El problema de la coca no debe entenderse como algo ajeno a la política. Como toda actividad económica, el narcotráfico requiere resortes políticos para sostenerse y expandirse.
En nuestro país, sus tentáculos se han extendido con las últimas elecciones generales y regionales-municipales.
Ha tenido tanto éxito en el financiamiento de campañas electorales que el narco poder tiene hoy representantes en los gobiernos locales, el Congreso y hasta en el Parlamento Andino.
En Colombia, el narco poder se infiltró en la política y tuvo hasta candidato presidencial propio. Los jefes de los carteles invirtieron en obras sociales en sus respectivas comunidades. Y se ganaron, en muchos casos, el cariño de la población.
No existe este tipo de vinculación en el Perú. Los pueblos donde florecen los cultivos ilegales siguen siendo villas miserables, sin infraestructura ni servicios.
Otra diferencia notoria con el caso de Colombia es la organización. Los cocaleros peruanos tienen dirigentes emotivos, de liderazgo violento, pero carentes de de visión y de sentido de política constructiva… por ahora.
No tenemos aún un Pablo Escobar con negocios en la banca, las finanzas, la construcción, la energía, la aviación o la telefonía. Tenemos un Nelson Palomino que agita a las masas disfrazado de ekeko. No tenemos un “padre benefactor”, inaugurando y equipando colegios; tenemos a “mamacoca”, bloqueando pistas y realizando paros.
Pero eso no quiere decir que no se tome en cuenta el primer eslabón de la cadena. Los cocaleros son la materia prima del narcotráfico. El Estado no puede comprar más de 3 mil toneladas anuales. Empadronarlos sería aumentar las expectativas sobre el excedente cocalero: más de 100 mil toneladas.
El ministro de Agricultura aparece ahora como aliado táctico de este primer eslabón. En la práctica, se ha convertido en su representante dentro del Gobierno.
Un tonto últil que habla de zonas liberadas en el Monzón y en el Valle de los Ríos Apurímac y Ene. Y en lugar de anunciar que los combatirá y recuperará la presencia del Estado en esos lugares, pacta con ellos.
Es un contrasentido peligroso. Una vez que se abran los padrones, los cocaleros ilegales presionarán para anotarse. Aumentará la oferta, en contra de la capacidad de absorción que tiene el Estado a través de Enaco.
Se desconoce aún el grado de coordinación que tienen los líderes cocaleros locales con sus pares de Bolivia y Colombia, pero no debiera extrañar -en algún momento- un manejo regional del problema.
Nunca antes, el narco poder había avanzado tanto.
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