Vómito negro. Es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional con el caso El Frontón que en 30 días más resolverá si la muerte de los senderistas amotinados en la isla-penal fue un delito común o un delito de lesa humanidad.Si falla por la primera opción, el delito habrá prescrito. Pero si decide lo segundo, el delito será imprescriptible y seguirá quitando el sueño al Presidente García y a su Primer Vicepresidente.
Se presume que la primera presión sobre el TC haya sido la decisión de ver la causa sin demora y dejarla al voto lo suficientemente a tiempo como para que no empañe la celebración de la APEC.
Si se cumple el libreto, el TC decidirá que el asesinato masivo de los terroristas sublevados de El Frontón fue un delito común que prescribió en junio de 2006 y que en el 2004 la Fiscalía se encargó de archivar para el actual Presidente de la República y su acompañante de fórmula.
El presidente del TC ha empezado a delinear su punto de vista al respecto. Si el ID y la prensa no “criticaron” el fallo de la Tercera Sala de Reos Libres de Lima acogiendo un hábeas corpus de uno de los marinos acusados a quién se pretendió abrir un nuevo juicio, ¿por qué se cargan las tintas sobre una decisión del TC? ¿Acaso el TC investiga?
El pataleo en medios es un costo que ha sido calculado y asumido por un premio mayor: que el rey sol y su paje lleguen sin procesos pendientes a la reunión que reunirá en Lima a los representantes de las súper potencias del mundo.
Cosa distinta a lo que acaba de ocurrir en Argentina. Un Tribunal Federal de Tucumán condenó a cadena perpetua a los militares Domingo Bussi y Luciano Benjamín Menéndez por la desaparición del ex senador Guillermo Vargas Aguinasse en 1976.
"La Argentina padeció una tiranía, que implementó un plan organizado de terror, que tenía por objetivo eliminar al que pensaba distinto de quienes ejercían el poder. Bastaba con la simple disidencia de pensamiento, no de acción, para ser víctima del terrorismo genocida", aseveró el fiscal Terraf en su alegato.
Nada de eso ocurrirá en nuestro país. Aquí los terroristas amotinados fueron aniquilados por soldados en combate que no cometieron sino –en el peor de los casos– un puro y lato delito común que ya prescribió y por el cual no hay más culpables ni culpas que pagar.
Derechos Humanos
El Frontón
Alan García
2 comentarios:
No habra piedra en el mundo donde se escondan los violadores de derechos humanos. Miren lo que paso con Pinochet. Igual le pasara a Fujimori, Garcia y su corte.
PRESIONAN PARA DEJAR IMPUNE MATANZA DE "EL FRONTON"
(La Primera) La matanza de ‘El Frontón’ es un crimen de lesa humanidad imprescriptible, dicen los especialistas.
El secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, denunció presiones para dejar impune la matanza del penal de “El Frontón” y declaró que el Tribunal Constitucional debe declarar el caso imprescriptible, respetando fallos anteriores referidos a delitos de lesa humanidad.
Explicó que la Coordinadora presentó un informe, basado en decisiones de la Corte Suprema y del propio Tribunal Constitucional, señalando que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles.
Gamarra recordó que la Corte Suprema estableció que el caso de la desaparición del estudiante Ernesto Castillo Páez era un delito de lesa humanidad y no había caducado y ordenó que continúe el proceso judicial contra los responsables de la desaparición.
Otras decisiones parecidas, esta vez del Tribunal, fueron las referidos a la desaparición forzada en el caso Villegas Namud y en el de Rivera Navarrete, integrante del Grupo Colina, que solicitaba el archivamiento del caso.
Por otro lado, el representante de la Coordinadora expresó su preocupación por la actitud asumida por el presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Mesía, quien intentó acallar las denuncias de la defensa de las víctimas de “El Frontón”, por las ‘interferencias políticas’ en el proceso.
“Me preocupa cierta parcialidad del presidente del Tribunal, que no fue muy objetivo en las preguntas que formuló a los abogados de la defensa”, expresó Gamarra, quien señaló que existen presiones para terminar con el proceso y exculpar a los responsables.
Gamarra respaldó, asimismo, las declaraciones de la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, quien cuestionó que la Tercera Sala Penal para Reos Libres declarara fundado un recurso para que prescriban los hechos.
"Este criterio judicial es equivocado, pues las graves violaciones a los derechos humanos, como la ejecución extrajudicial, la desaparición forzada y la tortura, son imprescriptibles", sostuvo.
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