AGP-AFF: Pacto de impunidad

Keiko Sofia Fujimori Higuchi, la primogénita del prófugo de la justicia peruana, Alberto Kenya Fujimori Fujimori, lanzada a la arena como parte de un proyecto politico familiar, es conocida en los predios del Ministerio de la Mujer y el Desarrollo Humano (MIMDES), como “la chochera” de Alan García.

Sus llamadas son atendidas sin previo protocolo por la ministra Borra. Sus pedidos se procesan de inmediato. Sus recomendaciones se acatan sin chistar. Keiko se pasea por el MIMDES como si fuera su casa.

El propio Alan García ha dado instrucciones precisas de atender a la congresista fujimorista. Y los funcionarios apristas no tienen remilgos en cumplir las órdenes de su jefe.

La rápida y obsecuente atención a la edulcorada representante naranja no es gratuita. Forma parte de un bien armado sistema de conexiones entre el partido aprista peruano y el movimiento fujimorista. Es producto de un pacto político de alto nivel basado en un principio de impunidad para delitos de corrupción y de lesa humanidad.

El pacto tiene componentes de política interna y externa y se viene ejecutando de manera sistemática. El plano más interesante no es la atención que recibe Keiko en los pasillos del MIMDES, sino las piezas que se han venido colocando en el escenario internacional.

El más importante de todos es, quizás, el nombramiento de Hugo Otero, como embajador del Perú en Chile. "Alan no se hubiera desprendido de su asesor principal si no fuera por un motivo de suma importancia", refiere un aprista descontento con esta situación.

A ello se suma el nombramiento del embajador Eduardo Ponce en Japón y del embajador Jorge Voto-Bernales en Naciones Unidas -piezas fujimoristas de Torre Tagle encargados de la firma de la paz con Ecuador. El embajador Jorge Valdez -el cerebro en la sombra-sería la próxima ficha que se mueva.

La propia hija de Fujimori ha sido nombrada presidenta de la liga de amistad parlamentaria peruana-chilena. Y el abogado defensor del Chino, Rolando Souza, es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Pero, sin duda, donde más ha avanzado el pacto de impunidad entre el Aprismo y el fujimorismo es en desmantelar el sistema anticorrupción que se creó durante la gestión del Presidente Valentín Paniagua, que permitió que militares de la más alta graduación, empresarios, ministros, funcionarios de gobierno y propietarios de medios de comunicación, fueran enviados a la cárcel por delitos de diverso tipo.

Está claro que a este gobierno no le interesa el trabajo de la Procuraduría Anticorrupción que presidieron sucesivamente Ugaz, Vargas Valdivia y Maldonado. El nombramiento de Carlos Briceño como procurador ad hoc es la mejor prueba de ello. Briceño fue despedido por Maldonado por haber cometido gruesos errores en la confección de uno de los cuadernillos, base de la de extradición de Fujimori de Chile.

En lugar de apretar el acelerador en este tema, el Apra desmontó la procuraduría ad hoc y nombró a otro procurador –el impresentable Gino Ríos Patio- para investigar con zaña el gobierno de Toledo.

Hoy pareciera que las denuncias contra Toledo son más serias que las propio Fujimori. García no tiene empacho en adelantar opinión sobre Toledo y envíar a sus ezbirros a morder al hombre de Cabana, y guardar silencio sobre su socio refugiado en Chile. Pero lo que ha colmado la paciencia de la prensa es que haya califica los crímenes y latrocinios de Kenya Fujimori como simples “pecados graves”.

La prensa ha dicho basta esta semana y ha empezado a poner en blanco y negro sus dudas y temores. La cacería contra las ONG, impulsada por los diarios "La Razón" y "Expreso", es sólo una prueba más de lo que se viene: el sometimiento de quienes alcen su voz en busca de justicia y sanción para los culpables.

En esto, García y Fujimori comparten el mismo espíritu de batalla. Su lema parece ser: impunidad o prescripción.