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08 junio, 2009

El Baguazo, el Andahuaylazo y el Arequipazo

Comparar el “Baguazo” como un nuevo “Andahuaylazo” es un tag efectivo, pero irreal. Un recurso mediático, pero mentiroso. En la plataforma de los pueblos amazónicos nunca estuvo la caída del gobierno. La asonada de Andahuaylas (2005), en cambio, fue una acción de armas que buscaba acabar con el régimen democrático.

La plataforma leída por Antauro Humala tenía como primer punto el fin del gobierno de Alejandro Toledo. Nada de esto ocurre ahora. La renuncia del gabinete Simon es una consecuencia de la incompetencia del gobierno para manejar la situación en la selva. No amenaza la continuidad democrática; por el contrario, es necesaria para fortalecer el sistema.

El “Baguazo” del 2009 tiene más bien similitudes con el “Arequipazo” del 2002.

La iracunda protesta de la población arequipeña fue en respuesta a la decisión del Ejecutivo de privatizar las empresas eléctricas Egasa y Egesur como parte de su política de promover y atraer inversiones.

En ese momento, el presidente de la República estuvo ante la disyuntiva de imponer su decisión a sangre y fuego –las tropas de asalto ya habían sido enviadas- y sumar cadáveres o retroceder en su determinación y asumir el costo político como signo de debilidad.

Ocurrió lo segundo, pero a la luz del tiempo fue lo mejor. Hoy se aprecia con claridad que no fue debilidad, sino sentido común, criterio y responsabilidad. Y una dosis de humanismo para asumir la derrota política transitoria, preservando la vida humana.

Como en Arequipa, los habitantes de la selva se resisten a procesos de concesión y/o privatización de los recursos naturales, tierra, agua, petróleo, gas. No es sólo ignorancia, como se dice desde el poder. Es una visión cultural distinta. Un choque antropológico entre dos mundos; uno que vive enlazado a Internet y otro que con toda la modernidad que vivimos no tiene aún energía eléctrica, agua limpia o canales para evacuar sus excretas.

Las voces de vacancia presidencial escuchadas en el entierro de los policías asesinados en Bagua son producto del dolor de familias que sienten que sus hijos fueron enviados a la boca del lobo sin haberse agotado las vías pacíficas de resolución de conflictos.

Estas voces se seguirán escuchando en las calles si se persiste en la equivocada visión de senderizar la protesta; de ver un terrorista en cada diferencia, en cada opositor.

No es por supuesto una respuesta terrorista. La violencia que hemos vivido y que se ha ensañado contra policías indefensos no es explicable con códigos tradicionales y sólo occidentales. Lo sabe Mario Vargas Llosa cuando le cupo la misión de esclarecer el asesinato de ocho periodistas en Uchuraccay. Tampoco entonces se entendió su visión de mundos distintos, antagónicos, que encontró en las alturas iquichanas.

La barbarie no sólo está en los que se pintan la cara y aúllan blandiendo sus lanzas. El salvajismo también se expresa en decisiones políticas confrontacionales, obtusas, que buscan imponer su autoridad a sangre y fuego y que –como hemos visto- sólo conducen a la muerte.

06 junio, 2009

La barbarie... al día siguiente


El país no puede seguir atrapado por la violencia. El costo de vidas humanas es muy alto. Debemos encontrar una salida política, dialogada, ahora.

Antes que nada las responsabilidades.

La responsabilidad política inmediata recae en el Premier Yehude Simon y en la ministra del Interior, Merecedes Cabanillas.

El primero por no tener el liderazgo suficiente para lograr sentar en la mesa de negociaciones a las comunidades amazónicas; y la segunda por utilizar armas de fuego contra la población civil.

Pero la responsabilidad histórica por haber permitido esta ofensiva armada contra las poblaciones amazónicas es del Presidente de la República. Ningún operativo de esta envergadura pudo realizarse sin su aprobación.

Cuando ocurrió el “Arequipazo” (Junio del 2002) el gobierno evaluó la situación y retrocedió. No por debilidad, sino por sentido común y responsabilidad. Preservar la vida de las personas es tarea principal del Jefe del Estado.

Hoy la capacidad de interlocución del gobierno está mellada. Se ha perdido. No existe. El movimiento indígena no encuentra un interlocutor válido ni en el alcalde local, ni en el presidente regional, ni mucho menos en los congresistas o el presidente del Consejo de Ministros.

Una opción sería apoyar los esfuerzos de la Iglesia a través de la Vicaría de Solidaridad de Jaén y de la Conferencia Episcopal.

Otra, más expedita, es que el Presidente de la República asuma directamente la tarea de conversar con las poblaciones indígenas.

Cuando su primer ministro fracasa, el Presidente de la República tiene la obligación de dialogar y encontrar una solución conversada, en este caso, con el movimiento amazónico.

El Presidente pudo evitar este baño de sangre. Hoy su es obligación replantear su política del Perro del Hortelano en la selva.

Si el Presidente García tiene un nuevo Evangenlio Privatizador que nos convenza a todos mediante el diálogo y la consulta; no a la fuerza y a balazos.

Se equivoca el Jefe del Estado cuando en lugar de comuneros amazónicos ve terroristas complotando contra la democracia.

Esta visión guerrerista de la política lo lleva a tomar salidas violentas como la que hemos visto en Amazonas.

Por la tranquilidad pública y la paz social del país debemos salir de este callejón oscuro.

El país no quiere más violencia y más muertes. No queremos un gobierno fuerte, si esto significa disparar contra nuestros hermanos.

15 mayo, 2009

La insurgencia de las comunidades amazónicas

Las comunidades indígenas amazónicas se han declarado en insurgencia contra el gobierno del Presidente García. Tras más de mes de estar en paro y haber jaqueado importantes ciudades y centros de producción petrolera, el diálogo sostenido con la Presidencia del Consejo de Ministros se ha roto llevando al fracaso las negociaciones.

No parece haber punto de conciliación. Las comunidades nativas esperan la derogatoria de los decretos legislativos dados por el gobierno al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para cerrar el TLC con los Estados Unidos. El gobierno, por su parte, pretende aprobar los dispositivos.

De lo que se trata es de la manera en que se disponen extensas áreas de selva a concesionarios privados ansiosos de explotar hidrocarburos –petróleo y gas- y recursos forestales en general.

Los indígenas señalan que el Estado no puede enajenar sus tierras; tierras que sus ancestros ya habitaban, aún antes de la aparición del Estado.

En el fondo, son dos concepciones opuestas de entender el derecho de propiedad.

Este paro indígena y el llamado a insurrección es el fracaso de la política del Perro del Hortelano que el Presidente García impulsó para privatizar la Selva.

Las comunidades indígenas no han sido consultadas.

Todos recordamos agosto del año 2008, cuando las comunidades indígenas de la Amazonía se pusieron de pie para decir No a los Decretos Legislativos, 1015, 1073, 1064, 994, 1020, 1064,1081 y 1090.

Luego de una gran movilización el Congreso derogó dos de los dispositivos legales: el 1015 y 1073 que cambiaban el quórum para aprobar las decisiones comunales.

Las normas aprobadas por el gobierno coinciden con un acelerado proceso de concesiones mineras y petroleras en estos territorios. El objetivo escondido sería entregar estas tierras para bio-combustible.

¿Puede el Estado disponer de los recursos que el suelo o subsuelo amazónico tienen en su seno? Por supuesto. Lo que no puede hacer es ignorar los beneficios a que tienen derecho las comunidades indígenas que viven sobre el territorio.

La experiencia histórica no ha sido nunca favorable para el pueblo amazónico. Se explotó el caucho, el petróleo, el oro y nada cambió para ellos. La desconfianza está instalada en la memoria colectiva de su pueblo. Ni la amenaza de muerte parece disuadirlos. “Si quieren matarnos, entonces, nos matarán”, ha dicho el dirigente Alberto Pizango. Ojalá la sangre no llegue al río.

14 abril, 2009

Señor Ministro: no más héroes en el VRAE

Al general Roberto Chiabra no le pueden contar cuentos. Peleó con sus soldados en el Cenepa. Se metió con ellos al monte. Planificó ataques. Cruzó a fuego abierto campos minados. Tuvo el privilegio que muy pocos soldados pueden tener: ir a la guerra y regresar.

En el campo político fue ministro de Defensa en el quinquenio pasado, desde donde combatió al terrorismo, entre otras zonas, en el VRAE.

Y aunque le decían El Loco, no lo está.

“Yo no iba a enviar a mis soldados a un ataque de patrullas sin apoyo aéreo”, dice ahora, tratando de encontrar una razón a la estrepitosa estrategia que este gobierno viene desarrollando en ese triángulo de tres regiones que es el Valle del Río Apurímac y Ene.

Una zona de 12 mil kilómetros cuadrados de área en el que se encuentran 33 distritos considerados entre los más pobres del Perú.

Ahora sabemos que los soldados no tenían experiencia de combate; eran muchachitos enrolados en el Ejército como voluntarios. Y resulta que tampoco habrían sido emboscados en una acción de patrulla, sino en una operación de rutina… ¡para recoger leña!

La primera patrulla fue prácticamente aniquilada. El único sobreviviente que pudo escapar caminó dos horas para dar cuenta del ataque y una segunda patrulla volvió a ser sorprendida por los terroristas.

Nunca aparecieron los helicópteros, necesarios para este tipo operaciones militares. La única oportunidad en que éstos llegaron fue para recoger los cadáveres.

“No hay apoyo aéreo para operaciones militares, pero si hay para recoger a los muertos; realmente no lo entiendo”, se queja el general Chiabra.

Mientras se piense de esta manera y se siga enviando patrullas de voluntarios a recorrer el terreno buscando ahuyentar a los terroristas mimetizados en la jungla, se estará enviando soldados a la muerte.

Nada de esto disminuye la heroicidad de estos soldados que pagan con su vida la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Pero, por una vez, señor ministro, menos héroes y más inteligencia.

24 agosto, 2008

Indepa debe recuperar su autonomía

Políticamente el gobierno buscará ganar en la mesa lo que ha perdido en la cancha. Está claro que el Ejecutivo no promulgará la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 aprobada por el Congreso. Por el contrario, buscará llevar a los representantes de las comunidades indígenas a la mesa de negociaciones, discutir los alcances y beneficios de las leyes derogadas y mantener su posición de modernizar las relaciones de comercio de la tierra en la selva, sea mediante la observación parcial de la norma aprobada en el Congreso o presentando una nueva iniciativa legal.

Es lo que se puede leer entrelínea de las declaraciones del premier Del Castillo, la ministra de Justicia, Rosario Fernández, y el legislador aprista Aurelio Pastor. Las poblaciones indígenas no pueden, pues, darse por ganadoras. Apenas si hemos visto la primera parte de un juego más largo y más complejo que la aplastante, diversa y a la vez frágil mayoría opositora armada en el Congreso.

Quizás sea oportuno el momento para que las comunidades indígenas recuperen la autonomía, económica, política, administrativa y financiera que tuvieron desde que en abril del 2005 se creó el INDEPA como un organismo público de rango ministerial, rector de políticas nacionales, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros y con jurisdicción en el ámbito nacional.

El INDEPA fue concebido como un espacio de concertación entre los representantes de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos y el Estado. Sin embargo, con este gobierno, dentro de lo que se llamó la reestructuración del Estado que no fue más que la fusión desesperada de organismos públicos, el INDEPA fue subsumido y olvidado en un rincón por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES).

Así pasó de ser un ente de diálogo entre las comunidades indígenas amazónicas, andinas y afroperuanas, promotor de políticas nacionales, a un ente ejecutor de políticas sectoriales partidarias. En febrero del 2007, el INDEPA pasó a depender del MIMDES y en junio de este año el Ejecutivo nombró como su presidente ejecutivo a Mayta Cápac Alatrista Herrera, regidor aprista del Concejo Municipal de Lima Metropolitana.

La tarea para el INDEPA debiera ser, entonces, recuperar su autonomía institucional para desde allí cumplir con el objetivo fundacional de formular y aprobar la política, programas y proyectos de alcance nacional para el desarrollo integral de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, así como concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica, y otros, de las entidades públicas y privadas, a favor de sus comunidades.

Sentarse a conversar con el Ejecutivo en otras condiciones podría significar que la victoria de ayer cambie de signo; más aún cuando lo que se ha derrotado es la política del Perro del Hortelano que el presidente García planteó como punto de partida para el desarrollo de la selva.



19 agosto, 2008

El perro del hortelano y la selva nativa

El levantamiento de las comunidades indígenas contra los decretos legislativos que modifican su relación con la tierra es el más duro golpe a la política del “Perro del hortelano” propuesta por el reconverso presidente Alan García.

La relación de las comunidades indígenas de la selva con la tierra es cultural antes que económica. Y esto es no sólo un diferente punto de vista, sino un esquema de pensamiento distinto.

Para comunidades como los achuar, machiguengas, candoshis, huambisas o asháninkas el concepto de libertad para comprar o vender sus tierras, no se entiende. El comercio de libre mercado carece de lógica entre poblaciones que se mueven en una economía primaria pre capitalista.

Son dos mundos diferentes. Uno, el expresado por la propuesta presidencial de potenciar el desarrollo vía la inversión de capitales privados nacionales o extranjeros y la libre disponibilidad de tierras, frutos, bosques, minerales, animales. Otro, el unido a cosmovisiones ancestrales.

La palabra desarrollo no suena igual en ambos lados de la mesa. Para unos es integración al mundo moderno. Para los otros es invasión a sus costumbres. Vargas Llosa reflexionó sobre esta paradoja en El Hablador. ¿Podemos condenar a estos connacionales a seguir viviendo con taparrabo toda su vida y condenar a sus hijos a no disfrutar de los avances de la libertad, la democracia y el desarrollo?

Pero ¿alguien se ha preguntado primero si esas comunidades nativas quieren vivir a nuestra manera? ¿No se ha llegado acaso a un acuerdo de mutua exclusión con los No Contactados al dejarlos vivir libres por el bosque sin hacer nada más que mirar sus débiles e inocuas flechas cuando los detectan nuestros helicópteros?

No es la ideología lo que ata al hombre de la selva, como sostiene la propuesta del Perro del Hortelano. Es la cultura. Y esto es lo que protege legislación como el Convenio 169 de la OIT. Las minorías étnicas deben ser consultadas ante cualquier cambio de legislación que altere sus formas de vida.

El decreto legislativo 1015 y su modificatoria 1073 cambia la organización de las comunidades nativas. No sólo la forma de votar. Estos decretos facilitan la enajenación de las tierras, lo que significa que, en la práctica, se puede desligar a las comunidades de su vínculo cultural con la tierra. Esto es lo que se llama identidad cultural; el derecho que tienen las comunidades a vivir según su propia forma de entender y ver la vida. Algo difícil de comprender desde una óptica occidental y cristiana.