Indignados y desiguales

En Chile el pasaje del Metro subió 30%. Los estudiantes protestaron. Luego se les unió el resto de la población. El ministro de economía recomendó que mejor madrugaran si querían pagar un pasaje más barato. 

La gente no madrugó, pero sí despertó. Indignada, además.  

Del rechazo se pasó al descontento y de este a la indignación y a la furia colectiva en las calles. 

La protesta no es por lo 30 pesos, sino por 30 años de desigualdad, corea ahora la gente. Es una manera de responder ante medidas económicas en el precio de servicios que la gente entiende deben ser responsabilidad del Estado: Educación, Salud, Transporte, Seguridad. El costo de la vida sube y los salarios no.

Es a la vez una respuesta a la insatisfacción en la calidad de los servicios. No solo a lo caro y prohibitivos que resultan la Educación, la Salud y el Transporte, sino al pésimo trato que reciben los usuarios. Una Educación que al final no sirve para conseguir empleo, una Salud con hospitales sin medicinas y un Transporte que se modernizó en infraestructura pero que sigue movilizando a la gente como si fuera ganado o sardinas en hora punta. 

La protesta es también un reclamo al trato digno que merecemos todos.

Hace unos años un reportaje en televisión mostraba como miles de ciudadanos chilenos cruzaban a diario la frontera hacia el Perú para atenderse en clínicas y consultorios privados y municipales de Tacna. Cuando le preguntaron a los entrevistados las razones por las que preferían venir a curarse al Perú, la totalidad destacó el trato humano, respetuoso y paciente de los médicos, antes que los precios bajos. Luego de la consulta, eso sí, pasaban a disfrutar de la gastronomía peruana.

La gente reclama respeto, dignidad, trato humano. 

En Chile, como en cualquier otro país, no basta la infraestructura. El fierro y el cemento no es suficiente para hablar de desarrollo. El respeto al otro es también señal de modernidad. Los gobernantes pierden la perspectiva del poder cuando dejan de ponerse en los zapatos del otro. ¿Y cuál es la perspectiva del poder, sino servir?

El 60% de la población chilena sufre el Transantiago, vive endeudada, padece la inseguridad ciudadana y se siente asfixiada por las bajas pensiones y el alto precio de las medicinas. El 10% vive en su burbuja de confort y no pasa ningún apuro económico. El 30% es una clase media que vive el día a día sin preocupaciones, pero tampoco con holguras materiales.

Más de la mitad del país es la nueva clase media que ha escapado de la pobreza, vulnerable, precaria —que vive asustada y angustiada porque sus expectativas son más grandes que sus posibilidades—, que ha desbordado el índice de Gini, pero sigue formando parte de los 10 países más desiguales del mundo. 

El estallido social no es solo un problema de modelo económico. Es también un problema de Estado ausente, insensible, ineficaz, corrupto.  

La raíz de la indignación tiene varias nervaduras. Sus repercusiones trascienden Chile. Eso, con toda seguridad. La desigualdad enfurece. Pero es el maltrato el que gatilla la indignación.

Realidad contrafáctica

La denegación fáctica nos ha devuelto a la realidad contrafáctica. Después de una pelea terminal entre los poderes del Estado, en el que uno terminó disolviendo al otro, volvemos al punto inicial. Tendremos elecciones parlamentarias con las mismas reglas de siempre, las de toda la vida. 

El Jurado Nacional de Elecciones aclaró las dudas: los partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas no tendrán obligación de presentarse el 26 de enero de 2020. Tampoco desparecerán si se inhiben. No habrá alternancia ni equidad de género en las listas presentadas, ni elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Nada. 

Todo será como antes, como siempre. Los partidos deberán seleccionar a sus candidatos al Congreso con sus reglas internas. Que lleven invitados dependerá única y exclusivamente de su voluntad, así como que cierren sus cupos solo para sus militantes será de su absoluta responsabilidad. 

Lo que aún no se aclara en esta línea de tiempo contrafáctica —o paralela— es si los disueltos congresistas pueden volver a presentarse. El JNE ha dicho que lo hará cuando se presente un caso concreto en alguna de las circunscripciones regionales y sentará posición firme, recién en segunda instancia.

Queda aún un nudo gordiano para quienes pretendan ser candidatos a la presidencia (el 2021) y quieran ahora postular como congresistas en las elecciones parlamentarias complementarias (2020). El impedimento es el Art. 95 de la Constitución: "El mandato legislativo es irrenunciable". 

Si los principales líderes de los partidos quieren ser candidatos presidenciales el 2021 y al mismo tiempo postular ahora al Congreso 2020 deberán tener claro que, una vez elegidos, deben reformar la Constitución y aprobar en dos legislaturas ordinarias sucesivas —con 87 votos— la renuncia voluntaria del cargo de congresista o la exoneración de este requisito para candidatear a la Presidencia de la República. No hay otra.

Así las cosas, ¿valió la pena llegar hasta donde hemos llegado para tener unas elecciones contrafácticas sin alguna reforma política aprobada? ¿Habrá oportunidad de tener una mejor representación nacional? Son preguntas que se complementan, pero que requieren respuestas por separado.

La primera pregunta refleja hasta donde llegó la improvisación política. Los objetivos iniciales fueron la mejora de la calidad de la representación, el fortalecimiento de las instituciones, una mayor democracia interna en los partidos, si cabe el término. Pero el resultado fáctico ha sido más de lo mismo. Serán las cúpulas partidarias de toda la vida las que manejen la situación. 

Lo que nos lleva a responder la segunda interrogante. La lucha de poderes liquidó la hegemonía de una agrupación política en el Congreso. Está por verse si la nueva representación —mucho más fraccionada seguramente que la que acaba de terminar— será más colaborativa con el Ejecutivo. Esperemos que sí. Aunque sería mejor si el Ejecutivo fuese un mejor actor político para trabajar y lograr consensos, aún en escenarios difíciles.

La responsabilidad, entonces, de modificar esta realidad recaerá en las dirigencias partidarias. ¿Se requiere llevar a estas elecciones, jóvenes, rostros nuevos, que refresquen la política? ¿O se requiere más experimentados que defiendan lo logrado por el sistema vigente? Siempre será mejor renovar ideas que renovar edades. Equilibrar juventud y experiencia, antes que inclinar demasiado la balanza hacia uno u otro lado.

El periodo 2020, como señalamos en el post anterior, será clave para allanar el camino del Perú del Bicentenario. Un recambio generacional siempre es importante, pero mejor combinado que radical. Después de todo, estamos inaugurando un camino paralelo en este Congreso de quince meses que muy pocos se atreven a decir hacia dónde se orientará y cómo será: ¿una mini Asamblea Constituyente?, ¿una Cámara de Diputados?, ¿una de Senadores?, ¿un pequeño Congreso Bicameral Constituyente? Cosas de lo fáctico y sus bifurcaciones contrafácticas. 

El Perú descosido

Desbordando las costuras constitucionales, forzando y casi rompiendo el molde institucional, el presidente de la República, decidió disolver el Congreso, vía una interpretación auténtica de la cuestión de confianza —la denegación fáctica— que no convenció a todos.

La confianza se otorga, no se interpreta. Se expresa en votos, no se da por entendida, ni se deduce, ni infiere. Se constata. Y la constatación es a través del conteo de los votos. 

Pero fuera de estas disquisiciones legales que en algún momento deberá esclarecer el Tribunal Constitucional, lo cierto es que el presidente ganó esta batalla a sus opositores en todos los frentes.

Y, lo más importante, afirmó su poder. En términos weberianos, podemos decir que el presidente logró ejecutar su voluntad a pesar de las resistencias encontradas. 

Esta voluntad de doblegar a sus opositores se asentó sobre dos fuerzas que terminaron consolidándolo: las Fuerzas Armadas y la opinión pública. El poder de la fuerza y el poder de la masa.

Por otro lado, hay que decirlo, el Congreso se ganó a pulso su disolución. Nunca como ahora se pudo ver tan nítidamente la tozudez y la prepotencia, la obstinación y la soberbia.

En todos los idiomas, el presidente advirtió cual sería su decisión. Lo dijo, incluso, en televisión, un día antes de ejecutar la medida. Pero el Congreso, ay, siguió muriendo.

El choque de poderes pudo haberse evitado, si anteponíamos al diálogo de sordos el trabajo fatigoso de hacer política.

Ingresamos ahora a un escenario electoral que recompondrá el tablero político. No es momento para las improvisaciones. Los partidos deberán seleccionar sus mejores cuadros. Hombres y mujeres que asuman la tarea de completar las reformas que el país necesita.

Es necesario reencauzar al Perú no solo en la senda democrática, sino en la senda del crecimiento y desarrollo. Lo que el gobierno y el Congreso disuelto no pudieron lograr deberá ser ahora tarea del nuevo Parlamento.

El Congreso de un año y medio no debe ser asumido solo como un ente que completa el periodo legislativo, sino como un órgano activo, pensante, que hace Política y logra consensos; una bisagra propositiva que concerta y diseña el renovado escenario del Perú del Bicentenario. 

Sin parches, ni remiendos. Deshilvanados como estamos, el Perú del Bicentenario lo hacemos —y cosemos— todos. 

Halcones y Palomas

Los individuos, como los grupos, para obtener algo en la naturaleza, luchan. Tienden a disputar algo que consideran vital para su supervivencia. En el reino animal, puede ser el alimento, alguna hembra o el territorio. En el mundo humano es eso y, además, el poder. 

En política, halcones y palomas no son dos especies distintas, sino dos tipos de comportamientos, dos inteligencias, dos actitudes que dirimen un proceso de negociación que tiene de cooperación y conflicto. Como en la teoría de juegos, las luchas empiezan con insinuaciones, amenazas y demostraciones de fuerza, antes que con verdaderos choques. 

Las palomas buscan imponerse mediante el diálogo, los halcones en cambio buscan resultados usando  la fuerza. Las negociaciones del premier Salvador del Solar con diversos grupos políticos del Congreso, incluyendo al principal opositor —Fuerza Popular— a los que ofreció el retorno del Senado y la posibilidad de que los actuales congresistas puedan postular a él, es una clara conducta de paloma. Correcta, por cierto. 

Ser paloma no es ser blando, ni miedoso. En la mayoría de los casos exige una alta dosis de sensatez y responsabilidad. La propuesta de Del Solar fue correcta. ¿Qué pasó, entonces? Un halcón encerrado no se anda con rodeos. Se lanza sobre el objetivo de manera rapaz. En todo momento hará uso de su fuerza con tal de obtener su propósito. Una mente de halcón usa todos los métodos a su alcance, incluido el engaño y la traición. 

El premier conversó de manera reservada con anuencia del presidente Vizcarra (¿así fue, no?). Pero, quizás, confió demasiado en su capacidad expositiva y de interlocución; y no se dio cuenta de que el halcón no tiene piedad al momento de apretar sus garras. Al no oficializar, ni hacer pública, su ronda de conversaciones perdió la oportunidad de obtener el respaldo de la calle. 

Una interrogante salta a la vista. ¿Qué rol asumió el presidente Vizcarra? ¿Halcón o paloma? Por lo que que acaba de señalar la primera vicepresidenta Mercedes Aráoz —al parecer el presidente le comentó sobre su deseo de renunciar—, su papel fue al comienzo el de una paloma desconfiada y al final el de un halcón medroso. 

Cooperantes y explosivos, pacifistas y agresivos, conciliadores y extremistas, hay en todos los grupos. En el mundo de los humanos, los mismos actores pueden adoptar e intercambiar ambos roles por momentos e indistintamente. El premier fue claramente paloma cuando intentó una salida negociada y halcón herido al sentirse traicionado.

El peor desenlace para todos ocurre cuando ambos jugadores caen en el rol halcón-halcón. La ganancia, entonces, es de suma cero. La inteligencia, el sentido común, el deber patriótico —llámesele como se le llame— debe servir para equilibrar los roles de cooperación y conflicto. No hacerlo es terminar despellejándose unos y otros. Y en ese juego, perdemos todos.

Fin del juego

Hay un tiempo para dialogar y un tiempo para actuar. Estamos al borde de concluir el primero y los peruanos no tenemos certeza de cómo será el segundo. Es una situación sui generis en la que los poderes del Estado no han sido capaces de encontrar una vía de entendimiento, ni siquiera de acercamiento. 

El diálogo ha estado ausente, aunque no así la palabra. El presidente Vizcarra ha repetido en diversos escenarios —en provincias y foros sectoriales— su mismo planteamiento; la necesidad de terminar la crisis política vía una respuesta política: el adelanto de elecciones. 

El Congreso, en cambio, ha movido más piezas en el tablero. Ha sensibilizado el sector externo con la visita del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al secretario general de la OEA y la consulta a la Comisión de Venecia. 

La batalla final en el área legal, sin embargo, el Congreso la prepara en el Tribunal Constitucional, recomponiéndolo.

Ambas estrategias, opuestas y en rumbo de colisión, se encontrarán en una semana, a fines de setiembre, cuando se cumpla el plazo final que el ejecutivo le dio al legislativo para resolver el adelanto de elecciones y el recorte del mandato.  

¿Qué puede pasar? Nadie lo sabe. Las alternativas van desde la cuestión de confianza y cierre del Congreso hasta la convocatoria a una Asamblea Constituyente para reformar la Carta del 93 y dejar al actual Parlamento en estado catatónico. 

Cualquiera que fuera la salida, dividirá al país. No hay forma que alcancemos el consenso con fórmulas no dialogadas, sin debate, ni voluntad política. El juego oculto, las cartas bajo la mesa, el golpe, son mecanismos de maña y fuerza, no de juego limpio.

El antagonismo es consustancial a la política en la definición Schmittiana del término (amigo - enemigo), pero eso no puede ocultar que también es inherente al ser humano el esfuerzo racional que implica el diálogo y la búsqueda del consenso. 

Llevar la política al reino de lo irracional es ingresar al mundo de la antipolítica. Conducir al país por el camino de la crispación en lugar del entendimiento, la intolerancia en lugar de la tolerancia, la confrontación permanente en lugar del consenso o del término medio, es llevarlo directamente al despeñadero. 

Se viene el rayo. Ojalá la población distinga bien quiénes son los responsables de haber armado esta tormenta. 

El final se acerca

No se ve una luz al final del túnel. Tal parece que llegamos a un desenlace oscuro. Sin acuerdo conversado de salida a la crisis política. El encuentro entre Vizcarra y Olaechea no ha significado una definición. En ninguno de los dos sentidos. Ha sido un mero pulseo de fuerzas. Un diálogo de sordos.

Apenas terminó la reunión cada quien volvió a sus trincheras y reforzó sus posiciones. El Congreso gatilló primero. Disparó contra el propio presidente al proponer investigar Conirsa, Chinchero, la SUNEDU, las encuestadoras y hasta el mensaje presidencial (aunque después retrocedió en esto último).

El presidente denunció la ofensiva y replicó: “…con estas actitudes (el Congreso) no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones que hemos hecho”.

Despejada la bruma de los cañonazos, el teatro de operaciones se aclaró. El presidente, urgido por los plazos que corren, debe definir en poco tiempo si juega su carta final de la cuestión de confianza y obligar a una salida final.

Solo hay dos caminos posibles: el pacto o el choque.

Si es por pacto, las conversaciones pasan por colocar como primer punto del pacto el retorno del Congreso Bicameral, con el añadido —complicado de aceptar para la calle, pero necesario— de que los actuales congresistas puedan postular al Senado de la República.

Si se elige el choque, la vía no es plantear la cuestión de confianza insistiendo en la “esencia de las reformas constitucionales”, sino, que se tendrá que apelar a una medida más pragmática y sobre la que no quepa la menor duda de su efectividad para obtener el mismo resultado de las dos cuestiones de confianza negadas: el cambio del presidente del Consejo de Ministros. 

En la calidad y estilo del nuevo premier estará la fuerza estratégica de esta decisión.  

Así, se provoca una crisis ministerial por renuncia del actual primer ministro y se convoca a un reemplazante que conforma un nuevo gabinete el cual debe acudir al Congreso de la República, exponer la nueva política de gobierno y solicitar cuestión de confianza sobre ella.

Este camino liberaría a Salvador del Solar para asumir con libertad una tarea electoral en las nuevas elecciones generales (si quisiera).

El nuevo premier tendría que tener un rol político y ejecutivo tan fuerte que por un lado obligue al Congreso a no extenderle la confianza o, si se la da, logre impregnar eficiencia a los programas del Ejecutivo, generar confianza en los inversionistas y equilibrar el poder que actualmente emana del Legislativo. Todo al mismo tiempo. 

¿Existirá ese ser superdotado de la política? En las próximas semanas lo sabremos.

El punto de no retorno

¿Cómo llegamos a este callejón sin salida? ¿Cómo así ingresó en agenda un monstruo de dos cabezas: el cierre del Congreso y la vacancia presidencial? ¿En qué momento caímos en el agujero negro de la antipolítica?

Esta semana las posiciones del ejecutivo y legislativo no solo no mejoraron, sino que empeoraron. Estamos ad portas del punto de no retorno.

El presidente Vizcarra no ha dado su brazo a torcer y sigue ventilando en calles y plazas su decisión de mantener el recorte del mandato presidencial y legislativo y el adelanto de elecciones para el 2020. 

Este es un tema no negociable, ha dicho.

El legislativo, en tanto, empieza a recabar informes especializados de constitucionalistas y organismos internacionales ante la eventualidad de que el ejecutivo pretenda disolverlo presentando una cuestión de confianza… por lo que sea.

En el post anterior decíamos que “No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos”. 

La verdad es que no se requiere solo voluntad entre las partes para llegar a buen puerto, aunque, siempre ayuda una buena dosis de deseo, intención, ganas de querer sacar adelante las cosas. 

Entre políticos son más útiles otras características, sobre todo en la mesa de negociaciones: habilidad para negociar, capacidad de decisión para concretar acuerdos y tenacidad y firmeza para llevarlos adelante.

Ceder en política, como en la guerra, no siempre es perder. Por encima de los intereses particulares de las partes está el interés del Perú.

Requerimos ciertamente una reforma profunda de la justicia, de la política, de las instituciones republicanas, pero en democracia, sin sobresaltos ni jacobinismo. Recurrir al Vox populi, vox Dei, es un argumento populista, producto de una caótica y pendular democracia de masas.

Por otro lado, conspirar contra el poder constituido es también ingresar a una senda torcida de apetitos personales o de grupo, intereses económicos acostumbrados a vivir del Estado. Es caer -otra vez- en el mercantilismo decimonónico. 

¿En qué momento se jodió el Perú, Zavalita?

No fue el día en que Vizcarra decidió que no quería gobernar más y propuso adelantar las elecciones. Tampoco cuando PPK, arrinconado por las acusaciones y la caída de la muralla china, decidió renunciar al gobierno. Ni cuando Keiko llegó a la conclusión de que le habían robado las elecciones y decidió usar su mayoría parlamentaria para vengarse de PPK.

No, Zavalita, eso es el presente. Nosotros nos jodimos mucho antes. Nos jodimos varias veces, en varios momentos. La verdad, Zavalita, es que el Perú nació jodido.

Conversar es ceder

No hay forma de solucionar la crisis entre el legislativo y ejecutivo sin que alguno de los dos poderes ceda posiciones. No es solo una cuestión de conversar, sino de llegar a acuerdos. 

Esta semana, las cabezas de ambos poderes volvieron a levantar sus banderas, sin punto de consenso a la vista. 

El Congreso —al menos una mayoría notoria— se resiste a adelantar elecciones. El presidente, por su parte, insiste en que no hay otra salida que el recorte del mandato presidencial y congresal.

Sobre el mecanismo de adelanto de elecciones, además, se debe agregar el ingrediente del plazo. No hay tiempo para hacerlo vía referéndum, como propuso el presidente Vizcarra. Esto obligaría a aprobar la iniciativa en dos legislaturas ordinarias sucesivas, lo que implica recortar la presente y convocar a una extraordinaria solo para ese fin.

Sin un cambio en las posturas máximas de los representantes de los poderes de Estado, difícilmente habrá acuerdo. Si conversar no siempre es pactar; en este caso, para encontrar una salida, conversar es ceder.

Vizcarra (47% de aprobación personal) llega con el respaldo mayoritario de la calle a su propuesta de adelanto de elecciones (70%). Mientras que Olaechea (15% de aprobación personal) representa al Congreso de la República en su nivel más bajo de aprobación (8%).

¿Estará dispuesto el presidente de la República a ceder en su propuesta de elecciones adelantadas? Por lo que ha declarado a medios como Hildebrandt en sus Trece (HT) y Semana Económica (SE), parece que no. 

“He escuchado a algunos congresistas decir que lo mejor para solucionar la crisis es vacar al presidente. Esa es otra alternativa, que la propongan. Otra alternativa es lo que dice la gente: cierren el Congreso. Hay que analizar todas las alternativas. Lo que nosotros decimos es que se deben hacer las cosas de manera ordenada, pensando en el Perú”, le dijo el presidente a SE.

“Después de tres años de gobierno, con un presidente que renuncia, después que se intentara su vacancia, con un gabinete que cae, con ministros censurados, con normas que se presentan y que son distorsionadas por el Congreso, el planteamiento es adelantar las elecciones”, planteó en HT. 

En otras palabras, resetear la política.

Los constitucionalistas, sin embargo, coinciden en que tal como están las cosas hoy no hay razones suficientes para legalizar —ni respaldar— ninguno de los dos extremos: cerrar el Congreso o vacar al presidente. 

Y si no existen hoy, entonces, podrían también eliminarse de la mesa de conversaciones. Ni cierre del Congreso, ni vacancia presidencial, he ahí un primer punto de partida de la cita entre el presidente de la República Martín Vizcarra y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. 

¿Será posible ese milagro? Después de todo, quizás no fue tan mala idea que ambos personajes se reúnan para conversar en la Iglesia San Francisco, porque una ayudita para salir de posturas irreductibles, van a necesitar. 

Armisticio político… en las urnas

No ha mejorado el clima entre el ejecutivo y legislativo tras la instalación del Congreso de la República y la elección de las comisiones ordinarias. Todo lo contrario, el jefe de Estado sufrió la baja de tres congresistas de su bancada —Aráoz, Bruce, Choquehuanca— su primera vicepresidenta y dos ex ministros, nada menos. Fuerza Popular, en cambio reelegió a Rosa Bartra en Constitución y a Tamar Arimborgo en Educación, no precisamente sus cartas más diplomáticas.

El ejecutivo llegó así a su punto más bajo de orfandad en la Plaza Bolívar. Pero, quizás, por lo mismo, sus propuestas han sido respaldadas de manera contundente en la calle. 72% se muestra a favor del adelanto de elecciones, según Ipsos Apoyo. Y 69% rechaza la vacancia presidencial, una bandera levantada por el congesista Mauricio Mulder y las bases del Apra.

No hay forma de vacar al presidente con una popularidad tan alta, a no ser por una de las causales establecidas en la Constitución. Y tampoco el ejecutivo puede cerrar el Congreso solo porque este no asuma con celeridad su propuesta de adelanto de elecciones.

Con un juego político posicionado en tablas, el país sigue sumido entre la incertidumbre y la desconfianza. 

Por si esto no bastara, en el caso Tía María, asistimos a un sorprendente descenlace en el que el propio presidente de la República, a puerta cerrada, acuerda con gobernadores y alcaldes la suspensión de la licencia de construcción a la minera Southern. ¿Se trata de una postura frente a la minería en general o es un rechazo específico contra la empresa que puede dejar la puerta abierta al ingreso de capitales de otra nacionalidad? Eso no lo sabemos a ciencia cierta.

El temor es que estas idas y venidas, marchas y contramarchas, genere una ola de reclamos a lo largo de todo el corredor minero — ya tenemos el paro de Quellaveco en Moquegua y el incendio de una planta petrolera en Piura— que ponga en peligro la ejecución de nuevos proyectos. Existen en cartera al menos 58 mil millones de dólares en el sector minería que no puden echarse por la borda.

En este escenario, la salida de elecciones adelantadas parece ser la menos mala de todas las alternativas posibles. El periodo de indefiniciones, el diálogo de sordos que se ha instalado entre los principales poderes del Estado y la posibilidad de recuperar la confianza con un nuevo gobierno, sería, al menos, más corto. 

El capítulo final lo veremos en las próximas semanas cuando el Congreso decida si se toma todo el tiempo del mundo para debatir la propuesta de adelanto de elecciones o si acelera los plazos, elimina la semana de representación de agosto, y evita que se prolongue el desprestigio político.

Recortar el mandato de gobierno no es la mejor mejor recomendación para fortalecer la institucionalidad. Pero cuando los poderes no encuentran una salida conversada, negociada y, por el contrario, sus únicos argumentos son provocaciones y gabinetes de guerra, que podrían paralizar la economía —en un contexto internacional ya de por sí adverso— lo más sensato es evitar la agonía.

Los tambores de guerra deben dejar de sonar. Y dar paso al armisticio político, en las urnas.

La democracia contemplativa

En su acepción filosófica la contemplación es una forma de entender la vida y de encontrar la verdad. La vida activa, dijo Aristóteles, está referida a los negocios, a la guerra y al hombre; la vida contemplativa, en cambio, se relaciona con la relflexión, la paz y los asuntos divinos. En religión, la contemplación -decía Santo Tomás- es un estado de gracia en búsqueda de la verdad y el amor a Dios. En política, en cambio, la contemplación tiene una doble acepción. En el campo teórico es necesaria para promover la reflexión, el entendimiento, el conocimiento profundo de las relaciones humanas y el poder. Pero, en el pedestre acto de gobernar, corre el riesgo de convertirse en una burbuja que obnubila al gobernante, paraliza la toma de decisiones, genera el desconcierto y no deja que se organicen ni fluyan las ideas, ni el sentido de la la ley y el orden. Desaparece hasta el respeto.

Cuando un país llega a ese nivel de actitud contemplativa en democracia, es posible entender cómo la representación teatral del fusilamiento del Presidente de la República en la Plaza de Armas de Arequipa, pasa como un acto legítimo de protesta, sin que la fiscalía actúe de oficio denunciando a los instigadores por apología a la violencia. O que un grupo de gobernadores y alcaldes logren hacer  retroceder al gobierno en su postura -correcta- de otorgar licencia de construcción a una empresa privada para promover la minería. O que hasta el momento nadie sepa qué pasará en el Congreso de la República con el proyecto presentado por el ejecutivo para recortar el mandato y adelantar las elecciones generales, sintiendo que lo más probable sea que nada ocurra y nadie se espante por ello. Es decir, que el proyecto sea rechazado sin que nadie tenga claro el derrotero político de los próximos meses y nos quedemos todos con la sensación de que en este país lo único cierto es que no hay certeza de nada.

En la democracia contemplativa predomina la inacción del gobierno a la acción eficiente del Estado; el inmovilismo legal ante la arremetida delictiva de los caóticos y violentos; el retroceso y el miedo frente a la decisión asumida; el espíritu claudicante y mediocre ante el ánimo constructivo y la energía de la autoridad. Si contemplar es reflexionar, mirar de lejos, para tener perspectiva de las cosas, en política es tomar distancia, sin alejarte de la realidad pensando que los problemas no se resuelven o se resuelven por sí solos. En filosofía y religión, la contemplación va en búsqueda de la verdad; requiere un espíritu altruista y limpio para encontrar la conexión divina. Es de puertas hacia adentro. En política hay que ser realistas, analizar bien antes de hacer y/o anunciar las cosas, tomar la decisión y empuñar firme el mando de la nave cuando la tormenta arrecia. Es una facultad humana que requiere menos estado de gracia y, ciertemente, más coraje y decisión. Es de puertas hacia afuera. Un extraño hechizo se apodera de la democracia cuando ingresa a ese sopor parecido al estado de gracia de la filosofía, de contemplarlo todo -con asombro- y no actuar nada. 

Salida anticipada

El adelanto de elecciones que el presidente Vizcarra presentó como un as bajo la manga en su mensaje del 28 de julio de 2019, es el punto de quiebre de una crisis permanente entre el legislativo y el ejecutivo, larvada en su origen, desde que Keiko Fujimori señaló que le ganaron las elecciones con fraude.  

Está en discución la gravedad de este desencuentro. ¿Estamos ante una crisis de la magnitud de los noventa, cuando Fujimori renunció al gobierno, se instaló un gobierno transitorio y se adelantaron las elecciones? No lo creo. Disputas, desencuentros, choques o abiertas hostilidades entre el legislativo y ejecutivo hay siempre. Pero no todas las crisis políticas terminan con una limpieza de la mesa para empezar el juego de nuevo. 

De 39 crisis políticas ocuridas en América Latina entre 1950 y 1966 en 17 países de la región el argentino Aníbal Pérez Liñán encontró que 22 crisis desembocaron en una ruptura institucional, pero otras 16 se resolvieron dentro del marco democrático institucional y solo 6 se resolvieron fuera de el (Pérez Liñán, 2001).

No estamos, en efecto, en una salida tipo golpe, o autogolpe civil o militar  como en el pasado América Latina y el Perú resolvieron sus crisis políticas, verdaderos choques obstruccionistas entre sus respectivos poderes (Bustamente y Rivero, 1948; Belaunde 1968; Fujimori, 1992). 

Aún con estas experiencias históricas, al analizar las relaciones entre el legislativo y ejecutivo peruano en el periodo 2001 - 2016, la correlación de fuerzas entre ambos poderes tendieron al equilibrio. “… ni el Congreso desplegó una actitud obstruccionista y controladora hacia el Ejecutivo, ni éste trató de gobernar de espaldas a la cámara baja de manera preeminente. No hubo por tanto choque entre ambas instituciones, aunque tampoco pueda hablarse de excesiva cooperación” (García Marín, 2017).

El resultado que estamos por ver en el presente periodo de gobierno es el resultado del poder mayoritario en número que logró una bancada, pero también de la absoluta imposibilidad del ejecutivo de contrapesar este poder articulando alianzas con otras fuerzas políticas. Más que un desencuentro en la producción de normas, la disputa fue de poder. 

La propuesta de Vizcarra destraba este proceso de manera maximalista. Refleja en cierto modo hasta un agotamiento para gobernar. Una salida de patear hacia adelante con la posibilidad de cuidar el capital político del jefe del Estado en lugar de utilizarlo para gobernar hasta el último día como manda la ley.

En lo que ha tenido éxito el ejecutivo es en plantear ante la opinión pública que la decisión de aceptar o no el recorte del mandato y las elecciones generales anticipadas, está en manos del Congreso. Con ello se pone del lado del pueblo que mayoritariamente respaldará esta medida. No en vano la expresión popular “Que se vayan todos” nace de la calle.

Pero si bien la terminación anticipada del mandato gubernamental y de la representación parlamentaria es una salida constitucional; antes que nada es la expresión del fracaso de hacer política. El Congreso excedió su papel opositor y el ejecutivo no pudo convencer ni persuadir. Ganó la pechada de ambos lados, sin que cedan posiciones ni pasiones. Política es el arte de lo posible. No de lo imposible.

El desenlace, sin embargo, está aún por verse. La decisión final la tiene la bancada mayoritaria de Fuerza Popular. Hay escenarios para todos los gustos. Desde el rechazo de la propuesta y la continuidad del presidente Vizcarra o su salida y reemplazo de la vicepresidenta Merecedes Aráoz, hasta el gobierno transitorio del presidente del Congreso, Pedro Olaechea, o de algún otro congresista que asuma un gobierno transitorio de “unidad nacional”.

De todas las alternativas posibles, tres son los caminos que mejor se acomodan a la realidad, siempre que para el ejecutivo, el adelanto de elecciones no sea una posición final ni inmodificable:

1. El Congreso acepta la propuesta de recorte del mandato de gobierno y se adelantan las elecciones para renovar el ejecutivo como el legislativo. Se aplican algunas reformas políticas ya aprobadas.

2. El Congreso rechaza la propuesta, pero concede replantear la inmunidad parlamentaria y avanzar en la reformas políticas. 

3. Congreso rechaza la propuesta y acuerda con el ejecutivo una “agenda de transición y promoción del desarrollo (salida)”.

El capítulo final se inscribirá en las lecciones que América Latina aportará a las ciencias políticas, en el capítulo de relaciones entre los poderes de estado. Una salida limpia, sin agitación en las calles, sin descomposición social, sin estallidos violentos, sin sombras de golpe. Una salida tan sosa que revela o un blanco desprendimiento de poder o un acto enorme de incompetencia para gobernar que se quiere ocultar con una consulta popular sobre un tema rechazado de forma populista.  

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