Detrás del anuncio del nuevo ministro de Economía de dialogar con las regiones y organizaciones sociales sobre ejecución del gasto público hay un tema de fondo, que es el de mantener activos los nervios de comunicación entre los diversos niveles de gobierno.Esa es una práctica que este gobierno no sólo no ha usado, sino que no había buscado. Apenas instalado descabezó el Consejo Nacional de Descentralización con lo cual las regiones perdieron 4 votos en esa instancia y un representante con rango de ministro en el Consejo de Ministros.
La resolución del conflicto social quedó en manos casi exclusivamente de la PCM, monitoreado a través de la Unidad de Prevención de Conflictos, con una política más de bombero que preventiva. El punto más evidente del fracaso de esta forma de actuación política fue el “Moqueguazo”.
Desde el gobierno anterior estaba previsto en la Ley de Regionalización incrementar los recursos financieros de las regiones y municipios que no benefician con el canon minero. Nada se hizo. Tampoco se cumplió con crear un fondo que genere intereses para cuando los minerales bajen de precio.
La protesta generada por el desequilibrio de ingresos y la desigualdad en el crecimiento económico, la enfrentó el gobierno con decretos legislativos que buscaban penalizar los estallidos sociales.
El diálogo es usado como instrumento posterior a la protesta. No como un medio civilizado de gestión pública. Una democracia moderna escucha a sus ciudadanos.
Este mecanismo no debiera ser monopolio del Ejecutivo. El Legislativo es el escenario por excelencia en el que se debaten los principales problemas nacionales. El diálogo se establece entre los representantes de la ciudadanía. El problema surge cuando esta representación es débil.
Cuando los reclamos no tienen canales de expresión ni de negociación, surge el conflicto social. Allí está la lista mensual de la Defensoría del Pueblo.
El Congreso podría abrir sus puertas periódicamente con la finalidad de escuchar a estas poblaciones, organizaciones y niveles de gobierno que buscan resolver sus problemas. Se recuperaría, por un lado, la legitimidad de una institución debilitada como el Poder Legislativo, y por otro, se reduciría el nivel de inestabilidad social.
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