Asalto a Cofopri

La historia del organismo de formalización de la propiedad informal (Cofopri), es una historia de Western. Está signada no sólo con el uso y abuso del poder, sino con su asalto a plena luz del día.

Cofopri fue creado en 1996 por Fujimori, como parte de una estrategia elaborada por Hernando de Soto para otorgar a los pobres un instrumento jurídico que le permitiera el reconocimiento del Estado a su inversión predial.

En el Perú, los pobres construyen ellos mismos sus viviendas; y de hecho tienen todos sus ahorros invertidos en ese esfuerzo, pero carecen de títulos de propiedad sobre el terreno.

Fujimori no solo autorizó el diseño de un mecanismo efectivo para poner en valor el activo de los pobres, sino que, engolosinado con el poder, repartía personalmente los títulos de propiedad, dentro de una estrategia más bien clientelista que justiciera.

Los alcaldes, encargados por ley de la planificación urbana, fueron, simplemente, dejados de lado.

Toledo terminó con esta visión presidencialista, autoritaria, del poder y liquidó el Ministerio de la Presidencia, pasando con Cofopri al Ministerio de Justicia, desde donde se formó un equipo que más tarde sería elogiado por el Banco Mundial.

El proceso de titulación seguía al amparo del Poder Ejecutivo, pero la entrega de títulos a la población la hacía directamente los gobiernos locales. El Presidente de la República expresamente estaba impedido de esta función.

En ese momento Cofopri contaba con un directorio y un coordinador nacional que dependía del ministro. Por otro lado, el Programa Especial de Titulación (PETT) se mantenía separado de Cofopri y pertenecía al Sector Agricultura; encargado por tanto del sector rural.

La llegada del gobierno aprista significó un cambio profundo en la administración de Cofopri y en su mecanismo de funcionamiento.

Para empezar, el gobierno de Alan García trasladó Cofopri del Ministerio de Justicia al Ministerio de Vivienda y Construcción -según D.S. 019-2006-Vivienda-, dirigido por entonces por su amigo Hernán Garrido Lecca.

Posteriormente el Decreto Supremo-025-2007-Vivienda, modificó su estructura interna y aprobó su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Cofopri se conviertió en Organismo Público Descentralizado con director ejecutivo, dependiente jerárquicamente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; pero se le eliminó su directorio, compuesto por profesionales y técnicos encargados de garantizar la transparencia en la formalización de la propiedad informal.

Por otro lado, el Programa Especial de Titulación de Tierras (PETT), encargado de titular los predios rurales, fue absorbido por COFOPRI, fusionando ambos organismos, según DS 005-2007-Vivienda, publicado el 21 de febrero del 2007.

Así, el 28 de junio de 2008, por Decreto Legislativo 1089, Cofopri asumió de manera temporal y excepcional la titulación de predios rústicos y tierras eriazas habilitadas, concentrando todo el poder en el director ejecutivo de la institución. Asimismo, se declaró de “interés nacional” la titulación rural por un periodo de cuatro años, contados a partir del día siguiente de su publicación.

Pero, quizás, el cambio más importante es la Ley 28923, del 8 de diciembre de 2007 que creó el régimen temporal extraordinario en formalización y titulación de predios urbanos, por un periodo de tres años. Luego se prorrogó por dos años adicionales, lo que significa que dicho régimen termina en diciembre de 2012.

A ello habría que sumarle el Decreto Legislativo 1089 del 27 de junio de 2008 que en el marco de las facultades legislativas entregadas por el Congreso al Ejecutivo para adecuar la legislación nacional al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, estableció igualmente el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.

La concentración del poder en el director ejecutivo permitió que éste nombrara directamente -y a sola firma- a todos los directores regionales de Cofopri (todos del partido Aprista, dependientes orgánica y partidariamente de Omar Quesada).

La creación de regímenes especiales “temporales” tanto para la titulación de predios urbanos como rurales, buscó simplemente la eliminación de mecanismos de control institucionales que permitieran lucrar, como hemos visto, con la venta de terrenos en distintos puntos del país.

Un plan que ha terminando estallando, producto de las vendettas internas entre los propios compañeros.