La Defensora del Pueblo ha ordenado la ensalada de cifras que el gobierno ha soltado en el caso de los acusados por terrorismo liberados. El Presidente García habla de 1 mil 800 y amenaza con publicitar sus nombres; el Premier Del Castillo suma 3 mil y pide mayor presupuesto, Pablo Talavera de la Sala Penal Antiterrorista, menciona por su parte que los requisitoriados por este delito suman 9 mil.
Beatriz Merino ha aclarado las cosas: 502 terroristas fueron indultados durante el gobierno de Alberto Fujimori; 165 durante el gobierno de Valentín Paniagua y 92 durante el gobierno de Alejandro Toledo. Total: 759 indultados.
Si a ello agregamos los 850 procesados que el Poder Judicial absolvió y liberó entre agosto del 2003 y diciembre del 2005 tenemos una cantidad de liberados menor a la que maneja el presidente de la República.
¿Por qué entonces esta sensación de caos en el manejo de la información?. Porque ya estamos ante lo que es un estilo de gobierno: el manejo de la agenda pública al caballazo.
Pero detrás de esta aparente descoordinación entre los voceros oficiales se esconde en realidad la intención no sólo de sacar cuerpo y soplar la pluma a sus antecesores, sino de liquidar a los opositores.
Lo que busca el gobierno es cargar las culpas de sus errores al pasado para evitar asumir responsabilidades presentes. Ante su inoperancia en inteligencia e incapacidad para desarrollar planes operativos que enfrenten el narcoterrorismo no se les ocurre mejor estrategia que acusar al pasado.
Si se ha identificado a estos operadores subversivos reincidentes, en lugar de publicitar sus nombres, lo lógico es que se los capture.
Ahora resulta que la presencia de movimientos senderistas en universidades (denunciada hace semanas por algunos medios alertados por fuentes gubernamentales) y los ataques de grupos armados en las alturas de Huancavelica, son responsabilidad de gobiernos anteriores “que no hicieron nada frente al terrorismo, desaparecieron bases militares y redujeron el presupuesto a las Fuerzas Armadas”.
Con argumentaciones simplistas como esa la cama está tendida para acusar constitucionalmente al ex Presidente Alejandro Toledo en la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales por el allanamiento parcial del Estado por el caso de la matanza en el penal Castro Castro en 1992.
Nuevamente el Apra y el fujimorismo actuando juntos, con el antecedente de que en la misma semana el presidente de la República se pronuncia abiertamente a favor de un empresario periodístico que aún entre rejas conspiraba con Montesinos acatando titulares contra el gobierno anterior.
¿Qué razones que desconocemos pueden unir al hombre más poderoso del país con el mandamás de la prensa vendida al fujimontesinismo que -dicho sea de paso- se ha comprado el tema del regreso del cuco terrorista para oponerlo a lucha antisubversiva de Fujimori?
Sólo falta que el presidente de la República vuelva a proponer la pena de muerte.
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5 comentarios:
Hoy escuché a Pablo Talavera que en realidad desde el 90 a la fecha han sido liberados unos 20 mil acusados de terrorismo, 90% de ellos salieron libres antes del 2000.... ¡qué dirán ahora los fujimoristas!
Esto dice Augusto Alvarez Rodrich en su columna de hoy:
¿Qué hace el 'abogado' García en el caso Wolfenson?
Un arresto en San Isidro no es lo mismo que en San Jorge, pero igual significa un recorte de la libertad, por lo que el debate sobre la contabilidad de la detención domiciliaria como parte de la prisión efectiva es válido, y comprensible que lo plantee alguien directamente interesado.
Sin embargo, es difícil de entender -y, por tanto, produce sospecha legítima- que el presidente de la República haya optado por participar en dicho debate con tanto entusiasmo a propósito de un caso particular, el de Moisés Wolfenson -un condenado por corrupción durante el fujimontesinismo-, al punto que decidió conceder la única entrevista a un medio escrito, en lo que va de su gobierno, con el fin de defenderlo...
EL TERRORISMO SE HA ENCONTRADO CON TONTOS UTILES QUE LE HACEN PROPAGANDA GRATUITA. ME REFIERO A LA RECIENTE "NOVELA" DE SANTIAGO RONCAGLIOLO... ¿LA HAN LEIDO?... EN NINGUNA PÁGINA SE LES DICE TERRORISTAS... SON SUBVERSIVOS, HOMBRES EN ARMAS, SEÑORES DE LA GUERRA, PERO NUNCA TERRORISTAS... HABRASE VISTO.
Távara: "No se puede publicar los nombres de rehabilitados"
Titular del Poder Judicial recuerda al presidente García que así lo dispone el Código Penal
La propuesta del presidente Alan García de publicar la lista de 1.800 personas liberadas después de haber sido sindicadas como terroristas enfrenta un ineludible escollo legal, reveló el titular del Poder Judicial, Francisco Távara.
El magistrado alertó ayer que la iniciativa del jefe del Estado iba en contra de dos artículos del Código Penal que restringen la difusión de la identidad de las personas que habiendo sido condenadas se encuentran rehabilitadas o reinsertadas a la sociedad.
"Como mandatario está sumamente preocupado por lo que viene sucediendo, pero hay que ver que tenemos dos artículos del Código Penal que están en colisión con la propuesta, los artículos 69 y 70, que disponen la prohibición expresa de publicar los nombres de las personas que están rehabilitadas. Si se pretende hacer esto, habría que modificar este artículo del Código Penal", aseguró Távara en Radio San Borja.
Representantes de diversos sectores rechazaron ayer los excesos verbales del presidente Alan García, del titular de la PCM, Jorge del Castillo, y otros voceros del gobierno al acusar a la comunidad universitaria de La Cantuta de encontrarse infiltrada de terroristas y denunciaron una campaña de desprestigio contra los estudiantes universitarios.
Para refutar esas imputaciones, el rector de ese centro superior de estudios, Juan Tutuy, dirigentes gremiales, estudiantiles y de la CGTP llegaron ayer hasta el Congreso de la República, donde desmintieron las versiones del oficialismo y emplazaron a rectificarse, en todo caso que sustenten con hechos sus denuncias.
De manera particular, censuraron las afirmaciones del congresista aprista Aurelio Pastor al señalar que en dicha universidad estaría el rebrote terrorista, vinculándolo a los estudiantes de “todas las sangres”, cuya organización se reunió con el líder nacionalista Ollanta Humala el 14 de noviembre.
Indignados por tales aseveraciones, apuntaron que las imputaciones se expresan a pocos días de iniciarse el juicio contra el presidiario Alberto Fujimori, con lo cual –dijeron– se plasma el chantaje del dictador contra el gobierno y la alianza entre el APRA y el fujimorismo.
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