente, patrimonialista y saqueador, sino, una burocracia técnica y profesional preparada para servir al ciudadano con eficiencia, sentido social y ética.

Sacar petróleo del conocimiento

Las miles de especies marinas, aves, crustáceos, mamíferos —y una larga cadena alimenticia que empieza con el plancton— afectados desde el 15 de enero de 2022 por el derrame de 10,396 barriles de petróleo, junto a la parálisis económica de 2400 pescadores artesanales que han perdido su fuente natural de trabajo, es solo la muestra más palpable del daño causado por la empresa Repsol al medioambiente costero peruano. Demorará años volver a recuperar el ecosistema marino y económico, si acaso esto es posible.

 

Al final de las investigaciones, como corresponde, el Estado impondrá una multa a la transnacional. La cifra puede variar entre 30 mil a 50 mil UIT, esto es entre 138 y 230 millones de soles. Una parte de ese monto debe destinarse directamente a investigación. El país necesita conocer en detalle la evolución y recuperación del medioambiente marino para ayudar a mejorar las tareas que biólogos, zootecnistas, botánicos y especialistas en la materia deben realizar para la pronta recuperación del ecosistema. 

 

Para nadie es un secreto lo rezagados que estamos como país en inversión en investigación, ciencia y tecnología. El Perú destina a este rubro entre 0,15% y 0,2% de su PBI, mientras que países como Chile, Colombia —para no hablar de los países miembros de la OCDE— invierten 4,5% de su PBI. El desastre ecológico actual puede ser un buen momento para ayudar a revertir estas cifras.

 

Actualmente, la empresa privada cuenta con una herramienta legal para apoyar la investigación científica, la innovación y el desarrollo. Se trata de la Ley 30309, que otorga a las organizaciones empresariales la deducción de impuestos por inversión en I+D. Este dispositivo vence en diciembre de este año, por lo que convendría ampliar su vigencia. 

 

Repsol conoce este dispositivo y de hecho lo ha usado junto a otras 12 grandes compañías que concentran el 87% de los recursos recaudados por esa vía. Ahora, en donde hay que poner el foco es en el monitoreo biológico-ambiental de las 24 playas afectadas. A las iniciales de I+D debemos hoy agregarle una E, de Ecosistema, para conocer y hacer ciencia sobre el efecto del petróleo en el conjunto de especies que interactúan en su propio ambiente.

 

Destinar una cantidad de la multa a I+D+E en el área afectada es una respuesta inmediata. A esta tarea debe sumarse la universidad peruana, institución llamada a hacer ciencia junto a la comunidad científica internacional. Urge que la academia presente proyectos y programas de investigación liderados por Concytec que puedan ser financiados por la empresa privada directamente.

Que las empresas destinen un porcentaje permanente de sus impuestos a la tarea de realizar investigación en el mar peruano es una meta que debemos alcanzar para beneficio de todos. No solo si queremos elevar el promedio de 6 papers por cada 1000 millones de dólares de PBI, sino para conocer mejor nuestros recursos y, sobre todo, cómo cuidarlos. Si de algo hay que sacar petróleo es del conocimiento.

Gabinete en la sombra

 

No es el shadow cabinet del parlamento inglés, formado por legisladores de la oposición que fiscalizan cada uno de los ministerios del Gobierno de Su Majestad. Tampoco es una idea que circuló hace un tiempo en el sentido de formar en los partidos políticos comités espejo del Poder Ejecutivo para hacerle seguimiento a las políticas sectoriales del Gobierno de turno. No. 

 

El sentido de gabinete en la sombra que se ha conocido esta semana en el Perú alude a un poder paralelo dentro del propio Gobierno, que suplanta las funciones ministeriales, administra la agenda presidencial y ejecuta por sí y ante sí decisiones que franquean la delgada línea de lo indebido y lo ilegal.

 

Se trata de un grupo de asesores presidenciales que funcionan, en efecto, en la sombra, aconsejando al jefe del Estado, tomando decisiones del más alto nivel, ejecutando acciones por encima o al margen de los ministros, sin tener por ello responsabilidad alguna. Usurpando el poder, diría la historiadora Carmen Mc Evoy.

 

No es un gabinete, por cierto. Ni siquiera llega a ser un círculo de poder. Es apenas una camarilla de asesores mediocres que de la noche a la mañana se encontró en las ligas mayores del poder. Y en ese nivel juega con las reglas que sirven para los niveles iniciales y torcidos de la política populista, patrimonialista, mercantilista e informal de la que provienen. 

 

Es una forma de manejo que tienen muchas instituciones populares. Un producto de la precarización de la política en la que estamos empantanados desde hace décadas, que perfora la democracia, donde vale el compadrazgo, el amiguismo, la componenda, las relaciones turbias, el arreglo al margen de la ley. 

 

El gabinete en la sombra debiera ser una forma de convocar a la intelligentsia partidaria, sea que funcione dentro de la organización política o en el Congreso. No puede ser una modalidad para medrar a costa del Estado. Estos furúnculos de poder deben ser extirpados de raíz. Si se les deja activos se reproducen en todo el sistema, atrofiándolo.

 

Un Gobierno requiere fortalecer su capacidad de tomar decisiones. Decisiones eficientes y eficaces para enfrentar y solucionar los problemas que demanda conducir el país. Más que ningún otro funcionario, el presidente de la república requiere un equipo de asesores o consejeros que lo ayuden a cumplir su misión, estableciendo con claridad las prioridades políticas, económicas y sociales de su gestión.

 

Las habilidades personales del jefe de Estado no bastan. Menos aun cuando el presidente carece de ellas. El presidente se nutre de sus asesores, quienes no reemplazan en modo alguno a los ministros. Los asesores facilitan la toma de decisiones presidenciales. No tienen ni desarrollan agenda propia. Son de perfil bajo, aunque, eventualmente, pueden cumplir alguna función encomendada por el presidente que los pone en el foco de la atención pública.

 

Un líder necesita un equipo de asesores o consejeros. No un gabinete en la sombra, ni una piara de aprovechadores.

El centro político y el Estado centrado

En un país fraccionado y de extremos como el Perú, de profundas desigualdades económicas y sociales, no es raro que las posiciones políticas se radicalicen. Hasta se podría decir que es el curso natural de las cosas. El quintil rico es una franja estrecha, mientras los quintiles pobres son espacios anchos y desbordados. ¿Por qué habrían de pensar igual o defender los mismos intereses? 

 

La pandemia no ha hecho más que agravar esta diferencia. 

 

¿Qué pueden esperar los pobres en una situación apremiante y angustiante como la que viven a diario? ¿Defender la democracia, la libertad, el equilibrio de poderes, la Constitución? No es su prioridad. Su prioridad pasa por buscar el alimento para sobrevivir. Curar la salud. Sin educación, sin trabajo, enfermos y casi sin oportunidades, la necesidad extrema los empuja a soluciones radicales, extremas, desesperadas. 

 

Los valores y fundamentos de la democracia, siendo imprescindibles, carecen en la desesperanza de la fuerza del convencimiento objetivo para fortalecer el sistema. Es como si la angustia y la preocupación por el diario vivir nublara la razón. Pero no es así, nada más lúcido que defender primero la vida. Aunque esta sea solo sobrevivir.

 

El centro político en estas circunstancias no puede entenderse como un punto geométrico, equidistante en el plano económico o social del país, porque la línea económico social no es equilibrada. Si el desbalance es desproporcional el punto de balance también lo es. Por eso, alcanzar el “justo medio” no es ubicarse en la mitad, sino un poco más abajo, allí donde están la mayoría de los ciudadanos y sus reclamos.

 

Ser de centro significa recoger y atender las demandas que tienen los pobres en educación, salud, justicia, trabajo, servicios básicos, infraestructura, lucha contra la anemia, discriminación. Por nombrar solo algunas de las carencias. Lo que pasa por dirimir el falso dilema de mercado versus Estado. No es posible pensar —como creen los ultraliberales— que el libre juego del mercado resolverá los problemas y que cualquier intromisión del Estado es perjudicial. Tampoco es posible irse al otro extremo —como creen los ultraizquierdistas— en un Estado interventor que distribuya riqueza, cuando todos sabemos que en realidad lo que hará será distribuir pobreza.

 

Lo que en verdad necesitamos es un Estado fuerte. Fuerte no en el sentido de Estado burocrático, sino fuerte en el sentido de que sea capaz de ofrecer resultados. Un Estado débil es aquel que no puede administrar con eficiencia su sociedad. Un Estado fuerte es, en cambio, un Estado eficaz, capaz de ofrecer buena educación y salud, así como buenos servicios. Un Estado fuerte es a la vez un Estado promotor de las iniciativas individuales y sociales, y al mismo tiempo, promotor de la igualdad de oportunidades. 

 

Necesitamos un Estado que allane la cancha para todos, no que la incline para unos pocos en detrimento de las mayorías. Eso es tener un Gobierno de centro. Un Gobierno centrado en atender y resolver las demandas urgentes de quienes nacen en desigualdad de condiciones para beneficio de todos.

Confianza: esa desconocida en América Latina

No es novedad decir que en esta parte del mundo “nadie confía en nadie”. Una reciente publicación del Banco Interamericano de Desarrollo le pone indicador a esta frase. En América Latina solo una de cada 10 personas puede confiar en los demás. Es la cifra más alta de desconfianza en el mundo. 

No creemos en nada ni en nadie. Somos sociedades desconfiadas. La falta de confianza es a nivel interpersonal y a nivel de instituciones. La gente no cree ni en las personas ni en sus gobiernos.

En el periodo 2016-2020, los valores de confianza interpersonales, es decir, entre los vecinos, apenas llegó a 11%. El problema con ello es que la confianza es la argamasa de la cohesión social, una de las características de las sociedades prósperas. Cuando esta no existe se resquebraja todo.

Voy a la tienda y desconfío de los precios del bodeguero, este desconfía del proveedor, quien a su vez desconfía de su empresa, la cual desconfía del Gobierno. En este círculo vicioso cunde una conducta nefasta para la sociedad: el oportunismo. Y si tienes poder, el mercantilismo.

La conducta oportunista trata de ganar inmediatamente, elevando los precios o adulterando el peso, velando los ingresos reales, evadiendo impuestos, no pagando beneficios sociales. La conducta mercantilista ni qué decir, toca la ventana del poder y se mete hasta el techo en busca de favorecer sus intereses privados.

El problema es mayor cuando las instituciones que son las llamadas a generar confianza en los ciudadanos son parte del problema. La policía que no investiga o que cobra pequeñas coimas o que abusa de su poder genera desconfianza en el ciudadano. El médico que no atiende en el hospital para hacerlo en un consultorio privado mientras el Estado le paga, empuja a los pacientes a buscar medicina en “El Hueco”. Ni hablar del funcionario público cuyo único mérito para obtener el puesto es tener un saco que colgar en una silla.

La falta de confianza en general carcome la sociedad y la empuja a la informalidad; un terreno donde todos tratan de sacar provecho propio e inmediato. Si desconfío de todos, lo único que queda es mandar a todos a la porra y confiar en mí mismo. Una conducta así lo único que genera es que sigamos cavando el pozo de la desconfianza.

Y como dijo el presidente del BID, si no se confía en los demás, no se invierte, no se produce, no se compra y no se vende.

Para revertir el círculo vicioso habría que empezar por reformar la educación. El civismo crece con ciudadanos mejor formados. Como señala el informe, el aprendizaje de los alumnos mejora cuando los maestros son más confiables y pasan menos tiempo ausentes. Lo mismo puede decirse para el resto de los funcionarios públicos.

En el caso de los Gobiernos, habría que empezar por pedirles que cumplan sus promesas. Y si no lo pueden hacer que comuniquen sus nuevas opciones a los ciudadanos, descartando la impredictibilidad.

Una conducta cívica adecuada, confiable, contribuye a cumplir con las políticas públicas, incluyendo el pago de impuestos y la obediencia a la ley. Lo contrario dificulta la concreción de proyectos colectivos. Sin civismo, rige la ley de la jungla, la sociedad se desintegra, aumenta el descontento y será más difícil erradicar la informalidad.

La próxima vez que pienses en una política pública, un servicio cualquiera o una transacción comercial, piensa en cómo está tu nivel de confianza interpersonal e institucional. Y no te desalientes si descubres que estás entre esas 9 personas que no confía en nadie. Al menos ya lo sabes. Y todo cambio comienza con saber dónde estamos.