La Sociedad Compartida

Alejandro Toledo acaba de presentar en cuatro universidades norteamericanas (Stanford, Berkeley, San Francisco y Denver) su libro más ambicioso que lleva el título de esta columna: The Shared Society, una visión para el futuro global de América Latina*.

Una de las cosas que plantea el ex presidente en su libro es cómo hacer para que la riqueza de los recursos naturales no se pierda por la acción de los que se oponen o la inacción de los que gobiernan. Es decir, cómo escapar a la tesis de la maldición de los recursos naturales. ¿Conga, Tía María?

Para responder esta pregunta es necesario acudir a la definición de Acemoglu y Robinson sobre las sociedades extractivas y las inclusivas. Las primeras son aquellas que diseñan leyes y procesos para que un pequeño grupo se enriquezca a costa de la pobreza de la gran mayoría. Las segundas son las que permiten que todos o la mayor cantidad de ciudadanos puedan progresar.

Esto significa que si queremos crear sociedades incluyentes, compartidas, tenemos que tener instituciones políticas y económicas también inclusivas. Sistemas extractivos, por el contrario, distorsionan los incentivos y socavan los principios democráticos y las aspiraciones de una prosperidad compartida.

¿Pero cómo hacer que los sistemas de extracción –como el que tenemos en el Perú– sean más inclusivos? Toledo propone centrar la mirada en la relación entre el Estado y sus ciudadanos. Para que las instituciones democráticas funcionen bien –afirma– debe haber una relación de beneficio mutuo y de mutua dependencia entre el Estado y sus ciudadanos. Esto significa que la relación entre ambos –sobre todo la movilización de recursos– es sumamente importante para la creación de una sociedad inclusiva y para una prosperidad compartida.

En una democracia, los ciudadanos empoderan a alguien, no sólo a través de sus votos, sino también aportando parte de sus ingresos para el Estado, vía impuestos. Sin ciudadanos contribuyentes, los gobiernos se ven privados del poder económico y, por tanto, también se debilita la legitimidad política para gobernar.

La abundancia de recursos naturales mal distribuida subvierte la relación y el equilibrio de poder entre los ciudadanos y sus gobiernos. Los gobiernos no se financian con la renta de sus ciudadanos, sino con la renta que genera la extracción de los recursos. Los recursos naturales sustituyen así a los impuestos como la principal fuente de financiamiento del gobierno, socavando la relación y el contrato social entre el gobierno y sus ciudadanos.

Lo que sucede con esto es que "el gobierno ya no necesita que sus ciudadanos puedan disfrutar de poder económico. Y ya que el poder económico y político van mano a mano, a menudo no sienten que necesitan el consentimiento de sus ciudadanos para gobernar". El resultado es que los recursos naturales no generan bienes y servicios públicos, sino más bien dan lugar a sistemas económicos extractivos que a su vez producen los bienes privados y políticos en su lugar.

Es una tesis osada. El libro propone que si queremos salvar nuestras democracias y hacerlas más inclusivas y si queremos crear una sociedad con prosperidad compartida, necesitamos nuevas y creativas maneras de pensar acerca de cómo administrar la extracción de recursos naturales en nuestra región. "Tenemos que encontrar formas de restaurar la dinámica de poder entre los ciudadanos y el Estado, y garantizar que todos los ciudadanos se beneficien de los recursos de las naciones, no sólo unos pocos".

El autor propone hasta tres modelos para acometer en zonas con recursos naturales y áreas de influencia concretas con poblaciones que se oponen a su extracción, básicamente porque no tienen incentivos; no disfrutan de sus beneficios concretos y sienten que el Estado y la Empresa privada se ponen de acuerdo dejando a las comunidades de lado.

Algo de eso sucede con Tía María. Sería bueno empezar a pensar en cómo sentamos en una mesa a las comunidades y la empresa; repensamos en la redistribución de la riqueza y ponemos al Estado como un ente que cumpla su papel regulador y no de abogado de una de las partes.

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* "The Shared Society. A vision for the global future for Latin America". Stanford University Press. 2015. Agradezco al ex presidente Alejandro Toledo el haberme convocado para integrar el equipo de investigación que colaboró con él en este libro. Fue una experiencia enriquecedora en muchos aspectos. Artículo publicado en Diario 16, el domingo 19 de abril de 2015.

Cateriano, el político

Finalmente, el presidente Humala se decidió por abrir la faltriquera, no desplegar del todo su abanico del poder y, en movida de solitario, jugar su carta más pesada: Pedro Cateriano.

A diferencia de todos los otros presidentes del Consejo de Ministros de este gobierno, Cateriano proviene de un mazo políticamente puro. Estuvo ligado al Fredemo y luego al Frente Independiente Moralizador (FIM) de Fernando Olivera, quien lo llevó al Viceministerio de Justicia en el gobierno de Alejandro Toledo.

Tiene oficio político, además de formación jurídica y el respaldo de Mario Vargas Llosa. Nada mal para un hombre de 50 años que pensó estar dos meses en el Ministerio de Defensa y duró más de dos años.

A condición de que maneje su talante y humor, su salto al premierato bien puede reflejar el primer paso para que el gobierno recupere la mayoría perdida en el Congreso.

Su solo nombramiento rayó la cancha y dejó juntos a apristas y fujimoristas. Además, no es mucho lo que puede conseguir en este espacio. Por más buenas maneras que exhiba.

Un acuerdo político con el Apra a estas alturas implica un alto costo. Alan tiene una acusación constitucional en ciernes y tendrá que ofrecer más que una sonrisa si quiere salvar la cabeza. No parece ser el espejo en que se ve Cateriano. ¿Un acuerdo con Alan a cambio de un aterrizaje suave de Cateriano hasta el final del gobierno? No.

En el caso del fujimorismo no hay mucho que negociar. La primera fuerza política del Congreso ha hecho sentir su peso y –algo que no hay que descuidar–, hace tiempo que ya decidió no insistir en la liberación de Fujimori. Esa tarea se la dejan a Keiko o a Mauricio Diez Canseco.

El resto de bancadas, en cambio, no necesariamente han sido ganadas al lado oscuro. La censura a Ana Jara fue producto de un descuido como dice The Economics, pero, también, de la soberbia de no saber reconocer un error y admitir las responsabilidades a tiempo.

Y aquí Pedro Cateriano puede desarrollar plenamente sus habilidades. Tendrá que conversar con cada una de las agrupaciones políticas y generar el consenso que le permita construir estabilidad en lo político y confianza en lo económico, algo que requieren los agentes económicos para reactivar la economía.

Si hace bien su tarea, el correlato inmediato será mantener el último año la Mesa Directiva del Congreso. No es imperativo tener mayoría propia para gobernar. Es necesario, sí,  nuclear una mayoría congresal. ¿Tarea imposible? No para un político. A condición de que opere con finura y arte. No olvidemos, además, que la política es, en esencia, el arte de lo posible.

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Artículo publicado en Diario 16, el jueves 9 de abril de 2015.

Salidas a la crisis ministerial

No hay una sola salida a la crisis originada tras la censura de la Presidenta del Consejo de Ministros. Hay varias alternativas. Pero, al final, cualquier decisión que se adopte, se puede agrupar en dos categorías: salida negociada o no negociada.

La primera opción consiste en echar andar mecanismos de diálogo y consulta con las fuerzas políticas –hoy agrupadas en contra– para recuperar primacía en el Congreso y dar estabilidad al Ejecutivo. Su consecuencia inmediata es compartir el poder. Llegar a un acuerdo por esta vía asegura un gabinete mixto, consensuado, de salvación, de transición, pro gobernabilidad (póngale el nombre que más le gusta) o incluso, en su forma más radical, entregar el Legislativo a la oposición en un modelo de cohabitación francés.

Una salida no negociada, en cambio, pronostica un curso de colisión directo. Es una posición que puede entenderse en una gama de variantes que van desde la fortaleza de las convicciones hasta la tozudez. Se busca no ceder un milímetro de poder, pero,  en la práctica, se cae en el juego de negociar todo; hasta las salidas del presidente al extranjero. El Ejecutivo se torna en rehén de los grupos políticos en el Congreso que se acercan a zarandear el árbol a la espera de recoger algunos frutos.

Cualquiera sea el camino elegido, tiene sus ventajas y desventajas.

La salida negociada puede allanar el camino hacia una transición electoral. Siempre es mejor para la economía que las fuerzas políticas mantengan controlada las tensiones para evitar que las desborden las pasiones.

Es un camino que les cuesta aceptar a la mayoría de los políticos. Difícilmente se encuentra gobernantes dispuestos a ceder cuotas o espacios de poder en aras de la gobernabilidad. Eso es algo que entienden cuando están al borde del abismo. Y a veces ni allí.

La salida no negociada por su parte prueba el sistema al máximo.

El Congreso debe medir bien las consecuencias de seguir acorralando al Ejecutivo y provocar la censura de dos gabinetes consecutivos. (Aunque algunos juristas señalan que no estamos aún en este caso debido a que el Congreso ha censurado solo a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y no a todo el gabinete).

El Ejecutivo hará lo propio. Medirá el costo electoral que significaría cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones en una coyuntura en que sus adversarios políticos lucen más fuertes. Todo esto apenas a 15 meses de que concluya el gobierno.

¿Qué salida tomará el gobierno? ¿Irá por una fórmula negociada o por una no negociada? ¿Optará por un gabinete de transición, amplio, o buscará entre sus amigos? Conociendo los antecedentes, es muy probable que elija el camino en solitario. Sin consultar a las fuerzas políticas, ni ampliar la mesa para compartir el poder y asegurar gobernabilidad en el Ejecutivo y Legislativo. Su conducta política señala todo lo contrario. Lo que podría ponerlo en julio próximo en la situación crítica de perder también la elección de la presidencia del Congreso.

Excepto que recurra a una fórmula mixta. Que converse con otras fuerzas –no necesariamente fuerzas políticas–, y consulte y decida la elección del nuevo Presidente del Consejo de Ministros con otros poderes, generando consensos, fuera del Congreso. Para eso se requiere una personalidad fuerte, extra partido, con gran capacidad de liderazgo y dialogante. O, si finalmente decide recurrir a alguien intra partido, deberá ser un negociador nato, mañoso políticamente, que entre al juego menudo del "dame que te doy"; algo que también les encanta a los congresistas.


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Artículo publicado en Diario 16, el miércoles 2 de abril de 2015.

Los olvidados

Siempre estuvieron allí. El crecimiento no los benefició directa ni indirectamente. Los programas sociales del Estado tampoco. Han resistido la modernidad y se han convertido en un problema permanente. Padecen de pobreza crónica. El Banco Mundial los acaba de visibilizar en un estudio presentado ayer. Les llama “los olvidados” *.

En América Latina son 130 millones. En el Perú, cerca de 7 millones. Los olvidados del modelo de crecimiento que ha generado en la región al menos 150 millones de nueva clase media. Una clase media vulnerable.

Los olvidados son hijos de la desigualdad, la inequidad y la carencia. Viven principalmente en las zonas rurales, pero también se encuentran en las ciudades, donde su situación puede llegar a ser realmente extrema, casi indigente.

Salieron de sus tierras en busca de oportunidades desde la segunda mitad del siglo XX. En silencio, se rebelaron al Estado. Se adueñaron de arenales, quebradas  y cerros. Se volvieron informales. Sobrevivieron. Hasta ahora.

El pasado domingo, estuve en uno de esos lugares, un cerro de piedra en San Juan de Lurigancho. Está formado por 184 familias en extrema pobreza. Visto de manera integral, el cerro es una pirámide social de la pobreza. Las casas de la parte baja son de material noble, con ladrillos sin tarrajear y segundos pisos truncos con fierros doblados apuntando al cielo. Conforme se eleva la cota, la pobreza se acentúa.

Quince años después de que llegaron los primeros invasores, algo se ha avanzado. La pista llega hasta la ladera. Hay agua potable en pilón, energía eléctrica y escaleras municipales. Sus pobladores han transformado el cerro, aunque carecen de título de propiedad. Son posesionarios de sus predios, pero no propietarios. Han invertido todos sus ahorros en mejorar sus casas, pero no tienen un documento que respalde dicha inversión. Se adhirieron a la roca, pero, literalmente, su derecho de propiedad está en el aire. 

No son diferentes a la primera generación de sus abuelos que llegó a Lima para transformarla. Son parte de esa revolución del campo a la ciudad que ha venido ocurriendo en sucesivas oleadas y continúa.

El informe del Banco Mundial señala que para ellos no basta con aumentar el sueldo básico. Se necesita crear empleo de calidad. Y mejorar la educación. Preparar mejor el recurso humano para elevar la productividad. En condiciones de pobreza crónica, esta se torna resistente. La pobreza resiste y persiste.

Y algo que debiera encender la alarma social del Estado es la presión, la carga que ejerce la pobreza en el estado mental de los pobres y que les impide pensar y actuar en estrategias de mediano y largo plazo. El día a día consume a hombres y mujeres desgastándolos para atender otras necesidades prioritarias y salir del estado en que se encuentran. Los pobres crónicos que se ven forzados a dedicar gran parte de sus recursos mentales a resolver problemas de supervivencia, invertirán menos en la educación de sus hijos, lo que puede perpetuar la pobreza a través de las generaciones, advierte el informe.

El Estado está advertido. No todo lo puede resolver el mercado. Para los olvidados es necesario focalizar programas integrales que los ayuden a salir de la situación de sobrevivencia perpetua. No para que se queden allí para siempre, sino para graduarlos con herramientas que les permitan superar la pobreza crónica que hoy padecen.

(*) Renos Vakis, Jamele Rigolini y Leonardo Lucchetti. Los olvidados. Pobreza crónica en América Latina y El Caribe. Banco  Mundial, 2015.

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Artículo publicado en Diario 16 el 11 de marzo de 2015.

Política by Visa

Hace unos años escribí cómo en los partidos políticos, de tiempo en tiempo, conforme se acercaban los procesos electorales, surgían grupos organizados, con la finalidad de cooptar el poder desde las bases.

Estos grupos se mueven no en torno a ideales ni vocación de servicio, sino por el poder del dinero.

Buscan adherentes pensando primero en su capacidad económica, antes que en su preparación para acceder a un puesto público.

El dinero, puesto como requisito indispensable para hacer política, pervierte los objetivos de la política.

El poderoso caballero otorga enormes ventajas a quienes buscan lucrar con la política.

Les permite, entre otras cosas, movilizarse cómodamente por el país, financiar actividades y, de paso –lo más grave–, comprar y fidelizar voluntades y lealtades.

Esta práctica no es nueva. Está en el origen de los clanes.

Caetano Mosca identifica el papel del poder económico en la conformación de los primeros grupos organizados para controlar el poder.

Las familias en disputa por el poder aportan dinero y recursos. Buscan aliados económicos. Solicitan favores que luego pagarán o traicionarán, según convenga.

Cuando este espíritu prima en un partido, pierde la sociedad. Porque lo que se invierte en llegar al gobierno, se busca recuperarlo en el poder.

Lo público y lo privado se confunden. Y nace la corrupción. O más bien, se extiende la corrupción de lo privado a lo público.

"Estas prácticas oscuras, muchas veces al margen de la ley –decía hace cinco años–, alejan a ciudadanos que real y honestamente quieren comprometerse en la gestión de su comunidad; formándose así un círculo vicioso de cargos públicos copados por gente contaminada por el vicio procesal, los favores pagados y la corrupción".

A este tipo de sistema le llame la democracia farsante. Nace de una base falsa, interesada. Crematística.

En esta especie de neo democracia censitaria gana el que realiza más rifas y regala más canastas, mototaxis, televisores, cocinas y microondas.

Organizaciones monetarizadas no son partidos. Son services. Franquicias. En el mejor de los casos, clubes sociales con socios VIP que fungen de dirigentes.

Todo esto, podría sino terminar, por lo menos disminuir, esta semana, si el Congreso decide aprobar las propuestas de reformas políticas planteadas por el JNE y varias bancadas.

Financiamiento público de los partidos políticos, eliminación del voto preferencial y del transfuguismo, retorno a la bicameralidad, entre otras, son parte de los cambios necesarios para recobrar el juego limpio en los partidos.

No es la solución. Pero, al menos, es un buen comienzo. No hacerlo, es dejar todo en manos del poder económico. Porque, como dice el comercial, para todo lo demás, existe VISA.

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Artículo publicado en Diario 16 el lunes 2 de marzo de 2015.

Enroque corto

En ajedrez, cuando el Rey se mueve hacia los espacios de su Dama y cambia casilleros con la Torre para protegerse, se denomina enroque largo. Pero si decide moverse hacia su lado y busca la torre de su extremo más próximo, se denomina enroque corto. En política, sucede casi lo mismo.

 

No le quedaban muchos caminos al presidente Humala para recomponer su gabinete. Optar por un cambio radical y proponer al Congreso un nuevo jefe de gabinete ­–un enroque largo­–, no era un escenario posible, sin ceder poder.

 

Difícilmente un representante del oficialismo –con excepción de Marisol Espinoza– podría obtener un voto de confianza en el Parlamento.

 

El gobierno ha perdido la mayoría en el Congreso y hoy por hoy el oficialismo no puede   asegurarle al Presidente ni siquiera los votos para aprobar su salida del país.

 

Pasar de una bancada de 47 a 33 miembros, ha significado que el Ejecutivo quede un poco rehén del Congreso.

 

Parece un contrasentido, pero es real: la fuerza de la presidenta del Consejo de Ministros depende hoy en día de la debilidad de la bancada de Gana Perú.  

 

Entre ambas existe una relación de mutuo dependencia y de correlación inversa.

 

La salida de Ana Jara del gabinete y la imposibilidad de poder ser reemplazado (a) por otro (a) de la misma cantera que obtuviera el respaldo del Congreso, era, en definitiva, un juego de suma cero y, por ende, una opción no viable.

 

Este razonamiento no dejaba muchas salidas. Había que hacer un enroque corto.

 

La decisión presidencial, entonces, no es fruto de un repentino espíritu de concesión a las fuerzas opositoras o ­–como señalan algunos– un guiño al Apra o al fujimorismo; sino consecuencia de su limitada capacidad de movimiento.

 

El ejecutivo no tenía más opciones. El escenario más viable es el que tenemos ahora. Conservar la jefatura del gabinete y realizar cambios al interior del equipo, escuchando a la calle en algunos casos y reacomodando el tablero interno en otros.

 

En situaciones límite, cortar un brazo o una pierna es siempre mejor que cortar la cabeza. El rédito político en este caso es ganar tiempo.

 

La presidenta del Consejo de Ministros sale fortalecida. Se ha deshecho de dos de los ministros más populares que ella, según la más reciente encuesta de Ipsos-Apoyo: Urresti y Omonte; y ha desinflado el globo de la censura que se venía contra su gabinete.

 

La oposición política, sin embargo, difícilmente cederá. La oposición médiática tampoco. Cada quien en lo suyo, eso sí. Los primeros se proyectan hacia la captura de la próxima mesa directiva del Congreso. Los segundos seguirán hurgando en el pasado y petardearán a los nuevos ministros (léase Maurate).

 

Los ajedrecistas dicen que el enroque corto es más seguro, pues coloca al Rey en un extremo del tablero donde lo pueden defender más peones y otras piezas. El enroque largo, en cambio, coloca al Rey al centro que, por lo general, es un área desprotegida. Sea como fuere, el enroque tiene dos condiciones para medir su efectividad: una, que el Rey no esté en jaque. Y dos, de preferencia, es un movimiento de apertura, no de fin de juego.

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Artículo publicado en Diario 16, el jueves 19 de febrero de 2015.

Principios Rectores

La respuesta y explicación del director de El Comercio, Fernando Berckemeyer, sobre el despido de una de sus editoras a raíz del impasse surgido por la publicación de una columna de opinión con dos ideas "potencialmente difamatorias", tiene una trascedencia enorme no solo para la prensa o el periodismo, sino para la sociedad.

El director apela a los principios rectores del diario y al sentido común para afirmar que "los columnistas tienen libertad de expresión, pero no de difamación". Y está en lo cierto. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro, decía John Stuart Mill.

El momento es oportuno para extender esa misma prolijidad al tratamiento de otros espacios en las plataformas digitales del Grupo El Comercio, como son las casillas de "opinión del público" que existen en cada nota informativa que presenta el diario.

Esas "opiniones" de anónimos escribas son muchas veces insultos, diatribas o bajezas de toda calaña, no solo "potencialmente difamatorias", sino abiertamente difamatorias; injurias puras o simples calumnias avezadas.

Lo decíamos en esta misma columna hace apenas tres semanas: "¿Por qué si yo escribo una carta con insultos a un personaje político y la firmo con mi nombre y apellidos, número de DNI, y la envío a un medio impreso, éste no solo no me la publica sino que la envía de frente al tacho? ¿Y por qué ese mismo comentario procaz aparece publicado ad infinitum en la edición virtual de ese mismo diario? ¿Existe acaso un Código de Ética para el papel y otro diferente para la plataforma digital?".

Esta posición no es de ahora. La vengo sosteniendo desde hace por lo menos seis años en esta misma columna de Politikha. ¿Recuerdan el alboroto suscitado en el propio Diario El Comercio el 18/12/2009, cuando en ángulo inferior izquierdo de su primera plana apareció impresa una supuesta carta de un lector que luego de vaciar su opinión firmó con el elocuente como escatológico nombre de Tsura Tukuro?

El escándalo giró alrededor del descuido del editor de cartas de dejar pasar un comentario firmado por un sujeto inexistente. La carta fue enviada por correo electrónico. No se tomó en cuenta ni el documento de identidad, ni la dirección. Su contenido no era oprobioso ni nada, pero la misiva perforó todos los controles de cuidado de edición.

No hay en los principios rectores de El Comercio y en ningún diario del país, creo, algo así como un Defensor del Lector Digital, una especie de CM que defienda en nombre del medio esos principios rectores que valen para el papel, como el Principio 10 de El Comercio: En defensa de la calidad de vida, que vela por el cultivo de los valores cívicos, "especialmente los que propugnan la libertad, la verdad, la honradez, la igualdad, el respeto por las buenas costumbres y el servicio a los demás".

No hay buenas costumbres en las opiniones que dejan los trolles cuando comentan una noticia en las plataformas digitales. No existe un código de ética que funcione para el papel y para la red. Y no me vengan con eso de que se restringe la libertad de expresión. En esos comentarios insultantes no hay solo libertad. Parafraseando al director de El Comercio podemos decir que las opiniones libres tienen libertad de expresión, pero no de difamación.

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Artículo escrito el miércoles 11 de Febrero de 2015 y publicado en Diario 16 el sábado 14 de Febrero de 2015.