21 septiembre, 2016

UIF... ¡Uf!

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Hay un problema con el tema de la delegación de facultades para reformar la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Pero no es su inconstitucionalidad.

Lo peor es un larvado movimiento de Jiu-Jitsu que podría estar gestando el otro lado del poder anclado en el Legislativo. Veamos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un órgano técnico, de línea, dependiente de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS).

Se encarga de recibir, detectar, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la prevención y detección del lavado de activos y/o del financiamiento del  terrorismo.

Es una especie de radar de movimientos financieros y/o bancarios sospechosos. Detecta, informa, pero no investiga. Tampoco denuncia. Menos, persigue.

Elabora informes de inteligencia financiera y comunica al titular de la acción penal, el Ministerio Público, si encuentra algún patrón sospechoso de lavado de activos.

Puede igualmente informar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) si descubre información que pueda atentar contra la seguridad  nacional.

No informa a los organismos electorales. Ni a los medios de comunicación. Que el juez autorice hacerlo tiene también un problema. El juez no puede actuar de oficio. Tiene que actuar en el marco de una investigación.

Pero la titularidad de la investigación es del Ministerio Público. No del juez. Ni de la UIF. 

La UIF no puede abrir una investigación. Tampoco puede solicitar al juez iniciar un proceso. Quien debe hacerlo es el fiscal.

El secreto bancario es un derecho constitucional. El juez, el Fiscal de la Nación o una Comisión Investigadora del Congreso, pueden, en efecto, quebrar este derecho, dentro de una investigación.

Pero decíamos que este no es el problema mayor. Lo más grave es que el Congreso aproveche este tema de la delegación de facultades para reformar el origen mismo de la UIF. Y le de vuelta al asunto.

No aprobar la delegación de facultades en este caso podría significar que el Congreso pretenda debatir in extenso las funciones y alcances de la UIF.

Aprovechando el peso de los votos, podría incluso decidir "elevar" la autonomía funcional de la UIF y terminar aprobando que el titular del organismo ya no sea designado por la SBS, sino "elegido democráticamente"... ¡por el propio Congreso!

Jiu-Jitsu político. El poder del número. Tal como se hizo con el Defensor del Pueblo y se pretende hacer con el jefe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC), el Consejo Nacional de la Magistratura y el Tribunal Constitucional.


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